- Un juez federal de Brasil ha ordenado a los sitios web del gobierno de Jair Bolsonaro que publiquen una carta del pueblo indígena Kinja durante 30 días como parte de su derecho a responder a la retórica racista.
Un tribunal de Brasil ha concedido al pueblo indígena Kinja un derecho de respuesta sin precedentes a las invectivas racistas en una medida que, según los expertos jurídicos, podría suponer un punto de inflexión ante la creciente discriminación por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
En su fallo, la jueza federal Raffaela Cássia de Sousa, de Manaus, ordenó a los sitios web oficiales del gobierno que publicaran una carta del pueblo indígena kinja (también llamado Waimiri-Atroari) durante 30 días, entre otras medidas.
La decisión, emitida el 30 de marzo, es consecuencia de una serie de declaraciones ofensivas de funcionarios del gobierno sobre la resistencia del grupo indígena a la construcción prevista de una línea de transmisión de energía eléctrica de 720 kilómetros (450 millas) que atravesará su reserva indígena Waimiri-Atroari en la selva amazónica.
“Por primera vez se les dará espacio en el sitio web presidencial”, dijo Jonas Fontelle, abogado de la Asociación Indígena Waimiri-Atroari. “Quieren ser escuchados”.
En enero, Bolsonaro dijo que los indígenas eran los responsables de la paralización del proyecto: “Los indígenas quieren dinero… mientras que el pueblo [del estado] de Roraima sufre”, dijo a los periodistas. En abril de 2019, Bolsonaro le dijo a un canal de televisión local: “Todavía tenemos un problema indígena”, añadiendo que la línea de transmisión se construiría “a pesar de las protestas indígenas”.
Otras observaciones de Bolsonaro atacan más ampliamente a los pueblos indígenas. El estilo de vida tradicional indígena, según declaró el año pasado, era similar al de los “hombres prehistóricos”. En una reciente transmisión en vivo en Facebook, dijo: “Los indígenas han cambiado y son cada vez más seres humanos como nosotros”.
Los ataques contra los pueblos indígenas se han disparado desde que Bolsonaro asumió el cargo a principios de 2019, con un número récord de asesinatos de líderes indígenas ese año.
La decisión se produce un mes después de que el congresista del estado de Roraima, Jeferson Alves, utilizara una motosierra para destruir el bloqueo legal de una carretera controlado por los Kinja, y le dedicara el acto a Bolsonaro, una acción que se considera consecuencia de los anteriores comentarios del presidente.
“Esta decisión es importante porque reconoce el contenido discriminatorio que resulta ofensivo para los indígenas y, en particular, para el pueblo Waimiri-Atroari”, dijo a Julio Araújo, uno de los fiscales federales que están detrás del caso. “Desde 2019, [Bolsonaro] ha estado acumulando comentarios, tuits y planteamientos que no están permitidos por la Constitución. No se puede decir que ciertas formas de vida sean superiores en detrimento de otras”.
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El fallo de Sousa también exige al gobierno brasileño que desarrolle un programa indígena antidiscriminatorio y que disuada formalmente a todas las autoridades de incitar a la discriminación racial o fomentarla.
El historial de Bolsonaro en materia de derechos de los indígenas ha suscitado preocupación en todo el mundo. Las ONG denunciaron a Bolsonaro ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo por fomentar el genocidio indígena. Por la misma razón, un grupo de abogados y activistas de derechos humanos instaron a su acusación en la Corte Penal Internacional en noviembre de 2019.
Batalla legal
Sin embargo, este caso judicial puede durar años en el sistema de justicia brasileño, ya que ya se ha presentado una apelación.
En una declaración enviada por correo electrónico, la Agencia Nacional Indígena de Brasil (FUNAI) nos dijo que la decisión confunde el derecho del presidente a la libertad de expresión sobre las políticas públicas con la discriminación, y está fuera de la jurisdicción del tribunal, calificándola de “flagrante usurpación de la autoridad de la Corte Suprema al analizar un derecho de respuesta basado en el discurso presidencial”.
En julio de 2019, Bolsonaro nombró jefe de la FUNAI a un policía y exasesor político del Caucus Rural del Parlamento, el grupo de políticos que defiende la agroindustria. Los críticos denunciaron la medida como parte de un plan más amplio para poner el liderazgo de las cuestiones indígenas en manos del lobby de los agronegocios.
Dado que la reciente decisión judicial implica al gobierno federal, no al presidente personalmente, no es exclusiva del Tribunal Supremo Federal, dice Juliana Batista, abogada del Instituto Socioambiental Brasileño, una ONG que defiende los derechos de los indígenas. “Esto pone un límite a los poderes públicos que fomentan actos discriminatorios y enfrentan a la población contra los grupos indígenas diciendo que son un obstáculo para el desarrollo”, dijo.
La FUNAI dijo a Mongabay que tiene la intención de apelar el fallo con la ayuda de la Oficina del Fiscal General Federal (AGU). En una declaración, la AGU dijo que está analizando las medidas legales apropiadas; el gobierno federal no respondió a las solicitudes de comentarios.
A pesar de la larga batalla que se avecina, Rafael Modesto, asesor jurídico del Consejo Misionero Indígena de Brasil (CIMI), un organismo de control vinculado a la Iglesia Católica, calificó la decisión del juicio como “un precedente fantástico para que los indígenas puedan responder a las agresiones”.
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La construcción de la línea de transmisión pretende conecta el estado más septentrional de Roraima a la red eléctrica nacional, lo cual permitiría a Brasil detener las importaciones de energía de Venezuela, un enemigo declarado del gobierno de Bolsonaro.
Los funcionarios han calificado la medida como una cuestión de seguridad nacional en medio del aumento de las tensiones con Venezuela, y están tratando de eludir los protocolos habituales que garantizan que se respeten los derechos de los indígenas.
El líder Kinja Tuwadja Joanico, que se reunió con los líderes indígenas en el Congreso Nacional el mes pasado, dijo que es necesario consultar a su pueblo, ya que una quinta parte de la línea de transmisión pasará por su reserva, que lleva formalmente demarcada desde 1989. “Queremos hablar de las preocupaciones que tenemos con nuestra tierra”, dijo en una entrevista, añadiendo que no se oponen a su construcción.
*Imagen principal: Pueblo indígena waimiri-atroari. Foto: Maiká Schwade/CPT Amazonas.
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El artículo original, traducido por Open Democracy, fue publicado en Mongabay News. Puedes leerlo aquí.
