- En México, el innovador tratado para América Latina y el Caribe que nace para garantizar el acceso a los derechos de información, participación y justicia ambiental, buscará tener vida más allá del papel en un contexto donde no cesan las agresiones contra quienes defienden el ambiente y el territorio.
- Tan solo en 2020, en el país fueron asesinados 18 defensores de derechos humanos en temas ambientales.
*Este reportaje es parte de la alianza periodística con el proyecto Tierra de Resistentes.
A Carlos Márquez Oyorzábal lo mataron la noche del sábado 3 de abril de 2021. Un grupo de hombres lo interceptó en uno de los caminos de la sierra de Guerrero, al sur de México, cuando iba en su cuatrimoto con dos de sus hijos (de 18 y 12 años) de regreso a su comunidad Las Conchitas, después de comprar víveres. Antes de liberar a los muchachos, los obligaron a mirar cómo torturaban y asesinaban a su padre.
Carlos Márquez tenía 43 años y cuatro hijos. Era comisario municipal de Las Conchitas, una pequeña población del municipio de San Miguel Totolapan; zona serrana donde aún es posible encontrar tierras habitadas por árboles, pese a la expansión de los cultivos de amapola y la presencia del crimen organizado que, durante los últimos años, ha hecho de la tala ilegal parte de sus negocios.
Hace poco menos de un año, Márquez y otros habitantes de pequeños poblados de San Miguel Totolapan se organizaron para crear su propia policía comunitaria y defenderse del grupo que, además de controlar el cultivo de amapola, entra a sus bosques para talarlos y —en asociación con empresarios de aserraderos de la zona— comercializa esa madera con documentos falsos, de acuerdo con integrantes del Observatorio para la paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero.
Desde finales de 2019, integrantes de ese Observatorio informaron sobre la urgencia de contar con presencia institucional en la zona para proteger a las comunidades y sus bosques. Sus denuncias no se escucharon. Ahora, el nombre de Carlos Márquez Oyorzábal se suma a la lista de defensores de medio ambiente y territorio asesinados en México. Tan solo durante los primeros cuatro meses de 2021 se han contabilizado seis casos; cinco de ellos en Paso de la Reyna, Oaxaca.
El asesinato de Carlos Márquez sucedió 19 días antes del 22 de abril de 2021, fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el tratado de América Latina y el Caribe que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.
El Acuerdo de Escazú, además de impulsar la protección de los defensores de ambiente y territorio, tiene como objetivo que los Estados de la región garanticen el acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales.
En México —uno de los doce países que ratificó el tratado y con ello impulsó su entrada en vigor— el Acuerdo de Escazú buscará implementarse en un contexto en el que historias como la de Carlos Márquez también se encuentran en zonas como la Tarahumara o la sierra de Jalisco; en una nación donde se han documentado más de 500 conflictos ambientales, en donde los mecanismos de participación ciudadana —como las consultas— se han transformado en meros trámites; en un país donde las dependencias ambientales intentan funcionar con el presupuesto más bajo de toda su historia y en donde el gobierno federal es el principal promotor de megaproyectos.
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“El Acuerdo de Escazú llega en un contexto nacional bastante complicado, un contexto hostil e impune, sobre todo para los defensores”, reconoce Tomás Severino, director de Cultura Ecológica, una de las organizaciones de la sociedad civil que, desde hace más de una década, impulsaron la existencia del tratado regional.
Pese al contexto adverso, Tomás Severino confía en que Escazú será una herramienta poderosa para la defensa del medio ambiente, que no se quedará en el papel como ha sucedido con otros tratados ambientales. “Este es un acuerdo de derechos humanos y eso hace una gran diferencia. Escazú es un paraguas mucho más amplio”.
Un primer paso: acceso a la información ambiental
Las organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel vital para impulsar el Acuerdo de Escazú. Fueron ellas las que, hace ya algunos años, promovieron la creación de un instrumento para América Latina y el Caribe que se enfocara al cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el cual señala que toda persona debe tener acceso a la información, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. Para esto se tomó como ejemplo el Convenio de Aarhus, que adoptaron los países europeos desde 1998.
La bióloga Olimpia Castillo, de Comunicación y Educación Ambiental, recuerda que fue durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas del 2012, conocida como Río+20, cuando se promovió la creación de un tratado para América Latina y el Caribe. Tuvieron que pasar seis años para que, en marzo de 2018, se concretara lo que formalmente es el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, pero que se conoce coloquialmente como el Acuerdo de Escazú, nombre de la ciudad de Costa Rica donde se adoptó.
