- Esta región es una de las zonas de Colombia en donde la vida natural debería estar más protegida del accionar del hombre. Sin embargo, según el último monitoreo de cultivos ilìcitos del SIMCI, en 2019 se reportaron 1448 hectáreas cultivadas de coca en esa área.
- Los registros de los últimos dos años indican que esta cifra va en ascenso. Esto coincide con los datos recientes de la plataforma Global Forest Watch, los cuales indican que entre enero y octubre de este año se registraron 4700 alertas de deforestación. ¿Cuál es la historia detrás de estas cifras?
*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y La Opinión de Cúcuta.
Por las aguas del río Catatumbo, que nace en el Cerro Jurisdicciones en el municipio de Ábrego (Norte de Santander) y que lleva sus aguas hasta el Lago Maracaibo (Venezuela), navegan pescadores, campesinos productores —y de un tiempo a esta parte—, contrabandistas de gasolina, hombres llenos de armas, lanchas repletas de coca, madera y están las corrientes que arrastran a víctimas de la violencia.
A los pobladores de los once municipios que conforman la región del Catatumbo les da miedo hablar. Prefieren guardar silencio o piden la reserva de su identidad, porque una palabra mal recibida o mal interpretada por los ‘patrones’ —como se llama en la zona al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y otros grupos criminales— puede significar una sentencia de muerte o un desplazamiento forzado.
La presencia de los grupos armados se atribuye a la ubicación estratégica de la región del Catatumbo, sobre la frontera con Venezuela, para el uso de rutas del narcotráfico hacia el exterior. Allí las disputas por el control territorial de las zonas productoras de coca son cotidianas. Se habla incluso de la llegada de algunos carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en el informe Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos publicado por la la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), una organización no gubernamental que investiga y analiza la realidad de la seguridad, el conflicto armado, el crimen y el posconflicto.
Este es el primer gran obstáculo para abordar una problemática tan urgente como la deforestación en la región del Catatumbo. “Tenga mucho cuidado con esta información”, advierte Pablo, uno de los pocos campesinos que aceptó responder a las preguntas de Mongabay Latam y La Opinión de Cúcuta, aunque con la salvedad de mantener su nombre en reserva.
Este es un sobrevuelo del Ejército colombiano sobre la zona rural de Tibú, en el Norte de Santander. Se notan claramente los sembríos ilegales de coca. Crédito: Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército de Colombia.
En esta historia, si el río hablara, tendría mucho que decir. No solo ha sido testigo de la violencia, sino de cómo las montañas a su alrededor se han ido quedando sin sus selvas emblemáticas, un fenómeno que ha llegado hasta sus linderos y ha dejado muchas de sus orillas despobladas, expuestas a la erosión, los derrumbes y las crecientes.
“Corponor (máxima autoridad ambiental en el departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia) poco puede hacer porque ¿con quién va a pelear? A la pobre funcionaria que envían le toca hacer y decir lo que los ‘patrones’ le digan. Si acaso levanta un acta diciendo que se comprometen a sembrar lo que tumbaron…”, deja en suspenso la frase un agricultor de la zona, quien no ve necesario completarla para entender la gravedad de las consecuencias.
La tala indiscriminada de bosques está ligada a fenómenos relacionados con la ilegalidad, la tradición y la productividad, un complejo cóctel que atenta contra la biodiversidad del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí en Colombia.
En la segunda semana de octubre detectamos con la ayuda de imágenes satelitales que las alertas de deforestación se habían disparado a 598 dentro del parque Catatumbo. ¿Por qué se está talando ahora? Mongabay Latam y La Opinión de Cúcuta reconstruyeron la historia detrás de esta alerta de deforestación. Contar lo que sucede nos lleva necesariamente a exponer un complejo escenario de ilegalidad y criminalidad, en el que las principales víctimas son las poblaciones y las áreas biodiversas.
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Cambio de rumbo
Pablo se dedica hoy a los cultivos lícitos, pero hasta hace algunos años engrosaba la lista de cocaleros de la región. Ha sido testigo de cómo el número de hectáreas ha ido en crecimiento hasta llegar con total impunidad hasta el borde de las carreteras o las laderas del río Catatumbo, rompiendo así con la vieja práctica de solo operar en los espacios escondidos entre las montañas.
