- La historia de un ejido localizado en la zona boscosa del sur de Jalisco muestra las bondades del manejo forestal comunitario, pero también la fragilidad de este esquema, sobre todo cuando se enfrenta al abandono gubernamental y a la presencia de grupos que controlan actividades ilícitas, como el tráfico de drogas.
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Barranca del Calabozo, ejido del municipio de Pihuamo, en la frontera de la zona de bosques templados del sur de Jalisco, hace apenas ocho años era reconocido por el gobierno mexicano como un modelo de desarrollo forestal comunitario. Hoy, su aserradero se pudre a la intemperie a un costado de la comunidad. La empresa ejidal quedó en suspenso y las decisiones sobre la madera las toma un actor externo: uno de los grupos delictivos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sería un error considerar exclusivamente a ese grupo como responsable del declive del proyecto comunitario que, durante 20 años de esfuerzos sostenidos, logró una certificación internacional que garantizaba que sus procesos de producción eran sustentables y que el manejo forestal era el eje del desarrollo social del poblado.
En realidad, antes de la llegada de la “maña” (como eufemísticamente se conoce a la mafia regional), las carencias en la comunicación interna del núcleo ejidal y la falta de acompañamiento de las dependencias gubernamentales, entre ellas la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ya había trazado la ruta del retroceso.
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Un reto que el manejo forestal eche raíces
La historia de Barranca del Calabozo muestra el difícil escenario que enfrentan comunidades forestales del país, sobre todo en estados como Jalisco.
A diferencia de territorios con una larga historia en el manejo forestal comunitario, como Oaxaca, en Jalisco no hay tradición de trabajo colectivo sino individual: el ganadero con su hato y el agricultor con su parcela, pero sin una base colectiva de manejo del territorio.
“En Jalisco, la producción de madera es un esquema relativamente ajeno a las comunidades; actúan como rentistas, o sea, se limitan a vender la madera en pie, o responden al conflicto sin una base de organización”, explica el investigador de la Universidad de Guadalajara, Enrique Jardel Peláez.
El académico destaca que la mayor parte de los ejemplos de manejo forestal exitoso en México “son iniciativas que arrancan a finales de los años setenta y principios de los años ochenta; no ha habido un avance significativo fuera de las regiones que ya habían arrancado en esa época”.
En Jalisco, un estado donde cerca del 60 % de su territorio tiene cobertura forestal, fue a partir de la década de los años noventa cuando se impulsaron experimentos de silvicultura comunitaria, los cuales contaron con financiamiento gubernamental. Algunos lograron ser exitosos, pero hoy solo unos cuantos han sobrevivido, advierte Jardel Peláez.
El ejido Barranca del Calabozo, en Pihuamo, municipio del sur de Jalisco que colinda, al oriente, con Michoacán, y al sur, con Colima, fue de los que logró el éxito y así se mantuvo durante un tiempo. El trabajo de dos décadas comenzó a desmoronarse hasta hace tres años.
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Inspirarse en otros para dar los primeros pasos
El proyecto forestal de Barranca del Calabozo era una iniciativa más bien modesta: los bosques del ejido no rebasan las 1000 hectáreas, y para producción se manejaban 777. No se trataba de una iniciativa impuesta desde afuera de la comunidad.
David Rivas Gómez, uno de los ejidatarios más activos en el proceso, recuerda que fue a comienzos de 1992 cuando comenzó la inquietud por dotarse de un aserradero, para no “malbaratar el monte”, y generar una industria local que beneficiara a los campesinos.
Por prestadores de servicios forestales de la zona, los ejidatarios se enteraron de experiencias exitosas de manejo forestal comunitario que permitían un desarrollo económico de la comunidad. Uno de los caso que tenían relativamente cerca era el de Nuevo San Juan Parangaricutiro, en la meseta Purépecha, de Michoacán, que es reconocido a nivel nacional e internacional.
Inspirados por esos proyectos, los ejidatarios de Barranca del Calabozo buscaron entrar al manejo forestal comunitario. Su iniciativa primero fue apoyada por el entonces Instituto Nacional Indigenista, y comenzó a consolidarse a partir de 1998, pero se potenció en 2001, cuando se creó la Conafor y comenzaron a llegar más apoyos técnicos y financieros.
Los años “de oro” comenzaron en 2008 cuando el ejido formó su empresa forestal; el auge se prolongó por, al menos, una década. Incluso, en 2009, la comunidad obtuvo una certificación internacional por parte del Forest Stewardship Council (FSC) y el gobierno federal le otorgó el “reconocimiento al mérito forestal”, en 2012, por ser un caso de éxito en asociación comunitaria.
