- Colocar la agenda ambiental en el centro de las políticas públicas es el mayor desafío para México. Un tema complicado, sobre todo porque esa agenda no es prioridad en el presupuesto.
- En 2021 se espera que el país cuente con nuevas leyes; además de que se intensifique la resistencia en contra de polémicos megaproyectos.
Hace poco más de diez años, científicos dedicados al estudio de los virus ya alertaban sobre la gran posibilidad de que el mundo se sacudiera por una pandemia que tendría sus orígenes en entornos naturales perturbados por la actividad humana. En 2005, por ejemplo, un artículo publicado en la revista Scientific American señalaba que la próxima pandemia se originaría en Asia. Llegó el 2020 y dio una dura lección: es vital escuchar a la ciencia. Este es solo un ejemplo de que el tema ambiental es indispensable en las agendas políticas de cada país. En México, hace tiempo que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales alertan sobre la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares y, la invasión de megaproyectos y sus consecuencias para los territorios. Las luces de alerta ante la emergencia ambiental que se vive en el país están prendidas desde hace tiempo.
El 2021 tendrá que tener como protagonista al tema ambiental. “La pandemia nos recordó que somos bastante frágiles; así que el reto que tenemos como humanidad es reflexionar y mejorar; pensar qué estamos haciendo con el planeta. Uno de los principales desafíos, para México y el mundo, es que se atiendan los problemas ambientales”, señala la doctora en ecología microbiana y evolución, Ana Elena Escalante, directora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mongabay Latam entrevistó a especialistas en diversas áreas para identificar los principales desafíos ambientales de México durante el 2021. En la lista de retos hay uno que todos mencionan: desde los niveles más altos del gobierno se debe entender la importancia de la agenda ambiental.
1. Hacer del tema ambiental una prioridad
La historia muestra que México no se caracteriza por tener al medio ambiente entre sus prioridades nacionales. Tan solo hay que recordar que en el país funcionó, durante una década (1972-1982), un Programa Nacional de Desmonte.
En los últimos años, ese desdén se ha reflejado en el presupuesto para el sector ambiental. Si en 2016 se destinaron poco más de 55 000 millones de pesos (2744 millones de dólares), en 2020 la cifra fue solo de 29 000 millones (1447 millones de dólares). En 2021 se registró un ligero aumento: 31 348 millones de pesos (1564 millones de dólares) pero el monto sigue siendo inferior al presupuesto de hace cinco años y, aún con ese incremento, la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contarán con menos recursos.
En 2021, a la Conanp se le asignaron poco más de 866 millones de pesos (43 millones de dólares); tres millones menos que en 2020, mientras que a Profepa se le destinaron poco más de 742 millones de pesos (37 millones de dólares); cifra menor a los 793 millones de pesos que se le otorgaron en 2020.
“Con esa pobreza presupuestal, ¿qué van a poder hacer las autoridades ambientales? Pierden capacidad de operación, inspección y vigilancia”, destaca Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Uno de los retos fundamentales que tiene el país, resalta Alanís, es “recuperar el espíritu de la Profepa” y tener la capacidad gubernamental para cumplir con la ley en materia ambiental.
El investigador Exequiel Ezcurra, profesor de la Universidad de California Riverside, considera que el país tiene que mostrar un “compromiso serio con las áreas naturales protegidas y la conservación de la biodiversidad de México”. En ese sentido, señala que es prioritario asegurar la continuidad de la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio).
Para la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, el desdén presupuestal al sector ambiental muestra “la gran incomprensión que existe en el gobierno hacia la importancia del tema ambiental […] los problemas ambientales se deben entender como problemas sociales que afectan a los más vulnerables; son problemas que vulneran la salud pública y destruyen formas de vida”.
Alanís coincide: si no se coloca como prioridad al medio ambiente, “vamos a ir en contra de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestra calidad de vida. Necesitamos que al más alto nivel, en el ejecutivo federal, se entienda el mensaje y se actúe en consecuencia”.
