- Cinco defensores ambientales fueron asesinados durante el 2020 en la Amazonía peruana, en los momentos más críticos de la pandemia por el coronavirus.
- Los pueblos indígenas enfrentaron la pandemia prácticamente desprotegidos, además de la ilegalidad por la extracción de oro y el narcotráfico que siguen instalados en sus territorios.
- Los aportes de la tecnología y la divulgación científica cobraron relevancia durante un año marcado por una crisis sanitaria y ambiental.
En plena pandemia por el coronavirus la violencia en Perú alcanzó a los defensores ambientales. Cinco asesinatos registrados este 2020 y varias amenazas de muerte que que se siguen reportando hasta hoy. Solo hace una semana, un grupo de líderes indígenas de Ucayali llegó a Lima para pedir protección a las autoridades peruanas frente al hostigamiento constante que sufren en sus territorios.
A esta violencia se suma un año crítico para Perú, un país en el que la cifra de muertos por la pandemia supera los 36 mil y que evidenció las desigualdades y carencias cuando el virus impactó a las poblaciones indígenas. Según la Sala de Población Indígena con COVID-19 del Ministerio de Salud más de 2000 indígenas fallecieron por COVID-19, incluyendo sabios y líderes, a la luz de las críticas de distintos sectores por la tardía reacción del gobierno.
El 2020 también significó para Perú un año de inestabilidades, con una crisis política que escaló a su punto más alto en el mes de noviembre, cuando en medio de protestas masivas en todo el país hasta tres personas llegaron a ocupar en una sola semana la presidencia.
Si bien el tema ambiental cobró relevancia al inicio de la pandemia, cuando científicos vincularon su origen a la deforestación, depredación de especies silvestres y ecosistemas, con el paso de los meses, esta preocupación se diluyó para dar paso a numerosos eventos de depredación ambiental.
“Ha sido un año difícil, en el que nos hemos dado cuenta de la importancia del tema ambiental. Estamos en esta situación porque no hemos atendido de manera adecuada nuestro vínculo con la naturaleza. La pandemia del COVID-19 tiene origen ambiental”, dice el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría.
En el caso peruano —agrega Quijandría— la complicación del ambiente político, hizo que el debate se vaya en un sentido distinto al que ha ocurrido a nivel internacional. En otros países esta discusión sobre los temas ambientales ha continuado y se ha incluido como parte de las medidas de reactivación económica frente a la pandemia.
“Un año atípico y cualquier análisis de los temas ambientales debe partir de esta naturaleza atípica. Hemos tenido dos crisis: la crisis de la pandemia y la crisis política. Y ha habido, además, a una crisis económica con paralización productiva”, explica Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Mongabay Latam presenta un repaso de los acontecimientos ambientales que marcaron este año, así como opiniones de expertos e investigadores que contribuyen para la elaboración de este balance del 2020.
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Lo malo: defensores ambientales asesinados y el Acuerdo de Escazú enviado al archivo
El crimen del líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez ocurrió el 12 de abril, en plena cuarentena decretada por el gobierno peruano. Meléndez era el jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, en Huánuco, y se enfrentaba a invasores que intentaban introducir cultivos ilegales, mientras reclamaba al Estado peruano la titulación de su territorio. Pocos días más tarde, el 26 de abril, otro líder fue asesinado, esta vez el joven asháninka Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía, Ucayali. Según la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) el joven asháninka, al igual que líderes de comunidades ubicadas en este distrito, habían sido víctimas de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de traficantes de tierras y del narcotráfico.
Los asesinatos continuaron. El 17 de mayo, mataron a Gonzalo Pío Flores, líder indígena de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera entre Junín, Pasco y Ucayali. El 29 de julio acabaron con la vida de Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas.
Y el último crimen reportado este año en la Amazonía peruana ocurrió el 10 de setiembre. Ese día mataron a Roberto Carlos Pacheco Villanueva, un defensor ambiental hijo del reconocido ambientalista Demetrio Pacheco. Ambos llevaban años denunciando amenazas y la incursión de invasores dentro de su propiedad, por lo menos ocho procesos legales figuran como pendientes en la fiscalía de Madre de Dios.
“Son lamentables los cinco asesinatos durante la pandemia. Con lo que ha ocurrido este año, en el siguiente informe sobre defensores ambientales el Perú se ubicará entre los países más peligrosos para estas personas”, señala el abogado César Ipenza, especialista en temas ambientales.
