- La empresa palmicultora Energy & Palma habría invadido 251 hectáreas de la propiedad de la comuna de Barranquilla en la provincia de Esmeraldas. Esta comunidad afroecuatoriana afirma tener escrituras que legitiman su derecho de propiedad.
- Los habitantes denuncian la contaminación del río Cachavi y erupciones en la piel, las cuales asocian con los pesticidas que usa la palmicultora.
*Este artículo es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
El 18 de noviembre de 2020 Néstor Caicedo, presidente de la comunidad afroecuatoriana de Barranquilla, participó en una sesión de la Comisión de Soberanía y Desarrollo Agropecuario de la Asamblea Nacional del Ecuador, donde dijo que “la empresa Energy & Palma llegó al sector y por medio de trucos, por medio de gente extraña y ajena a nuestra comunidad, se fue apoderando de trozos de nuestro territorio y sembrando palma”. Tras la intervención de Caicedo, el asambleísta Mauricio Proaño pidió información sobre el derecho de participación que debió ser ejercido por la comuna de Barranquilla de San Javier.
Durante casi dos décadas, esta comuna ubicada en la provincia costera Esmeraldas, ha señalado a esta empresa por problemas que van desde la contaminación ambiental hasta la invasión de sus tierras ancestrales. A pesar de las denuncias presentadas por los comuneros, no hay pronunciamientos de las autoridades ambientales o judiciales ecuatorianas.
Los reclamos de los pobladores, en los últimos años, se sustentan en el Estudio multitemporal de tenencia de tierras en los territorios comunales de la provincia de Esmeraldas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicado el 22 de septiembre de 2017. El informe dice que en el territorio de la comuna de Barranquilla “se identificó un posible desmembramiento del predio comunal” y “se pudo determinar que el predio de la compañía Energy & Palma S.A tiene una sobreposición de 251 hectáreas en la comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier”. Esto significa que la palmicultora está asentada en parte del territorio que le pertenece a la comuna. Sin embargo, los comuneros aseguran que la sobreposición es de al menos 754 hectáreas —más de la mitad de su territorio—.
Barranquilla se encuentra en el pequeño cantón de San Lorenzo, uno de los pueblos más pobres del Ecuador. Cerca de 1600 personas viven en 1430 hectáreas que forman parte de unas de las zonas más biodiversas del planeta: el Chocó. Sus bosques húmedos tropicales se extienden desde Panamá hasta el noroccidente de Ecuador, principalmente en la provincia de Esmeraldas, además, el Chocó es uno de los 25 puntos calientes —o hotspots— del mundo en los que se debería concentrar gran parte de los esfuerzos de conservación. A pesar de su importancia ecológica, los cuestionamientos por malas prácticas en los cultivos de palma continúan.
¿Años de impunidad?
La comuna de Barranquilla alega que, en el año 2000, detectó que la empresa palmicultora Energy & Palma invadía su territorio. Ese mismo año el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) —ahora una subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)—, les había entregado el título de propiedad de la tierra. Desde entonces, los problemas no han cesado.
Néstor Caicedo sostiene que Energy & Palma empezó a sembrar palma después de que compraron tierras a un terrateniente local y poco a poco se fue expandiendo en la zona hasta que invadieron el territorio de la comuna. “En el momento que tuvimos la titulación nos dimos cuenta que la empresa se había pasado a nuestro territorio”, dice Caicedo. Según cuenta, la tensión persistió y llegó a su punto más álgido en el 2016, cuando el exgerente de operaciones de la palmicultora les dijo que no bastaba con las escrituras y que necesitaban un documento de alguna autoridad que certificara su propiedad: solo así la empresa saldría de allí.
Han sido varios los intentos de la comunidad por acercarse a la compañía. De hecho, en 2019, Energy & Palma les propuso una mediación. Según cuentan sus habitantes, la palmicultora les dijo que solicitaran una audiencia de mediación —un procedimiento de solución de conflictos mediante el cual las partes se reúnen con un mediador para tratar de llegar a un acuerdo antes de ir a un juicio—. Caicedo afirma que personas de la empresa les dijeron que si no ponían la demanda, la compañía iba a atender sus reclamos y llegarían a un acuerdo. Incluso, dice Caicedo, personal de la palmicultora le prometió a la comunidad pagarles un arriendo por el uso del territorio que estaban ocupando y que, además, realizarían obras a favor de la comuna.
El día de la audiencia, cuenta el líder de Barranquilla, Energy Palma dijo que esas tierras eran de su propiedad. “Nos hicieron hacer todos los trámites, nos engañaron de esa manera y nos hicieron gastar dinero arreglando documentos”, comenta. No hubo ningún acuerdo entre Barranquilla y la palmicultora.
Después de los intentos de mediación y las denuncias ante las autoridades, los comuneros decidieron asentarse en las 251 hectáreas que les reclaman a la palmicultora.
El 4 de octubre de 2019 empezó una resistencia que duraría tres meses. Los comuneros instalaron camas, cocinas y viviendas en el territorio en disputa. “Ellos metían policías, nosotros nos retiramos y volvíamos a entrar”, dice Caicedo. La situación continuó así hasta que un día llegaron cerca de 150 policías. “Desde que ellos van llegando comienzan a disparar. A nosotros nos tocó correr”, dice el presidente de la comuna. Además, cuenta que hicieron disparos al aire, a pesar de que había niños, mujeres y ancianos.
