- El 2021 presenta múltiples retos para el país más austral del continente. Algunas de fondo, como discutir el modelo productivo; otras más puntuales, como la sanción y puesta en marcha de normas legales en relación a bosques, humedales, glaciares o explotaciones mineras.
- Lograr que lo ambiental sea parte de la agenda política cotidiana y aumentar la conciencia y la participación ciudadana en estos temas también integran el panel de desafíos para 2021.
Del cambio climático a la crisis de la biodiversidad, pasando por la deforestación y la degradación ambiental. De uno u otro modo, todos los temas que están sobre la mesa de “la Argentina ambiental 2021” se ven atravesados por estos cuatro ejes y todos los desafíos que se plantean en el nuevo año se mueven en función de ellos y se asientan sobre una palabra clave: implementación.
La pandemia agudizó la ya de por sí preocupante situación ambiental del país, al tiempo que empeoró unas condiciones económicas en constante deterioro durante la última década. La suma de ambos factores compone un escenario que, según quiera verse, podría ser la ocasión para iniciar una transformación de fondo o de dar nuevos pasos hacia un escenario insostenible.
Estos son algunos de los principales temas ambientales que Argentina deberá enfrentar este 2021.
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1. Enfrentar el cambio climático y la pobreza
“La realidad nos indica que necesitamos más divisas para cumplir con los compromisos financieros adquiridos a la vez que tenemos la obligación de rescatar de la pobreza a más del 50 % de la población. Y debemos hacer ambas cosas respetando el ambiente”, plantea Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas e impulsor de canales de diálogo entre sectores hasta ahora enfrentados —la producción, el poder político y el ambientalismo—.
Brown sostiene que “es imposible salir del pozo en tanto sigamos alentando la confrontación”, y asegura que es necesario buscar consensos pues esa es la piedra fundamental para iniciar los procesos de transformación que, a su juicio, resultan indispensables para alcanzar todas las metas económicas y ambientales. Su propuesta, sin embargo, parece difícil de ejecutar en un país en el que las divisiones son el pan de cada día.
En su última declaración durante la Cumbre de Ambición Climática realizada en diciembre de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció que, en relación al compromiso adquirido en 2015, Argentina aumentaría en un 25,7 % la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia 2030. “Sin duda es una buena noticia”, subraya Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, “aunque eso implica que a partir de 2021 habrá que empezar a desarrollar los planes sectoriales en los diferentes ámbitos productivos e implementar las medidas necesarias para reducir las emisiones”. Allí, justamente, se sitúa el punto donde comienzan las discusiones.
Luis Romero, licenciado en Geografía y observador meteorológico de superficie, trabaja en la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente del Chaco, y aboga por “incorporar el tema [el cambio climático] a las prioridades de los gobiernos provinciales, porque si bien no somos un país con alta emisión de GEI, los impactos que esta produce sí son muy destacados”.
Algunos sucesos ocurridos en el año que acaba de terminar dan cuenta de esta tendencia. Por ejemplo, marzo fue el mes más caluroso de las últimas seis décadas en Argentina, en el 2020 se evidenció una reducción del número de días con heladas y en la Patagonia hubo nevadas extremas, pero también jornadas con temperaturas inusualmente elevadas. “El desafío es adaptarnos al cambio para encontrar respuestas adecuadas”, señala Romero y añade que “debemos generar sistemas de monitoreo y control más confiables”. En ese sentido, a finales de 2020 se dio un paso adelante con la puesta en marcha de un Sistema de Alerta Temprana, herramienta diseñada para prevenir fenómenos meteorológicos de riesgo.
2. Un cambio radical en el agronegocio
En el 2021, el debate continúa centrado en el modelo económico del país. “Resulta imprescindible efectuar cambios en los sistemas productivos y de consumo asociados a los commodities y a la generación de energía”, dice Manuel Jaramillo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, una afirmación con la cual hay una coincidencia casi absoluta entre los científicos dedicados al estudio ambiental.
La degradación de los suelos, el avance constante de la deforestación y de la frontera productiva, y el agronegocio en su conjunto, son aspectos que están en el ojo de la tormenta. “La naturaleza necesita de la producción para conservarse. Ambas cosas deben avanzar juntas. Intensificar la producción dentro de un marco de conservación ambiental es el gran desafío de los próximos años”, asegura Alejandro Brown y menciona como ejemplo la proyectada instalación de granjas porcinas para abastecer el mercado chino, “que sin duda operarán con las máximas condiciones higiénicas, porque así es como trabaja ese sector en la Argentina”.