En países como Perú, Chile o Paraguay, los sectores empresariales y políticos presionaron para que Escazú no prosperara. En México eso no sucedió. Integrantes de la sociedad civil que impulsó el tratado coinciden en que en el país su ratificación tardó dos años por el cambio en la administración pública y la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
Hoy son las mismas organizaciones civiles que promovieron el acuerdo las que, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizan una evaluación sobre cómo se encuentra México y sus leyes ambientales respecto a lo que establece el Acuerdo de Escazú.
Un primer diagnóstico muestra que el país tiene un camino recorrido en el tema de acceso a la información, al contar con una ley sobre el tema y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero aún se tienen pendientes para garantizar el derecho al acceso a la información en temas ambientales.
Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú señala que es obligación del Estado contar con sistemas de información ambiental actualizados, los cuales incluyan, entre otras cosas, el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización. Esta información no está disponible en México.
El Estado también deberá promover el acceso a la información ambiental que se encuentre en manos de privados y que tenga que ver con concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado e involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos.
Xavier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recuerda que con la entrada en vigor el Acuerdo de Escazú, México también debe construir un sistema de alerta temprana relacionado con amenazas inminentes a la salud pública o al medio ambiente.
Además, el país tendrá que presentar, por lo menos cada cinco años, un informe sobre el estado del medio ambiente. Toda esa información debe difundirse en forma accesible para todas las personas.
Las acciones que el país debe realizar para garantizar el acceso a la información en temas ambientales son mínimas si se comparan con los grandes retos que tiene para cumplir con lo que marca el Acuerdo de Escazú en temas de participación ciudadana, justicia ambiental y protección a los defensores de ambiente y territorio.
Rescatar el derecho a participar
Cuando el Acuerdo de Escazú aún era una promesa, cuando estaba en el periodo de firma y no había certeza sobre su futuro, en tribunales mexicanos ya se le invocaba para exigir derechos.
Así sucedió en, por lo menos, dos casos. Uno de ellos fue en la denuncia contra la construcción de una presa de jales de Grupo México, cerca de la comunidad de Bacanuchi, en el estado de Sonora. Cuando se presentó esta demanda, los habitantes del poblado localizado al norte del país ya conocían bien los efectos negativos de la minería. En 2014, una mina perteneciente a Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi.
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En el caso de la nueva presa de jales, los habitantes de Bacanuchi reclamaron que esta se construyó sin un proceso previo de información y consulta a la comunidad. Durante el proceso legal, se citó el Acuerdo de Escazú, explica la abogada Victoria Beltrán, coordinadora del área legal de PODER, organización civil que acompaña en sus demandas a la comunidad.
En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la comunidad de Bacanuchi, al señalar que se violó su derecho a participar de manera informada en decisiones que pudieran afectar el medio ambiente sano. Los jueces reconocieron, por primera vez en México, el derecho de consulta previa para una comunidad no indígena; además, ordenaron al gobierno realizar una reunión pública de información para explicar el alcance del proyecto. Aun así, la lucha de Bacanuchi continúa, porque hasta ahora está pendiente el cumplimiento de la sentencia.
Para Beltrán, el Acuerdo de Escazú abre la puerta para comenzar un rescate y reapropiación del derecho a la participación, “un derecho que en algún momento se desvaneció”.
Un ejemplo de lo que señala Beltrán es el caso de la consulta pública que se realizó entre noviembre y diciembre de 2019 para uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el llamado Tren Maya que se construye en la Península de Yucatán, al sur de México, en un territorio donde se encuentra uno de los bosques tropicales más importantes en América Latina y el Caribe: la selva maya.
La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que la consulta para el Tren Maya no cumplió con los estándares internacionales.
Victoria Beltrán destaca que para garantizar el derecho a la participación, esta tiene que ser “significativa, efectiva y que influya en la toma de decisiones”. Para lograrlo, apunta, se tendrá que poner el acento en revertir los desequilibrios de poder en el momento de implementar el Acuerdo de Escazú.
