- En la Amazonía ecuatoriana existen al menos 427 mecheros que queman gas desde hace décadas. Poblaciones que viven alrededor aseguran que esta es una de las principales causas del alto número de casos de cáncer en la zona.
- La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos declaró que el estado ecuatoriano desconoció el derecho de nueve niñas de vivir en un ambiente sano y que violó su derecho a la salud al no proveer tecnologías limpias que evitaran la contaminación.
“Estoy muy contenta porque finalmente se hizo justicia, vamos a recuperar la naturaleza, por todos los niños enfermos, por las personas, por los padres que han luchado para mantenerse sanos, por las familias que se han mantenido también luchando aunque sea para mantener un poco de cultivo, por las familias que viven debajo de los mecheros y les ha tocado abandonar sus terrenos”, dice Leonela Moncayo, de 10 años. Esta fue su reacción después de conocer que el 26 de enero de 2021 la justicia ecuatoriana falló a favor de ella y otras ocho niñas que exigían que se apagaran los mecheros que queman gas de la industria petrolera en la Amazonía, principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Los mecheros queman gas natural y funcionan a una temperatura promedio de 400 grados centígrados desde hace más de 50 años, cuando los primeros de ellos fueron instalados por la multinacional Chevron-Texaco que perforó el primer pozo comercial en 1967. Las niñas demandantes aseguran que tienen a varios de sus familiares y amigos con problemas de salud, principalmente cáncer, debido a la contaminación del aire por la quema de gas. Algunos incluso han muerto.
Una publicación de 2017 de la Clínica Ambiental, un proyecto del Centro de Estudios y Asesoría Social (CEAS) y la organización no gubernamental Acción Ecológica, señala que, en la región amazónica del Ecuador, hay más casos de cáncer en la población que vive cerca a las zonas donde operó Chevron-Texaco y donde existen instalaciones petroleras como los mecheros.
Pablo Fajardo, abogado de las niñas y de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), asegura que la UDAPT y la Clínica Ambiental llevan dos años construyendo el registro de tumores en Sucumbíos y Orellana y han documentado 251 casos de cáncer, el 71 % de ellos en mujeres. “Esas niñas que hoy eran accionantes mañana podrían ser las víctimas de cáncer”, dice.
El largo camino en la justicia
“Tenía una compañera de mi edad, 13 años, y hace dos años y medio falleció de cáncer. Así como ella, muchos otros han muerto. Las personas que trabajan con eso [los mecheros] no se dan cuenta de que poco a poco nos están matando, el Estado no se da cuenta que de acá saca el petróleo y debería, al menos, hacer un hospital para nosotros”, cuenta Yamileth Jurado, otra de las niñas demandantes.
Hace dos semanas la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos respaldó las peticiones de las niñas Leonela Moncayo, Rosa Valladolid, Skarlett Naranjo, Jamileth Jurado, Denisse Nuñez, Dannya Bravo, Mishell Mora, Jeyner Tejena y Kerly Herrera, y ordenó apagar los mecheros. Sin embargo, el camino no fue nada fácil. (Lea aquí el reportaje: “Apaguen los mecheros”: niñas acuden a la justicia para frenar la quema de gas en la Amazonía de Ecuador)
El 20 de febrero de 2020, las niñas presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua argumentando que el impacto de los mecheros vulneraba su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En su demanda dijeron que los mecheros han causado daños en la salud de los habitantes de la zona y contaminado el agua lluvia que creían era la única fuente de agua limpia que quedaba.
Sin embargo, el 7 de mayo les negaron la acción de protección. Una de las justificaciones de la justicia ecuatoriana era que no existían estudios que confirmaran afectaciones a la salud debido a los mecheros. Aun así, el médico Alfredo Maldonado le dijo a Mongabay Latam que ese argumento era absurdo porque sí existen estudios, solo que no son del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por su parte, Vivian Idrobo, una de las abogadas de las niñas, dijo que la falta de un estudio hecho por el MSP es una prueba de la omisión del Estado y no una prueba de que los mecheros no causan enfermedades.
Las niñas no desistieron de sus peticiones y apelaron la sentencia. Los meses que siguieron fueron más difíciles y, en cierto punto, pensaron que sus pretensiones serían negadas. La audiencia de segunda instancia se aplazó cinco veces desde la fecha inicial el 25 de junio de 2020. No se realizó ese día y se programó para el 16 de julio, luego se cambió para el 26 de agosto, después se pospuso para el 16 de septiembre y finalmente se llevó a cabo el 2 de octubre. La incertidumbre reinó y tuvieron que esperar casi cuatro meses para escuchar la sentencia, que terminó siendo favorable para ellas.
