- Lawlor habló de la situación de los defensores en América Latina, pero también del rol que cumplen los gobiernos y las empresas en las amenazas y agresiones a quienes defienden sus derechos.
En mayo de este año, Mary Lawlor asumió la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Lo hizo en medio de una pandemia que le ha impedido llegar a aquellos lugares donde se registran amenazas y crímenes a defensores ambientales y de derechos humanos.
Tiene pendiente viajar en los próximos meses a los pueblos y las zonas rurales alejadas donde “los riesgos son mayores”, confiesa a Mongabay Latam en esta entrevista concedida en exclusiva a un día de presentar su reporte Advertencias finales: amenazas de muerte para defensores de derechos humanos, ante la Asamblea de las Naciones Unidas.
La Relatora Especial habla sobre América Latina y la necesidad de que los gobiernos asuman de manera más eficiente la protección de los defensores ambientales y de derechos humanos, así como de los líderes indígenas que hoy son víctimas de violencia dentro de sus territorios. Sin embargo, no se restringió a este grupo, se refirió también a las mujeres y a la población LGTBI alrededor del mundo.
Lawlor es firme en sus cuestionamientos, sobre todo cuando se refiere a los gobiernos y a la participación de algunas empresas en las amenazas y asesinatos de líderes ambientales y sociales, y a la impunidad a la que están expuestos.
Latinoamérica es considerada la región más peligrosa para los defensores de los derechos humanos y ambientales, ¿qué está pasando?
La situación en América Latina es muy grave. Vemos muchos casos de defensores que trabajan por sus tierras, por los derechos de los pueblos indígenas y por el medio ambiente que se convierten en un objetivo debido a su trabajo en derechos humanos. Al parecer, lo que sucede y ha estado sucediendo por muchos años, en particular con aquellos defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, es que están en un mayor riesgo y, por supuesto, sucede lo mismo con las mujeres y los pueblos indígenas (…) Sabemos que este tipo de defensores son los más asesinados.
Es una situación muy grave…
Tenemos reportes de muchos defensores de derechos humanos, por lo menos 304 fueron documentados el año pasado por Front Line Defenders, y el 40 % de ellos corresponde a líderes que trabajan en los derechos de los territorios indígenas y del medio ambiente. Colombia ha sido el país con el mayor número de defensores asesinados. Y es que a menudo estas muertes ocurren en el contexto de las grandes empresas, minería extractiva y proyectos de negocios que también pueden estar involucrados en deforestación y actividades ilegales.
Se pueden encontrar líderes y comunidades que se enfrentan al impacto de los negocios, que luchan por su derecho a la consulta previa, libre e informada (…) pero en ese proceso de trabajo muchos de ellos son asesinados. Y esto es una tragedia no solo para su familia y amigos, sino también para la comunidad. No se puede separar la forma de vida y de subsistencia de la comunidad, porque ellos viven y se alimentan de lo que crece en sus tierras, y si la deforestación ocurre en sus bosques, si se contaminan sus ríos y si una hidroeléctrica afecta el agua que consumen, o lo que fuera, ellos no se pueden ir a otro lugar.
¿Considera entonces que el acceso a los recursos naturales se ha convertido en la causa de los asesinatos?
Creo que el patrón es claro. Hay una conexión entre los intereses económicos y las amenazas que socavan el medio ambiente. No se puede separar lo que sucede a los defensores ambientales del impacto en la forma de vida de las comunidades y, luego, por supuesto, los impulsores de la corrupción que socavan la protección que se puede dar a los defensores. Puedo hablar de lo que sucede en Guatemala, porque estuve en una misión en ese país y viajé especialmente para ver la situación de los defensores de los derechos ambientales. Fui testigo, por ejemplo, de un grupo de mujeres que, cada día, durante seis meses, estuvo protestando. En varios lugares del país hubo protestas y las autoridades no sabían qué hacer. Recientemente tuve una reunión con compañías involucradas en hostigamientos en Colombia, de una gran mina de carbón, y desde mi punto de vista, habiendo hablado con ellos, no hay respeto a los defensores de los derechos humanos.
Usted ha dicho que las empresas, algunas veces, son cómplices de lo que sucede con los defensores ambientales. ¿Cuál es el rol de estas compañías en las amenazas y asesinatos de los defensores?
