- La reactivación de la Academia en las investigaciones oceanográficas y la búsqueda de alternativas a la minería están en la lista de retos pendientes a afrontar en este año que recién comienza.
- ¿Qué hacer con los derrames de petróleo en el mar? ¿Qué pasará con la política ambiental cuando hay dos parlamentos que se declaran como legítimos?
Durante 2020, los problemas ambientales crónicos de Venezuela no hicieron más que empeorar. Las malas noticias llegaron en forma de olas de aceite oscuro a las costas venezolanas, producto de los derrames petroleros registrados, sobre todo, en el segundo semestre del año cuando arribaron tanto al Parque Nacional Morrocoy como al Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, un importante humedal latinoamericano que ya estaba en jaque por construcciones turísticas autorizadas que podrían secarlo. En 2021, biólogos y ambientalistas no piensan quedarse de brazos cruzados ante la amenaza y apuntan a medir los daños y apelar a acuerdos internacionales para lograr que el gobierno responda de manera efectiva.
Al sur del país, la fiebre del oro también hizo estragos. En el Parque Nacional Canaima —el mismo que inspiró los escenarios de la película animada ‘Up’ y que alberga el Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta— la cantidad de puntos de extracción del mineral creció 78 % en solo dos años y los científicos confirmaron que la minería ilegal triplicó su área de deforestación, al pasar de 400 a 1200 kilómetros cuadrados. Por eso, la defensa de estos territorios combina tanto acciones urgentes de índole internacional como la planeación de actividades económicas alternativas que eviten que cada día lleguen más mineros a la zona.
Los cambios políticos en el país afectan todos los ámbitos y el ambiente no es la excepción. Ante la instalación de dos poderes legislativos con agendas y decisiones paralelas, queda la incógnita de cómo esto afectará a los ya golpeados parques nacionales y áreas protegidas. Por otro lado, la academia venezolana necesita recibir el apoyo del Estado para no quedarse por fuera del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) propuesto por la ONU, el programa arranca este año y promete formar una generación de oceanógrafos y expertos para un país sumido en una grave “fuga de cerebros”.
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1. Acción internacional contra los derrames de petróleo
Aunque el nombre del Parque Nacional Morrocoy fue el que más se difundió en los medios de comunicación cuando ocurrieron los derrames petroleros de julio y agosto de 2020, hubo otro sitio protegido que resultó gravemente afectado: el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, clasificado en Venezuela como un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y hogar de cerca de 300 especies de aves que comparten su hábitat con reptiles y mamíferos en peligro de extinción.
Cuare, en el estado Falcón y vecino de Morrocoy, fue el primer lugar del país en entrar en la lista de espacios protegidos por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida también como la Convención de Ramsar, por la ciudad iraní en donde se firmó en 1971. Entró a la clasificación el 23 de noviembre de 1988 y desde entonces solo lo han hecho cuatro lugares más en Venezuela. Es precisamente a esta Convención a la que apelarán en 2021 los científicos, activistas y ciudadanos que desean exigir una acción por las fugas de petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA).
Por ser un Estado miembro del acuerdo, Venezuela está comprometida a realizar un uso racional de este espacio, pero en su lugar ha permitido que cerca de allí se levanten construcciones que han provocado que la zona comience a secarse y que, durante 2020, se haya convertido en víctima de un gran derrame de crudo.
La bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, asegura que, actualmente, activistas y vecinos de la zona están buscando contactos para apelar al Ramsar, pero aún no han conseguido el apoyo necesario.
Todavía hay mucho por hacer. El estudio de lo ocurrido con las fugas de hidrocarburos es primordial para que este año puedan ejercerse las actividades de saneamientos más certeras y adecuadas. “Desde las ONG, universidades y la ciudadanía, nuestro trabajo es hacer seguimiento y presión. Una de las acciones en que todos podemos apoyar es el mapeo [de los derrames y zonas afectadas]”, dice Morón.
Eduardo Klein, biólogo, profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, apoya la idea porque es precisamente la falta de monitoreo la que ha provocado los derrames. Sostiene que la ausencia de una evaluación de daños, por falta de personal capacitado en la empresa estatal, ha impedido que se eviten accidentes y que sus efectos se prolonguen en el tiempo.
