- Por primera vez, este tribunal dictó una sentencia por ecocidio, en respuesta a las pruebas recibidas durante el juicio y la constatación de la responsabilidad de los perpetradores y la intencionalidad detrás de estos hechos.
- Durante el 2019, Bolivia perdió 6.4 millones de hectáreas de bosques y cobertura vegetal, además de que cinco millones de mamíferos murieron durante los incendios.
Ante un público conectado de forma virtual, la lideresa indígena ecuatoriana Patricia Gualinga –una de los tres jueces de este tribunal que vio el caso de Bolivia– leyó la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) sobre la demanda por ecocidio presentada por organizaciones indígenas, civiles y activistas contra las autoridades de Bolivia.
La denuncia se presentó en diciembre de 2019, luego de los incendios forestales que arrasaron con más de seis millones de hectáreas de vegetación en la Chiquitanía, el Chaco y otros ecosistemas bolivianos.
“El Tribunal internacional resuelve que el presente caso es un ecocidio provocado por la política de estado y el agronegocio”, dijo Gualinga el jueves 20 de agosto en la lectura de la sentencia.
El gobierno de Evo Morales y de Jeanine Añez fueron sindicados como autores del delito de ecocidio contra la Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia. El veredicto también considera a la gobernación de Santa Cruz y del Beni, así como a instituciones relacionadas al manejo de tierras, a los grandes ganaderos y empresarios agroindustriales como autores de este crimen contra la naturaleza.
“Es la primera sentencia en la que el Tribunal se pronuncia específicamente sobre la existencia de un ecocidio”, dijo la experta en derechos humanos Nancy Yañez –otra de las juezas del TIDN para este caso– en una conversación telefónica con Mongabay Latam.
Los jueces del TIDN fueron Gualinga y Yañez, además de Felício Pontes Jr., ex Procurador de la República del Brasil.
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La evidencia presentada
En enero del 2014 se crea el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza como un foro para que personas de todo el mundo denuncie hechos que atentan contra el medio ambiente.
Esta instancia internacional se crea a iniciativa de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Aunque no tiene carácter vinculante, ha demostrado su influencia que tienen sus sentencias. Un precedente es su fallo contra la construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), por el cual el ex presidente Evo Morales detuvo el proyecto.
Yañez recuerda que los jueces determinaron el ecocidio por las pruebas que se presentaron en las audiencias y las particularidades del caso. La evidencia indica que los incendios destruyeron humedales de importancia internacional como son los sitios Ramsar, corredores biológicos que traspasan las fronteras de Bolivia y ecosistemas situados en ríos transfronterizos que se comparten con Brasil y Paraguay.
“Para definir un ecocidio no solo es indispensable determinar la magnitud de daño sino también la responsabilidad de los perpetradores y la intencionalidad detrás de estos hechos”, explica Yañez, directora del Centro de Derechos Humanos y Centro de Estudio de Interculturalidad y Derecho de la Universidad de Chile.
Entre julio y noviembre del 2019, Bolivia padeció una serie de incendios forestales que acabaron con 6.4 millones de hectáreas, el 27% corresponde a territorio que se quemó por primera vez. La mayor parte de la destrucción ocurrió en el departamento de Santa Cruz, seguido por el Beni. El informe elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) –institución dedicada a la conservación que además monitorea y reporta sobre incendios forestales en Bolivia– también señala que hubo afectación en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija y Pando.
La información de FAN fue presentada en la audiencia del 18 de agosto por Silvia Gallegos, vicepresidente del Colegio de Biólogos de La Paz, como parte de las pruebas que demostraban los daños a los ecosistemas quemados en el 2019.
Los incendios destruyeron más de 2 millones de hectáreas de áreas protegidas, 1.2 millones de hectáreas de 36 territorios indígenas y casi 2 millones de hectáreas en ocho sitios Ramsar, según indican los reportes de FAN de 2019 presentados durante las audiencias por Silvia Gallegos, vicepresidente del Colegio de Biólogos de La Paz.
“Los miembros del tribunal han tomado en cuenta las pruebas que hemos presentado. También han identificado a los perpetradores, pues las pruebas han demostrado que hubo dolo”, dice Gallegos.
La representante del Colegio de Biólogos señala que el proceso de restauración de los bosques arrasados por el fuego será largo y que la forma más eficaz para ello es la restauración pasiva o natural. “Aún no sabemos cuántos árboles quedaron para que sean fuente de semillas y logren germinar. Este proceso puede tardar entre 150 a 200 años”.
Durante la lectura de sentencia también se mencionó a “todos aquellos animales y plantas que no tienen voz, pero cuyos derechos han sido violados por estos incendios”. En la lectura de sentencia, la lideresa indígena Patricia Gualinga se refirió a las especies vulneradas y representativas del bosque chiquitano como el jaguar, la paraba azul y el tapir; del Pantanal mencionó al siervo de los pantanos, la londra o nutria gigante y el yacaré, y el guanaco, el siervo de las pampas y el ñandú para precisar la fauna afectada en el Chaco. También nombró a las más de 641 especies de plantas registradas en estos ecosistemas —muchas de ellas endémicas— amenazadas y afectadas por el fuego, y a todos los seres espirituales que habitan los bosques.
