- La Comisión de Relaciones Exteriores envió al archivo la posibilidad de que el Perú se sume a los países que han ratificado este tratado internacional que promueve los derechos ambientales.
- Especialistas esperan que el siguiente gobierno retome la adhesión a este tratado. Mientras tanto, el congresista Alberto de Belaúnde presentará en los próximos días un proyecto de ley para mejorar la protección de los defensores ambientales.
En una sesión de más de tres horas, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú rechazó y mandó al archivo la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que promueve el derecho a la información ambiental y la protección de los derechos ambientales.
El predictamen, debatido en la comisión, fue presentado 24 horas antes de la sesión y en el se recomendaba no aprobar el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo que estaba a la espera para su debate.
Con 9 votos a favor (Fuerza Popular, Acción Popular, UPP, APP, Frepap y Podemos) y 3 en contra (Partido Morado, Frente Amplio y Somos Perú), el proyecto de ley ha sido enviado al archivo, pese a la insistencia de varios congresistas de tener una mayor discusión del tema y la oportunidad de ser debatido en el Pleno del Congreso.
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Posturas encontradas
La importancia del Acuerdo de Escazú radica en el impulso a derechos como el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe.
Una de las razones por las que cobró mayor importancia fue porque planteaba también la protección de los defensores ambientales. Este es un asunto clave por resolver en todo el mundo, considerando que en los últimos cuatro años casi 400 mujeres y hombres fueron asesinados por defender sus territorios.
Mary Lawlor, quien encabeza la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), dijo en una entrevista con Mongabay Latam que aunque en el Perú existe un plan nacional de derechos humanos y se cuenta con un protocolo para proteger a los defensores, es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. “Realmente Perú lo debe hacer porque ha estado involucrado en la negociación y necesitamos la ratificación de dos países más para que entre en vigencia. Sería un gran gesto hacerlo por parte de la clase política peruana”, señaló.
Sin embargo, desde julio de este año surgieron voces que se oponían a aprobar este acuerdo que fue firmado por el gobierno peruano en 2018. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara de Comercio de Lima y otras nueve instituciones similares se pronunciaron ese mes para “manifestar su preocupación por lo que representaría para el país”, según estos gremios, la ratificación del Acuerdo de Escazú.
“Lo más grave que puede ocurrir con una posible ratificación es la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional ya que el Perú estaría expuesto a los marcos normativos internacionales”, señalaba el comunicado conjunto. De acuerdo con estas organizaciones, el tratado podría generar “inestabilidad jurídica”, lo cual afectaría “indudablemente a las inversiones”.
Ese ha sido el principal argumento en contra del acuerdo y son los mismos que se repitieron en la sesión del Congreso. En el debate, la congresista fujimorista Martha Chávez dijo que ratificar el mencionado tratado era “poner al Perú en las manos de poderes externos”. “Nos exponemos a que cualquier ciudadano extranjero pueda exigir a las autoridades peruanas que entreguen información, a veces confidencial, sobre cómo el país maneja sus recursos naturales. (…) Es peligroso e inconveniente”, agregó Chávez.
En medio de su argumentación, Chávez incluso aludió un interés extranjero para que el Perú sea parte del acuerdo. “Por alguna razón, Chile que auspicia ese acuerdo y que compite con las inversiones peruanas como el cobre, se retrae de ratificarlo, ¿por qué? ¿Le conviene a Chile que el Perú firme este acuerdo? (…) ¿Eso no tiene ninguna importancia para el Ejecutivo? ¿no se mira la geopolítica?”, dijo la congresista.
Por su parte, el congresista Fernando Meléndez aseguró que este acuerdo se firmó en 2018 sin consultar a los gobiernos regionales ni a los pueblos indígenas. “Es infame y lesivo a los intereses de la patria, es atentatorio contra la soberanía nacional. Loreto rechaza este acuerdo”, señaló. Meléndez Celis fue gobernador de Loreto y es investigado actualmente por el caso Tamshiyacu, que involucra a empresarios y autoridades en la deforestación de bosques para intereses comerciales.
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Una mirada más allá de Escazú
Para el congresista Alberto de Belaúnde, estas declaraciones son parte de “una gran campaña de desinformación” para socavar el acuerdo. “Algunos colegas han decidido tomar como suyos estos argumentos que nacen de algunas instituciones de la sociedad civil y muchos de ellos van en contra del texto del acuerdo. No se entiende como se sigue sosteniendo que el acuerdo daña la soberanía cuando hay un artículo expreso en el tratado que dice que esto no sucederá”, comentó.
Por su parte, Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente e impulsor de este tratado internacional, indicó que afirmar que el acuerdo afecta la soberanía “es decir que más de 10 cancillerías de América y el Caribe están traicionando el principio de soberanía”.
Para no dejar de lado las propuestas de Escazú, el congresista De Belaúnde aseguró a Mongabay Latam que, en los próximos días, estará presentando un proyecto de ley para mejorar la protección de los defensores ambientales. “Existen mecanismos para defenderlos a nivel de resoluciones, de decretos, pero todavía tienen que ser afinados. Los protocolos de atención en la Policía cuando los defensores hacen denuncias deben ser más claros. Hemos encontrado que algunos defensores que han sido atacados ya habían denunciado amenazas”, manifestó.
De Belaúnde, del Partido Morado, fue uno de los tres legisladores, junto con Absalón Montoya (Frente Amplio) y Guillermo Aliaga (Somos Perú), que votaron para que no se archive el Acuerdo e incluso presentaron un dictamen en minoría para aprobar el tratado. “La entrega de este documento es un acto simbólico y espero que sirva de insumo para el próximo Congreso”, añadió.
Algunos especialistas ambientales, e incluso la Defensoría del Pueblo, coinciden en que el próximo gobierno, elegido en el 2021, tendría que reenviar al nuevo Congreso la propuesta para su ratificación. Por ahora, solo se espera que Colombia y México ratifiquen su firma y el tratado entre en vigencia.
No obstante, para Mariano Castro este debe ser un termómetro para medir la posición de los partidos sobre derechos ambientales. “Cuando en campaña electoral digan que protegerán el medio ambiente, yo desconfiaría de los que en esta comisión han dicho no al tratado. Además deberían rendir cuentas públicas sobre esta decisión”, agregó. El abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, añadió que el tema Escazú será importante para las próximas elecciones. “Los candidatos tendrán el rol importantísimo de informarse”, dijo.
Ipenza también fue crítico con la intervención del congresista Fernando Meléndez. “Hubo discursos que levantaron la bandera de la defensa de la Amazonía cuando incluso son acusados por delitos contra ella, como el congresista Meléndez”, aseveró.
Especialistas como Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) resaltaron la importancia de contar con información y participación oportuna en temas ambientales, algo que alentaba el mencionado tratado internacional. “La Defensoría del Pueblo ha indicado que más del 65% de conflictos socioambientales se producen por la falta de información y de una participación ciudadana efectivA”, comentó. Gamboa dijo que archivar este acuerdo es “darle la espalda a la ciudadanía, a las organizaciones indígenas y a la protección de los derechos humanos”.
Para finalizar, el congresista De Belaúnde resaltó el papel débil en los últimos meses del Ejecutivo, sobre todo ante la campaña mediática en contra del tratado que el mismo gobierno firmó. “Lamento el abandono que ha hecho el Ejecutivo sobre el Acuerdo de Escazú. Se dice que es un acuerdo entreguista y perjudicial para el Estado, y no ha salido a defender el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo ha habido silencio”, enfatizó.
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