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Manejo forestal, motor del desarrollo local
Barranca del Calabozo logró comercializar su madera en el mercado local. Con su empresa forestal y el aserradero, los ejidatarios comprobaron que el valor de la madera crecía de 40 a 100 % si se comparaba con “venderla en el monte”, recuerda Rivas Gómez, quien se dedicaba a labores contables dentro de la empresa.
La extracción anual de madera rondaba los tres mil metros cúbicos, 89 % de pino, 10 % de encinos y 1 % de hojosas; se producía madera aserrada, estufada, polines, aserrín, astillas y cuadrado escoba.
En esos años, Barranca del Calabozo se convirtió en sitio de destino de representantes de muchas comunidades forestales del país que exploraban la incorporación a la silvicultura comunitaria; apoyadas por la Conafor, acudían al sur de Jalisco a informarse y comprender el éxito de la empresa maderera del pequeño núcleo agrario, que contaba con un programa de manejo multianual de sus bosques.
De las ganancias que el ejido obtenía por la venta de madera se construyeron caminos, se dotó de infraestructura al aserradero y se estableció un sistema de radiocomunicación. Además, la empresa generó 32 empleos directos para la comunidad: 24 en el aserradero y ocho en el monte. También funcionaba como una pequeña caja de créditos, a bajo costo, para los 52 campesinos que integran la asamblea ejidal y sus familias.
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Los ingresos que obtenía el ejido por las “misiones” que recibía en sus tierras o seminarios que daban a otras comunidad se sumaban a las ganancias de la empresa forestal: cada misión que recibían derramaba alrededor de 15 000 pesos, “y en los mejores años —recuerda Rivas Gómez— recibimos de 12 a 15 visitas de gente de todos los estados de la república”, lo que generó una consistente mejora económica para la comunidad.
“Una empresa forestal comunitaria es muy buena, no solo porque cortamos la madera y la trabajamos, para conseguir mejor precio y cuidar nuestro bosque; sino porque se da empleos a los ejidatarios y a los hijos, y hay otras oportunidades, como el transporte de la madera, que también da una ocupación; pero sobre todo, porque bien manejado, te da ingresos para siempre”, subraya Rivas Gómez.
Además, la empresa forestal otorga otras ventajas: los ejidatarios tienen presencia permanente en los bosques, esto evita la tala ilegal y permite conservar servicios ambientales, como la captación de agua, que también tienen un potencial para obtener otros recursos.
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Caída de una empresa forestal comunitaria
La historia de Barranca del Calabozo cambió en 2016, cuando se renovó el gobierno tradicional del ejido. Las nuevas autoridades recelaban de la empresa forestal comunitaria; deshicieron compromisos que ya tenía el ejido, como recibir misiones de otras comunidades del país, responder a requerimientos de las dependencias gubernamentales para temas legales o de asistencia técnica, ausentarse de exposiciones y desatender el manejo financiero.
“Fue un problema que nació de recelos internos; un comisariado ejidal que llegó sin conocimiento de cómo operaba la empresa y cómo se manejaba el dinero”. La desconfianza minó la base social que legitimaba la empresa, sostiene el ejidatario David Rivas Gómez.
El programa de aprovechamiento forestal del ejido venció en 2018. Y eso marcó el fin de la empresa forestal comunitaria. Hoy, el aserradero yace abandonado en un extremo del pueblo, y la riqueza forestal es gestionada por “la maña”.
Eso no solo sucede en este ejido. En el sur de Jalisco, los habitantes de la zona coinciden en señalar que son estos grupos quienes deciden dónde se tala, cuánto, quién lo hace y cuánto se paga por ello. También son los que cobran “cuotas” de protección y definen a cuál aserradero se debe destinar el producto.
Para el exgobernador de Jalisco, y primer titular de la Conafor, Alberto Cárdenas Jiménez, el caso de Barranca del Calabozo es un ejemplo a pequeña escala de lo que ha pasado en México en los últimos años: el abandono del esfuerzo por consolidar un proceso integral de desarrollo forestal.
Nativo del sur de Jalisco, quien fuera titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante el gobierno de Vicente Fox (2004-2006), destaca que el desarrollo de los bosques como opción productiva demanda paciencia. Y es lo que no ha visto en las últimas dos administraciones federales.
Durante el primer decenio del siglo XXI —añade— se retomaron los esfuerzos y experiencias de los años previos para establecer una política de largo aliento. “Se pudieron desarrollar proyectos, se crearon empleos, se certificaron bosques, se generaron productos maderables y no maderables, hubo una esperanza de que sí se podía vivir bien del bosque y de la selva”.
