- Las comunidades indígenas esperan que el permiso ambiental de la principal empresa que explota las reservas de litio en el Salar de Atacama sea revocado.
- Por primera vez la justicia reconoce que la falta de información científica sobre el funcionamiento del ecosistema amerita que las actividades industriales que se desarrollan en el salar actúen bajo el principio precautorio.
El Salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre, al norte de Chile, se ha vuelto foco de atención luego de que las comunidades indígenas del lugar lograran que la justicia les diera la razón en una controvertida disputa contra Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), la empresa que explota, desde 1993, la reservas de litio del salar.
En 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales, abrió un proceso sancionatorio contra la empresa luego de comprobar que esta había extraído más salmuera de la permitida, lo cual provocó daños en el ecosistema. La empresa arriesgaba la revocación de su permiso ambiental a menos que presentara un Plan de Cumplimiento mediante el cual pudiera reivindicar cada una de las infracciones cometidas y así lo hizo. La SMA aprobó el plan propuesto por la empresa y el proceso sancionatorio se detuvo.
Las comunidades fueron entonces hasta la justicia exigiendo que se anulara la resolución que aprobaba el Plan de Cumplimiento ya que, según argumentaban, el plan no reparaba el daño hecho. En diciembre de 2019, el Primer Tribunal Ambiental les dio la razón aunque no fue hasta finales de julio pasado que la SMA reactivó el proceso sancionatorio en contra de la empresa.
Mientras tanto, la tensión aumenta en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Algunas comunidades han firmado acuerdos conciliatorios con la empresa y, por otro lado, la SMA ha encontrado más infracciones ambientales, esta vez de Minera Escondida, que también obtiene agua del salar para su extracción de cobre.
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Las infracciones
En noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente —organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales— inició un proceso sancionatorio en contra de SQM. La empresa había modificado unilateralmente los niveles de activación del Plan de Contingencia, el que debe activarse cuando el nivel de las lagunas alcanzan un cierto umbral para evitar cualquier impacto ambiental. Además, la empresa retiró dos pozos de monitoreo desactivando así los indicadores de alerta.
La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra SQM siendo lo anterior considerado como “gravísimo”.
Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado y la afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades.
También se constató la afectación significativa de las variables de pH y salinidad del suelo, y que la empresa entregó a la autoridad fiscalizadora información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de los pozos y el estado de conservación de las formaciones vegetales.
En respuesta al proceso sancionatorio iniciado por la SMA, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento para identificar, reducir o eliminar los efectos adversos provocados por cada una de las infracciones. Además se comprometió a cumplir con lo que estaba estipulado en su permiso ambiental. Dicho programa fue aprobado por la SMA en enero 2019 y, por ende, el proceso sancionatorio se detuvo.
A finales de ese mismo mes, las comunidades indígenas del Salar de Atacama se opusieron a esa decisión e interpusieron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para que este dejara sin efecto la resolución de la SMA en la que aprobaba el Plan de Cumplimiento de la empresa.
Para las comunidades, dicho Plan no reivindicaba las infracciones cometidas por la empresa y, en opinión de ellas, SQM debía ser sancionada con la revocación de su permiso ambiental. Una sanción que, efectivamente, puede ser aplicada dependiendo de la gravedad de los incumplimientos.
El 26 de diciembre de 2019, el Primer tribunal Ambiental acogió la reclamación y las comunidades lo celebraron como un gran logro.
Las razones fueron que el Plan de Cumplimiento de la empresa no cumplía con los criterios de integridad y eficacia, es decir, no se hacía responsable de todos los cargos que se habían formulado en contra de la empresa ni tampoco las acciones permitían volver al cumplimiento ambiental.
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La historia no acaba ahí
El 14 de enero, la SMA y SQM interpusieron, ante la Corte Suprema, un recurso de casación, el mismo que tiene por objeto anular una sentencia judicial. Sin embargo, no solicitaron que el proceso se detuviera en el Tribunal Ambiental, explica Juan Carlos Cayo, abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, por lo que “al darse cuenta de este error procesal” las comunidades solicitaron el cumplimiento de la sentencia del Tribunal aún cuando se estuvieran tramitando los recursos de casación en la Corte Suprema.
El 6 de julio, el Tribunal Ambiental le dio un plazo de 30 días a la SMA para que ejecute la sentencia. La Superintendencia acató la orden y 20 días después reinició el Proceso Sancionatorio en contra de la empresa. Además, el 13 de agosto desistió, junto a la empresa, del recurso de casación que había presentado ante la Corte Suprema.
Ahora “estamos esperando a ver cuál será la próxima medida administrativa que tome la SMA”, dice el Juan Carlos Cayo, aunque “nosotros esperamos que se sancione efectivamente a SQM”, agregó el abogado. Es decir, esperan que el permiso ambiental de la empresa sea revocado, precisa Sergio Cubillos, presidente de Pueblos Atacameños.
