- El mar del norte del Perú es el más biodiverso del país y es por ello que desde hace años pescadores, conservacionistas y científicos intentan crear una reserva marina.
- Los pescadores temen que las actividades extractivas contaminen el mar y perjudiquen su fuente laboral.
Pescadores y la sociedad civil presentaron una demanda de acción popular ante el poder judicial en contra del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de Perupetro, la empresa estatal encargada de negociar, suscribir y supervisar los contratos de hidrocarburos en el Perú, por adjudicar dos lotes petroleros Z67 y Z68 ubicados frente a las costas de la región de Ancash, al norte del país, sin haber realizado una debida participación ciudadana.
El representante de los demandantes, Richard O’Diana, abogado del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), precisó que la acción legal busca que se anulen los contratos, autorizados en dos decretos supremos, que le otorgan el permiso para explorar y explotar dichos lotes a la empresa Tullow Perú Limited. Las razones, señala el Moicc, son que “hubo escasez de información y violación a la participación ciudadana efectiva”.
Chimbote, junto con el Callao, es el puerto más importante de Perú y los pescadores temen que la explotación petrolera frente a sus costas ponga en peligro la fuente de trabajo de miles de familias de la región.
Las razones de la demanda
La demanda fue interpuesta por el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, y un grupo de representantes de organizaciones y expertos regionales integrantes de la Mesa Técnica sobre Recursos Naturales y Gestión Marino Costera.
“Nuestra principal crítica y argumento de la demanda es que se realizó un proceso de participación ciudadana muy débil”, dice O’Diana. “Fueron nueve reuniones de participación ciudadana y las nueve resultaron bastante insuficientes”, agrega. Según el abogado, no se convocó previamente a los líderes y lideresas de la sociedad civil, ni tampoco a los pescadores. Además, del total de reuniones, “cinco se llevaron a cabo el mismo día y a la misma hora en ciudades y pueblos distintos, por lo que fue imposible que los principales líderes pudieran asistir a la mayoría de estos eventos”, dice O’Diana.
En total, no fueron más de 800 personas las que asistieron a las reuniones, asegura el abogado, y “apenas 112 pescadores fueron los que participaron. En algunos de los eventos ni siquiera los hubo”, cuestiona. Pero lo que es más grave, dice, es que “las preguntas y preocupaciones de la población no fueron respondidas”.
Para Almenzor Gómez, presidente de la federación de asociaciones de pescadores artesanales de la región Ancash, “la licencia social debería ser si estamos de acuerdo o no, pero eso no lo resaltan en los talleres”, dice. “Ni siquiera nos preguntan si estamos o no de acuerdo. Solamente nos vienen a informar de esta actividad. Nosotros no queremos talleres informativos”, asegura el dirigente.
El secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, Lorenzo Macedonio, por su parte agrega que “lo que ellos han hecho son reuniones en las cuales decían que eran talleres informativos, pero no decían que era consultas ciudadanas”, y asegura que “en todos esos eventos se rechazó las pretensiones de Perupetro de querer explorar y explotar petróleo en el mar”.
Perupetro por su parte aseguró a Mongabay Latam que las acusaciones de los demandantes son falsas ya que, previo a los nueve eventos, se realizó durante cinco meses un “proceso de sensibilización y comunicación con la población de la franja costera de Ancash”, mediante diversas reuniones informativas donde “se recogieron dudas, inquietudes y consultas, trasladándolas a las distintas entidades del Gobierno Central”.
Además, Perupetro señala que dio respuesta a todas las consultas de la población durante ese proceso aunque precisó que “el Reglamento de Participación Ciudadana establece que este proceso no es vinculante para la toma de decisiones, sino que se constituye como espacios informativos de comunicación y diálogo entre las poblaciones y el Estado”. Es decir que la oposición de la ciudadanía no sería, de todos modos, un impedimento para seguir adelante con los proyectos.
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Los miedos
Según Perupetro “los reclamos (de los ciudadanos que participaron de los talleres participativos) estaban dirigidos a exigir mayor presencia del Estado con servicios básicos y no en contra de la actividad de hidrocarburos”. Sin embargo, Gómez asegura que la posición de los pescadores artesanales ha sido siempre clara respecto de las actividades petroleras. “Rotundamente no estamos de acuerdo que se ponga en riesgo una actividad de la cual subsisten cientos de comunidades en toda la región Ancash”, dice el dirigente.
“La pesca da mucho más trabajo, más de 40 mil puestos de trabajo y el sustento alimentario para todas las poblaciones”, insiste Macedonio.
Según un informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) de septiembre 2020, que evalúa la captura de recursos pesqueros dentro de los lotes Z-67 y Z-68, en el área se pesca caballa (Scomber japonicus), perico (Coryphaena hippurus), bonito (Sarda chiliensis chiliensis), jurel (Trachurus murphyi), raya águila (Myliobatis peruvianus), tiburón azul (Prionace glauca), merlín rayado (Kajikia audax), tiburón zorro (Alopias vulpinus), pez espada (Xiphias gladius), tiburón diamante (Isurus oxyrinchus), atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), ovas de pez volador y pota (Dosidiscus gigas), siendo esta última la principal especie comercial que se captura.
Por lo mismo, el informe reconoce que “existe una superposición entre los lotes para exploración y los caladeros de pesca artesanal”, por lo que asegura que existe “la posibilidad de riesgo de impactos negativos causados por las exploraciones sísmicas”. Para evitar dichos impactos, el Imarpe “recomienda que las medidas de protección del ambiente y del ecosistema marino que se tomen durante la actividad sean sumamente rigurosas y que cumplan los estándares internacionales respectivos”. El problema es que los pescadores no creen que esa rigurosidad vaya a darse.
Una investigación de Mongabay Latam, realizada en noviembre del año pasado, demostró que de acuerdo con lo reportado por las petroleras, el 88 % de los derrames ocurridos en el país han sido en la Costa Norte peruana. Además, la investigación demostró que la realidad podría ser aún peor, ya que en los registros que llevan los organismos del Estado sobre los barriles de petróleo vertidos a la naturaleza existen algunas imprecisiones, por lo que no se sabe con exactitud cuánto se ha derramado.
“El Estado peruano ha enfocado su desarrollo petrolero e hidrocarburífero ya no en la Amazonía, sino en el mar peruano”, dice O’Diana y precisa que “la gente de Chimbote está preocupada porque nunca han tenido actividad petrolera en sus costas. Estos lotes están a poco menos de 50 millas de las costas de Chimbote”, dice el abogado.
En los departamentos de la costa norte del país hay 1200 pozos petroleros operativos. Sin embargo, es justamente esa zona la más rica y biodiversa del país, aseguran los científicos.
Es por eso, de hecho, que desde hace años científicos, conservacionistas y ciudadanos intentan declarar allí una reserva marina. “Es una zona sumamente importante, reconocida internacionalmente y considerada un hope spot de biodiversidad”, dice Yuri Hooker, experto en biodiversidad y director del laboratorio de biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hooker asegura que incluso la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) determinó que se trata de unos de los 70 lugares más importantes del mundo para la conservación de la biodiversidad marina. A pesar de ello, el mar del norte del Perú sigue sin tener una reserva marina y expertos coinciden en que la razón se debe a la superposición de intereses petroleros.
Según el abogado O’Diana la demanda se encuentra actualmente en la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima a la espera de ser admitida.
*Imagen principal: pescadores protestan por la adjudicación de lotes petroleros en el mar de Ancash. Foto: Instituto Natura
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