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Varias de estas acciones no tuvieron continuidad. El sector ambiental, y en especial la Conafor, ha registrado una disminución de su presupuesto. Si en 2016 recibió 7102 millones de pesos, para 2019 apenas obtuvo 2765 millones de pesos, es decir 61 % menos.
En estados del occidente del país, como Jalisco, los bosques también se han visto afectados por la expansión de la siembra de aguacate, detonada desde 2007, con la apertura del mercado de Estados Unidos. Algunas comunidades forestales, además, deben lidiar con el dominio territorial de las bandas de crimen organizado.
“Con o sin permiso —señala Cárdenas Jiménez— empezaron a talar bosques, se metió el crimen el organizado, con arreglos con los productores o con atropellos y cero presión de la autoridad. Hoy ponen como fachada al de ‘la plaza’ (grupo delictivo que controla el lugar); pero muchos propietarios, técnicos, dueños de aserraderos se prestan para talar ilegalmente y no hay quien se atreva a sembrar nuevos árboles; ves camiones bajar de las montañas por todo Jalisco y no se ve una sola autoridad, nadie que reclame la remisión o el embarque”.
Para este reportaje se solicitó una entrevista con funcionarios de la Conafor, pero hasta el momento de la publicación no se había concretado una fecha para realizarla.
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Empresas comunitarias que se dejan a su suerte
Antonio Ordorica Hermosillo, integrante de la asociación civil Reforestamos México —dedicada a potenciar, entre otras cosas, el desarrollo de las comunidades poseedoras de bosques y selvas en México—, destaca que “hace falta articular más las políticas públicas del sector forestal (federal y estatal) y promover la conexión de las empresas (forestales comunitarias) con el sector empresarial vinculado a la transformación de la madera”.
Ordorica Hermosillo resalta que las empresas forestales comunitarias no tienen acceso a créditos accesibles para fortalecer sus procesos “y así ir escalando sus empresas”; y ve crítico “el poco acompañamiento y capacitación para fortalecer sus sistemas de organización y gobernanza en su cadena de producción”.
El empresario forestal Javier Magaña Cárdenas, también del sur de Jalisco, considera que fue “un error” hacer tan dependiente la experiencia de silvicultura comunitaria del presupuesto público. En el momento en que se redujeron los subsidios, muchas empresas “simplemente desaparecieron”.
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El hundimiento de empresas forestales comunitarias no solo se ha dado en Jalisco. El académico Enrique Jardel Peláez menciona un caso del estado de Guerrero: el ejido El Balcón, enclavado en la Costa Grande de ese conflictivo estado del sur de México. “Allí se tenía un caso excepcional en el que se desarrolla una empresa forestal comunitaria fuerte en una zona donde había predominado el conflicto social, la guerrilla, y además, área de narcoproducción y narcotráfico, y que aguantó mucho hasta llegar también a una situación de colapso”.
Salvador Anta Fonseca, consultor y exfuncionario de la Conafor, coincide con Jardel en que los mayores colapsos de proyectos de manejo forestal comunitario se han vivido en Jalisco y Guerrero, sobre todo por la conjunción de inseguridad y abandono gubernamental. Durango y Chihuahua, las mayores potencias forestales del país, viven fuertes embates, pero la organización interna de sus comunidades les ha ayudado a resistir.
Para Jalisco, el caso más exitoso que se ha perdido es Barranca del Calabozo, pero hubo otros intentos de despegue.
El ejido Ahuacapán, en Autlán, mantiene un manejo modesto de sus bosques, y los núcleos ejidales e indígenas de Talpa y Mascota, aprenden a sobrevivir. Tal vez la mejor experiencia de resistencia es el ejido Cuale, donde la lección es “no hacer negocios, ni siquiera chiquitos” con la mafia que asuela esos bosques.
El secretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graf Montero, reconoce que sin el apoyo del gobierno federal, tanto en la persecución de delitos como en la rehabilitación de políticas forestales y de conservación de largo aliento, la recuperación de los proyectos comunitarios será compleja.
Graf Moreno destaca que el gobierno estatal, junto con los municipios y las juntas intermunicipales de las regiones, busca generar una nueva gobernanza, pero será un proceso a largo plazo por la crisis en el Estado de derecho. En esos pueblos y ejidos tradicionales, el crimen hoy ha impuesto su ley.
* Imagen principal: en el sur de Jalisco se encuentran importantes extensiones de bosques templados. Foto: tomada de la página de Facebook de lo que fue la empresa comunitaria de Barranca del Calabozo.
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