Klein asegura que todos estos eventos han demostrado una y otra vez la total incapacidad de PDVSA para detener las fugas que, anteriormente, eran atendidas con unidades especiales y planes de contingencia. “Hoy, en cambio, la limpieza de los daños ambientales hecha por la industria dependió en gran medida de la preocupación e insistencia de las comunidades aledañas al parque”, afirma el académico.
Según Klein, meses después los manglares continúan afectados y los pescadores deben ir más lejos para poder pescar porque los residuos afectaron la flora y fauna marina. Para el biólogo, una tarea pendiente para este 2021 es que los llamados de la sociedad civil “resuenen aún más fuerte en un Estado que incumple con responsabilidades básicas para mantener el equilibrio ambiental”.
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2. El futuro ambiental con dos parlamentos
Con el 2021 llegó, constitucionalmente, el turno de una nueva Asamblea Nacional, poder que durante los últimos cinco años se había mantenido bajo el mando de la oposición, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato desde 2017 e invalidó todas sus decisiones y declaraciones a partir de ese momento. Sin embargo, la renovación de esa instancia dejó un sinsabor.
Los líderes opositores rechazaron acudir a las urnas electorales para ser reelegidos como diputados debido a que las condiciones de los comicios impuestas desde el Ejecutivo los ponían en clara desventaja y, según ellos, no garantizaban la transparencia del proceso. Por esa razón, el chavismo protagonizó en diciembre pasado unas elecciones señaladas, tanto por sus contrincantes como por varios países de la comunidad internacional, como fraudulentas. Gracias a esas elecciones el partido oficialista ocupa hoy más del 90 % de las curules, lo que allana el camino para que cualquier orden emanada desde el palacio de Miraflores tenga luz verde en el órgano legislativo.
Ante tal panorama, la mayoría de los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional elegida en 2015 decidieron continuar en sus posiciones y constituyeron una comisión delegada bajo el argumento de que los comicios de diciembre de 2020 fueron ilegítimos y “no pueden permitir el vacío de poder”. Mientras tanto, los chavistas asumieron también sus nuevas responsabilidades.
Con dos poderes legislativos, queda por ver cómo se verán afectadas las decisiones que impacten directamente a los parques nacionales y a las áreas protegidas. Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, asegura que la convivencia de dos parlamentos no tiene cabida porque no existe una “república bicéfala”. “Eso va contra la razón y contra la misma capacidad operativa del Estado”, apunta el experto en Derecho. A pesar del inconformismo de la oposición, Rafalli asegura que será la Asamblea de Nicolás Maduro la que rija en todas las materias, incluyendo la ambiental. “Si resuelve dictar leyes de contenido ambiental, nadie dentro del país va a decir no, porque tiene poder coercitivo”, añade.
Pero todo cambia en el ámbito internacional. El abogado explica que es en ese plano donde existen tratados y convenios firmados con otros países y que estos podrán decidir a cuál de los dos parlamentos respalda.
“Desde el punto de vista político, el apoyo a la oposición de estos países tiene relevancia desde dos ópticas: la primera tiene que ver con los acuerdos y convenios bilaterales en materia ambiental, porque esos Estados reconocen a Guaidó como su interlocutor. Pero hay un segundo punto y es que estos convenios suponen compromisos entre Estados con miras a la protección del Ambiente, pero no los pueden hacer cumplir porque, en la práctica, la oposición no tiene competencias legislativas”, añade Raffalli.
Hay quienes piensan que lo peor está por venir. “La profundización del desastre de la tragedia a corto plazo es lo que vislumbro”, le dice a Mongabay Latam el parlamentario opositor Américo De Grazia, quien está convencido de que el medio ambiente será uno de los más afectados ante el nuevo panorama político. “Van a estimular y exponenciar todos los males ambientales a cálculos inimaginables”, asegura, y agrega que se ampliarán los desastres ecológicos promovidos con el Arco Minero del Orinoco y será imposible proteger a los parques nacionales.
De Grazia comenta que “todo aquel que no tenga contrapeso de poder siempre va a pecar más” y por eso la oposición optó por declarar la continuidad constitucional, decisión que ya recibió el visto bueno de países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Colombia, Chile y Brasil.