“[…] Declara que el estado ecuatoriano ha desconocido el derecho que les asiste a las accionantes a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, desatendiendo con la actividad contaminante su derecho a la salud, al no proveer o promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías no contaminantes y de alto impacto”, dice la sentencia.
Carmen Samaniego, madre de una de las niñas demandantes y paciente con cáncer desde hace cinco años, asegura que está feliz pues los jueces les dieron la razón, declarando que el Estado ha vulnerado los derechos de las niñas y ordenaron que se apliquen medidas de reparación integral. “Esto es una gran victoria no solo para las nueve niñas sino para el país entero”, asegura.
Para María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines, una de las ONG que acompañó la demanda, este fallo es una nueva victoria histórica por los derechos de las comunidades, como las obtenidas en 2019 por los indígenas waorani cuando impidieron la explotación petrolera en el bloque 22 o los indígenas kichwa de Santa Clara cuando lograron que la justicia detuviera la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Piatúa que había incumplido con la consulta previa y tenía falencias en sus estudios de impacto ambiental.
Veeduría para que se cumpla la sentencia
“Esta sentencia se considera histórica porque reconoce la vulneración de varios derechos: el de la salud, los de la naturaleza y el de un ambiente sano. Y reconoce que el estado ecuatoriano también ha venido incumpliendo de manera sistemática obligaciones internacionales, en este caso, en la lucha contra el cambio climático. Le exige a las empresas petroleras que ajusten sus procedimientos y estándares a procedimientos limpios y seguros”, dice Espinosa.
Durante todo el proceso el Estado se manifestó en contra de la demanda argumentando que esta acción era contra la actividad petrolera y que si los jueces llegaban a decidir a favor de las niñas, “se quebrará la economía de Ecuador”. Pero el abogado Pablo Fajardo asegura que en ninguna parte de la demanda se pidió la suspensión de la explotación de petróleo, solo que “pueden hacerlo sin usar los mecheros”.
El tener esta sentencia a favor es considerado un logro para las niñas y los habitantes de la Amazonía que viven cerca de los mecheros. Sin embargo, el temor de los abogados es que la decisión se quede solo en el papel, pues no es claro cuándo se deberán apagar los mecheros y cómo se reemplazará esta práctica.
“De nuestra parte hay un interés para que se apaguen los 447 mecheros que hoy están quemando gas. Apagarlos requiere de nuevas alternativas que estaban previstas en la demanda. Puede pasar por la utilización para gas doméstico, generación de energía en las instalaciones petroleras o la reinyección”, asegura Espinosa.
Las comunidades están esperando que haya una nueva audiencia para determinar cómo se reparará a los habitantes afectados de Sucumbíos y Orellana. La abogada Espinosa espera que esa reparación venga acompañada de medidas claras en la atención en salud para al menos 251 personas que hoy padecen cáncer y que están registradas en la investigación que realiza la UDAPT y la Clínica Ambiental.
Las niñas, sus familiares y los abogados dicen que esta decisión judicial traerá beneficios en salud, medio ambiente e incluso en la economía. Espinosa afirma que si se eliminan los mecheros habrá una disminución en la aparición de enfermedades como el cáncer, asociadas a la quema de gas, lo que disminuirá la demanda de servicios de atención en un sistema de salud que todavía es muy precario en la Amazonía.
Fajardo menciona que cada año el estado ecuatoriano gasta más de 600 millones de dólares importando gas. “En los mecheros se quema más gas al año que todo lo que necesita el país y eso se podría aprovechar”, dice. Incluso, en la lectura de la sentencia, los jueces destacaron que si el estado ecuatoriano elimina los mecheros, “ayudaría a reducir al menos el 24 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del país”.
Las niñas piden que la sentencia se cumpla de inmediato pues llevan años luchando para que el estado ecuatoriano exija, a las empresas públicas y privadas, el uso de tecnologías más limpias en la zona de mayor actividad petrolera del país. “A dos cuadras de mi casa hay mecheros. Ellos [funcionarios del Estado] viven lejos de aquí y no respiran ese humo. A muchos no nos paran bola [prestan atención] porque somos de bajos recursos, no tenemos dinero, piensan que somos nadie. Exijo que eliminen los mecheros. Por culpa de eso muchas personas se están muriendo”, asegura la niña Yamileth Jurado.
*Imagen principal: Según el Colectivo Eliminen los Mecheros, que Encendemos la Vida existen 447 mecheros en la Amazonía. La mayoría están en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Foto: José María León.
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