- En México, las comunidades que realizan aprovechamiento forestal en forma sustentable se enfrentan a una serie de obstáculos que, con la pandemia del COVID-19, se han hecho aún más difíciles de librar.
Desde hace casi cuatro décadas, diversas comunidades y ejidos comenzaron a reclamar su derecho al manejo de los recursos forestales que se encontraban en su territorio y que, por años, habían sido concesionados a empresas privadas. Esas comunidades, muchas de ellas indígenas, se cansaron de mirar cómo las compañías se beneficiaban con la madera que salía de sus bosques. A los pobladores de esos territorios no les dejaban ningún beneficio, en todo caso áreas degradadas.
Esas comunidades y ejidos de varios estados del país lograron que, a principios de la década de los ochenta, el gobierno mexicano cancelara las concesiones a las empresas privadas y que se permitiera a los dueños de esos bosques realizar aprovechamiento forestal.
A lo largo de varios años, estas comunidades y ejidos —acompañados por asesoría técnica— fueron dando forma a lo que hoy se conoce como manejo forestal comunitario: un modelo que permite aprovechar los recursos maderables y no maderables, siguiendo un programa en el que se contempla, entre otras cosas, el cuidado y la regeneración del bosque.
La silvicultura comunitaria que se desarrolló en México sirvió de inspiración para que comunidades de otros países, como Guatemala o Indonesia, desarrollaran sus propias formas de aprovechamiento forestal.
“El manejo forestal comunitario ha probado que es una manera de conservar biodiversidad y bosques. Y que no es una conservación excluyente”, señala la doctora en antropología Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien ha estudiado y acompañado el trabajo de comunidades que realizan aprovechamiento forestal en diversas zonas del país, en especial, en Oaxaca.
Y aunque varios estudios y especialistas han mostrado los beneficios sociales, económicos y ambientales que tiene el manejo forestal comunitario, hoy en día las comunidades que apuestan a este modelo se enfrentan con varios desafíos; muchos de ellos se han agravado con la crisis económica que acompaña a la pandemia de COVID-19.
En Mongabay Latam realizamos un recuento sobre el trabajo de las comunidades que apuestan por el manejo forestal comunitario en México.
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El reto de crear una empresa forestal
Las comunidades que realizan manejo forestal se pueden encontrar en varios estados del país, pero sobre todo en Durango, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Campeche.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hay 2362 ejidos y comunidades que realizan manejo forestal en sus territorios; la mayoría de estas comunidades se encuentran en un nivel básico de aprovechamiento, es decir tienen un Programa de Manejo Forestal, estudio que les permite conocer cuántos árboles pueden cortar para garantizar la sustentabilidad de su bosque. Sin embargo, no cuentan con sus propios aserraderos, por lo que venden su madera en rollo y, por lo tanto, sus ganancias son menores.
Son pocas las comunidades que han logrado dar el salto y crear empresas forestales, así como diversificar su actividad e impulsar proyectos ecoturísticos y de aprovechamiento de recursos no maderables. Los mismos datos de Conafor muestran que solo 1392 comunidades han podido crear empresas forestales.
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Las comunidades que lo han logrado se han convertido en importantes generadoras de empleos y desarrollo social en su región. Por ejemplo, la comunidad de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, ha creado alrededor de 200 empleos directos gracias al manejo forestal. En Michoacán, Nuevo San Juan Parangaricutiro, el manejo forestal ha impulsado la creación de 900 empleos directos.
Las comunidades que apuestan al manejo forestal tienen que escalar una pendiente llena de obstáculos. La doctora Leticia Merino menciona algunos de ellos: se enfrentan a una normatividad excesiva; por ejemplo, “les piden estudios que las comunidades deben financiar y que luego no les sirven de nada”.
Las empresas comunitarias forestales también tienen que enfrentar el impacto que tiene el tráfico ilegal de madera en el precio que se establece en el mercado. “Es mucho más barata una madera ilegal, que aquella que debe cumplir con muchos requisitos para estar certificada”, resalta Merino, quien también menciona que en los últimos años se ha incrementado la importación de madera.
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Beneficios que no mira el fisco
Las empresas forestales comunitarias no solo crean empleos. Gran parte de sus utilidades se invierten en acciones para el cuidado de los bosques, pero también en cubrir necesidades de las comunidades.
