- San Juan Lachao Pueblo Nuevo es una de las poblaciones que realiza manejo forestal comunitario y ha obtenido recursos económicos con la venta de bonos de carbono a empresas y a la municipalidad de Palo Alto, en California, Estados Unidos.
Hasta hace 12 años Gaspar Salinas no imaginaba que su comunidad, enclavada en la Sierra Sur de Oaxaca, dedicaría tanto esfuerzo a preparar y vender una mercancía invisible: créditos de compensación por la remoción de gases de efecto invernadero (medidos en toneladas de dióxido de carbono equivalente o CO2e) que, sin embargo, tienen el potencial de combatir el cambio climático y financiar el cuidado de tierras forestales.
En México, San Juan Lachao Pueblo Nuevo es una comunidad indígena chatina que hoy es líder en la venta de bonos de carbono a través de proyectos forestales. “Con esos recursos podemos hacer mucho más por nuestros bosques”, remarca Gaspar Salinas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de esta población que se encuentra a 200 kilómetros de la capital de Oaxaca.
El buen manejo de los bosques —realizado por comunidades oaxaqueñas, desde hace casi cuatro décadas— ha convertido a Oaxaca en el estado que más bonos de carbono capturado ha generado y vendido en México, a través de proyectos forestales, de acuerdo con distintas fuentes consultadas.
En los últimos 20 años, de la mano de distintas comunidades y organizaciones, los bosques de Oaxaca han removido casi 240 000 toneladas de CO2 de la atmósfera, estima Carlos Marcelo Pérez, director técnico de la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas del estado de Oaxaca (ICICO), asociación civil que reúne a 12 comunidades del estado en su búsqueda por comercializar bienes y servicios ambientales, incluidos los bonos de carbono. Esa cantidad de dióxido de carbono equivale a las emisiones promedio de 60 000 mexicanos durante todo un año, ya que las emisiones per cápita en el país —de acuerdo con datos del Banco Mundial— son de casi 4 toneladas de CO2.
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Mantener bosques para capturar carbono
San Juan Lachao Pueblo Nuevo logró vender su mercancía intangible gracias a que realiza manejo forestal comunitario: además de aprovechar en forma sustentable la madera de sus bosques, reforestan, propician la diversidad genética de sus árboles, cuidan su crecimiento, combaten sus plagas, los protegen de los incendios, entre muchas otras actividades.
No es indispensable conocer que las células de las plantas sintetizan el dióxido de carbono con la energía del sol y lo transforman en moléculas estables de carbono que utilizan para su crecimiento. Lo que importa saber es que mientras más alto y ancho sea un árbol, y mientras más árboles existan, más carbono habrá capturado un bosque.
Aunque varía según la especie de árbol, su edad y otros factores, alrededor de la mitad de cada kilo de madera seca es carbono, según distintos estudios, entre ellos el realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En consecuencia, buena parte del trabajo que se realiza en los bosques que tienen proyectos de bonos de carbono consiste en medir periódicamente —con metodologías científicas robustas— la altura, grosor y salud de árboles, para luego calcular el estado del bosque y la cantidad de carbono capturado con el trabajo invertido.
Al trabajar con bonos de carbono se deben cuidar tres principios: “verificabilidad, permanencia y adicionalidad”, explican los especialistas.
El primer principio se refiere a que debe ser posible confirmar la existencia del proyecto y verificar sus objetivos con una metodología confiable. El segundo significa la garantía de conservar el carbono capturado por un tiempo mínimo de compromiso que evite, por ejemplo, que los árboles sean talados al día siguiente de vender los créditos.
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El World Resources Institute (WRI) define el principio de “adicionalidad” como algo “adicional a lo que pasaría en ausencia del proyecto” (o adicional al business as usual). Es decir, el proyecto debe demostrar que es algo extra a la normalidad. Para ello, Carlos Pérez recomienda hacer más de lo que pide la ley:
“Una forma de demostrar la adicionalidad es tener como marco un programa de manejo forestal. Si por ley tenías que hacer una limpia y una poda, puedes demostrar adicionalidad haciendo una segunda poda y una segunda limpia cuando se requiera”, explica Pérez, quien dedica buena parte de su trabajo en la ICICO a explicar a comuneros y autoridades estos conceptos.
Para Alberto Ramírez, coordinador de carbono forestal del WRI, un beneficio adicional de estos proyectos es que, si se realizan a través de técnicos comunitarios y jornaleros locales, el dinero invertido regresa a la comunidad: “Entre 30 y 50 % del dinero que se invierte es pagado a personas de la comunidad, con lo que garantizan que los recursos se queden y circulen ahí mismo”.
En el caso de San Juan Lachao Pueblo Nuevo, la asamblea de comuneros decidió que las utilidades por el aprovechamiento forestal y venta de bonos de carbono se utilizarían en trabajos de conservación del bosque, así como en inversiones para educación y salud.