3. Proteger el parque Canaima
Desde hace más de cinco años, organizaciones, turistas, ambientalistas, periodistas y activistas han denunciado la presencia de minería dentro del Parque Nacional Canaima, en el sureño estado Bolívar. En 1994 esta área natural protegida fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y, con el tiempo, el problema de la minería ilegal se ha agravado, tanto que de los 33 sectores mineros que habían sido identificados por la organización no gubernamental SOS Orinoco en 2018, se pasó a 59 en 2020. En solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro del parque creció un 78 %.
La inacción del gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad extractivista y el apoyo del Estado hacia proyectos como el Arco Minero del Orinoco —que ha facilitado el tráfico de herramientas y maquinarias para la minería hacia los espacios protegidos colindantes— constituyeron una alarma para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que evalúa el patrimonio natural en peligro. En 2017, Canaima entró en la lista de sitios que representan una “preocupación significativa” y fue clasificada con una alerta naranja, solo un peldaño abajo de la alerta roja, que es la valoración más preocupante.
“Esta fiebre del oro ha empeorado por la crisis humanitaria compleja en la que está sumida Venezuela. Los escenarios futuros para Canaima son poco alentadores pues no existe en el terreno una autoridad ambiental capaz, o interesada, en responder efectivamente a esta problemática. No hay voluntad política, ni una gobernabilidad que permita hacer frente a las operaciones mineras, por lo que se espera que se incremente la devastación en su interior, generando graves daños a la cultura indígena pemón, gran parte de cuyo territorio ancestral se encuentra resguardado por el parque nacional”, escribió SOS Orinoco el año pasado en un comunicado en el que insta a la UNESCO a reconocer que el problema de la actividad extractivista dentro del parque es mucho más grave de lo que se contempla.
Por esta razón, de acuerdo con SOS Orinoco, en el entorno ambientalista es “urgente y necesario” que Canaima sea recategorizado como “en Peligro Crítico” según los criterios de la UICN, que es el órgano técnico asesor de UNESCO. Así se activaría una alerta roja que podría impulsar una acción urgente desde el gobierno central venezolano en favor de la conservación.
“Teniendo en cuenta la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones mineras, ofreciendo alternativas económica y ecológicamente sostenibles a la población residente del parque nacional”, apuntó SOS Orinoco en una misiva publicada en junio pasado, cuando se cumplieron 58 años desde que Canaima fue catalogada como área natural protegida.
Para la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo, con la incorporación de Canaima a la Lista Roja “habría posibilidad, entre otras cosas, de recibir apoyo internacional para ayudar a buscar soluciones que permitan atender su situación actual”. Novo cree que ese es un paso esencial para estimular medidas de conservación en el ámbito de la Convención del Patrimonio Mundial, antes de que la situación se torne más grave y se pierda su condición de Sitio de Patrimonio Mundial.
“Idealmente, este reto debería contar con el respaldo de las instituciones encargadas de la administración y manejo del Parque Nacional Canaima, entre ellas el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)”, acota la experta.
Novo explica que el ingreso a la alerta máxima sería reversible en un futuro porque el Comité del Patrimonio Mundial puede eliminar a Canaima de la Lista Roja “una vez que haya cumplido los criterios establecidos en el ‘Estado de Conservación Deseado para la Eliminación de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ y se hayan restaurado sus valores naturales”.
Para Novo, es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida. “Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afectan tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, insiste.
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4. Alternativas para la minería
En 2020, la minería continuó ganando espacio en Venezuela. No solo en el parque Canaima se multiplicaron los puntos de extracción sino que, de acuerdo con el estudio ‘Minando Derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía’ del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en apenas un año, el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la Amazonía venezolana pasó de 400 kilómetros cuadrados a 1200. A este espacio se suman, además, los casi 112 000 kilómetros cuadrados que ocupa el Arco Minero del Orinoco —zona de explotación minera legal—, que desde el año pasado incluyó la explotación de oro en seis de los ríos más caudalosos de la zona y ha afectado a poblaciones indígenas.
María Teresa Quispe, directora estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, organización que participó en la investigación, sabe cuánto ha incidido esta actividad dentro de los territorios indígenas. El mismo documento determinó que la minería afecta el 31 % de las tierras de las comunidades nativas de la región amazónica. Por eso, al momento de referir una solución al problema, alude de inmediato a la necesidad de crear alternativas económicas al extractivismo.