Además de estos asesinatos, son muchos los líderes indígenas y ambientalistas que viven amenazados, principalmente en lugares donde avanza el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas. La frontera entre las regiones Huánuco, Ucayali y Pasco se presente como una de las zonas más peligrosas para estos líderes, considerando que la mayoría de los crímenes y hostigamientos se registran en esta área del país.
“Es un tema que nos preocupa mucho y lo hemos discutido en particular con el Ministerio de Justicia”, señala el ministro Quijandría. “La velocidad del Estado peruano para responder primero frente a las amenazas y luego a los hechos lamentables de la pérdida de vidas ha sido extremadamente lenta e ineficiente”, reconoce el titular del Ambiente.
Quijandría manifiesta que junto con el Ministerio de Justicia están preparando una propuesta de régimen de protección de defensores ambientales para que los pedidos de garantía sean tramitados de una manera más rápida y seria. “Que sean considerados en términos serios el riesgo que implica denunciar actividades ilegales de minería, de extracción de madera o de narcotráfico. Se tiende a pensar que los delitos ambientales son delitos sin víctimas y no es así”.
A pesar de todas estas muertes, el 20 de octubre el Congreso de la República rechazó la aprobación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que promueve la transparencia, la justicia ambiental y que impulsa la protección efectiva a los defensores ambientales. Una campaña sostenida en medios y redes sociales de parte de empresarios y políticos que desaprueban este tratado se hizo evidente, con argumentos que apelaban al peligro de atentar contra la soberanía del país y la Amazonía, aún cuando estas afirmaciones no están contempladas en Escazú.
“Hubo una fuerte campaña en contra del acuerdo impulsada por empresas extractivas del sector privado. Justo en una situación en pandemia no aprobar este acuerdo ha sido terrible”, dice Vanessa Cueto, directora de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). “En el nuevo Congreso que se elija en el 2021 nuevamente debe entrar a debate esta propuesta”, agrega.
Ipenza es más duro en su crítica a la decisión tomada por el Congreso. “El expresidente Vizcarra no asumió el liderazgo para defender el acuerdo en el Parlamento. No bastaba con mandarlo al Legislativo, se debió asumir un rol activo. El Congreso se puso de espaldas a esta decisión con argumentos falaces”, dice el abogado.
Sobre este tema, el ministro Quijandría lamenta que “la mentira y el miedo se hayan impuesto”. Menciona que las discusiones vinculadas a temas de soberanía o a la posibilidad de que inversiones privadas pudiesen ser llevadas a una corte internacional de justicia por activistas ambientales “eran mentiras del tamaño de una catedral. No había nada de eso ni en el texto ni en el espíritu de Escazú”, comenta.
No obstante, reconoce que no hubo suficiente capacidad de incidencia política desde el lado de quienes estaban a favor del acuerdo para contener “las mentiras y afirmaciones interesadas que impidieron su ratificación”.
En setiembre de 2018, el gobierno peruano y otros 15 países del continente firmaron el Acuerdo de Escazú, pero su entrada en vigencia dependía de la ratificación de este en por lo menos 11 de los países de América Latina y El Caribe. Perú fue uno de los países que impulsó este tratado, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios en el Congreso peruano.
Lo trágico: el impacto de la pandemia en los pueblos indígenas
El líder indígena awajún Santiago Manuin falleció el 1 de julio víctima del coronavirus. Era un luchador incansable que sobrevivió a una ráfaga de metralleta durante el conflicto ocurrido en Bagua en el año 2009. Pero no resistió al COVID-19.
Manuin fue uno de los más altos representantes de los pueblos indígenas que falleció por la pandemia. Aunque no el único. Para el día en que Manuín falleció, decenas de indígenas habían perdido la vida a consecuencia del COVID-19.
“La atención de los pueblos indígenas durante la pandemia ha sido desastrosa. Ha sido el último espacio al que se llegó. Fue doloroso ver a los hermanos indígenas usando hojas como mascarillas para protegerse”, comenta César Ipenza.
Desde que el gobierno peruano decretó la emergencia sanitaria e inmovilización nacional, las federaciones indígenas de Perú tomaron la decisión de cerrar las fronteras de sus territorios para evitar que el virus alcance a las comunidades. Pese a ello, dos meses después de la inmovilización nacional, los casos de coronavirus entre comunidades nativas cobraban decenas de víctimas.