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Gobernanza comunitaria, el punto de partida
El trabajo de San Juan Lachao Pueblo Nuevo con los bonos de carbono empezó en 2008 con un proceso básico: planeación. En ese momento a la comunidad llegó el Programa de Pago por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que permitió a la comunidad contar con recursos para generar su modelo de desarrollo comunitario.
Para contar con una mejor idea de cómo manejar sus recursos naturales, representantes de la comunidad viajaron a la Sierra Norte para aprender de comunidades pioneras en el manejo forestal, como Capulálpam de Méndez, Santiago Xiacuí y La Trinidad Ixtlán. Les gustó lo que vieron y decidieron comenzar a diversificar sus actividades de aprovechamiento forestal.
Para 2010, los comuneros de San Juan Lachao Pueblo Nuevo ya contaban con una embotelladora de agua y un proyecto ecoturístico. Además, participaron en un programa especial para el cuidado del bosque mesófilo.
En 2014, la comunidad formó parte de un programa piloto de generación de créditos de carbono de la Reserva de Acción Climática (CAR, por sus siglas en inglés), organización con sede en California dedicada a promover y capacitar soluciones de mercado contra el cambio climático con beneficios para los ecosistemas, la economía y la sociedad. ICICO acompañó técnicamente ese proyecto.
A seis años de iniciar el experimento, San Juan Lachao Pueblo Nuevo y sus aliados han vendido 30 084 bonos de carbono (un bono equivale a una tonelada de CO2e capturada por un año), a un precio promedio de ocho dólares por tonelada, de acuerdo con cifras de la ICICO.
El primer comprador de bonos de carbono que tuvo San Juan Lachao Pueblo Nuevo fue la municipalidad de Palo Alto, California, sede de Apple y otras empresas icónicas de tecnología. En 2017 adquirió 17 000 bonos, con los cuales compensó las emisiones de su sistema de gas natural. Otros de sus clientes fue la plataforma de crowdfunding para proyectos de mitigación de CO2, Cool Effect.
La venta de bonos de carbono ha significado para la comunidad obtener más de 4 500 000 pesos (210 mil dólares); nada mal para un proyecto que se desarrolla en 2388 hectáreas de bosques, las cuales no representan ni una quinta parte de las 13 390 que conforman el territorio de San Juan Lachao Pueblo Nuevo.
“Es poco recurso, pero a final de cuentas es un buen ingreso tomando en cuenta que aún es poca la superficie que se destina a estos proyectos”, explica el ingeniero Carlos Pérez, quien lleva ya más de una década trabajando en proyectos de promoción de bonos de carbono, de la mano de otras organizaciones sociales, agencias del gobierno federal y comunidades forestales locales.
El biólogo Ramírez, Carlos Pérez y el comunero Gaspar Salinas coinciden en que la gobernanza comunitaria ha permitido a San Juan Lachao alinear el aprovechamiento sustentable de sus recursos con sus prioridades de desarrollo decididas en forma colectiva, de acuerdo con sus usos y costumbres.
Alberto Ramírez, del WRI, explica que para impulsar proyectos de venta de bonos de carbono se busca que la comunidad tenga una buena gobernanza, pero también que cuente con antecedentes de un adecuado manejo forestal, un historial de sustentabilidad y que no haya conflictos agrarios.
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Riesgos de un sistema en construcción
Incursionar en la generación y venta de bonos de carbono es entrar a un mundo donde se entrecruzan la teoría de los mercados, la ciencia del cambio climático, nociones básicas de ecología y biología, además de un conocimiento preciso de las circunstancias sociopolíticas globales y locales.
El que entren a escena tantas disciplinas y factores, como las regulaciones nacionales e internacionales, hace que las condiciones para participar en este tipo de proyectos cambien en forma constante.
Antes de San Juan Lachao, al menos otras 10 comunidades de Oaxaca habían incursionado en los bonos de carbono a través del proyecto “Captura de carbono en comunidades indígenas y campesinas del estado de Oaxaca”, impulsado desde 2008 por la Conafor y las organizaciones Pronatura México e ICICO. El objetivo desde entonces es crear un incentivo para comunidades con algún nivel de pobreza para proteger los ecosistemas de sus territorios.
Con casi 3 millones de pesos (140 mil dólares) de inversión de Conafor para asistencia técnica, el proyecto se enfocó en reforestación y restauración forestal, enriquecimiento de cafetales, mantenimiento de áreas de regeneración y reducción de emisiones.
Los créditos de carbono generados en esta área se vendieron a través del programa Neutralízate de Pronatura México, que los ofertaba a empresas que no habían logrado reducir lo suficiente sus emisiones, según un inventario de gases de efecto invernadero, verificado por la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE A.C.) y supervisado por el WRI y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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En octubre de 2009 este esfuerzo conjunto había logrado vender 39 400 toneladas de CO2 en bonos a siete empresas (entre ellas Televisa y la compañía químico-farmacéutica Chinoin), según cifras de SEO. Las comunidades recibieron poco más de 3 millones 400 mil pesos (159 mil dólares), lo cual benefició directamente a 590 familias e indirectamente a 300 más.