La empresa, por su parte, señala que está “esperando que la SMA evalúe las mejoras que estime necesarias”, las mismas que tienen planeado considerar “en un futuro Plan de Cumplimiento, en pos de una producción más sustentable. Estamos convencidos de que con este trabajo obtendremos todas las aprobaciones necesarias del nuevo plan”.
La posibilidad de que se revoque el permiso ambiental parece ser una opción poco probable, señalan actores cercanos a la causa judicial, sobre todo luego de que se diera a conocer recientemente que Camar, una de las comunidades demandantes, suscribió un convenio con SQM por lo que ya no será parte del proceso.
El acuerdo, que según indica el diario La Tercera, alcanzaría los 1700 millones de pesos, habría sido para “establecer un relacionamiento de debida diligencia y a largo plazo con la empresa SQM”, dice un comunicado de Camar. En el mismo, la comunidad precisa que ello “no implica en ningún caso una negociación sobre los derechos de los pueblos indígenas o sobre el territorio o sobre el agua” y que, por el contrario, “establece obligaciones y una nueva forma de relacionarse en trabajo conjunto con la Empresa en la que nosotros como Comunidad esperamos hacerle exigible el cuidado del territorio y de los recursos”.
Bárbara Jerez, doctora en estudios latinoamericanos y experta ecología política e impactos ecoterritoriales en los salares de la región, asegura que el acuerdo de Camar y SQM ha generado tensión entre las comunidades y que ello es parte de una estrategia “para mostrar quiebres y debilitar el consenso”. Asimismo, para la experta “las empresas generan estos quiebres con mayores acercamientos a ciertas comunidades, aprovechando las necesidades que tienen”, entre ellas de salud y educación que no han sido cubiertas por el Estado. “Las comunidades de esa manera han subsistido porque el Estado ha promovido esa gubernamentalidad minera”, indica.
Desde SQM aseguran que el objetivo es “lograr una operación que esté cada vez en mayor armonía con nuestro entorno y nuestros vecinos” y que el convenio suscrito entre Camar y SQM “incluye concesiones recíprocas, como instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas”.
Antes de Camar, las comunidades de Toconao y Talabre ya habían llegado a un acuerdo con la empresa, aunque Sergio Cubillos aseguró que “esto no va a impedir que la Comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños continúen en el proceso sancionatorio contra SQM”.
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La falta de información científica
Para Cayo, la sentencia del Tribunal es “muy relevante” ya que asegura que por primera vez la justicia hace referencia a la incerteza científica que existe en el salar y a la necesidad de aplicar el principio precautorio, es decir, a actuar de la manera más preventiva posible debido a que la falta de información científica impide tener certezas sobre los impactos en el ecosistema.
“Este escenario de incertezas y falta de información por parte del Estado, limitan el conocimiento de la cuenca del Salar de Atacama en su conjunto”, señala la sentencia del Tribunal y agrega que “es clara y manifiesta la necesidad de dilucidar de manera definitiva la incerteza que recae sobre los alcances y consideraciones de los modelos hidrogeológicos”.
Según Sergio Cubillos “esto viene a zamarrear a un Estado que ha sido muy porfiado cuando se le ha dicho que necesitamos tener un estudio hidrogeológico, necesitamos que se realicen más pruebas, que no se alberguen más proyectos dentro del Salar por saber que está en un inminente riesgo y en ese sentido [la sentencia] es un hito.
La bióloga Cristina Dorador, quien se ha especializado en estudiar la microbiología de los salares, es una de las científicas que más conoce acerca de estos ecosistemas y asegura que “se sabe parcialmente como funcionan”, aunque precisa que “no porque no hayan trabajos extensivos sobre este tema uno no va a considerar lo que ya existe”, es decir, información que confirma que se tratan de sistemas muy frágiles, indica la experta.
Las lagunas del Salar de Atacama —Soncor, Aguas de Quelana y Peine— son hábitat de diversas aves acuáticas, entre ellas tres especies de flamencos: el andino, el Chileno y el James. El primero Vulnerable y los otros dos Casi Amenazados según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estas lagunas protegidas, declaradas sitio Ramsar por su importancia internacional, son el centro reproductivo más importante en el mundo entero para estas aves, famosas por sostener sobre una sola pata su cuerpo entero emplumado de rosado. Las lagunas son también el refugio de los tapetes microbianos, ecosistemas conformados por microalgas y bacterias que podrían explicar el origen de la vida en la tierra y que son los que estudia Dorador.