“La gente quema pastizales que antes eran para el ganado o cultivos de frutas para sembrar coca (…) No respetan nada, ni el río”, afirma desde su casa, muy preocupado porque los cultivos de coca siguen creciendo sin control y para productores como él, que no tienen coca ni palma, todo se vuelve cada día más complejo.
Desde la llegada de la coca, en 1997, la región no es la misma y en los últimos años, sobre todo, tras la firma del Acuerdo de Paz, el panorama ha empeorado para quienes conocen el área. Los cultivos se trasladaron y “ya no hay casi árboles, los pozos de las quebradas y el río donde me bañaba cuando era niño, ya no existen por los derrumbes”, recuerda Pablo a sus más de 50 años, todos vividos en el mismo lugar.
La gente ha cambiado la tranquilidad y los cultivos legales por la plata de la coca, cuenta Pablo. “Si usted hace cuentas, el negocio no es malo si siembra bastante, no una migaja como hacía yo”, lo dice en referencia a las menos de 10 hectáreas de tierra que en algún momento tuvo. Este negocio cambió y ahora, asegura, hay cocaleros con cientos y cientos de hectáreas, ya no son solo pequeños productores.
En el mercado, cuenta Pablo, un kilo de base de coca se está vendiendo a 2,7 millones de pesos (740 dólares), aproximadamente. Si el comprador es la guerrilla, se la venden a 2,58 millones de pesos. Mientras tanto, un kilo de cacao se paga a $8000 (2,2 dólares), que es la producción alternativa que, desde hace años, intenta despegar en la región como sustituto de los cultivos ilícitos.
A esta realidad se suman los cuestionamientos contra los políticas y estrategias desarrolladas por el Estado para atender este problema. “Los programas se han dirigido solo a las familias con cultivos ilícitos, se ha desplazado a las familias que no tienen estos cultivos e indirectamente se les está diciendo que tienen que cultivar coca para ser beneficiarias de los programas”, explica Jericó, un productor cacaotero de la región del Catatumbo.
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Rodeado de coca
El Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, por sus condiciones geográficas, es una de las zonas de Colombia en donde la vida natural debería estar más protegida del accionar del hombre. Hoy, más que una realidad, es una utopía.
El área en mención se ubica en las estribaciones de la cordillera oriental, en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, en una de las zonas más conservadas y con mayor riqueza natural y cultural del país.
Abarca 158 125 hectáreas y está bajo la jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú, con alturas que van desde los 70 hasta los 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
En ese espacio predominan las orquídeas, las bromelias, los bejucos y las heliconias, además de árboles con alturas superiores a los 45 metros en su parte central. En su interior, los árboles nativos son el cedro (Cedrela odorata), la ceiba (Ceiba pentandra), el abarco (Cariniana pyriformis), el perrillo (Couma macrocarpa), el lechero (Euphorbia lactiflua), el cascarillo (Cinchona pubescens), el pegachento (Schizolobium parahyba), la majumba (Ceiba Pentrandra) y el caraño (Trattinickia aspera), además de la palma.
El parque Catatumbo Barí está a más de seis horas de Cúcuta, capital de Norte de Santander, y no existe una vía terrestre de acceso en buen estado.
La mejor forma de llegar es en lancha con la ayuda de los barí, la comunidad indígena que ocupa un sector dentro del parque, distribuido en dos resguardos: Motilón Barí (108 900 hectáreas) y Gabarra-Catalaura (13 300 hectáreas).
Llegar hasta el parque y sus inmediaciones no es fácil. En Barrancas, una vereda de Tibú, vecina del mismo, pocos se atreven a hablar de lo que sucede adentro y menos de lo que pasa afuera. Entre la humedad y el sol ardiente, el miedo transpira entre cada uno de los residentes.
Los cultivos de coca son evidentes. Estas plantaciones se convirtieron en los vecinos de todo y de todos. Desde Campo Dos, una vereda de Tibú a dos horas y media de Cúcuta, hacia adentro, las plantaciones de coca se volvieron más y más notorias. “Hasta Cúcuta están llegando los cultivos”, dice en tono irónico un habitante de la región.