El doctor en Ciencias Biológicas y especialista en Ecotoxicología, Omar Arellano, se une a estas voces. Las políticas públicas que buscan una transformación, comenta, no pueden pasar por alto la importancia de conservar los recursos naturales: “Si eso se descuida, no se va a lograr reducir las diferencias en la sociedad”.
2. Dejar de ignorar la emergencia climática
En noviembre de 2021 se deberá realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la cual se pospuso por la pandemia del COVID-19.
Lo que ya no se puede posponer, coinciden los científicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, son las acciones para cumplir con el Acuerdo de París, el cual se estableció desde 2015 y compromete a los países a tomar acciones para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
En el caso de México, donde 91 % de la energía que se produce proviene de los hidrocarburos, se tendría que ir disminuyendo ese porcentaje y aumentar la energía que se genera por fuentes renovables.
El problema es que el país sigue apostando por los hidrocarburos al construir una nueva refinería y tener planes para modernizar centrales eléctricas que funcionan con carbón, señala Adrián Fernández Bremauntz, doctor en Ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática.
“Si México no busca activamente la descarbonización de la matriz eléctrica, si sigue apostando por las energías fósiles, las consecuencias serán varias. No solo ambientales y en la salud de las personas; eso le costará mucho dinero al país”, advierte Fernández.
El pasado 14 de diciembre de 2020, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) aprobó la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) para México. Sin embargo, este documento no incluye nuevas metas para el país y en él se repiten las que ya existían desde 2015: reducir en un 22 % los gases de efecto invernadero y en 51 % el carbono negro.
Ante este escenario, 13 organizaciones no gubernamentales firmaron un comunicado en el que lamentaron la “falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero”.
Los impactos del cambio climático ya son evidentes y el investigador Exequiel Ezcurra recuerda que las tormentas tropicales y los huracanes que se registraron en 2020 —que provocaron graves inundaciones en el sureste del país— mostraron solo algunas de sus consecuencias y el por qué México debe migrar a una economía que reduzca el consumo de combustibles fósiles.
Ezcurra espera que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos impulse acciones más decididas para combatir el cambio climático. Si eso sucede, “se colocará a México en una posición donde tendrá que revisar sus acuerdos internacionales y cumplirlos”.
Adrián Fernández recuerda que los tratados comerciales que México tiene con Estados Unidos incluyen apartados dedicados al tema ambiental, en especial, mencionan el impulso de energías renovables. “Por la vía comercial o por la vía diplomática, el gobierno estadounidense va a exigir a México cumplir con estos acuerdos ambientales”, resalta Fernández.
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3. Implementar el Acuerdo de Escazú
En noviembre de 2020, México ratificó el Acuerdo de Escazú, instrumento vinculante que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores ambientales.
Edith Olivares Ferrero, jefa de la unidad de derechos humanos de Amnistía Internacional-México, recuerda que “el Estado mexicano se distingue por ratificar muchas de las convenciones y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, pero tiene pendiente su implementación. Esperamos que no sea el caso del Acuerdo de Escazú y que su ratificación también implique mecanismos que garanticen la implementación”.
El Acuerdo de Escazú toma especial relevancia en un contexto como el de México, país que al igual que Colombia, Filipinas y Brasil está entre los más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio. Y, en especial, en un año en el que todo apunta a que se intensificará la batalla legal en contra de megaproyectos impulsados por el propio gobierno, como el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se desarrollará en los estados de Oaxaca y Veracruz.
La oposición al Tren Maya, por ejemplo, es cada vez más visible. Este proyecto no se limita a tener una infraestructura ferroviaria en la Península de Yucatán —donde se encuentra buena parte de la Selva Maya— también contempla el impulso de lo que se ha llamado “polos de desarrollo”.
El investigador Exequiel Ezcurra explica que al leer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Fase 1 del Tren Maya surgen varias preocupaciones porque “en realidad es un plan para mover a turistas de un lado a otro. No es para las comunidades indígenas; es para las grandes corporaciones hoteleras, para los grandes desarrollos”.
