Los científicos, peruanos y extranjeros, dormían por esos días en campamentos itinerantes cercanos a los puestos militares de vigilancia. Tomaban avena de desayuno y partían en busca de nuevas especies para completar sus inventarios. A veces, los soldados los acompañaban: pescaban con el ictiólogo Hernán Ortega y ayudaban con la carga de plantas que Hamilton Beltrán colectaba.

“Como botánico, mi función era reunir pequeños trozos de las plantas que estaban ahí, todo lo que podía en el corto tiempo que teníamos. Esos pedazos de plantas seguían luego una serie de procesos. Cuando colectas por primera vez es cuando mejor información recoges”, detalla Beltrán.

La diversidad biológica era abrumadora en cada espacio que exploraban. En menos de 50 metros de sendero por el bosque, el botánico Beltrán podía recoger hasta 90 especies diferentes en condición fértil. Pero casi siempre debía retornar al campamento por la gran cantidad de muestras reunidas  que le impedían seguir su trayecto. La vez que llegó más lejos fue cuando trepó a lo alto de la cordillera y halló aquella cantidad de orquídeas y bromelias que no proyectaba ni en sus cálculos más felices. Al ictiólogo Ortega le correspondía estudiar la diversidad de peces en la zona alta del río Comaina. Allí descubrió a la Creagrutus kunturus, una nueva especie que recibió esa denominación en honor a su hábitat: la Cordillera del Cóndor. En solo tres semanas, más de 900 especímenes de plantas en periodo de reproducción fueron recogidas por Hamilton Beltrán.

Creagrutus kunturus. Foto: Archivo Hernán Ortega.

“El valor de lo encontrado era y es elevado. Hasta ahora es muy difícil conseguir muestras en zonas nunca estudiadas y en altitudes mayores a 500 metros. El acceso en helicóptero y la colaboración de los soldados ayudó bastante. Todas las muestras están en la colección de peces del Museo de Historia Natural”, señala Hernán Ortega.

Han pasado 26 años pero los recuerdos del botánico peruano permanecen intactos. Está convencido que el hallazgo de tantas especies de plantas en aquel corto periodo fue todo un récord. “Sobre todo plantas que solo crecen en sitios tan lejanos como el Orinoco (Venezuela) y que por primera vez se registraban en el Perú”, dice Beltrán. Su memoria lo traslada a los bosques en estado prístino, a los puestos en que los soldados podían captar las transmisiones de los últimos partidos del mundial de fútbol, a un ambiente natural de fauna diversa y donde apenas había rumores de una minería incipiente acentuada en el lado de la cordillera que corresponde al Ecuador.

El vicepresidente de Conservación Internacional en el Perú, Luis Espinel, apunta que los estudios en la cordillera durante la expedición de 1994 reportaron 915 especies animales en aquel lugar. De estas, 17 % fueron mariposas diurnas, 14 % mariposas nocturnas, y un 13 % en diversidad de aves. Hoy esos ecosistemas son parte de un territorio devastado por la minería ilegal, un espacio natural que debió formar parte de un parque nacional que nació recortado.

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La cordillera después de la guerra

Todos los hallazgos de la expedición de 1994 empezaban a ser organizados en un amplio documento de Conservación Internacional cuando estalló la guerra del Cenepa, entre Perú y Ecuador. Entre enero y febrero de 1995, el lado oriental de la Cordillera del Cóndor y la cuenca del río Cenepa fueron escenarios de una disputa territorial que dejó casi un centenar de muertos.  The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador and Peru: A Biological Assessment, el informe de Conservación Internacional, fue publicado en 1997.

Al año siguiente, con la firma del Acta de Brasilia, Perú y Ecuador sellaron un largo proceso de demarcación fronteriza. El texto contemplaba aspectos ambientales, productivos y un acuerdo de integración, desarrollo y vecindad incluido dentro de un Plan Binacional. Luis Espinel recuerda que entonces se comenzó a pensar en cómo este espacio fronterizo de la guerra podría convertirse en punto de reencuentro para los pueblos indígenas asentados en los lados peruano y ecuatoriano de la cordillera.