Creo que el caso mejor documentado es el de Bertha Cáceres en Honduras, en el que la compañía DESA estuvo implicada en su asesinato y personal de esa empresa ha estado involucrado. Bertha era una mujer que defendía al pueblo lenca en contra de la instalación de una hidroeléctrica que amenazaba con afectar el agua, y fue asesinada. Como resultado, el gobierno de Honduras fue forzado a establecer una investigación y se encontró evidencia muy bien documentada de que el asesinato fue ordenado por DESA. También dos bancos que financiaban el proyecto estuvieron involucrados. Y se estableció una sentencia para los asesinos que fueron contratados por la compañía. Ese es un ejemplo claro de cómo las compañías están detrás de las amenazas y asesinatos de los defensores ambientales. Como sabemos esta compañía no realizó la consulta con la gente, y lo que sucede, por lo general, es que las empresas consiguen las licencias de los gobiernos, que se supone deben proteger los derechos de las personas, así como se supone que las empresas deben respetar los derechos humanos de la gente.
¿Algún país en Latinoamérica le causa mayor preocupación?
Como relatora de los derechos humanos mi labor es alertar sobre lo que está pasando con los defensores y buscar la mejor forma para protegerlos. El centro de mi trabajo son las personas, no los países. Pero en general, en todo Latinoamérica hay ejemplos de violaciones de derechos humanos y no todo tiene que ver con medio ambiente, territorio o pueblos indígenas. En las sociedades patriarcales o religiosas, por ejemplo, hay casos terribles de mutilación de los derechos de reproducción de las mujeres, y también se vulneran los derechos de las personas LGTBI. Se presentan ataques y asesinatos terribles. En realidad, no hay país libre de violaciones a los derechos humanos. Incluido el mío.
¿Entonces considera que las mujeres enfrentan mayores riesgos y amenazas?
Las mujeres defensoras de los derechos humanos tienen un doble riesgo. Tanto por lo que son mujeres, así como por el trabajo que realizan (…) Ellas pueden estar en riesgo dentro de su propia familia y de su comunidad o pueden estar en riesgo por los gobiernos o las compañías. Y sin son mujeres indígenas y pelean por sus tierras, como Bertha [Cáceres] que peleó 20 años por los derechos del pueblo lenca, están expuestas a una doble discriminación, y eso sucede alrededor del mundo. Y esto pasa porque las mujeres no son vistas como iguales con los hombres. Y están los casos de las sociedades patriarcales o religiosas que solo permiten el matrimonio entre hombres y mujeres, y no aceptan que se casen dos hombres o dos mujeres. Y si alguien es transgénero y trabaja por las personas trans, está en doble riesgo. Todos son ejemplos de riesgo extra, exagerado para las mujeres que defienden los derechos humanos.
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La responsabilidad de los gobiernos
Desde que empezó su mandato ha enviado cartas pidiendo explicaciones a más de 30 países en el mundo y 9 de ellos en Latinoamérica ¿Qué ha pasado con estas comunicaciones?
Algunas veces responden y otras no. En algunos casos, cuando responden no lo hacen substancialmente o sobre lo que preguntamos, más bien envían una suerte de respuestas preestablecidas. Al Perú, por ejemplo, preguntamos por el caso de Arbildo Meléndez, el líder indígena asesinado en abril de este año, que lideraba a su comunidad para lograr la titulación de su territorio y se oponía a la deforestación y al narcotráfico, y el gobierno peruano respondió a nuestra demanda. En su respuesta explicó que ha pedido al fiscal provincial y otras autoridades que se encuentre a los responsables. Pero también hay que recordar que Arbildo había solicitado medidas de protección y esa petición fue rechazada, aunque luego de su asesinato han ofrecido medidas de protección para su familia y el sospechoso ha sido arrestado. Los esfuerzos están dados, no siempre, pero en este caso fue una respuesta adecuada del gobierno peruano.
Le pareció adecuada la reacción del gobierno peruano…
En el caso de Perú existe un plan nacional en derechos humanos y tienen un protocolo para proteger a los defensores de derechos humanos que fue aprobado en abril del 2019 y activar esta intervención es posible cuando los defensores están en peligro. Pero antes de ello no había leyes ni políticas. Eso es un avance y es algo específico que puede hacer. Pero también debe ratificar el Acuerdo de Escazú, porque es una herramienta de acceso a la información pública para los defensores ambientales y para la participación en las decisiones, así como el acceso a la justicia. Realmente Perú lo debe hacer porque ha estado involucrado en la negociación y necesitamos la ratificación de dos países más para que entre en vigencia. Sería un gran gesto hacerlo por parte de la clase política peruana.