Durante todo ese tiempo, las organizaciones indígenas habían solicitado al Estado que se establezca un plan indígena amazónico diferenciado frente al COVID-19, un pedido que recién se atendió cuando los contagios ya se contaban por cientos.
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas menciona que lo que enfrentaron los pueblos indígenas durante la pandemia fue “muy duro”. La funcionaria explica que hay una gran cantidad de población indígena viviendo en las ciudades y que fueron ellos quienes se quedaron sin empleo, por tanto, se vieron obligados a retornar a sus pueblos de origen.
Pero también están las comunidades amazónicas que, simplemente, quedaron desprotegidas. “Perú un país muy desigual, donde la población indígena sufría de manera sistemática esta desigualdad antes de la pandemia. Pero este sufrimiento escaló terriblemente durante el 2020”, agrega Abanto.
Casos como las 20 comunidades indígenas de Trompeteros, en Loreto, a las que ingresó el virus con la vista de autoridades locales que llevaron alimentos. O el pueblo tikuna —en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil— que reportó el fallecimiento de seis personas en solo una semana, son solo algunos de los momentos más dolorosos que afrontaron los pueblos indígenas. Otro ejemplo es el pueblo shipibo-konibo, de las comunidades del río Ucayali, en la región del mismo nombre, que para fines del mes de mayo reportaba casi sesenta fallecidos.
Según los reportes de la Sala de Población Indígena con COVID-19 del Ministerio de Salud, la cifra de indígenas que fallecieron a causa del coronavirus fueron 2192, en los 11 departamento con población originaria en Perú. Las regiones con mayor incidencia fueron Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali.
“Cuando íbamos a las comunidades era terrible, las personas estaban con fiebre, no sabíamos cómo conseguir medicinas, no había. Eran momentos de desesperación. Ha sido muy duro, bien difícil, nunca habíamos vivido algo así. Y en mi caso, como presidenta de la federación, recibía llamadas pidiendo ayuda todos los días. Era muy difícil”, cuenta Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua)
Rubio señala que la pandemia ha develado la situación real en la que se encontraban los centros de salud que atienden a las comunidades. Cuenta también que recibieron ayuda del vicariato, de organizaciones civiles y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). “A través de Aidesep logramos conseguir medicinas y combustible. Así logramos llevar las medicinas a las comunidades. A pesar de pedir apoyo, no teníamos respuesta positiva de las autoridades”.
El Perú hay dos problemas estructurales con relación a los pueblos indígenas —agrega Abanto, de la Defensoría del Pueblo— el primero es la desigualdad y el segundo, las oportunidades a las que pueden acceder, pues enfrentan problemas como el centralismo del Estado y la ineficiencia para recibir protección del mismo.
“Los pueblos indígenas no han estado en la agenda prioritaria y esto se hizo más evidente con la pandemia. Se tuvo que hacer presión para que sean atendidos”, señala Cueto, de la organización DAR.
La lideresa indígena Zoila Ochoa Garay, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también cuestiona la falta de atención por parte del Estado hacia los pueblos indígenas durante la pandemia. “El dolor más fuerte durante la pandemia fue cuando la población se moría sin que el Estado nos atienda. Nos decían no hay oxígeno, no hay medicamentos. Lo que se podía hacer era compartir nuestras medicinas ancestrales para protegernos al ver que el Estado no llegaba”.
Hubo casos, sin embargo, en que la organización y el liderazgo de los jefes indígenas logró demorar el avance del virus. Uno de ellos ha sido el pueblo Matsés, en Loreto, en la frontera con Brasil. La antropóloga Beatriz Huertas, experta en pueblos indígenas, cuenta que los primeros contagios en el territorio matsés llegaron recién en julio, cuatro meses después del inicio de la pandemia en Perú.
“Fue interesante ver la organización en algunos pueblos para tomar decisiones frente al problema del COVID-19. Los matsés fueron muy disciplinados y tomaron con seriedad las decisiones de sus líderes”, agrega Huertas.