“Eran familias awajún y wampis divididos por la frontera, muchas de las cuales transitaban desde el pasado por el río Santiago, que nos une con el Ecuador, para comunicarse”, declara.

Luego de una serie de evaluaciones en la zona, el gobierno peruano creó por decreto supremo la zona reservada Santiago Comaina, la cual quedó bajo autoridad del entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) —absorbido más tarde por el Ministerio de Agricultura—. Esto obedecía también al compromiso de constituir un área de protección ecológica incluido en el acuerdo de paz.

Ermeto Tuesta, indígena awajún especialista en Sistemas de Información Geográfica del Instituto del Bien Común (IBC), precisa que inicialmente este ámbito se extendía desde la margen derecha del río Santiago hasta las orillas izquierdas de los ríos Marañón y Comaina. Sin embargo, convencidos de las posibilidades de conservación de sus pueblos y bosques para futuras generaciones, los dirigentes indígenas de esa época pidieron una ampliación de sus límites.

“En el año 2000, los límites de la zona reservada llegaron al río Morona y después hasta la frontera con Ecuador”, precisa Tuesta.

Las zonas reservadas son una categoría transitoria para la creación de un área natural protegida. Con la extensión, el territorio de la reserva Santiago Comaina coincidió con el de muchas comunidades awajún y wampis ubicadas a orillas de los ríos Cenepa y Santiago. Ermeto Tuesta, quien como parte de IBC trabajo en el proceso, dice que por esta razón los líderes indígenas solicitaron que los espacios no usados con frecuencia, en las cabeceras de los ríos, sean declarados como área protegida.

“Es ahí donde se define esa franja de acción del área protegida en la frontera con Ecuador”, puntualiza Luis Espinel. Una franja de la cordillera proyectada entonces con casi 153 mil hectáreas de extensión, y que incluía los sectores de abundante biodiversidad explorados por los científicos en 1994.

El expediente técnico sobre la riqueza biológica del lugar, elaborado desde 1997,  justificaba el establecimiento allí del área protegida. Para ese momento, la incipiente minería de la que habían escuchado los primeros expedicionarios era ya un peligro creciente. Espinel cuenta que existía una suerte de convivencia entre la minería ilegal y la vigilancia peruana. Los puestos militares permitían el paso de mineros ecuatorianos que excavaban en la cordillera y se llevaban lo extraído en sacos para procesarlo en su país.

Estas fueron las denuncias que hicieron los indígenas agrupados en la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) cuando Conservación Internacional llegó en una nueva expedición, en el 2003. El objetivo de este nuevo trabajo exploratorio, en que también participó un equipo del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue confirmar la importancia y riqueza biológica hallada en 1994. Para entonces había zonas inaccesibles de la cordillera por el riesgo de las minas colocadas durante la Guerra del Cenepa. Sin embargo, Luis Espinel indica que ingresaron a otros puntos donde se logró identificar el amplio potencial de biodiversidad.

“Pudimos registrar cuáles eran aquellas especies que necesitábamos conservar y por qué se justificaba, desde el aspecto biológico, la creación de un parque nacional. La Cordillera del Cóndor es única, existen especies endémicas que no vamos a encontrar en otro ámbito del Perú”, narra el vicepresidente de Conservación Internacional.

El trabajo siguiente, relata, estuvo enfocado en cómo proteger este lugar que además era fuente de agua para los wampis y awajún situados en la parte baja de la cordillera. Conservación Internacional y el Inrena forjaron un apoyo mutuo para acceder a diferentes lugares de la cordillera en helicópteros.

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El acuerdo de Huampami

De comunidad en comunidad hubo reuniones para que los indígenas conocieran la importancia de un área protegida y la riqueza biológica que iban a tener cerca. En todas participaron las organizaciones indígenas del Cenepa, Comaina y Santiago. También el Inrena, en representación del Estado; y Conservación Internacional y el IBC, como parte de la sociedad civil. Algunos de los que estuvieron en aquellas sesiones afirman que el pedido sustancial de las comunidades era la creación definitiva de un parque nacional libre de minería.