Las miradas divergen mucho en cuanto a cómo opera el sector agropecuario en el país. “El modelo del agronegocio y el respeto al medio ambiente no pueden convivir, aunque esa pareciera ser la idea imperante. Está bien crear la Dirección de Agroecología pero no sirve si al mismo tiempo se impulsa una actividad que depende de la fumigación con agrotóxicos”, opina Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques en Greenpeace Argentina. La Dirección de Agroecología fue creada en agosto de 2020 dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, y su objetivo primordial es “intervenir en el diseño e instrumentación de políticas, programas y proyectos que promuevan la producción primaria intensiva y extensiva de base agroecológica en todas sus escalas”, según informa el Ministerio.
“Nos sostenemos con la ética empresarial, me dijeron hace poco y sin vueltas en el SENASA [Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, organismo responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos de consumo humano]”, relata Guillermo Folguera, biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): “Si es así, no hay motivo para pensar que se pondrá freno a la degradación ambiental”, indica.
Desde el campo político, Leonardo Grosso, diputado nacional del partido Frente de Todos y titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente en la Cámara Baja del Congreso, también se alinea con los que ven imprescindible un cambio. “Es necesario rediscutir el modelo productivo en la pospandemia, incluso para descomprimir las ciudades. No puede ser que un país básicamente agroexportador tenga solo un 7 % de población campesina”, sostiene el legislador. Sin embargo, las medidas y los proyectos tendientes a ampliar las áreas de cultivo, o las granjas porcinas citadas por Brown, parecen señalar hacia el rumbo convencional de cómo ha operado históricamente el sector agropecuario argentino.
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3. Acabar con el drama de la deforestación
“Desde mi punto de vista, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una de las tareas pendientes de mayor importancia”, puntualiza Julieta Rojas, ingeniera agrónoma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y especialista en estudio del suelo.
El ordenamiento, enmarcado dentro de la polémica Ley de Bosques, es un mecanismo que obligó a cada provincia a categorizar sus áreas silvestres según su importancia ecosistémica cuando la norma fue sancionada en 2007, pero desde entonces no se ha puesto al día en la mayoría de las jurisdicciones del país. “La discusión será tremenda”, aventura la ingeniera Rojas y añade que “debería llegarse a un consenso, pero no veo que sea fácil porque hay posiciones muy antagónicas entre productores y protectores del monte [bosque]”.
Para Manuel Jaramillo, la voluntad política de ordenar el uso del territorio para asegurar el acceso a recursos para las futuras generaciones “es menor que la presión del sector productivo, que ve más amenazas que oportunidades en este tipo de reglamentaciones”.
Pero no solo se trata del ordenamiento territorial en la Ley de Bosques, otro de los retos tiene que ver, precisamente, con la reforma de la ley, anunciada por Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al poco tiempo de asumir el cargo. Durante 2020 su propuesta quedó estancada en el Parlamento argentino, pero todo hace suponer que el tema revivirá en cuanto comiencen a calmarse los efectos de la pandemia, pero en este tema también existen fuertes desacuerdos.
“Antes que reformarla, la ley debería instrumentarse como corresponde, dotándola del financiamiento apropiado y asegurando su buena gestión”, opina Jaramillo, quien además aboga por utilizar los fondos que debe asignar el Estado para restaurar las hectáreas perdidas en los incendios del año pasado: “esto debe estar sí o sí en la agenda 2021”, enfatiza.
La doctora Verónica Quiroga, bióloga de la Universidad de Córdoba y uno de los máximos referentes en la conservación del yaguareté (jaguar) en el país, no tiene dudas: “hay que ir hacia una ‘deforestación cero’ a través de un mejor manejo de los bosques, pero también de un consenso científico y social que brinde sustentabilidad a los métodos de producción agroganaderos”, dice de manera categórica y subraya que “si no se frenan los desmontes y los incendios, la conservación de especies será cada vez más problemática”.