En una Venezuela que atraviesa por una emergencia humanitaria que ha expulsado al menos a cinco millones de personas, irse a trabajar en los yacimientos auríferos del sur de la nación —a merced de los grupos irregulares armados y las bandas criminales que controlan el acceso a las distintas minas— se ha convertido en una medida desesperada para ganar dinero. Miles de indígenas, en medio de la situación, se han visto obligados a convertirse en mineros para poder subsistir. Muchos de ellos, que vivían del turismo y trabajaban como guías o en restaurantes y posadas, se quedaron sin ningún sustento con la caída abrupta del número de viajeros que antes los visitaban.
“La minería de ninguna manera es ecológica, eso no hay forma de sostenerlo”, sentencia Quispe, oponiéndose al argumento con el que el gobierno de Nicolás Maduro ha querido justificar la creación del Arco Minero del Orinoco. De hecho, la cartera encargada del sector es el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, lo cual para Quispe es una contradicción.
“Yo creo que en Venezuela, que es un país petrolero, no se puede considerar que la minería es la única salida […] La generación de proyectos productivos endógenos que partan incluso de los conocimientos, producciones y riquezas tradicionales de los territorios indígenas es algo que se debe apoyar, explorar e impulsar. Este gobierno, o el que venga, debería contemplar esa posibilidad”, indica la directora de Wataniba. Para Quispe, la búsqueda de alternativas a la minería debe comenzar ya, a pesar de que Latinoamérica, en general, le apuesta al extractivismo.
Mongabay Latam buscó al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico pero hasta el momento no se ha obtenido una declaración.
5. Se necesitan venezolanos que estudien el océano
El 2021 comienza con una celebración a la cual Venezuela no está invitada. Pese a tener 2700 kilómetros de costa, el país no tendrá ningún representante en las primeras actividades previstas para la conmemoración del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), un periodo proclamado por las Naciones Unidas para reunir a la comunidad científica, políticos, empresas y sociedad civil organizada de todo el mundo en torno a un marco común que garantice que las ciencias de los océanos puedan apoyar plenamente a los países en el logro del Objetivo del Desarrollo Sostenible 14: Vida marina.
El biólogo Eduardo Klein ve en el evento una oportunidad para estudiar los océanos y comprender qué sucede actualmente en ellos; reconocer y enfrentar sus cambios y, crear y aplicar una metodología global que ayude a preservarlos. Según dice, Venezuela se va a perder de esto y la ausencia del país se debe a la continua disminución de inversión que, año tras año, empeora en materia ambiental. Esta es una deuda que el gobierno tiene desde hace más de una década con investigadores, profesionales y expertos en monitoreo.
“Venezuela se tiene que subir a ese autobús que es la movida global. Se debe pensar en mantener la integración en proyectos globales y en que el país se incorpore a través de organizaciones vinculadas al ámbito marino”, alerta Klein, quien recuerda que el país siempre estaba a la vanguardia en la región en este tipo de eventos. Insiste en que, desde el Estado, se deben abrir las puertas para que los grupos ambientalistas no gubernamentales establezcan relaciones con sus pares en otras naciones. En otras palabras, se necesita que el Estado fomente esta integración, “pero cualquier propuesta se convierte en quimera si no hay dinero que la soporte”, destaca Klein.
Entre los objetivos del Decenio está el de establecer una nueva generación de oceanógrafos y técnicos quienes, por medio de nuevas redes de investigación y sistemas de observación mejorados, instalaciones e infraestructura, ayudarán a los países a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“Con los sueldos miserables de investigadores y profesores, ¿cómo hacer para acercarte a uno de ellos y decirle que con este evento tiene la oportunidad de crecer y de tener prestigio con sus investigaciones si apenas les alcanza el dinero para comer y tienen que buscar otras alternativas para mantenerse?”, cuestiona Klein. Para él, es vital la reactivación de la Academia para evitar que, año tras año, los científicos deserten y se vayan del país o se dediquen a oficios más lucrativos. Klein está convencido que esta es una necesidad urgente que el Estado debe atender en el 2021.
Mongabay Latam pidió información sobre los apoyos estatales en este tema, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Ecosocialismo.
*Imagen principal: El terraplén levantado para el canal de navegación de Cuare impide el paso de agua dulce hacia las albuferas y el Golfete. Foto: Amigos de Cuare.
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