La científica asegura que las comunidades microbianas son la base funcional y estructural de lo que ocurre en las lagunas. “Si es que llega a ocurrir que se secan, el tapete microbiano también disminuye su complejidad, su diversidad y a la larga eso hace que disminuyan otros organismos y, por ejemplo, finalmente nos demos cuenta que ya no están llegando flamencos”. Esta es precisamente una de las mayores preocupaciones para las comunidades indígenas, científicos y conservacionistas. “Antes el Salar de Atacama albergaba 14 mil flamencos. Hoy no alcanzan a ser mil. Antes las comunidades podían realizar la actividad de sacar huevos de flamenco para el consumo humano, hoy día eso es imposible”, dice Cubillos.
El problema es que investigar cómo la microbiología del salar está siendo impactada es “muy difícil”, dice Dorador, ya que se trata de organismos imperceptibles para el ojo humano. De todos modos, la bióloga asegura que con la información que existe es posible estimar que hay un impacto, pues la ciencia ha podido establecer una relación entre la extracción de salmuera, la cobertura vegetal del salar, la pérdida de humedad y el aumento de la temperatura del suelo. Así lo hizo una investigación científica de la Universidad de Arizona que utilizó imágenes satelitales y otros filtros, y que es una de las publicaciones científicas más importantes que existen sobre el tema, señala Dorador.
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La presencia de cuatro empresas en el salar
Cuando la SMA desistió del recurso de casación, dijo que lo hizo considerando que, paralelamente a la tramitación del procedimiento sancionatorio en contra de SQM, había comenzado a desarrollar “un trabajo amplio de gestión territorial de la cuenca del Salar de Atacama”, realizando así un seguimiento ambiental a las cuatro empresas que operan en el lugar y que extraen agua para sus operaciones.
Se trata de las mineras de cobre Zaldívar y Escondida, que juntas extraen 1613.5 litros de agua por segundo. La empresa Almebarle, también de litio, que extrae 23 lts por segundo de agua y 442 lts/seg de salmuera, y SQM que bombea 450 lts/seg de agua y 1700 lts/seg de salmuera. En total, son 2.086 lts/seg solo de agua dulce.
Al respecto, Cubillos dijo que esa es una noticia positiva porque “hace mucho tiempo que se viene pidiendo que la SMA haga una fiscalización” para analizar “todos los efectos sinérgicos que generan las 4 empresas que están en el salar”.
Es en ese proceso que la SMA abrió, el 30 de julio pasado, un proceso sancionatorio contra de Minera Escondida tras comprobar que los niveles de agua subterráneas del Sector de Tilopozo, al sur del salar, habían disminuido.
El permiso ambiental de la empresa establece que la extracción de agua no debe provocar la disminución del nivel freático en el sector de Tilopozo por encima de los 25 cm. Sin embargo, la SMA comprobó que en cuatro puntos de observación el nivel bajó en 27, 39, 40 y hasta 75 cm y que, además, el descenso ha sido sostenido desde septiembre de 1998 hasta 2019.
Según el diagnóstico de la SMA, el resultado fue que 2,88 hectáreas de vegetación se perdieron por completo, lo que representa el 3% del área, y 24,57 hectáreas sufrieron una merma en la cobertura vegetal, lo que equivale al 26% de la superficie total.
La Superintendencia calificó la infracción como grave, por lo que la empresa podría perder su permiso ambiental, ser clausurada o multada. Minera Escondida aseguró a Mongabay Latam que han presentado sus descargos a la SMA rechazando que exista un incumplimiento de los compromisos adquiridos en el permiso ambiental. “En ningún momento Escondida sobrepasó el umbral de 25 centímetros establecidos como descenso máximo”, asegura la minera.
Pero además, las comunidades están preocupadas por la intención de la Sociedad Legal Minera Nx 1 de Peine de convertirse en la quinta empresa en operar en el Salar de Atacama. Desde hace años está intentando realizar un proyecto extractivo de litio, por lo que ha presentado Estudios de Impacto Ambiental aunque, hasta ahora, todos han sido rechazados.
Para Cristina Dorador es una gran paradoja que la industria del litio y todo el conflicto generado por sus impactos a unos de los ecosistemas más frágiles del planeta, se de en un contexto de descarbonización. En efecto, para detener el calentamiento global, los países del mundo han acordado cambiar su matriz energética para lograr, en 2050, tener cero emisiones de CO2. En ese propósito, el litio juega un importante rol ya que es el mejor componente para acumular energía con un enorme potencial para la industria automotriz, tecnológica y de almacenamiento de sistemas eléctricos. Pero aunque la descarbonización “es algo muy positivo y tiene que hacerse evidentemente”, dice Dorador, la científica asegura que “el costo ambiental territorial no está siendo considerado en esa ecuación”.
Imagen principal: Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños.
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