Acta de Huampami (2004)

“Querían tener ahí su despensa, las especies con las que ellos también conservaban sus tradiciones ancestrales en términos de manejo de fauna”, comenta Luis Espinel. Además, que se reconocieran formalmente las ampliaciones de sus fronteras que a la vez iban a ser los límites del parque nacional.

Entre el 29 y 30 de marzo del 2004 en la localidad de Huampami, capital del distrito de El Cenepa, Amazonas, se realizó la sesión final de todos los sectores involucrados en el largo trayecto de conversaciones. Ahí fueron informados los acuerdos alcanzados con cada localidad indígena, los límites que iba a tener el área protegida —que abarcaba una extensión de cerca de 153 mil hectáreas— y el nombre que esta llevaría: Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor. Todo esto quedó consignado en un acta que tiene la aprobación de los representantes de las organizaciones y comunidades indígenas, del Inrena, IBC y Conservación Internacional, así como de autoridades distritales de El Cenepa y el río Santiago. El Acta de Huampami fue clave para la elaboración del expediente de instauración del área protegida. Este documento debía ser elevado al consejo de ministros para su aprobación.

Mapa de la primera propuesta de creación del parque de 2004, cuando se consideraba un área de protección de 153 mil hectáreas.

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Parque incompleto

Luis Alfaro Lozano, intendente de Áreas Naturales Protegidas del Inrena, entre abril del 2006 y setiembre del 2007, explica a Mongabay Latam que normalmente son largos los procesos para la entrega de un expediente que busca el tránsito de una zona reservada a un área protegida. En general, precisa, se trata de establecer un momento en que el consejo de ministros pueda apoyar el proyecto. El Inrena presentó el expediente el 2006, durante el segundo gobierno de Alan García, y no encontró respaldo. Alfaro indica que Cancillería consideró que la ejecución de la propuesta no iba a permitir el desarrollo minero contemplado en el acuerdo de paz. Y que una posición similar tuvo el Ministerio de Energía y Minas.

Para ese momento, en el lado ecuatoriano de la cordillera ya había muchas concesiones mineras y en el flanco peruano había concesiones antiguas e inactivas, y registraba continuas incursiones de mineros ecuatorianos (ver la primera parte de este especial). Según el exintendente del Inrena, una de las respuestas que recibió el proyecto fue que el establecimiento de un parque nacional iba a prohibir actividades extractivas de los peruanos en esa zona pero no impedir que los ecuatorianos las realicen.

El resultado de los cuestionamientos al expediente fue explícito el 10 de agosto de 2007 cuando se decretó la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor con una extensión de solo 88 477 hectáreas. Es decir, casi 65 mil hectáreas menos con respecto a la longitud que había sido propuesta. Luis Alfaro sostiene que esto no fue una sorpresa para él y cree que el parque se hizo hasta donde se pudo. Pero para las organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil que también estuvieron involucradas en el proceso, el decreto significó un estallido.

Luis Espinel, de Conservación Internacional, refiere que apenas dos días después de la publicación de la ley encontró que había una serie de petitorios mineros sobre la parte que fue recortada. Ermeto Tuesta, del IBC, indica que eran más de 100. Carlos Ballón, un ex funcionario de compañías mineras cercano al Partido Aprista, llegó a obtener más de 50 concesiones en la zona excluida, según una investigación de IDL reporteros en ese momento. Pero los problemas sobre el área propuesta originalmente como parque nacional se remontaban a varios años atrás.

Mapa final del Parque Nacional Ichigkat Muja de 2007 que abarca 88 477 hectáreas.

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Situación previa

Desde los años 90, la empresa minera Afrodita tenía siete concesiones en la Cordillera del Cóndor. El gerente general de esta compañía, Jorge Bedoya Torrico, dice a Mongabay Latam que los derechos mineros de Afrodita abarcaban un área de casi 100 mil hectáreas y que en el 2002 obtuvo la autorización para iniciar labores de exploración. Sin embargo, la compañía perdió concesiones ante la imposibilidad de pagar sus vigencias y se quedó con dos (Comaina 1 y Comaina 3) en dos mil hectáreas. Bedoya remarca que Afrodita tenía en la zona estos derechos preexistentes a la propuesta de creación del parque nacional.

