- Hasta noviembre de 2020, la Red Eclesial Panamazónica y Coica contabilizaron más de 73 mil contagios entre la población indígena de la Amazonía, cifra que será actualizada en los próximos días. Los pueblos indígenas se alistan hoy para el cierre de sus territorios y el uso de medicina tradicional, que es lo que están aplicando desde el inicio de la emergencia sanitaria.
- Las organizaciones indígenas reclaman por una distribución equitativa de las vacunas para los pueblos amazónicos.
La información sobre los casos de COVID-19 que llega desde el Estado de Amazonas, en Brasil, causa angustia. Reportes de personas que fallecen por falta de oxígeno, de hospitales que han colapsado o la impotencia de quienes no logran llegar hasta un centro de atención por vivir en áreas muy distantes. Todo lo que se vive hoy evoca los meses más críticos de la pandemia durante el 2020, cuando las cifras de contagios y fallecidos se dispararon.
Pero Brasil no es el único país que enfrenta nuevamente este incremento acelerado de casos. Bolivia, Colombia y Perú han visto cómo el número de contagios y defunciones ha ido aumentando desde fines de diciembre. La llamada segunda ola del COVID-19 ya se instaló en Latinoamérica.
Esta situación ha despertado la preocupación de los líderes indígenas de los países amazónicos, luego de que las comunidades nativas resultaran fuertemente afectadas durante la primera ola de la pandemia.
La semana pasada, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) hizo un llamado a los gobiernos nacionales y federales —en el caso de Brasil— para que se implementen barreras sanitarias y cercos epidemiológicos, además que se garantice la atención médica en los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía.
“Hemos decretado alerta máxima en las fronteras indígenas con Brasil, es decir, por el Río Negro, Guainia y Amazonas entre Colombia y Venezuela, en todas las fronteras indígenas con Perú y Bolivia, en Surinam y Guyana”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.
Según el reporte de la Red Eclesial Panamazónica que monitorea el COVID-19 en la Amazonía de los nueve países de Sudamérica, en el último mes —entre el 21 de diciembre de 2020 y el 25 de enero de 2021— la cifra de casos positivos entre la población general de la cuenca amazónica alcanzó los 231 374, mientras que en el mismo periodo se registraron 6792 fallecidos.
Desde el inicio de la pandemia la cifra total de personas positivas al coronavirus —incluida población indígena y no indígena— suma 1 841 504 en la Amazonía de los nueve países que la integran, mientras que los fallecidos alcanzan los 44 539, según REPAM. Ahora mismo esta institución, en alianza con Coica, trabaja en la actualización del número de contagios solo en pueblos indígenas, que hasta noviembre de 2020 superaba los 73 mil casos.
Mientras tanto, un toque de queda de 24 horas ha sido impuesto en Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, desde el 25 de enero debido al colapso de los servicios de salud y la falta de oxígeno para atender a los pacientes afectados por coronavirus.
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Prevención en pueblos indígenas de Perú
“El año pasado solo éramos tres, pero nos hemos defendido”, recuerda Omar Montes, obstetra del Centro de Salud de la comunidad nativa Bellavista de Callaru, en la región Loreto, Perú, que durante los primeros meses de la pandemia le hizo frente al coronavirus sin medicinas, sin pruebas de descarte y con solo dos personas de apoyo con quienes recorrió las cinco comunidades tikuna que pertenecen a su centro de salud. Estas comunidades tikuna vivieron su peor momento en mayo de 2020, cuando en solo una semana fallecieron siete personas por COVID-19.
Desde entonces, en Bellavista de Callaru y las comunidades cercanas no se ha bajado la guardia, sobre todo porque se trata de una zona de riesgo por estar ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, donde se ubica el estado de Amazonas de este último país que actualmente está desbordado por un incremento de los contagios del coronavirus.
Por eso, la vigilancia en las comunidades tikuna es permanente —cuenta Montes— quien además señala que desde agosto de 2020 llegó a Bellavista de Callaru un equipo de atención al COVID-19 del Ministerio de Salud. “Cada mes se reportan entre 10 y 20 casos positivos, pero nadie más ha fallecido desde mayo”, comenta Montes y menciona que este mes son 11 las personas positivas al coronavirus en este sector.
