- Las empresas forestales comunitarias reciben el mismo trato fiscal que las grandes compañías, sin importar que las comunidades que realizan aprovechamiento forestal sustentable invierten hasta 60 % de sus ganancias en mantener la salud de sus bosques y en atender necesidades sociales en sus territorios.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Los 384 comuneros de Ixtlán de Juárez, en la sierra norte de Oaxaca, han trabajado durante tres décadas para conservar sus bosques comunitarios, aprovechando su madera de forma sostenible y apegados a las decisiones tomadas en asambleas. En este tiempo han logrado abrir un aserradero, una empresa de servicios técnicos forestales, otra de ecoturismo, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua.
Gran parte de las utilidades de estas empresas comunitarias se invierten en el cuidado de los bosques y en cubrir necesidades de sus comunidades. Por ejemplo, atienden las carencias de sus cuatro escuelas, reparan caminos, instalan drenajes, dan mantenimiento a la iglesia y apoyan financieramente a estudiantes y adultos mayores.
Las empresas comunitarias de Ixtlán de Juárez, además, han permitido crear 180 empleos directos y 1 000 indirectos.
En las 3500 hectáreas, donde realizan aprovechamiento sostenible de la madera, erradican plagas, combaten incendios y propician la regeneración del bosque. Además, la mayor parte de sus 19 300 hectáreas están destinadas, directa o indirectamente, a la conservación. Y es por ello que la madera que producen cuenta con el certificado internacional del Forest Stewardship Council (FSC).
En la región de la Sierra Norte de Oaxaca, donde además de Ixtlán de Juárez otras comunidades también realizan manejo forestal comunitario, se ha logrado conservar 88.34 % (58 956 de 66 264 hectáreas) de la cubierta forestal, de acuerdo con un estudio publicado en 2013 por Eric Van Vlett, de la Universidad Internacional de Florida.
El caso de Ixtlán de Juárez es un ejemplo de que las empresas forestales comunitarias permiten conservar grandes extensiones de bosque, crear empleos y contribuir al desarrollo social de sus territorios. Estos logros no siempre se reconocen. Mucho menos cuando se trata de pagar impuestos.
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Las empresas forestales comunitarias deben destinar 30 % de sus utilidades al pago del impuesto sobre la renta, como si se tratara de una compañía privada.
“Nosotros dedicamos una fuerte inversión al bosque y a la comunidad, a veces de hasta el 60 %. Nuestra finalidad es muy diferente (a la de una empresa privada). Aquí el beneficio es social y allá es privado”, explica Francisco Luna, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez.
Ixtlán de Juárez, así como otras comunidades zapotecas y chinantecas que realizan manejo forestal en la Sierra de Juárez, tienen una tradición de lucha por políticas forestales justas que se remonta a la mitad del siglo pasado.
A principios de los ochentas consiguieron que el Estado mexicano dejara de entregar concesiones forestales a empresas privadas y reconociera que las comunidades tenían derecho al aprovechamiento de sus bosques.
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Hoy estas comunidades forestales tienen un nuevo frente de lucha: conseguir un trato fiscal justo; que el Estado reconozca, a través de un trato fiscal diferenciado, las inversiones que realizan en el ámbito social, pero también en la conservación de los bosques.
Esta demanda es compartida por otras comunidades que han creado empresas forestales en el norte, centro y sur del país. Una de ellas es San Bernardino de Milpillas Chico, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, en Durango.
Bosques que sostienen el desarrollo comunitario
Enclavada en la Sierra Madre Occidental, esta comunidad tepehuana administra un bosque de 144 000 hectáreas, de las cuales aprovechan 48 000 para extraer un promedio anual de 90 000 metros cúbicos de madera. En asamblea, los 1173 comuneros decidieron que 78 000 hectáreas de sus bosques se destinaran voluntariamente a la conservación; superficie equivalente a la mitad de la Ciudad de México.