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Lo crítico: la ilegalidad se instaló en los bosques
“A pesar de la inmovilización social, las actividades ilícitas no se detuvieron. Hubo más de 400 operativos contra minería ilegal solo en Madre de Dios”, dice César Ipenza sobre las mafias que continuaron operando en bosques y ríos de la Amazonía durante la cuarentena decretada por el gobierno.
Una cantidad de operativos que revela cómo ha operado la ilegalidad en un año que estuvo marcado por la inmovilización social.
En el 2020, el precio del oro llegó a traspasar la barrera de los 2000 dólares por onza —actualmente se cotiza por encima de los 1800 dólares la onza— precios que se convirtieron en un incentivo para la explotación ilegal del metal en todo el Perú.
Mientras en el sector denominado La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, la minería ilegal se reducía como resultado de la Operación Mercurio, en otras zonas de la región se ha ido expandiendo.
Uno de estos lugares es la cuenca del río Pariamanu, donde, según información del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, la deforestación causada por esta actividad se duplicó. Otros lugares donde se incrementó la minería ilegal han sido Aypalón, también en Madre de Dios; Camanti, en Cusco, y Chaspa, en la región de Puno, según indica el mismo reporte.
La minería ilegal aluvial también se extendió en la región Loreto. Carlos Castro Quintanilla, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto ha señalado que por lo menos 23 pequedragas —dragas que se arman sobre lanchas de madera— han sido ubicadas, en los que va del años en la cuenca del río Nanay. Nueve de ellas fueron destruidas durante los operativos.
“Las actividades ilegales que eran intensas antes de la emergencia sanitaria, con la pandemia se han mantenido o han empeorado”, señala Abanto, de la Defensoría del Pueblo.
La lideresa indígena Betty Rubio, de Feconamncua, dijo que, pese a la inmovilización por el coronavirus, la tala ilegal y la minería ilegal continuaron afectando sus territorios. “Muchas otras actividades se paralizaron, pero la deforestación no ha parado. A pesar de la enfermedad, continuaba la ilegalidad. Ha sido permanente. Hemos visto pasar las barcazas cargadas con madera. Han aprovechado para seguir extrayendo los recursos naturales y contaminando el río”.
El líder indígena Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), señala que la pandemia ha permitido que se siga extrayendo los recursos causando daños en el ambiente. “Si bien no hubo actividades visibles, durante la pandemia hubo contaminación de territorios por extracción petrolera. Las actividades madereras tampoco se detuvieron, se han seguido talando bosques”.
López también habla de las políticas del Estado con respecto a la Amazonía. “Se ve que nuestro territorio se va destruyendo, lo estamos mirando, pero el Estado peruano no toma conciencia de que aquí, en este territorio viven seres humanos. Se tienen que trabajar políticas que nos permitan exigir respeto a la vida de las personas, respeto a la biodiversidad, a esa riqueza que aún queda en la Amazonía”.
El narcotráfico también avanzó en Perú. La comunidad nativa de Santa Marta, ubicada entre Huánuco y Ucayali, es solo una de las que viven amenazadas por esta actividad ilegal. El proyecto de monitoreo satelital Global Forest Watch registró más de 2000 alertas de deforestación en los bosques de Santa Marta durante este año, pérdida de cobertura boscosa relacionada con las invasiones de tierras de quienes se instalan para dedicarse al cultivo de coca ilegal.
“Tenemos información de que hay un regreso del narcotráfico en algunas zonas donde hubo retroceso. Y eso tiene vinculación con la situación generada por la pandemia, puesto que la capacidad del Estado para imponer control sobre el territorio se vio reducida”, explica el ministro Quijandría y agrega que junto con el Ministerio del Interior están elaborando una estrategia conjunta y concertada para enfrentar este problema.
Al respecto, Dammert, de NRGI, menciona que las crisis de la pandemia y política llevó al Estado a un repliegue de las acciones de control y sanción de las actividades ilegales, que fue aprovechado por las mafias. En este contexto —explica Dammert— la atención de la opinión publica deja de estar en el valle donde se disparó el narcotráfico o hubo deforestación, porque se concentra en la dinámica política y el factor económico juega un papel clave.
“Es difícil medir si hubo un aumento de ilegalidades. Las organizaciones de la sociedad civil que normalmente estarían haciendo trabajos en esos territorios, están replegadas”, asegura Dammert.