En todo caso, resta por ver qué incluirá la controvertida reforma a la Ley de Bosques. El ministro Cabandié proponía suprimir las llamadas zonas verdes —las que más libertad de transformación de uso de suelo permiten actualmente—. La idea genera debates dentro del propio universo ambientalista ya que, hay quienes consideran peligroso que no se pueda distinguir con claridad la importancia ecosistémica de cada área. Los cambios, creen muchos, deberían ir por otro lado, “solo celebraré la reforma si es para considerar la deforestación como delito penal, porque ha quedado demostrado que con las multas no alcanza”, remarca Hernán Giardini.
4. Una verdadera protección para los humedales
Las cuestiones legislativas suelen sembrar muchas dudas en un país que, como sostiene Alejandro Brown, “es poco afecto a cumplir las normas”. Giardini piensa que en este tema no existen las grietas políticas y que diputados y senadores de cualquier agrupación “suelen estar en contra de las leyes que limiten o restrinjan las actividades productivas, que casualmente son las buenas para el ambiente”. Para ilustrar su afirmación menciona la Ley de Humedales, otro proyecto largamente postergado y que volvió a quedarse en mera intención durante 2020.
Los humedales cubren el 21 % del territorio argentino y, en 2013, un proyecto de regulación de sus usos y cuidados fue aprobado en el Senado. Sin embargo, nunca se logró un acuerdo para tratar la cuestión en la cámara de Diputados del Congreso y en 2015 quedó archivado por simple indiferencia. Esta vez, los incendios que azotaron el Delta del Paraná entre febrero y septiembre de 2020 parecieron acelerar la sanción de la norma, incluso se llegó a un proyecto consensuado que promovió la propia Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados, pero tampoco llegó a debatirse en el Congreso.
“Igual ya empezó mal porque, por ejemplo, para alcanzar el acuerdo se le quitó el carácter de delito penal a las fumigaciones aéreas con pesticidas”, dice Giardini torciendo el gesto. Aun así, el biólogo y profesor Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo en 2004, promueve la sanción de la ley porque “tendría una enorme importancia, pero es necesario que se cumpla porque, en caso contrario, pasa a ser letra muerta, que es un poco lo que sucede con las leyes de glaciares y de bosques”.
Humedales y bosques concentran, en buena medida, los mayores porcentajes de biodiversidad y en su protección también está en juego la conservación de cadenas tróficas que van perdiendo eslabones a ritmos acelerados. “En los espacios urbanos, donde vive el 80 % de la humanidad, se tiene una imagen distorsionada de la realidad del planeta”, afirma Montenegro. “No hay ni una remota percepción de la desproporción que existe entre los múltiples impactos negativos que se producen sobre la biodiversidad y los escasos elementos positivos que pueden rescatarse”, destaca. Peor aún, Montenegro está convencido de que “esa brecha [entre impactos negativos y positivos en la biodiversidad] crecerá este año debido al intento de recuperación económica de las pérdidas que produjo la pandemia”.
2020 marcó el final de las metas Aichi del Convenio de Diversidad Biológica establecidas hace una década. Pero la cuestión de fondo tiene aún más vigencia que en 2010, y en ellas hace hincapié Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina: “Argentina y Brasil están entre los países que ponen más objeciones para el aumento de los compromisos vinculados con la conservación de la biodiversidad, porque indican que eso puede afectar sus capacidades de desarrollo y comercio”, señala. Jaramillo insiste en que es necesario revisar esa postura en este 2021, “hay que comprender que sin diversidad no hay desarrollo. Es una de las causas de reducción de los servicios ecosistémicos, y sin estos no habrá producción saludable”.
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5. Dejar de ignorar el medio ambiente
En Argentina la conciencia ambiental no es prioritaria ni forma parte de la agenda cotidiana. “Debe comprenderse que es un problema del día a día y no un lujo que solo preocupa a un sector que tiene cubiertas sus necesidades básicas”, explica Guillermo Folguera, biólogo e investigador del CONICET. “Estamos haciendo todo lo contrario a lo que debería hacerse”, dice y se lamenta por la aprobación, en octubre de 2020, del primer trigo transgénico del mundo.
Diseñado gracias a una alianza entre Bioceres, una empresa de la ciudad de Rosario, y el CONICET, el trigo es resistente a la sequía pero requiere del glufosinato de amonio, un herbicida 15 veces más tóxico para el ambiente que el glifosato y que se encuentra prohibido en muchos países. Más de 1000 científicos firmaron una carta expresando su oposición a este cultivo, pero en su momento, Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, calificó al nuevo trigo como “una herramienta importante para la economía local”.