La doctora Ana Elena Escalante, directora del Instituto de Ecología de la UNAM, señala que la selva húmeda de la Península de Yucatán está en un riesgo clarísimo, no solo por el Tren Maya, sino por Sembrando Vida —el principal programa social del gobierno nacional que consiste en otorgar apoyo económico mensual a quienes realicen plantaciones de árboles frutales y maderables, pero que ha recibido críticas por la forma en que se implementa—. Según dice, Sembrando Vida “necesita, en forma urgente, una asesoría científica”.
En diciembre pasado, comunidades que se oponen al Tren Maya lograron que un juez ordenara que, durante el tiempo en que se desarrolla el proceso judicial, se suspendan las obras en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche, al argumentar que se causará deforestación, degradación de suelos y contaminación de acuíferos.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que acompañan a las comunidades, entre los obstáculos que han tenido que enfrentar está la tardanza —de entre 4 y 6 meses— en la admisión de las demandas en contra del Tren Maya. Además, se ha dado desacato a las suspensiones y hay una falta de sanciones a las autoridades que no respetan los mandatos judiciales.
Para Olivares, de Amnistía Internacional-México, uno de los retos para los próximos años será que los megaproyectos, como el Tren Maya, “respeten los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión de las personas que defienden el ambiente y el territorio y que, de manera legítima, pueden resistirse y oponerse a esas obras públicas”.
Olivares destaca que el país tendrá que revisar el artículo 185 del Código Penal Federal, donde se considera como delito el oponerse a la realización de una obra pública ya que esto “representa un importante riesgo para quienes defienden el ambiente y el territorio”. Este artículo, recuerda Olivares, ya se ha utilizado por instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para criminalizar a defensores ambientales en la Sierra Norte de Puebla.
Con todo, los megaproyectos impulsados por el gobierno o por empresas no son las únicas amenazas que enfrentan los defensores de ambiente y territorio en México. Olivares identifica un actor más: la presencia de grupos del crimen organizado en diversas zonas del país.
En regiones forestales de Guerrero, Chihuahua y Durango los grupos del crimen organizado, además de generar violencia, “extorsionan a las empresas forestales comunitarias o, en algunos lugares, controlan la extracción, transformación y venta de madera ilegal”, explica el biólogo Salvador Anta, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y consultor de Política y Legislación Ambiental (Polea).
4. Bosques comunitarios: reconocer su labor de conservación
La pandemia de COVID-19 no llegó sola. Trajo consigo una crisis económica que ha dejado huella en casi todos los sectores. En México, las empresas forestales comunitarias enfrentaron la caída en la venta de los productos maderables y no maderables. Además, aquellas que se dedican al turismo de naturaleza tuvieron que detener sus actividades durante meses.
Antes de la pandemia, las empresas forestales comunitarias generaban alrededor de 160 000 empleos en todo el país y aún no hay datos oficiales sobre cuántos de esos trabajos se perdieron.
Lo que sí se sabe es que la reactivación de muchos de estos proyectos no ha sido sencilla. “Estas empresas comunitarias requieren de apoyos especiales para su reactivación”, apunta el biólogo Salvador Anta, quien explica que durante 2021 las comunidades que realizan aprovechamiento maderable sustentable insistirán en su reclamo para obtener beneficios fiscales que reconozcan su labor en la conservación de los bosques, así como las inversiones que hacen en obras sociales en sus comunidades.
“En este contexto de pandemia y de activación económica, a las empresas forestales comunitarias les ayudaría mucho contar con beneficios fiscales, que les permitan pagar menos impuestos”, explica Anta. Estas empresas comunitarias también tienen el reto de encontrar nuevos mercados, donde obtengan un precio justo y se reconozca el trabajo que realizan para la conservación de los bosques.
Anta comenta que un camino para reactivar la economía de estas empresas comunitarias sería que el gobierno federal y los estatales compren mobiliario de madera que proviene de poblaciones que realizan manejo sustentable de los bosques. La única dependencia que hoy hace estas compras es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Por otra parte, entre las metas que tiene la Comisión Nacional Forestal (Conafor) están apoyar el fortalecimiento de 60 empresas forestales comunitarias e incorporar 500 mil hectáreas al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Esos objetivos —además de otras acciones que están a cargo de la Conafor, como el monitoreo y el control de incendios forestales— se tendrán que realizar con un presupuesto de 2 362 348 000 pesos (117 millones de dólares); cantidad menor a los 2 586 244 000 pesos (129 millones de dólares) con los que contó en 2020.