“Aquí no se le ve al bosque como lo ven, por ejemplo, los industriales. Nosotros tenemos un concepto cosmogónico de cómo el bosque nos provee de vida y de todo”, explica el ingeniero José Félix Avitia, miembro del equipo de comuneros a cargo de los bosques de la comunidad tepehuana, en donde el manejo forestal genera 350 empleos directos y al menos 200 indirectos.
Los cuatro pequeños aserraderos de la comunidad trabajan con maquinaria ya obsoleta; no se ha podido renovar debido a que los ingresos por la venta de madera no alcanzan para hacer esa inversión y, al mismo tiempo, cubrir otros gastos como el equipamiento de la ambulancia de la comunidad, el salario de la ingeniera que lleva los procesos de certificación del bosque, el pago de los maestros bilingües (que dan clases de primaria en idioma tepehuán) y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como el impuesto sobre la renta.
Las empresas forestales comunitarias se hacen cargo de “necesidades que el gobierno no atiende”, sostiene Bernardo Salinas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Bernardino de Milpillas Chico.
Desde 2011, las investigadoras Ofelia Andrea Valdés y Patricia Negreros (del Colegio de Veracruz y la Universidad Veracruzana) señalaban en el estudio “El manejo forestal comunitario en México” que las comunidades forestales además de generar fuentes de empleo propias, destinan las ganancias de sus empresas a mejorar las condiciones de vida a través de alumbrado público, entubado de agua, construcción de caminos, tiendas comunitarias, apoyos a viudas y enfermos y becas educativas.
La doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha dado seguimiento al manejo forestal comunitario en México. Hoy lo describe como “un modelo de eficacia comprobada de aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales” que, además, en lo social significa “desarrollo incluyente y desde abajo”.
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Además de que las empresas forestales comunitarias deben pagar el mismo impuesto sobre la renta que una compañía privada, las autoridades fiscales no les permiten deducir muchos de sus gastos, bajo el argumento de que no son esenciales para su operación. Eso sucede, por ejemplo, con los gastos que implica la construcción de una cancha de basquetbol o el equipamiento de la clínica de la comunidad, explica Óscar Méndez, contador y comunero de su natal Ixtlán.
Hay otros gastos que podrían deducir, pero no es posible porque la ley choca con la realidad: la empresa ecoturística comunitaria, por ejemplo, compra varios de sus insumos, como las verduras, a los campesinos del pueblo. “La ley nos pide presentar factura electrónica, ¡pero en la sierra ni siquiera hay internet!”, destaca Méndez.
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A 1 500 kilómetros de Ixtlán, en la sierra de Durango, los gastos para la fiesta del Santo Santiago no son deducibles para las empresas forestales de San Bernardino de Milpillas, pero tanto la comida como las vestimentas y las publicaciones bilingües son clave para mantener viva la cultura y tradiciones de esta comunidad indígena, explica Bernardo Salinas.
“Las comunidades forestales son un ejemplo que deberíamos de aquilatar y valorar como país, porque no solo son independientes en términos económicos, sino que resguardan nuestras principales áreas con riqueza natural: los bosques mesófilos y templados, las selvas tropicales y los ecosistemas”, explica Salvador Anta, biólogo de formación y asesor de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.)
“Si estamos sangrándolas con impuestos en exceso —remarca— estamos condenando a un bien público de México”.
Las empresas comunitarias creadas por las comunidades forestales no buscan un crecimiento del capital para acumular riqueza en pocas manos, como ocurre con las empresas privadas, sino que buscan mantener los empleos en las comunidades y mejorar las condiciones de vida de comuneros y ejidatarios, explica Anta, quien también es integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
En su lucha por conseguir un trato fiscal diferenciado que tome en cuenta sus acciones ambientales y sociales, las comunidades forestales han tocado diversas puertas, han explicado su situación en varios foros e, incluso, han presentado demandas de amparo. Hasta ahora, estas acciones no han prosperado.