Después de lo ocurrido, Energy & Palma solicitó medidas cautelares a su favor. Según Caicedo, la empresa argumentó que la paralización del terreno les causó pérdidas. “Nosotros solamente paralizamos directamente el área ancestral, en el área territorial nuestra”, sostiene Caicedo. Pero ni eso, ni sus escrituras, ni el estudio multitemporal del MAG convencieron al juez de que esas tierras les pertenecían.
Además, la compañía demandó por 300 mil dólares a siete líderes de la comunidad, entre ellos Néstor Caicedo, por daños y perjuicios. Para Caicedo, esta fue una forma de intimidarlos. “Ni siquiera tenemos para subsistir por la pobreza que nos tiene impuesta la palmicultora, peor vamos a pagar 300 mil dólares. Nos están extorsionando para que les dejemos el territorio ahí y no reclamemos más”, sostiene.
Nathalia Bonilla, representante de la organización Acción Ecológica, dice que la palma es un cultivo asociado a problemas como la violencia, contaminación y violación de los derechos a la naturaleza. Para Bonilla, Energy & Palma comenzó a “sembrar palma por medio de la compra y venta irregular e ilegítima, convirtiendo parte de este territorio en propiedad privada”. Además, según Bonilla, no se conoce bien cómo se hicieron las adquisiciones de las tierras. Este medio intentó contactarse con la compañía para conocer su versión, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Por otra parte, las denuncias de la comuna de Barranquilla contra Energy & Palma no han sido las únicas. Bonilla dice que existen más comunidades afectadas, pero no todas están dispuestas a iniciar un proceso. La comunidad esmeraldeña 5 de Junio, asentada también en el cantón San Lorenzo, es otra de las afectadas. Habitantes han denunciado a la empresa por haberse apropiado de poco más de 11 000 hectáreas, como contó Mongabay Latam en un reportaje de 2018.
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Muchas denuncias y pocos avances
Los reclamos contra Energy & Palma no son solo por ocupar un territorio que la comunidad reclama como propio. Barranquilla también alega contaminación por desechos en el río Cachavi, el principal y único afluente de agua de la comuna: ahí se bañan, cocinan y beben agua.
Gran parte de la contaminación, dicen los habitantes, sería producto de las actividades de la palmicultora: fumigaciones, lavado de bombas de agua donde se almacenan químicos y desechos que botan en el río. Miembros de la comunidad han enviado fotografías donde evidencian la contaminación. Yoffre Quintero, uno de los habitantes de Barranquilla, dice que “matan a los peces, tienen un sinnúmero de búfalos y esos animales se bañan dentro de nuestro río”. Además, comenta que “hay decenas de sacos de fertilización” que botan al río, a solo a dos kilómetros de donde está la comunidad.
Los habitantes de Barranquilla también dicen que están sufriendo afectaciones a su salud. Varia fotografías muestran problemas como erupciones en las manos por la contaminación. “Señores, nos están matando. Ya nuestros padres, nuestras madres han fallecido con cáncer. Hay personas con el cuerpo con puro grano por esa agua que está contaminada”, indica Quintero.
A pesar de que la comunidad ha llevado las denuncias por contaminación hasta el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE), no hay resultados. Yoffre Quintero dice que en una ocasión el MAAE fue a verificar la contaminación en el lugar pero, según él, el personal de la compañía siempre lleva a las autoridades a “otros lugares donde tienen limpio”. Además, asegura que en ninguna de las inspecciones el MAAE fue hasta la comunidad para constatar la contaminación en la comuna de Barranquilla.
Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Ambiente y Agua para preguntar por estas visitas, por las denuncias de la comunidad, y por la existencia de estudios que muestren si existe contaminación en el agua y las posibles afectaciones a la salud de las personas. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este artículo no se ha recibido respuesta.
Este medio también intentó contactarse con la compañía, pero no se recibió respuesta. Mongabay Latam ha reportado varios conflictos socioambientales entre comunidades de Esmeraldas y la empresa en el pasado, pero en esas ocasiones tampoco han ofrecido declaraciones.
A pesar de todos los cuestionamientos, la palmicultora forma parte de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés). Francisco Naranjo, director de la RSPO para América Latina asegura que para formar parte de la RSPO las empresas deben “cumplir nuestro estándar que es bastante exigente”. Naranjo dice que Energy & Palma es una empresa subsidiaria de La Fabril y esta es miembro certificado de RSPO desde 2009.
Además, explica que hasta el momento “no ha habido ninguna denuncia ante esta Mesa” ni hay ningún caso abierto en contra de Energy & Palma. “Si hubiésemos recibido una queja la hubiésemos procesado”, asegura. También recalca que si la compañía ha incumplido con sus estándares y compromiso, podría ser sancionada.
El problema con Energy & Palma está lejos de solucionarse. Ninguno de los reclamos y denuncias que han hecho los habitantes de la comuna de Barranquilla han sido suficientes para que las autoridades tomen acciones concretas. Incluso, la reciente intervención de Néstor Caicedo en la Asamblea Nacional puso en evidencia que sus peticiones no han sido atendidas por las instituciones encargadas de control ambiental. Barranquilla lleva dos décadas insistiendo y no piensan rendirse.
*Imagen principal: Un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que existe una sobreposición de 251 hectáreas en la comunidad afro-ecuatoriana Barranquilla de San Javier. Foto: Gustavo Redín.
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