La despreocupación por lo que pueda ocurrir con el medio ambiente queda reflejada en la falta de implementación de las leyes o el incumplimiento de las mismas. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, una medida cautelar ratificada en noviembre de 2020 prohibió todo tipo de desmonte, pero un mes más tarde las imágenes satelitales demostraron que se habían deforestado 1500 hectáreas de bosques. Además, son pocos los avances que se plantean en sectores como la minería y la energía, cuya actividad provoca enormes impactos ambientales.
“Deberíamos aprovechar la crisis provocada por la pandemia como oportunidad para cambiar el modelo y comenzar una transición energética justa, equitativa, que nos permita generar energía pero con un ambiente más sano”, sugiere María Marta Di Paola, directora de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y opina que la ruta emprendida por las autoridades no parece conducir hacia esa meta.
Los subsidios proyectados este año para la explotación del yacimiento no convencional de gas y petróleo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén; para la realización de prospecciones de áreas offshore en las profundidades del mar argentino; para las minas de carbón de Río Turbio, en el sur de la Patagonia, y para las restantes cuencas petrolíferas del país siguen siendo muy altos. “Se mira al sector energético solo como una fuente de commodities para incrementar las exportaciones”, enfatiza Di Paola, quien además aclara que “Vaca Muerta no cumple los compromisos internacionales en materia climática”.
6. Fortalecer la movilización ciudadana
Pía Marchegiani, directora de política ambiental de FARN, estima que un gran reto para 2021 será implementar adecuadamente la Ley de Glaciares —el verbo implementar se repite una y otra vez—. “Hay proyectos en funcionamiento en zonas de glaciares que necesitan ser auditados de manera imparcial, como la mina de oro de Veladero, en San Juan, donde la auditoría la hicieron antiguos empleados de la empresa; o el proyecto Agua Rica, una mina de cobre en la sierra de Aconquija, Catamarca”, indica la abogada y magíster en Estudios Globales.
El anunciado cierre de la minera Aguilar —que explota plata, plomo y zinc en Jujuy, al norte del país— plantea un reto poco difundido. “No hay trabajos de análisis de daño ambiental ni de la eventual restauración ambiental de la zona explotada. Sería imprescindible mejorar los controles en esos casos”, comenta Marchegiani. Según ella, el problema común es “la falta de transparencia en la información que se brinda acerca de los proyectos y de disposición para el debate”. Según dice, hay mucha gente que tiene otras ideas para crecer pero no son escuchadas. “En cambio, se les fuerza a aprobar proyectos que carecen de licencia social y que las comunidades rechazan”, indica.
El ejemplo más actual se encuentra en Chubut, donde la movilización social intenta frenar la modificación de una ley que permitirá la apertura de una megamina de plata en plena meseta patagónica. Y no se trata de un caso aislado, la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, único en el país que discurre sin obstáculos desde su origen glaciar en los Andes hasta su desembocadura en el mar, ha sido confrontada por la población local desde un principio. Este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que determinar la validez o nulidad del estudio de impacto ambiental que permite continuar con las obras.
La participación ciudadana en todo lo concerniente a la cuestión ambiental es un enorme desafío en 2021. “Lo deseable es que la gente despierte porque no todo puede depender de los gobernantes”, opina Micaela Camino, bióloga e integrante de la organización chaqueña Somos Monte. “Para salir de este caos necesitamos que todas las personas se metan en la discusión”, dice y se entusiasma al ver que el movimiento que existe en su provincia se va trasladando a las vecinas Corrientes y Santiago del Estero.
“Las sociedades van teniendo un rol de mayor control de estas situaciones y en la medida que se pueda ir dejando atrás la pandemia, ese control se va a incrementar. Potencialmente es el aspecto más positivo que espero para este año”, subraya el profesor Raúl Montenegro, mientras que Micaela Camino refrenda sus esperanzas: “si te das cuenta que te están matando el futuro, llegará un momento en que dejarás de ver Netflix, te vas a levantar y vas a salir a la calle”.
*Imagen principal: Greenpeace sobrevoló las zonas de la provincia de Chaco afectadas por las inundaciones y reclamó el fin de los desmontes. Foto: © Leandro Herrera / Greenpeace.
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