Tibú, la población más importante en el complejo engranaje del Catatumbo, es uno los municipios que tiene jurisdicción sobre el parque y, también, es uno de los que más deforestación presenta en la zona.
El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ubicó a este municipio como el de mayor deforestación en Norte de Santander, con 7103 hectáreas taladas en 2019, el 72 por ciento de todo el departamento que fue de 9910 hectáreas.
El segundo en el listado departamental es Teorama, con 1864 hectáreas deforestadas, municipio que también tiene jurisdicción en el parque. Los otros con terrenos dentro de este sistema de protección ecológica y ambiental son Convención, El Carmen y San Calixto.
Estas poblaciones componen parte del conglomerado de crecimiento de cultivos de coca que en la región llegaron a las 41 711 hectáreas en 2019, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Hace cuatro años, la cifra era de 24.831 hectáreas, es decir, que el crecimiento en ese lapso fue de más del 60 por ciento, justo cuando el Gobierno Nacional firmaba el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en noviembre de 2016, poniendo fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
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Autoridad ambiental
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) es la encargada de administrar los recursos naturales renovables en Norte de Santander.
Sandra Gómez, subdirectora de Corponor, explica que la entidad no tiene competencia en el parque Catatumbo Barí sino Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), a quienes se les contactó durante dos meses para una entrevista, pero no hubo respuesta.
“Ellos son la autoridad ambiental en esa área (PNNC); por eso, tienen equipos de trabajo para administrar y manejar esa zona”, precisa.
Sobre el área que le corresponde a Corponor, fuera del parque, la funcionaria informa que se ha reportado una pérdida de bosque alta por diferentes causas: expansión de la frontera agrícola, cultivos ilícitos, minería ilegal y tráfico de madera.
El año pasado, se reportó la deforestación de 9851 héctareas en Norte de Santander, superior a las 7338 hectáreas registradas en 2018, según datos de Corponor, sin contar el parque Catatumbo Barí, que es competencia de Parques Naturales Nacionales de Colombia.
La mayoría de hectáreas deforestadas se concentran en la región de Catatumbo, con 9186, que equivalen al 93 por ciento del área perdida en 2019. Tibú y Sardinata son los municipios con más bosque talado, 7836 hectáreas.
“Los intereses de los actores ilegales hacen que en esa zona se promuevan este tipo de actividades. Entrar es difícil, inaccesible, por (falta de) vías, por el conflicto y por el tema de seguridad, todo esto hace que las actividades ilícitas se faciliten”, indica la funcionaria de Corponor.
Los datos de Global Forest Watch (GFW) señalan que solo entre enero y octubre del 2020 se registraron 4700 alertas de deforestación en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Mongabay Latam detectó, además, que en octubre se registró el pico de estas alertas alcanzando la cifra de 598.
En las capturas satelitales se puede observar cómo en tres años ha crecido la deforestación dentro del área protegida. Imágenes: Global Forest Watch.
La funcionaria de Corponor destaca que la región del Catatumbo tiene una riqueza hídrica muy grande, donde el hombre no ha podido llegar, pero en las riberas del río se registran asentamientos humanos que generan procesos de deforestación, los cuales, también, están asociados a actividades ilícitas, como laboratorios para el procesamiento de coca.
La funcionaria señala que el problema ambiental es consecuencia del conflicto que hay en la zona, que crea afectaciones en el agua, el bosque y por lo tanto se requiere de una intervención grande para contrarrestar y resolver el problema social.
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Deforestación en ascenso
Además de los lugareños de la región del Catatumbo, los funcionarios públicos también sienten temor cuando se les menciona el tema de la deforestación, prefieren evitarlo o callar.
Una fuente del gobierno que estudia la zona, y cuya identidad pidió mantener en reserva, precisó que en el parque Catatumbo Barí se han deforestado 10 000 hectáreas en promedio y que la tala es un indicador de expansión de la frontera agrícola, legal o ilegal. “Se tala para sembrar maíz, coca, o establecer ganadería”.
Afirma que el 90 por ciento de las hectáreas deforestadas tienen cultivos de coca y el 10 por ciento restante, plátano, yuca o ganadería.