Montes explica, además, que permanecen en alerta por el riesgo que significa estar en una zona de frontera con Brasil. “Las personas van a Tabatinga (Brasil) para hacer sus compras. No hay prohibiciones”, comenta.
Según la Sala de población indígena con COVID-19 del Ministerio de Salud de Perú, la región Ucayali tiene actualmente las provincias con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 entre la población indígena. El reporte de 14 días —hasta el 17 de enero— indica que los pueblos amahuaca y asháninka, en la provincia de Atalaya, han reportado más de 50 casos de coronavirus.
En la lista le siguen el pueblo asháninka de Satipo, en la región Junín, con 14 casos y el pueblo kichwa, en la provincia de El Dorado, en San Martín, con 13 casos. La curva a nivel nacional muestra una ligera alza desde diciembre de 2021.
Las comunidades nativas de Ucayali también tuvieron una primera ola devastadora durante el 2020. “En estos momentos tenemos diez pacientes. Hasta ayer eran nueve y acaba de llegar uno más”, dice al teléfono Jorge Soria, líder del llamado Comando Matico, un grupo de voluntarios indígenas que utiliza la medicina tradicional para atender a las personas de las comunidades nativas contagiadas por COVID-19.
Junín es otra de las regiones con alto nivel de contagio de coronavirus en Perú. Sin embargo, en las 53 comunidades indígenas que pertenecen a la Central Asháninka del Río Ene (CARE), desde que empezó la pandemia, no se han reportado casos de COVID-19. —Oficialmente no hay casos de COVID reportados a la red de salud de Satipo—, asegura Irupé Cañari, asesora legal de CARE.
Apenas se dictaron las medidas de confinamiento en Perú, las comunidades de CARE se organizaron para cerrar el ingreso a sus comunidades. Desde marzo del 2020, los pueblos asháninkas de Satipo, en Junín, evitaron movilizarse fuera de sus territorios y no hubo desabastecimiento —asegura Cañari— mientras que el comercio de sus productos, como el plátano, no se detuvo. “Se organizaron y trasladaron todos sus productos en un solo viaje usando todos los protocolos de bioseguridad”.
El problema que ahora se está presentando en las comunidades asháninka es la presencia de dengue. Cañari señala que ya se han reportado más de 20 casos desde setiembre de 2020. “No se ha activado ningún plan de atención ni respuesta para el dengue. Todo está enfocado en el COVID-19”.
Cañari dice que la atención de la pandemia no debe ser motivo para que se deje de lado otras afecciones, como la que se está presentando. “Si bien estamos en un contexto de una segunda ola, tenemos otras enfermedades que ameritan atención”.
“Estamos expectantes y vigilantes frente a las disposiciones del Estado”, dice Cañari, sobre las medidas que pueda adoptar el gobierno ante la segunda ola del coronavirus y agrega que en las comunidades mantendrán las medidas adoptadas hasta ahora, incluyendo el uso de medicina tradicional como lo han hecho la mayoría de pueblos indígenas en la Amazonía.
La doctora en geografía de la salud e investigadora de la Unidad de Ciudadanía Intercultural y Salud Indígena de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Carol Zavaleta, señala que el personal de salud de la Amazonía se debe mantener en alerta para la vigilancia no solo del COVID-19, sino también de otras afecciones como el dengue, de tal forma que se pueda realizar diagnóstico y atención rápida.
Zavaleta explica, además, que la pandemia del coronavirus ha llevado a los pueblos indígenas a recuperar plantas que no usaban, así como a mantener sus prácticas de medicina tradicional para enfrentar al virus. Recordó que la mortalidad no se ha presentado en igual intensidad en todos los pueblos indígenas amazónicos. “Por ejemplo, en la primera ola no hubo muertos entre los indígenas Shawi, a diferencia de lo que pasó con los Kichwa”. Por tanto, considera que es necesario impulsar investigaciones en la Amazonía que tome en cuenta factores como la demografía, comorbilidades, el historial de infecciones de los pueblos, así como el clima y características de cada lugar.
En ese sentido, Zavaleta menciona que se ha iniciado una investigación en 14 países con población indígena a nivel mundial, entre ellos Perú y Bolivia. Esta investigación busca evaluar los impactos del COVID-19 y la interacción entre la pandemia, los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria en poblaciones con mayor vulnerabilidad. En Perú, la investigación, a cargo de Zavaleta, se realizará en comunidades indígenas de las regiones de Loreto y Junín.