“Era una obligación de Inrena hacer una evaluación de esto y ver cómo se respetaban los derechos preexistentes”, indica.

En un amplio informe titulado “Crónica de un engaño”, Odecofroc puntualiza que Jorge Bedoya sostuvo reuniones con una comisión intersectorial para definir el destino del Parque Nacional Ichigkat Muja. La organización indígena anota que la empresa minera buscó que varias instituciones del Estado intercedan para que Inrena dé una opinión favorable al proyecto minero en la Cordillera del Cóndor.

 

 

“Nosotros podemos haber hecho distintas anotaciones sobre la propuesta de crear un parque que, técnicamente, no cumplía con las condiciones”, sostiene el gerente general de Afrodita. Agrega que otra cosa que hizo la empresa fue advertir al Estado que el Plan Binacional entre Perú y Ecuador, establecido en el Acta de Brasilia, contenía un programa de inversión privada. “Si el deseo del Gobierno hubiese sido poner un parque encima del derecho minero, lo hubiera hecho. Yo, como empresario, no puedo condicionar a un gobierno a que haga cualquier cosa; yo le puedo dar mis comentarios”, expresa Bedoya.

Esta era la situación previa a la emisión del decreto supremo que solo otorgó 88 477 hectáreas de longitud al Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor. Al respecto, Luis Espinel, de Conservación Internacional, dijo a Mongabay Latam: “Las áreas con mayor diversidad biológica que existían en la cordillera estaban en el ámbito que se recortó”.

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Frustrado nuevo intento

El recorte de la propuesta original diseñada para el parque nacional generó un grave descontento de las comunidades indígenas con el Estado y desencuentros entre los mismos clanes familiares. “El Inrena había hecho la consulta previa sobre el destino de la cordillera y el pueblo indígena concedió toda esa parte para que sea parque nacional, no para actividades mineras. Fueron vulnerados nuestros acuerdos con el Estado”, refiere Zebelio Kayap, expresidente de Odecofroc.

Uno de los reclamos incluidos en la plataforma de lucha que derivó en el levantamiento indígena contra las políticas de inversión del TLC en Estados Unidos (‘Baguazo’) era, justamente, no haberse respetado el acta de Huampami para el establecimiento de un área protegida en la Cordillera del Cóndor.

Con la creación del Ministerio del Ambiente, el exjefe del Inrena Luis Alfaro asumió como titular del también naciente Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Él volvió a Huampami en un viaje de trabajo y encontró una zona de alta convulsión casi inaccesible.

Alfaro consiguió reunirse con los comuneros y exponerles qué había ocurrido con el proyecto de las 153 mil hectáreas, cuál fue la propuesta presentada por Inrena y cómo se había pronunciado después cada sector. “Me dijeron que regrese y diga que ellos querían el parque. Le conté eso al ministro Antonio Brack (primer ministro del Ambiente) y retomamos el expediente”, narra Alfaro.

El abogado especialista en materia ambiental César Ipenza, quien fue asesor de Antonio Brack durante su periodo como ministro del Ambiente, dice que se buscaba ampliar las dimensiones del parque nacional de acuerdo con el planteamiento inicial. No hubo un trabajo de campo nuevo. El expediente fue elaborado con la información contenida en el documento anterior. El proyecto del ministro Brack fue presentado pero nunca se llegó a discutir en el consejo de ministros. Ipenza indica que en aquella época la evaluación de un expediente dependía de que Luis Nava Guibert, entonces secretario de la Presidencia del gobierno de Alan García, lo acepte. “Lo recibió pero no entró en agenda, nunca lo consideró”.

El área natural de enorme biodiversidad que deslumbrara a la expedición científica de 1994 es hoy en día escenario de operaciones mineras devastadoras. Y sin solución a la vista.

Mongabay Latam buscó entrevistas con los ministerios de Relaciones Exteriores y Energía y Minas pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.

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Imagen principal: Una de las especies identificadas por la expedición Phyllordenusa vaillanti. Foto: César Vega – Conservación Internacional.

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Artículo publicado por alexa
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