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5. Cambios a las leyes y nuevas normativas
El 2021 también se mira como un año para concretar nuevas leyes y reformas para las que ya están vigentes. En los próximos meses, por ejemplo, se espera la aprobación de una iniciativa de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2018.
La iniciativa de reformas que se encuentra en el Congreso —explica el biólogo Salvador Anta— si bien contempla la mayoría de las propuestas que se realizaron desde las comunidades forestales, también tiene ausencias sobre el manejo de acahuales —vegetación que crece en forma espontánea en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso— y de trámites que permitirían agilizar las autorizaciones para que las comunidades realicen saneamiento forestal.
Por otra parte, hace tiempo que se espera una nueva Ley General de Aguas, la cual tendría que considerar el derecho humano al agua y sustituir a la norma vigente desde 1992, la cual ha sido criticada —entre otras cosas— por permitir el acaparamiento de concesiones de agua.
Desde el 4 de febrero de 2020, el colectivo Agua para tod@s, Agua para la Vida presentó la Iniciativa Ciudadana para la nueva Ley General de Aguas a la Cámara de Diputados. Y aunque esta propuesta ya tenía el consenso y apoyo de legisladores, a finales de 2020, los diputados Feliciano Flores Anguiano y Mario Mata Carrasco presentaron otra iniciativa que busca mantener la actual Ley de Aguas.
El investigador Omar Arellano, quien ha trabajado en el rescate de ríos y otros cuerpos de agua contaminados, destaca que en 2021 “el tema del agua será vital”, sobre todo en un contexto internacional donde hay acciones —como que el agua cotice en Wall Street— “que van a exacerbar los conflictos relacionados con el acceso al agua”.
Para Salvador Anta, la próxima ley deberá incluir un apartado que considere la importancia de las comunidades forestales en la captación de agua y las acciones de adaptación al cambio climático.
Además del agua, la investigadora Leticia Merino considera que la Ley Minera también debería cambiarse: “México tiene la peor legislación sobre minería. Aquí, las concesiones se otorgan hasta por 50 años y pueden tener una prórroga por el mismo tiempo”, destaca. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, tampoco se han revisado las ya existentes.
Por lo pronto, comunidades que se oponen a la minería lograron un triunfo a finales de 2020: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la empresa canadiense Almaden Minerals para desarrollar un proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, Puebla, en la región centro del país.
Los académicos, organizaciones y colectivos ciudadanos que empujan nuevas leyes para garantizar derechos, y que fueron consultados por Mongabay Latam, también destacan que existen intentos por debilitar las herramientas jurídicas existentes para denunciar daños ambientales.
El 11 de diciembre de 2020, por ejemplo, 17 organizaciones no gubernamentales y poco más de 60 académicos y ciudadanos alertaron sobre un Proyecto de Decreto para reformar el artículo 4º de la Constitución, el cual señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que “el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
La iniciativa de reforma busca cambiar el texto para que señale: que “todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta y a garantizar la coexistencia de todos los sistemas de vida”. También se propone que el artículo 4º diga que “corresponde al Estado y a la Sociedad, conservar, restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico”.
Las organizaciones, académicos y ciudadanos destacaron en un comunicado que esta iniciativa representa una regresión dado que “desdibuja al Estado mexicano como primer garante de los derechos humanos; alejándonos del desarrollo sostenible y de la justicia y equidad social”.
El 2021 pinta como un año en el que la movilización social será clave para detener retrocesos, empujar nuevas leyes y poner la luz sobre la importancia de atender la emergencia ambiental.
*Imagen principal: David Bray (tercero de derecha a izquierda) con trabajadores forestales en el ejido Vencedores en Durango. Foto: Cortesía.
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