Desde hace poco más de un año, Ixtlán de Juárez y diversas comunidades que cuentan con empresas forestales retomaron la lucha por conseguir un trato fiscal justo e integraron una coalición, donde también participan organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores, para impulsar cambios en la política fiscal mexicana que reconozca los beneficios ambientales y sociales del manejo forestal comunitario.
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Políticas fiscales que condenan
En 1990, la Ley del Impuesto sobre la Renta contempló un exención fiscal para las actividades de conservación, comercialización, almacenamiento e industrialización de productos de ejidos y comunidades agrarias o indígenas. En 2002, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se canceló ese beneficio.
En 2014, los beneficios fiscales se restringieron a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas; es decir, las actividades primarias de la economía. “Eso se refiere a la corta del árbol, o sea la madera en rollo, siempre y cuando 90 % de los ingresos provinieran de esa actividad”, explica el contador Óscar Méndez.
Pero, ¿qué pasa con el aserradero o las empresas comunitarias dedicadas al ecoturismo? “Esas pagan completo el impuesto sobre la renta. Eso nos pega durísimo”, señala Méndez y explica que ese impuesto lo absorben los comuneros, ya que no pueden sumarlo al precio de sus productos, porque “nos espantaría a nuestros clientes”.
Esta política fiscal, señala el contador, condena a las comunidades forestales a trabajar solo en las actividades primarias, que son las menos redituables. El valor agregado de los procesos industriales se lo llevan empresas intermediarias que, en el caso de la madera, la limpian, cortan, procesan y venden al cliente final sin tener que invertir en las comunidades o en los bosques.
“Prácticamente la ley nos dice que podemos cortar frutas, pero que no podemos hacer mermelada porque entonces sí nos cobran. Y nadie nos paga por todos los servicios que generamos (agua, oxígeno, biodiversidad, desarrollo social, empleos, cohesión comunal, etcétera), que son para todos aún fuera de las comunidades”, explica Méndez.
En México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hay 2362 ejidos y comunidades que realizan manejo forestal en sus territorios; pero solo un poco más de la mitad (1392) han logrado formar una empresa forestal.
Además, no todas las comunidades y empresas tienen el mismo nivel de desarrollo. La mayoría de las comunidades aún se encuentra en un nivel básico; es decir tienen un Programa de Manejo Forestal —estudio que les permite conocer cuántos árboles pueden cortar para garantizar la sustentabilidad de su bosque—, pero no cuentan con sus propios aserraderos, por lo que venden su madera en rollo y, por lo tanto, sus ganancias son menores.
Para Carlos Brown, economista político y experto independiente en justicia fiscal, el estado mexicano podría conceder a las comunidades forestales las exenciones fiscales que piden a través de la figura de gastos tributarios. Esta herramienta legal es común en distintas partes del mundo, en México se aplica en la frontera norte del país, donde los impuestos son más bajos para mejorar la competitividad ante Estados Unidos.
Justicia fiscal es justicia social, señala Brown. La clave, dice, es evitar que los beneficios fiscales se concentren en muy pocas manos.
Tanto Brown como Salvador Anta coinciden en que el trato diferenciado para comunidades forestales podría ayudar a reducir las desigualdades entre norte y sur del país, así como entre las zonas urbanas y rurales.
“Habría que ver y hacer el balance de cómo se ha financiado el desarrollo del norte, con los distritos de riego, los caminos, las presas o la energía. En cambio el sur, el cual ha tenido poco financiamiento, prácticamente ha servido como un territorio para la fuerza de trabajo de las grandes ciudades”, añade Anta, quien investiga las comunidades oaxaqueñas desde hace casi dos décadas.
Las comunidades que luchan por conseguir un trato fiscal diferenciado para las empresas forestales comunitarias han logrado que su propuesta sea considerada por tres legisladoras: las diputadas Irma Juan Carlos (indígena chinanteca) y Martha Olivia García (comunera en Durango y con experiencia en el sector forestal), y la senadora Susana Harp. Las tres militan en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que tiene la mayoría en ambas cámaras.
