- El Gobierno sigue sin resolver el tema estructural de la tierra, que según los expertos es el corazón del problema de la deforestación.
- La Campaña Artemisa lleva más de un años y aún no hay resultados concretos contra la deforestación.
Una estrategia para enfrentar la deforestación fue presentada por el Gobierno de Colombia en enero de 2021. El presidente del país, Iván Duque, anunció la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques que se aplicará en los próximos 10 años en Colombia.
Duque presentó su plan contra la deforestación, denominado Conpes, en Leticia, en el departamento de Amazonas, un documento que funciona como una hoja de ruta en materia económica y social. Aunque Duque manifestó que se trataba del primer Conpes contra la deforestación, sin embargo, el profesor en Política Forestal José Miguel Orozco, recuerda que desde 1996 existe un documento Conpes sobre Política de Bosques que tiene como uno de sus principales objetivos reducir la deforestación.
El nuevo Conpes también incluye la negociación con organizaciones campesinas, sociales y étnicas con las que el gobierno no ha tenido buena relación, además de la desconfianza que existe en las rurales por la falta de resultados concretos de la Campaña Artemisa, la estrategia militar contra la tala. Además, sigue pendiente la titulación y formalización de predios, una de las herramientas propuestas para lucha contra la deforestación. ¿Qué está pasando en Colombia?
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¿Quiénes están detrás de la deforestación?
Cuando Duque anunció la Campaña Artemisa, en abril de 2019, indicó que detrás de la pérdida de bosque estaban principalmente los cultivos de coca y, por ende, el narcotráfico y las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esta vez el Gobierno ha ampliado su mirada a otros motores de deforestación, incluyendo el acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos. Sin embargo, desde el inicio de la Campaña Artemisa solo ha ocurrido una captura de cuatro supuestos “grandes deforestadores”, en Mapiripán, Meta, quienes serían miembros de la disidencia del frente primero de las FARC.
Hubo otros operativos pero que no fueron parte de la Campaña Artemisa. Entre ellos uno en San José del Guaviare, dentro del resguardo indígena Nukak Makú; y dos en San Vicente del Caguán, Caquetá. El último en enero de este año en el que se detuvo a un ganadero señalado como uno de los mayores auspiciadores de la deforestación en el Parque Nacional Natural Tinigua. Se le imputaron delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio, pero solo se ordenó arresto domiciliario en lugar de prisión efectiva.
“Mientras la Fiscalía avanza en esos casos, es probable que estas personas no reciban una sanción dura porque el Código Penal no tipifica la apropiación ilegal de tierras como delito, cuando es el problema madre de la deforestación”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Botero indica que tampoco se tipifica la conexión del acaparamiento con el uso de dineros públicos, el lavado de activos, la asociación con terceros, y demás modalidades que permiten consolidar la apropiación de las tierras una vez han sido deforestadas. Sobre esto, el presidente Duque dijo que el Gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos ambientales.
Una mirada a la Campaña Artemisa
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre enero y marzo del año pasado, la Amazonía concentró el 68.3 % de las alertas de deforestación, mientras que en el mismo periodo del 2019 la cifra fue de 57 %.
Meta, Guaviare y Caquetá han sido los departamentos con mayor incremento de deforestación, y es ahí donde se concentra la Campaña Artemisa. Como parte de esta campaña el 10 % de los soldados reclutados por año en Colombia son capacitados para dedicarse exclusivamente a prestar servicio ambiental, una acción que figura en la ley ambiental desde 2017.
Según cifras del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) a diciembre de 2020, para Artemisa y demás operaciones ambientales se destinaron 14 489 hombres —entre Ejército, Fuerza Aérea y Armada— y 7811 policías. También da cuenta de ocho operativos: tres en el Parque Chiribiquete (en abril, junio y agosto de 2019), uno en el Parque Tinigua en febrero de 2020, uno en el Parque La Macarena en septiembre de 2020; uno en el Parque La Paya y otro en bosque prístino del departamento de Caquetá en octubre de 2020 y un último en la zona del Yarí, en límites entre los departamentos de Meta y Caquetá, en noviembre de 2020.
Según la CGFM, en esos ocho operativos se recuperaron más de 9000 hectáreas de bosque, aunque un exmilitar de alto nivel indica que recuperar significa que “hacen el operativo y esas hectáreas quedan vacías porque sacan a la gente, pero no necesariamente quiere decir que hay presencia institucional permanente”.
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Así fueron los operativos de la Campaña Artemisa
Durante el primer operativo, realizado en Chiribiquete, en abril de 2019, se capturaron 10 personas y, según informó el gobierno, se recuperaron 120 hectáreas de bosque. Sin embargo, una Comisión de Verificación viajó hasta la zona para constatar lo sucedido, e informó que en realidad hubo daños en la vegetación y murieron animales; mientras que las personas capturadas fueron liberadas 24 horas después bajo la condición de no volver al lugar.
Una situación similar se presentó con los incendios de La Macarena, de marzo de 2020. El objetivo era capturar a 35 ganaderos dueños de vacas dentro de Parques Naturales, pero cuando llegaron solo detuvieron a 20 personas y 16 de ellos eran campesinos que no eran dueños ni de ganado ni de tierras. Al parecer se filtró la información sobre el operativo.
Aunque los fiscales no han dado con los grandes financiadores de la deforestación, aseguran que tienen pistas e información clave para armar el rompecabezas, además que han podido identificar por qué medio les pagan a los campesinos para que talen, cada cuánto lo hacen y dónde se dan esos pagos.
“De los ocho operativos en los que entran, capturan y se van, uno sí detecta una reducción en la tala en esa zona los primeros meses, pero en la mayoría lo que se ve es que la gente regresa a seguir talando”, asegura Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM.
Otro obstáculo es que, por tratarse de operaciones que juntan a tantas fuerzas y entidades del Estado al mismo tiempo, “hay fugas de información”. Aunque ya se anunciaron más operativos ‘Artemisa’, expertos aseguran que lo que más podría frenar la deforestación es resolver la incertidumbre jurídica sobre la tierra.
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El conflicto de la seguridad jurídica
La principal base para frenar la deforestación es el catastro. El directorio de tierras que hoy solo está actualizado en un 15 % y es un punto clave del Acuerdo de Paz con las FARC. Actualizar el catastro ayudaría a reducir la incertidumbre jurídica sobre la tierra, evitando el acaparamiento, uno de los principales motores de la deforestación según el Ministerio de Ambiente.
La meta del Gobierno es tener el catastro actualizado en un 34 % a diciembre de 2021. Para ellos, Duque ha anunciado la creación de una mesa técnica liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para priorizar la gestión catastral y que el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Ambiente adelanten la formalización de territorios étnicos.
Para hacer el catastro en los territorios étnicos, el Gobierno tendrá que hacer una consulta previa con indígenas, afros y otros grupos minoritarios. Estos son sectores sociales que salieron a marchar en el paro de noviembre de 2019 en contra del Gobierno y con los que Duque ha tenido duras tensiones.
El Gobierno tendrá que negociar la puesta en marcha del catastro en territorios colectivos. En 143 municipios existen los fondos para financiar el catastro, pero en 110 de ellos hay grupos étnicos con los cuales se tendrá que conversar.
Aunque el Gobierno puede empezar por entrar a predios que no se crucen con territorios colectivos, tendrá que negociar esos dos puntos con las comunidades étnicas y eso puede tomar mucho tiempo para una actualización catastral que es urgente en el país.
Imagen de portada: El 58 % del área con coca, se concentra en tan solo dos parques, Sierra de la Macarena y Nukak. Foto Cortesía SIMCI / UNODC.
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