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Lo preocupante: justicia ambiental y nuevos casos emblemáticos
El Procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, se refiere al 2020 como a un año corto en términos de tiempo de trabajo de las instituciones de justicia. “No hemos tenido un aparato judicial al 100 %. Si a ello le sumamos que muchos fiscales cayeron por el COVID-19. Tenemos que decir que no hemos cerrado casos importantes”.
Guzmán se refiere a algunos procesos clave que debían definirse este año. Entre ellos figura el inicio de la etapa de juzgamiento del caso Yacu Kallpa, previsto para el primer semestre del 2020, pero que aún no se ha concretado. Se trata de un caso emblemático que involucra al barco Yacu Kallpa que, en noviembre de 2015, fue intervenido como parte de la ‘Operación Amazonas’ por transportar madera de origen ilegal.
A esto se han sumado nuevos casos de deforestación a gran escala. Se trata de tres sectores en la Amazonía peruana donde las colonias menonitas han arrasado con los bosques.
Dos reportajes publicados por Mongabay Latam en octubre y noviembre de 2020 dan cuenta de los lugares donde se han instalado los menonitas en Perú y cómo han arrasado con casi 3000 hectáreas de bosques.
Ucayali y Loreto son las regiones donde están presentes y los tres casos están siendo investigados por las fiscalías especializadas en materia ambiental de esas regiones.
“Preocupan estos casos de deforestación a gran escala. Antes, la pérdida de bosque estaba marcada por la agricultura migratoria, ahora están cambiando los drives de deforestación. Si no se sanciona a quien deforesta seguirán apareciendo nuevos casos”, precisa Sandra Ríos, investigadora del Instituto del Bien Común (IBC).
Según el último reporte de Geobosques, del Ministerio del Ambiente, la deforestación del 2019 alcanza las 148 426 hectáreas, una cifra ligeramente inferior al año 2018 que llegó a 154 799. Al respecto, Ríos comenta que la reducción ha sido mínima y que, más bien, las cifras de la deforestación en Perú siguen siendo altas. “Estamos lejos de lograr la reducción a la que nos comprometimos al 2030”.
Por el contrario, la corrupción de funcionarios ligados con delitos ambientales se hizo evidente en el 2020. El caso de ‘Los hostiles de la Amazonía‘, una red de tráfico de madera enquistada en Madre de Dios mostró cómo funciona el crimen organizado que involucra a funcionarios públicos, fiscales y policías.
“La detención de funcionarios ha sido un golpe importante a la criminalidad. Tenemos los casos de ‘Los hostiles de la Amazonía’ y ‘Los cumaleros del Oriente’, de gran relevancia por la cantidad de personas que involucra”, comenta el procurador Guzmán.
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Lo polémico: la reactivación económica
El gobierno peruano emitió este año una serie de normas para impulsar la economía afectada por la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Sin embargo, la denominada reactivación económica ha causado preocupación entre expertos y pueblos indígenas.
“La reactivación económica no ha contado con una perspectiva indígena ni ambiental. Un ejemplo es la reducción de plazos para la consulta previa que se pretende imponer con el fin de acelerar las inversiones”, comenta Vanessa Cueto, de DAR, quien menciona que existe mucha presión de sector privado.
Las Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también se ha pronunciado sobre los riesgos que significan para los pueblos indígenas las medidas adoptadas por el gobierno sobre la reactivación económica en los sectores maderero, minero y de hidrocarburos.
Aidesep ya ha solicitado al actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, una reunión para conversar, entre otros puntos, sobre la reactivación económica y evitar que esta aumente los contagios de COVID-19 y ocasione mayor deforestación en las comunidades.
“No podemos negar que hay una economía parada, pero por ello no debemos reducir estándares”, señala Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y agrega que “lo que está pasando en Perú muestra lo que históricamente ha pasado en el país: la dicotomía entre lo ambiental y lo económico”.
Para Dammert es importante considerar que hay medidas de carácter temporal en el contexto de la pandemia. Sin embargo —explica— no se sabe cuándo terminará la crisis sanitaria, por tanto, resulta difícil saber cuándo estas medidas temporales dejarán de serlo. “Nunca es buen momento para retroceder cuando se han dado beneficios a actores económicos, siempre hay una presión para que estos se mantengan. Una primera cosa es saber si lo temporal se va a convertir en permanente”.