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Cierre de fronteras y medicina tradicional en Ecuador y Colombia
“No hemos recibido alertas por COVID-19 desde ningún territorio”, asegura Andrés Tapia, líder indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
Tapia recuerda que durante la primera ola del coronavirus los contagios fueron masivos en los 11 territorios indígenas de Ecuador. “Tuvimos un 80 % de incidencia, pero la mortalidad fue inferior al promedio nacional”, señala el líder indígena y asegura que esta menor mortalidad se debió al uso de medicina tradicional.
El líder indígena de Confeniae menciona que los pueblos amazónicos han reforzado sus medidas de prevención ante el nuevo incremento de casos en las ciudades, por lo tanto, la organización indígena ha suspendido sus asambleas y se ha pedido evitar encuentros masivos. “También hemos implementado mecanismos de coordinación con el sector salud, además de contar con tanques de oxígeno y realizar pruebas de descarte”.
Según Repam, desde que se inició la pandemia han fallecido 391 personas por COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana. Este país padeció una devastadora primera ola que tuvo su epicentro en la ciudad costera de Guayaquil. Actualmente es uno de los pocos países Latinoamericanos que ya ha iniciado la vacunación contra el coronavirus.
El 21 de enero, Ecuador empezó su plan de vacunación nacional. En esta primera etapa se aplicarán 8000 dosis de la vacuna de Pfizer – BioNtech entre el personal de salud y adultos mayores. El gobierno ya ha asegurado la adquisición de dos millones de vacunas de este mismo laboratorio y 17 millones de dosis más de otros tres laboratorios.
Hasta el momento —señala Tapia— no se ha coordinado con el gobierno cómo implementar la vacunación en las comunidades nativas. “No hemos tenido ningún tipo de acercamiento, no sabemos cómo está prevista la vacunación”.
En Colombia, el líder indígena Jhoe Sauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura que los pueblos indígenas de los territorios del Cauca y Nariño se han protegido del coronavirus mediante el uso de plantas medicinales y con los controles de la guardia indígena en sus territorios. “En el Cauca estamos en alerta roja y los hospitales de Popayán están en un 96 % de ocupación. Pero los casos de indígenas afectados son muy pocos. Utilizamos nuestro conocimiento ancestral para cuidarnos”.
Sauca explica que el CRIC mantiene un trabajo articulado con todas las comunidades del Cauca para reforzar sus medidas de prevención: que cada comunero cuente con implementos de bioseguridad, controlar los recorridos en sus territorios y protegerse de una manera integral con una alimentación sana y el consumo de plantas tradicionales.
En Colombia —indica Sauco— el porcentaje de fallecidos en las comunidades indígenas es menor al registro de las ciudades.
Fany Kuiru Castro, lideresa indígena del pueblo Uitoto y Coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), señala que en la Amazonía colombiana no se cuenta con información precisa sobre la cantidad de contagios ni fallecidos que ha ocasionado el COVID-19 hasta el momento.
La representante de la OPIAC confirmó que la zona de la triple frontera con Perú y Brasil ha sido cerrada por disposición del gobierno colombiano, debido al incremento de casos principalmente en el estado fronterizo de Amazonas, en Brasil. A la lideresa indígena le preocupa la seguridad alimentaria de los pueblos amazónicos, principalmente en períodos de cierre de vías, pues muchas de las comunidades quedan desabastecidas y no hay comunicación con los pueblos más alejados.
Colombia ya superó la barrera de los 2 millones de casos positivos de COVID-19 y la cifra de personas fallecidas supera las 50 mil. En esta segunda ola de la pandemia las defunciones han alcanzado cifras cercanas a las 400 personas por día.
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Bolivia: pueblos indígenas a la deriva
Desde Bolivia, la lideresa indígena Ruth Alipaz dice que los pueblos indígenas están adoptando las mismas medidas que tomaron durante la primera ola para frenar el avance del coronavirus en esta segunda etapa de aumento de casos: el confinamiento en sus territorios y el uso de medicina tradicional.