Los cultivos ilícitos establecidos en el parque están dispersos y son más comunes en las veredas La India, Caño Sur Alto, Saphadana (comunidad indígena), Dos Quebradas, La Hondura; la mayoría están en la punta de Norte de Santander, algunos más hacia el occidente y otras hacia al oriente del Catatumbo Barí.
Según el último monitoreo de cultivos ilìcitos del SIMCI, en 2019 se reportaron 1448 hectáreas cultivadas de coca en esa área protegida. Una cifra que va en ascenso si se tiene en cuenta los registros de los dos años anteriores: 872 hectáreas en 2018 y 778 hectáreas en 2017.
Al observar los mapas publicados en el último monitoreo de cultivos ilícitos del SIMCI, se aprecia que los cultivos ilícitos rodean el parque, con mayor presencia en el costado oriental, con una densidad mayor a 10 hectáreas por kilómetro cuadrado, en los municipios de Convención (norte) y Tibú, hacia la frontera con Venezuela.
En el otro extremo, en el occidente, los cultivos de coca rodean el parque, pero en menor densidad, entre 1 y 4 hectáreas por kilómetro cuadrado, en el norte del municipio de El Carmen, en límites con el departamento del Cesar.
Lo mismo ocurre en el sur del parque, donde la densidad es similar, pero en algunos puntos se observan más de 10 hectáreas por kilómetro cuadrado, en los municipios de Convención, El Carmen y El Tarra.
Sin embargo, la condición de área protegida no es suficiente para impedir el avance de la deforestación asociada al cultivo de coca, porque ya hay indicios de hectáreas afectadas en el interior del Catatumbo Barí; las cuales, están dispersas y solo se tiene una dimensión real cuando se toman imágenes desde un helicóptero, como lo ha hecho el Ejército de Colombia.
Al revisar las cifras de SIMCI de los cultivos de coca en Norte de Santander, se observa que estas también han crecido en los dos resguardos indígenas al interior del parque Catatumbo Barí.
De las 1448 hectáreas cultivadas en 2019, 411 están en el resguardo Motilón Barí y 43 en el resguardo Gabarra-Catalaura, para un total de 454 hectáreas con coca y un aumento del 66 por ciento en relación al 2018, según datos publicados por el SIMCI.
Los narcotraficantes amenazan constantemente a los indígenas Barí que habitan dentro del parque, así como a los líderes ambientales que denuncian la deforestación. Crédito: Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército de Colombia.
Juan Carlos Quintero, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), confirma que la situación es preocupante y la deforestación tiene dos actores directos por su actuar: cultivadores de coca y de palma, estos últimos responsables de la ampliación de la frontera agrícola de la región, con la ayuda de maquinaria, aseguró.
El líder campesino llamó la atención sobre el desorden que vive la región en todos los aspectos, especialmente en el uso y explotación del suelo a causa de la ausencia del Estado tras la firma del acuerdo de paz con las FARC.
“El Gobierno Nacional solo hace presencia con ejército”, dice Quintero, recordando que tras el proceso con la guerrilla no pasó nada en temas de inversión y políticas públicas para el campo y lo que se suscitó fue una nueva problemática con actores armados que llegaron a la región a pelear por el territorio que dejaban las Farc.
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Acaparamiento de tierras
La situación en la región de Catatumbo —explica la fuente del gobierno— se debe a un problema estructural relacionado con el acaparamiento de tierras que, si bien es cierto, la ley segunda de 1959 reservó territorios para proteger los bosques, no se elaboró un registro físico catastral con el fin de evitar disputas por el uso de tierras y una degradación ambiental de las áreas protegidas.
“El problema es el acaparamiento de tierras y el cambio ilegal de uso del suelo (…) como no hay escrituras, la gente compra mejoras y luego establece la coca. Si le va mal, le vende al otro. Realmente son terrenos baldíos y son de la nación”.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afirma que el conflicto que se vive en regiones como el Catatumbo, donde conviven diversos actores al margen de la ley, además de los movimientos campesinos, los indígenas y el Estado, hace que la deforestación sea el resultado de esa confrontación.