Dammert también menciona que en las industrias extractivas no se ha dado una reducción de estándares en un sentido claro, sino que se trata de algo más sutil, pues no se trata de cambios en calidad de estándares. “Por ejemplo, el cambio de convertir la consulta previa de la fase de exploración minera en acuerdo previo. Ya se anunció que se presentará legislación en ese sentido”, dice Dammert en relación al anuncio del ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, quien anunció a fines de noviembre que se está trabajando una norma en este sentido.
Una situación similar se ha presentado en el sector hidrocarburos —comenta Dammert— un sector en el que el ministro Gálvez también anunció cambios a nivel legal para hacerlo más atractivo.
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Lo pendiente: un mar sin protección
La creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca quedó nuevamente en el tintero este año. También en la espera permanece la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Ambas propuestas permitirían al Perú avanzar en un compromiso en el que está totalmente rezagado, el cumplimiento de las Metas Aichi que obliga a cada país miembro del Convenio sobre Diversidad Biológica proteger, como mínimo, el 10 % de su espacio marino.
“Ninguna de las áreas protegidas marinas debe quedar atrás, deben crearse todas. Además de la Dorsal de Nasca y Mar Tropical de Grau, existe una propuesta de protección para cañones submarinos frente a Piura y La Libertad”, dice Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.
Isabel Calle, de SPDA, señala que existe una deuda pendiente en la representatividad de las áreas naturales protegidas marino costeras, pero que se mantiene el temor del sector privado de que la definición de las mismas signifique la limitación de las actividades económicas.
El ministro Quijandría asegura que la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca será aprobada antes de que termine el año 2020. Al respecto, explica que actualmente trabajan en el proceso final de validación del expediente y esta semana se realizan las últimas reuniones con varios sectores antes de que pase al consejo de viceministros y luego al Consejo de Ministros donde, finalmente, se aprueba su creación.
“En el ámbito marino tenemos una agenda bien retrasada en el Perú”, señala Quijandría. “Ese medio por ciento que tenemos de conservación efectiva en el mar es una vergüenza en términos de lo que representa el mar peruano en riqueza y aporte a la diversidad biológica”, agrega.
Sobre la reserva Mar Tropical de Grau, Quijandría menciona que tienen que “retomar el impulso para sacar adelante esta área protegida antes del 28 de julio del 2021”. En ese sentido, manifiesta que la prospección que realizó un barco noruego a inicios de año revela que el yacimiento de petróleo de esa zona “no era tan espectacular como se especulaba”, por tanto, se tiene un nuevo escenario para el establecimiento de esta área protegida.
Otro tema que causó controversia este año fue la propuesta sobre la construcción de un almacén de concentrado de minerales en el Terminal Portuario General San Martín, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.
Este puerto fue remodelado en el año 2014 y en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado para esta obra se indicaba que no se tenía previsto mover minerales por este terminal. Sin embargo, cuatro años después, en el 2018, la empresa a cargo del terminal solicitó al Estado peruano una modificación del EIA que planteaba la instalación de un almacén de concentrados de cobre y zinc, una planta para tratar las aguas residuales domésticas generadas en el puerto y una planta desalinizadora.
En septiembre de 2020, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) rechazó la propuesta de modificación del EIA.
Riveros señala que es importante la defensa de las áreas naturales protegidas que ya existen. “Ahora quieren llevar el caso al Ciadi [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones]. El estado se debe poner fuerte, pero habrá lobby para obtener más de lo que deben. Tenemos que ser firmes con las restricciones”, precisa.
El problema de la formalización de la pesca artesanal también es considerado como uno de los lastres que arrastra este sector. “Pasan meses y años y no se concreta la formalización, ni se ofrece seguro a los pescadores o mejoras en desembarcaderos. Es una deuda pendiente de muchos años que tarde o temprano va a explotar”, agrega Riveros.
Este año se han publicado algunos artículos científicos que explican cómo las pesquerías artesanales se han ido empobreciendo, no solo en términos de renta que genera al pescador sino en calidad del producto, tamaño y composición de especies.
A estos problemas en el mar peruano se debe sumar el escándalo sobre corrupción de funcionarios en el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) relacionado con el cálculo de la biomasa, la autorización de la cuota para la segunda temporada de pesca y su manipulación en beneficio del sector pesquero.