Justicia fiscal para tener futuro
Las diputadas y expertos consultados coinciden en que cualquier iniciativa de ley que se presente para lograr la justicia fiscal para las empresas comunitarias forestales tiene el reto de evitar que este beneficio se concentre en pocas manos, como sucede con los beneficios fiscales que se otorgan al sector primario y que, señalan, aprovechan principalmente las grandes empresas agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.
Para Irma Juan Carlos, el cabildeo de este tipo de iniciativas siempre es difícil, pero confía en convencer a los demás legisladores de los beneficios que otorgan las comunidades forestales y “que no se contabilizan ni visibilizan en la (actual) ley”.
“Como legisladores no vamos a hacer nada que las comunidades no pidan, así que nos está llevando un poco de tiempo hacer un buen planteamiento y exposición de motivos. Tiene que ir muy sólida la propuesta, porque los temas de dinero son difíciles de cabildear”, señala Juan Carlos.
La actual legislatura tiene hasta agosto del 2021 para aprobar esta iniciativa. Además del tiempo, esta propuesta enfrenta un camino cuesta arriba, sobre todo porque el gobierno federal intenta aumentar la recaudación (actualmente en 13% del PIB, el más bajo de la OCDE) para enfrentar la crisis económica que trajo consigo la pandemia del COVID-19.
Ernesto Herrera, director de la organización civil Reforestemos México, destaca que la crisis económica provocada por la pandemia, también ha afectado a las empresas forestales comunitarias, las cuales tuvieron que detener sus actividades y han registrado caídas en sus ventas de madera de hasta el 60%.
Ante este panorama, a mediados de mayo pasado, 290 comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil presentaron una serie de propuestas para salvaguardar a las empresas forestales comunitarias; entre ellas está el que se otorgue una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La prórroga solo sería un primer paso en el camino para conseguir un trato fiscal diferenciado para las empresas forestales comunitarias y, con ello, reconocer el trabajo que hacen por la conservación de los bosques.
La diputada Martha Olivia García, comunera del municipio de Tepehuanes, en Durango, destaca que el manejo forestal comunitario permite conservar bosques que se encuentran ante amenazas de distintos frentes: “En Durango hay mucho desmonte, así que estamos tratando que se certifiquen todas las comunidades y ejidos, pero se requiere que se les de valor agregado a los productos y pues esto les genera impuestos muy altos”, señala García.
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Exentar a las empresas comunitarias forestales del ISR sería “de lo mejor que se puede hacer” en términos de cuidado de los bosques, ya que la evidencia internacional ha encontrado que el trabajo de las comunidades es clave en la conservación de los bienes ambientales comunes, afirma Jaime Sainz, investigador de políticas ambientales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El investigador señala que para corroborar si las comunidades, sobre todo aquellas que no están certificadas, están conservando el bosque se podrían implementar sistemas satelitales de verificación.
“La merma que habría al erario público por no cobrar impuestos a esas comunidades es menor. Lo más importante es que dar incentivos fiscales a comunidades forestales, sobre todo indígenas, tiene un sentido económico, social y ambiental”, señala Sainz.
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Legislación Fiscal, han participado en foros donde se ha discutido el tema del trato fiscal diferenciado para las comunidades forestales y, según legisladoras y comuneros, se han mostrado receptivos a la propuesta. Tanto así que en 2019, el entonces subsecretario y ahora titular de la secretaría, Arturo Herrera, visitó comunidades forestales en la Sierra Norte de Oaxaca y escuchó la problemática directamente de los comuneros.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero hasta la publicación de este reportaje no se recibió una respuesta.
* Imagen principal: Las empresas comunitarias de Ixtlán de Juárez han permitido crear 180 empleos directos y 1 000 indirectos. Comuneros y habitantes de la región laboran, por ejemplo, en Servicios Técnicos Forestales. Foto: Cortesía Ixtlán de Juárez.
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