Yañez indicó que se entregaron pruebas que demostraron que cinco millones de mamíferos murieron en la zona de incendios. “Es una zona de gran importancia de biodiversidad, pero no se ha hecho un estudio de impacto ambiental que levante línea de base sobre lo que ocurrió con los incendios”. Una tarea pendiente según la jueza.
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Las medidas polémicas
“Desde Bolivia debemos impulsar la abrogación del conjunto de normas y decretos incendiarios, así como identificar a los responsables y establecer que nuestro sistema judicial debe procesarlos”, dice Pablo Solón, director de la Fundación Solón e impulsor de la demanda.
Solón se refiere a la responsabilidad que de acuerdo con la sentencia tienen las autoridades de gobierno y los grandes ganaderos y agroindustriales, quienes –denuncia– acordaron establecer las normas que incentivaron el desmonte y las quemas de 2019.
El fallo del TIDN da cuenta de ello. En la resolución se ordena al gobierno de Bolivia que derogue las nueve normas que promueven las quemas y la deforestación. Asimismo, pide que se anulen las resoluciones que autorizan los asentamientos humanos en Tierras Fiscales sin respetar las potencialidades naturales, la capacidad de uso mayor del suelo y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas.
Entre las normas que solicita se eliminen figuran: la ley que incentiva la producción de alimentos y restitución de bosques; la norma que autoriza la deforestación hasta en 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias destinadas a actividades agrícolas y pecuarias; la que permite el uso y manejo racional de las quemas; la que le abre las puertas al uso de la soya transgénica para la producción de biodiésel; la que aprueba el Plan de Uso del Suelo del Beni, entre otras emitidas tanto durante el gobierno de Evo Morales como el de Jeanine Añez.
“Se trata de un fallo que sienta jurisprudencia. Aunque es un fallo ético tendrá repercusión internacional porque se refiere al ecocidio desde una perspectiva de los derechos de la naturaleza”, precisa Solón.
En marzo de 2019, el gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz para autorizarles el uso de soya genéticamente modificada. Esta negociación promovía indirectamente la ampliación de la frontera agrícola en 250 000 hectáreas. La decisión fue duramente criticada por los expertos, pero no fue la única controversial. En julio del mismo año, el entonces presidente Morales modificó el Decreto Supremo 26075 para que se autorice el cambio de uso de suelo en Santa Cruz y El Beni con fines agropecuarios y con la posibilidad de efectuar quemas controladas.
Durante el gobierno de Añez también se han promulgado normas polémicas. Un decreto que autoriza el ingreso de semillas transgénicas de cinco cultivos y otro que permite el uso de plantines de eucalipto para reforestación. Estos dos decretos figuran en la lista de normas que el Tribunal recomienda derogar por atentar contra el medio ambiente. “En Bolivia tenemos un tribunal agroambiental que no ha hecho nada y eso no es casual, porque las pruebas y las denuncias existen”, indica Solón con relación a las políticas ambientales que, según el experto, han ido de la mano con los intereses empresariales de ampliar la frontera agrícola y la exportación de ganado.
“Esta sentencia es positiva para Bolivia porque ratifica lo que hemos sostenido durante todo este tiempo sobre las causas y muestra al mundo el verdadero rostro de un régimen que hemos soportado en Bolivia”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Villegas, además, va más allá del pedido de derogación de las normas y plantea la reforma de las instituciones en Bolivia, muchas de las cuales —asegura— han sido desmanteladas o fusionadas durante el gobierno de Morales y continúan así con la gestión de Añez.
La sentencia del TIDN también se refirió a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad como el Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario. El área natural protegida Ñembi Guasu, declarada como tal apenas unos meses antes de los incendios y que forma parte de los circuitos territoriales del pueblo Ayoreo, perdió más de 400 mil hectáreas, es decir el 36% de su superficie.
“El desastre ambiental ocurrido el pasado año fue tan grave que las consecuencias negativas para la vida en su conjunto seguirán evidenciándose a lo largo de las próximas décadas, con una directa afectación hacia las comunidades mas vulnerables, entre ellas, los pueblos indígenas que habitan la región”, dice Ivan Arnold, director de la Fundación Nativa.
Arnold espera que con esta sentencia el gobierno entienda que tiene una responsabilidad directa para proteger el patrimonio natural y deje de priorizar los intereses agroempresariales y transnacionales sobre las vidas de miles de personas y animales que habitan sus territorios. “El tribunal ha aceptado las pruebas presentadas de que existió intencionalidad en las quemas que provocaron el desastre del año pasado”.
Mongabay Latam solicitó una entrevista a las entidades y ministerios relacionados con el medio ambiente y el manejo de tierras en el país, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.
El TIDN también ha emitido recomendaciones para la restauración integral sobre los territorios afectados y la reparación de los daños. Además, pide garantías para que estos hechos no se repitan, entre ellas derogar las llamadas normas incendiarias; anular las resoluciones de asentamientos humanos en tierras fiscales que se hayan autorizado sin respetar la capacidad de uso mayor del suelo y revocar todas las autorizaciones de quemas, chaqueos y desmontes en las zonas afectadas por los incendios. Corresponde ahora a las autoridades de Bolivia que estas recomendaciones se cumplan y lo ocurrido en el 2019 no se repita.
* Imagen principal: Incendio en Bolivia en el 2019. Foto: Gerson Bravo, bombero voluntario.
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