También están los casos de sobrepesca y pesca ilegal, problemas de los que ha dado cuenta Mongabay Latam. Casos de pesca de flotas con antecedentes de ilegalidad; investigaciones de la Fiscalía por tráfico de aletas y otras partes de tiburón; y la producción de conservas de pescado sin respetar las normas son algunos de los reportajes publicados por este medio.
Lo bueno: tecnología para combatir la ilegalidad y metas climáticas más ambiciosas
“La tecnología ha jugado a favor en esta época. La posibilidad de comunicar prontamente y acceder a la información que te dan los sensores, los aplicativos, que se pueden enviar desde el campo al gabinete y de una institución a otra”, reflexiona Sandra Ríos, investigadora del Instituto del Bien Común (IBC) sobre la importancia que cobró la tecnología durante la etapa de inmovilización por la pandemia del coronavirus en Perú.
Ríos menciona que el avance de la tecnología permite, actualmente, realizar monitoreo de bosques, por ejemplo, y descubrir, rápidamente, dónde se está produciendo deforestación. “Antes era muy costoso, pero ahora, no solo los costos se han reducido, sino también el tiempo de trabajo”, comenta.
Reportajes sobre la deforestación en los territorios indígenas del pueblo cacataibo o la provocada por las colonias menonitas en la Amazonía han tenido como componente importante los reportes de monitoreos satelitales.
Además de la tecnología, la ciencia también ha tenido protagonismo en este tiempo de pandemia. Para Renzo Piana, director Ejecutivo de SBC Perú, es prematuro saber “cómo la agenda de la conservación va a incorporar el coronavirus u otras pandemias en su quehacer”. Sin embargo, considera que “el coronavirus ha puesto en relieve esa línea de investigación”.
A Piana le preocupa la falta de fondos destinados a la investigación científica. Pese a ello —dice Piana— la investigación científica en Perú es de alto nivel. “Me llena de orgullo la publicación del descubrimiento de varias especies de aves tapaculos en una de las revistas más importantes del mundo. Eso demuestra que tenemos recursos humanos de buen nivel. Los investigadores se caracterizan por su resiliencia en Perú”.
La bióloga Fanny Cornejo, directora de Yunkawasi, señala que ahora se ha empezado a tomar en cuenta el contacto de las personas con la fauna silvestre para impulsar nuevas iniciativas, además que se están estableciendo protocolos para el ingreso y el trabajo de los investigadores en las áreas naturales protegidas. “Ha sido un jalón de orejas para todos. Este contexto hizo que los investigadores reflexionemos sobre el trabajo que hacemos en el campo”.
José Luis Mena, director científico de Wildlife Conservation Society (WCS) Perú, señala que “la pandemia ha puesto en evidencia que somos más frágiles de lo que pareciéramos como civilización”.
Mena recuerda que el surgimiento de una pandemia a nivel global se venía advirtiendo hace bastante tiempo hasta que finalmente sucedió en el 2020. “No será la primera si no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Y la mayor demanda de recursos implica menos hábitat para las especies silvestre y mayor contacto de las personas con los patógenos que están ahí”.
Otro de los puntos que destaca Mena ha sido la oportunidad que han tenido los científicos para difundir información a través de plataformas virtuales. “Hemos tenido conferencias por Zoom, Facebook e Instagram durante todo el año. Las redes sociales han sido determinantes”. A ello agrega la accesibilidad a las publicaciones relacionadas con el coronavirus, pues las revistas científicas permitieron que sean de acceso gratuito. “Ese ha sido un ejemplo interesante de colaboración”.
El sábado 12 de diciembre el presidente Francisco Sagasti anunció en la Cumbre sobre Ambición Climática una nueva meta: elevar su compromiso en la reducción de gases de efecto invernadero pasando de un 30 % a un 40 % para el 2030. También ratificó su compromiso de convertirse en carbono neutral en el 2050.
“Todos los signatarios del Acuerdo de París hemos acordado ser carbono neutrales para el 2050. Tenemos 30 años por delante que no son muchos y mientras antes empezamos mejor nos irá. Esa es la dirección en la que debemos ir todos los países, la única decisión es cuándo, ya no hay la posibilidad de decir quiero otro modelo. El modelo a nivel global tiene a ser más verde, más justo, más sostenible y con más equidad”, concluye Quijandría.
Imagen principal: Los campamentos mineros operan a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas. Foto: comuneros de Boca Pariamanu.
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