“Siento que el Catatumbo, por lo que escucho a lo lejos, es probablemente una de las zonas, y si no, la zona más importante de conflictividad del país, en donde el tema de la deforestación es la resultante de esa dinámica. No es el punto de partida sino la expresión del conflicto en esa zona del país”, señala Botero, quien en el pasado fue director territorial de la región Amazonia-Orinoquia de Parques Nacionales Naturales, entre 2000 y 2010.
Afirma que el catastro multipropósito que quiere implementar el Gobierno colombiano es un primer paso para obtener información de quién tiene la tierra, cómo la usan, qué extensión, qué estatus legal del suelo tiene, qué familias viven allí, tiempo de ocupación; lo cual, será vital para arrancar con el proceso de formalización de la propiedad que necesita Colombia.
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¿Conservado o incomunicado?
El Parque Nacional Catatumbo Barí puede ser una de las mayores reservas de conservación de ecosistemas que tiene Colombia y uno de los que menos información se tiene. Es, por ejemplo, uno de los lugares del país en donde aún hay un bosque húmedo nativo, virgen, desconocido por la comunidad científica.
“Pueden tener cien o mil años”, dijo el investigador y biólogo Carlos Herney Cáceres Martínez, que ha trabajado en diferentes proyectos en parques y reservas naturales de Colombia y durante años ha intentado ingresar a reserva de vida.
Lo que pueda estar sucediendo dentro y alrededor del parque preocupa, porque no se trata solo de que se esté acabando con algunos árboles y animales.
“Cuando se afecta un bosque húmedo se afecta todo: la captación de dióxido de carbono, la nivelación de oxígeno, la regulación hídrica, los proceso erosivos van en aumento (…) No solo se pierden plantas o animales, como sociedad estamos perdiendo un servicio gratuito que nos brinda el planeta para tener una vida saludable”, asegura el biólogo formado en la Universidad Nacional de Colombia, para quien el parque tiene un valor incalculable, sobre todo en conservación.
Entre la tala, la siembra de coca, de monocultivos y la quema, la última es la que más daño causa. Hay varias razones para esta conclusión, entre ellas, dice Cáceres, que las llamas alteran los componentes orgánicos del suelo, haciendo que la biomasa se pierda.
Recuperar un bosque húmedo no es una tarea fácil. “Sabemos que es muy difícil que vuelvan a su estado natural y para que se recuperen en un 50 % se necesitan por los menos 100 años”, afirma el investigador.
El valor del parque es tan grande que pueden existir en él un sin número de plantas nuevas para el mundo, especies endémicas de todo tipo de las que no se puede saber nada, más de los que cuentan algunos relatos de indígenas o de profesionales de parques nacionales, que en algunas ocasiones ni siquiera pueden entrar a la zona.
Entre las historias y la tradición oral, se sabe que en el parque hay poblaciones de jaguares, osos andinos, tapires y monos araña.
Cáceres narra que forma parte de un proyecto en el que se busca caracterizar y establecer la conectividad genética del oso andino en ocho diferentes zonas de Colombia donde se tiene identificada su presencia y para ello se requiere una muestra genética y la única que no se ha podido tomar es la del parque nacional Catatumbo Barí.
La región del Catatumbo no es la misma. Desde los helicópteros se aprecia como la selva se está llenando de parches y desde el suelo todo se observa diferente con el paso de los días.
Los impactos ambientales se sienten. Se acaba la fauna, la flora, y hablar de una recuperación es muy difícil, procesos que pueden durar años, sin la seguridad que vuelvan a ser iguales, asegura Dolors Armenteras, bióloga e investigadora docente de la Universidad Nacional de Colombia.
Entonces, cuando salen de sus casas —ubicadas en diferentes puntos de la región— y miran hasta donde la vista les da, Ramón y Pablo confirman que su pedazo de pulmón natural se les está acabando y el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí no es ajeno a esta triste realidad.
*Los nombres de las personas aparecen en esta nota fueron cambiados por seguridad y a petición de la fuente.
Imagen principal: En el municipio de Tibú, en los alrededores del Parque Nacional Catatumbo Barí, los parches de deforestación más grandes tienen como origen el cultivo ilegal de hoja de coca. Foto: Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército de Colombia.
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