Muchos líderes indígenas han sido asesinados por defender su territorio…
Es muy triste ver que los líderes indígenas son asesinados cuando buscan la titulación de su territorio. Normalmente, tratan de llevar adelante todo el proceso de titulación, pero pasan años y años sin que se concrete. Sin embargo, luego esas tierras son invadidas por personas individuales o asociaciones que consiguen sus títulos de propiedad y después las venden a los grandes negocios. Entonces puedes ver que hay una forma de tratar a los pueblos indígenas que intentan conseguir los títulos de sus tierras y otra distinta para los traficantes de tierras que es más rápida. Recuerdo que estuve en Brasil varios años atrás y supe que falsificaban títulos. Quienes se dedican a esto se instalan en tierras que no son utilizadas y luego reciben sus títulos.
Las actividades ilegales están relacionadas con los asesinatos de líderes ambientales y defensores de los derechos humanos ¿Esta situación es más crítica en la Amazonia o en lugares de difícil acceso?
Una de mis prioridades durante mi mandato será tratar de conectar a los defensores de derechos humanos que están en las zonas rurales y que no tienen acceso a las Naciones Unidas, al sistema internacional o a las organizaciones no gubernamentales que pueden protegerlos. Cuando se normalicen los viajes planeo tener las reuniones en las áreas rurales, porque normalmente estas sesiones tienen lugar en las ciudades a las que no es fácil desplazarse y eso significa que muchas personas, muchos defensores y líderes son excluidos. Claro que toma más tiempo ir a las áreas rurales, pero también debido a ese aislamiento, quienes viven allí enfrentan más riegos. Particularmente, cuando ponen esas restricciones a los viajes muchos defensores de los derechos humanos se convierten en un blanco, les es difícil movilizarse a un lugar seguro donde puedan quedarse, por lo tanto, están en mayor riesgo.
¿Considera que los gobiernos están haciendo lo suficiente para proteger a los defensores?
Definitivamente no. Yo que estoy a cargo de la Relatoría Especial para la situación de los derechos humanos en todo el mundo, puedo decir que en todas las regiones los gobiernos no están haciendo lo suficiente para proteger a los defensores de derechos humanos. Tiene que haber un compromiso claro, leyes y políticas para protegerlos y un reconocimiento público sobre su trabajo. Ellos tienen razones para hacer ese trabajo y tienen derecho a ser protegidos y a contribuir con la sociedad de la forma en que lo hacen. Por lo tanto, se tiene que ser claro en valorar a las personas que trabajan legítimamente en la defensa de los derechos humanos.
¿Las leyes que existen no son suficiente?
Creo que la voluntad política no es suficiente. Si miras alrededor del mundo, ves que los gobiernos se manejan por intereses políticos y estratégicos que socavan los ideales de los defensores de derechos humanos. Puede ser por corrupción o para conseguir ingresos para el país, hay muchos factores en juego, pero cuales sean los intereses políticos y económicos, deberían respetar lo que dice la declaración de los derechos humanos sobre los defensores ambientales, que establece que deben ser protegidos por la labor que realizan. Pero tiene que ser un reconocimiento público, seguido de leyes y políticas adecuadas que tienen que ser implementadas.
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Los derechos humanos en tiempo de pandemia
Durante este tiempo de pandemia varios defensores ambientales han sido asesinados. En Perú, Colombia, México han ocurrido crímenes. Parece que los ataques a los defensores ambientales no se han detenido pese a la inmovilización…
Creo que todo lo que han hecho los defensores de derechos humanos en este tiempo ha sido más difícil porque han debido hacerlo a distancia, y también ha sido más peligroso porque no era posible movilizarse. Los gobiernos alrededor del mundo han convertido en blanco a los defensores de los derechos humanos incluidos médicos y periodistas que están tratando de decir la verdad durante la pandemia. Es realmente triste.
Usted ha mencionado cifras de casos de amenazas y asesinatos reportados, ¿existen cifras reales sobre lo que está sucediendo con los defensores de derechos humanos y defensores ambientales?
Global Witness tiene reportes anuales de los defensores ambientales, pero no hay suficiente información o documentación sobre lo que está pasando con todas las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente o en el caso de los pueblos indígenas y de quienes defienden sus derechos. Además, otras tácticas de los gobiernos es presentar cargos legales e iniciar procesos en las cortes con cargos que nunca se detienen, juicios injustos, y cosas como esa. Es una terrible táctica que permite a los gobiernos neutralizar a los defensores de los derechos humanos.
¿Usted considera que hay impunidad?
Sí, hay impunidad. Si el gobierno es corrupto, la impunidad usualmente está ligada a la corrupción. Y también, en algunos casos, los gobiernos no tienen los medios o no son capaces de rastrear esa impunidad.
Imagen principal: Relatora Especial de las Naciones Unidas Mary Lawlor. Foto: Front Line Defenders.
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