Para 2010, la ruta de trabajo parecía entendida, pero quedaba un gran obstáculo: los proyectos no se sometían a un registro externo que garantizara a los compradores que los bonos efectivamente existían y que no eran doblemente vendidos.
“Si los bonos se venden a una empresa, no hay una manera muy certera de garantizar que no se los están vendiendo a otra. Entonces se trata de confiar en la palabra del vendedor y del verificador, pero no es un sistema robusto o sólido para que el mercado tenga confianza”, explica Alberto Ramírez.
Ante este panorama, San Juan Lachao Pueblo Nuevo e ICICO accedieron a trabajar con la Reserva de Acción Climática (CAR, por sus siglas en inglés), organización que gestiona uno de los primeros y más importantes registros de compensación de emisiones en América del Norte, el cual cuenta con el respaldo de la Junta de Recursos Aéreos de California, estado pionero en regulación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque los precios son siempre móviles, el respaldo de un registro (que actúa de manera similar a un banco central en este caso) garantiza un precio de entre 3 y 20 dólares por bono, lo cual es una diferencia enorme contra los 14 centavos de dólar que puede costar un bono sin un registro sólido.
“Fue muy constructivo este proyecto piloto (en San Juan Lachao Pueblo Nuevo) y realmente hemos construido a partir de ahí”, explica Amy Kessler, administradora de política forestal de CAR.
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Actualmente, esta organización trabaja con técnicos comunitarios y comuneros de San Juan Lachao e ICICO en la capacitación para muchos de sus 57 proyectos de bono de carbono en México, que desarrolla en diferentes estados del país, entre ellos Puebla, Estado de México, Veracruz, Durango, Yucatán, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Jalisco, Michoacán y Quintana Roo.
El escenario en que se comercializan los bonos de carbono cambiará aún más durante los siguientes años y, particularmente, a partir de 2023, cuando tendría que ser completamente funcional del Sistema de Comercio de Emisiones de México, que obligará a empresas de diferentes industrias a mitigar sus emisiones excedentes a través de la adquisición de créditos de carbono.
“El desarrollo de un Sistema de Comercio de Emisiones es crítico para la inclusión de créditos forestales de mitigación, lo cual puede proveer otra fuente robusta de estos créditos para generar un mercado más dinámico”, explica Kessler, quien supervisa personalmente los proyectos de CAR en México, bajo un protocolo hecho a la medida nacional que contempla desde la propiedad comunal de la tierra hasta el uso de especies endémicas de árboles.
“En México estamos comprometidos a apoyar a los gobiernos estatales y federales a alcanzar sus objetivos contra el cambio climático y a apoyar el desarrollo de mercados dinámicos de carbono, que absolutamente incluye competencia. No puede haber un mercado sin competencia”, agrega Kessler.
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Sector forestal: un potencial para el país
Si se considera que una tercera parte del territorio de México está cubierto por bosques y selvas, y que la deforestación alcanza una tasa de 75 000 hectáreas al año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país tiene un amplio potencial para que los bonos de carbono sean usados como palanca de financiamiento de proyectos de restauración o conservación de los bosques.
De hecho, a nivel mundial el sector forestal ha producido más créditos de mitigación que cualquier otro sector, equivalente a un 42 % de la reducción en emisiones, explica Alberto Ramírez.
“Es imperante que el sector forestal sea un promotor de reducciones de emisiones que permitan dar cumplimiento a esquemas de mitigación ambiental”, asegura Ramírez, quien estima que si unos 250 proyectos forestales removieran, en promedio, 10 000 toneladas de CO2e cada uno, México podría compensar las emisiones legalmente permitidas para los sectores de energía, transporte y construcción.
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Sin embargo, la pandemia de COVID-19 puede significar un revés para los proyectos forestales de bonos de carbono: “Por la crisis muchas empresas podrían solaparse para no pagar las emisiones que hayan excedido, porque esto les permite, hasta cierto punto, tener ahorros”, señala Carlos Pérez, quien espera que las regulaciones pendientes en el sector de la mitigación de emisiones contrarresten esta disminución.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia también está afectando los trabajos de conservación en los bosques. En San Juan Lachao Pueblo Nuevo no se han registrado casos de COVID-19, pero por precaución las autoridades de la comunidad han cerrado completamente el acceso a personas externas y frenado actividades no esenciales.
“Por el momento no podemos avanzar. Lo único que podemos hacer es estar atentos y seguir adelante en lo posible con los programas que ya manejamos”, explica Gaspar Salinas.
* Imagen principal: La venta de bonos de carbono ha significado obtener recursos para continuar con la conservación de bosques en Oaxaca. Foto: Cortesía Cortesía ICICO/San Juan Lachao Pueblo Nuevo.
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