La comunidad de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, ha logrado crear un aserradero, una empresa de servicios técnicos forestales, otra de ecoturismo, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua.
Gran parte de las utilidades de estas empresas comunitarias se invierten en el cuidado del bosque, pero también en atender las carencias de las escuelas, en reparar caminos, instalar drenajes y apoyar a estudiantes y adultos mayores.
En un estudio publicado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés) a principios de 2020, sobre modelos de manejo comunitario de recursos naturales, se destaca que las empresas forestales comunitarias no solo han demostrado ser un mecanismo para conservar los bosques y la biodiversidad. Su importancia también radica en que sus ganancias se reinvierten en servicios sociales y desarrollo para las comunidades.
Sin embargo, en el caso de México, a estas empresas “se les exige cumplir con una serie de requisitos, como si se tratara de empresas privadas”, resalta Iliana Monterroso, investigadora de CIFOR.
Las empresas forestales comunitarias deben destinar 30 % de sus utilidades al pago del impuesto sobre la renta. “Nosotros dedicamos una fuerte inversión al bosque y a la comunidad, a veces de hasta el 60 %. Nuestra finalidad es muy diferente (a la de una empresa privada). Aquí el beneficio es social y allá es privado”, explica Francisco Luna, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez.
Monterroso resalta que es necesario que se tome en cuenta que las comunidades que realizan manejo forestal no solo han demostrado que conservan los bosques, también generan empleo e invierten en infraestructura y en servicios de salud y educación. “En algunos casos —resalta la investigadora—, su inversión en servicios sociales es más fuerte que la que realizan los gobiernos locales”.
Además de que las empresas forestales comunitarias deben pagar el mismo impuesto sobre la renta que una compañía privada, las autoridades fiscales no les permiten deducir muchos de sus gastos, bajo el argumento de que no son esenciales para su operación.
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Pandemia, nuevo obstáculo
Con la llegada de la pandemia del COVID-19 y la parálisis económica que trajo consigo, la situación de muchas empresas forestales comunitarias se agravó, sobre todo porque tuvieron que detener gran parte de sus actividades.
Tan solo en mayo pasado ya se tenía registrada una caída de entre el 55 y el 70 % de la venta de madera procedente de bosques con manejo sustentable, de acuerdo con datos de la Unión de Productores Industriales de Oaxaca y de Reforestemos México, organización no gubernamental que trabaja con varias comunidades.
Además, las comunidades forestales que han impulsado el ecoturismo como parte de sus actividades —alrededor de 200— también tuvieron que cerrar temporalmente sus instalaciones.
Ante este panorama —el que ya existía y que se agravó con la llegada del COVID-19— las comunidades y ejidos forestales impulsan diversas acciones. Por ejemplo, desde hace ya más de un año integraron una coalición para impulsar que el Estado mexicano les otorgue un trato fiscal diferenciado, que reconozca las inversiones que realizan en el ámbito social, pero también en la conservación de los bosques.
En su lucha por conseguir “justicia fiscal”, las comunidades han tocado varias puertas, entre ellas las de legisladores que han tomado la propuesta para presentar una iniciativa de ley.
Por otra parte, una coalición de 290 comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil presentaron un pronunciamiento titulado El sector forestal como salvaguarda ante los escenarios de COVID-19 y cambio climático, en el que exhortan al gobierno federal a invertir en esta actividad y evitar que la crisis provocada por la pandemia provoque un golpe mayor a las poblaciones que viven del manejo forestal sustentable y, como consecuencia, a los bosques del país.
En este pronunciamiento plantean once medidas que incluyen acciones, entre ellas que, para sus obras de infraestructura, los gobiernos federal y estatales adquieran productos forestales nacionales certificados, provenientes de bosques comunitarios. Además, se solicita una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
También se impulsan medidas de mediano y largo plazo, entre ellas que se combata la tala ilegal y que se incentive el consumo responsable de productos forestales certificados.
Investigadores como Iliana Monterroso resaltan que los gobiernos no reconocen el potencial de invertir en el manejo forestal comunitario, pese a los beneficios que tiene este modelo. Y destaca solo dos de ellos: mantiene el tejido social y se tienen grandes zonas de bosque con buen nivel de gobernanza.
* Imagen principal: Desde 1976, ejidos y comunidades de Durango administran de manera sustentable 1 097 029 hectárea de bosques. Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.
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