“Las tasas de mortalidad han sido muy bajas en los territorios indígenas”, señala Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) sobre cómo afectó el coronavirus a los pueblos indígenas en Bolivia.
Alipaz lamenta que los municipios hayan desmantelado sus áreas COVID-19 en los centros de salud. “Parece que el nuevo gobierno no tiene ni idea de qué hacer”, dice la lideresa.
El presidente Luis Arce ha pedido a la población “aguantar y resistir” hasta que llegue la vacuna. Este pedido, que ha hecho en más de una ocasión, ha despertado polémica e inquietud entre los bolivianos que actualmente enfrentan el aumento de casos positivos y de fallecidos.
Otro tema que preocupa a Alipaz es la campaña electoral que se realiza actualmente en Bolivia, debido a los llamados a caravanas y reuniones por parte de los partidos políticos.
El 7 de marzo se realizarán las elecciones subnacionales en Bolivia, para elegir a gobernadores departamentales y alcaldes municipales, así como los integrantes de cada uno de estos concejos de gobierno.
“Como ha sucedido en Chuquisaca, las autoridades locales están tomando medidas para frenar los contagios”, comenta Alipaz, en relación al confinamiento que ordenaron las autoridades locales en las comunidades rurales de Limabamba y Tihumayu.
“Prácticamente estamos desamparados por los entes gubernamentales y a merced nuestra”, señala Alex Villca, líder indígena de Contiocap. “En la primera etapa se paralizaron gran parte de las actividades, aunque se mantuvo las actividades extractivas. Sin embargo, ahora todos se movilizan y nos exponen a mayor riesgo. Si esta segunda ola llega a las comunidades será terrible”, agrega.
Villca también señala las deficiencias que existen en los territorios indígenas principalmente por la carencia de insumos como jabón y detergente para el lavado de manos, así como de alcohol, elementos recomendados como medidas de prevención.
“En los territorios indígenas no se puede cumplir el distanciamiento social porque las viviendas son colectivas y en muchos lugares carecemos de agua. Los hermanos acudieron al consumo de plantas medicinales antes de la llegada del virus”, señala Villca.
En una conferencia de COICA realizada el martes 26 de enero, el líder indígena Tomás Candia señaló que en Bolivia han solicitado al gobierno que se cierre la frontera con Brasil, pero hasta el momento no se ha tomado en cuenta este pedido. “Las autoridades no nos escuchan. Hemos perdido a familiares y a líderes en los pueblos de Bolivia”, agrega Candia, dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
A la espera de las vacunas
“Solo en Brasil se está aplicando la vacunación para pueblos indígenas, pero en un porcentaje mínimo, que no es adecuado para la atención que necesitan los pueblos indígenas de Brasil. En los demás países amazónicos no existe en este momento un plan de vacunación específico para pueblos indígenas. Y si lo tienen, ninguno lo ha manifestado”, dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de COICA.
Díaz Mirabal agrega que los cinco países de habla hispana —Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador— hay exigencia de parte de las organizaciones indígenas. “Se han enviado cartas a los presidentes para iniciar el diálogo y un plan de articulación. En Brasil se está luchando para que sea justa y equitativa la vacuna”.
Durante la conferencia que brindó el martes 26, Díaz Mirabal recordó que las organizaciones indígenas están pidiendo que se organice un cerco epidemiológico para las comunidades indígenas de tal manera que se detenga la propagación del virus. Asimismo, hizo un llamado al programa de vacunación COVAX Facility —proyecto de colaboración mundial para el acceso equitativo a las vacunas— para que se incorpore a los pueblos indígenas en los planes de distribución de la inmunización.
Desde Brasil, Francinara Soares, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, dijo que en ese país el COVID-19 está afectando a los pueblos amazónicos de manera devastadora. “Empezó en Manaos, pero se está extendiendo a otros estados como Pará y Rondonia”.
Soares dijo que esta es una “guerra contra el covid, contra el tiempo y contra un presidente que trata la pandemia como si se tratase de una gripe”, en relación al tratamiento que el mandatario Jair Bolsonaro le ha dado a la pandemia. “Somos los más afectados por la negligencia del Estado y del poder público”.
Imagen principal: Pueblo indígena de Ecuador. Foto: Archivo Mongabay Latam.
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