Para el abogado Xavier Martínez, del CEMDA, el Acuerdo de Escazú tendrá que ayudar a impulsar la participación “en espacios donde tradicionalmente se ha ignorado la voz de las comunidades; como sucede con el otorgamiento de los permisos de cambio de uso de suelo, las concesiones mineras o las concesiones de agua”.
Entre mejor se implemente el Acuerdo de Escazú en la parte de información y participación, destaca la abogada Victoria Beltrán, “se podrán disminuir los conflictos ambientales”.
Construir el acceso a la justicia ambiental
El Acuerdo de Escazú propone “una transformación de la gobernanza ambiental”, han señalado organizaciones que acompañan a comunidades en su defensa del ambiente y el territorio, entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
La entrada en vigor de este tratado, destacó Fundar en un comunicado en enero pasado, es una oportunidad para que el Estado mexicano avance y muestre voluntad de cumplir con los derechos humanos ambientales, “asignando los recursos necesarios”.
Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el sector ambiental enfrenta una disminución importante en su presupuesto. Esa tendencia se agudizó con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Si en 2016 se destinaron poco más de 55 mil millones de pesos a todo el sector ambiental; para 2021 esa cantidad disminuyó a 31 mil 348 millones de pesos.
A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que tiene como tarea vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales, este año se le destinaron poco más de 742 millones de pesos. En 2020 recibió 793 millones de pesos. Esa falta de presupuesto ha provocado que se tenga “una institucionalidad (ambiental) muy mermada”, resalta Tomás Severino.
Además, en lo que va del sexenio de López Obrador, la dependencia con más cambios es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): en dos años ha tenido tres diferentes titulares.
La falta de estabilidad en la Semarnat ha provocado, entre otras cosas, que se hayan cerrado espacios de participación ciudadana en temas ambientales. Olimpia Castillo, de Comunicación y Educación Ambiental, menciona que los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable o del Consejo de Educación Ambiental “solo existen de nombre”.
Si en la participación ciudadana en temas ambientales, México “está mal, en acceso a la justicia ambiental estamos muy mal”, resalta Mauricio Limón, abogado especialista en derecho ambiental y autor del libro Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú, un análisis comparado con el Convenio de Aarhus y sus implicaciones para México (publicado por Editorial Tirant lo Blanch, en marzo de 2020).
Un ejemplo que ilustra la afirmación del abogado Mauricio Limón: en la actualidad, los ciudadanos pueden presentar denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero la dependencia no informa a los denunciantes el resultado de su investigación o de sus procedimientos, por lo que no es posible impugnar la resolución.
Además, Olimpia Castillo recuerda que desde 2013 la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala que el Poder Judicial de la Federación deberá contar con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental. Estos juzgados tendrían que haberse establecido a más tardar en 2015. Eso no ocurrió.
Tomás Severino señala que México podría evaluar las experiencias en otros países, como Chile, en donde los tribunales ambientales se componen por dos personas que tienen formación en leyes y por un especialista en ciencias ambientales o ciencias exactas. “Esto —resalta— permite tener visiones más amplias para resolver problemas ambientales”.
El Acuerdo de Escazú, considera el abogado Mauricio Limón, debe ser una “hoja de ruta para el acceso a la justicia ambiental en México” y para tener mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales. Esa es una de las grandes deudas que se tienen en el país en temas ambientales: las sentencias judiciales no se cumplen.
Mauricio Limón recuerda el caso de la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, al norte del país. En 2013, el gobierno municipal promovió la creación de un “Parque Ecológico”, el cual se construiría con recursos públicos y privados. Para hacer esa obra se taló el manglar, lo cual está prohibido por la legislación mexicana.
Vecinas de la Laguna del Carpintero presentaron un amparo en contra de esta obra, al señalar que con su realización se violaba su derecho a un ambiente sano. El caso —donde también se invocó al Acuerdo de Escazú antes de que entrara en vigor— llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En noviembre de 2018 los jueces resolvieron que sí se causaron daños ambientales, pero se dejó en manos de las autoridades municipales, que fueron las que desmontaron el manglar, la supervisión de las obras de restauración.
El Acuerdo de Escazú también ayudaría a eliminar una de las trabas que hoy existen para el acceso a la justicia ambiental y que es lo que en términos jurídicos se conoce como “la carga de prueba”.
El abogado Xavier Martínez, de CEMDA, explica que en los litigios se pide que sean las comunidades las que demuestren, por ejemplo, que un río contaminado daña la salud o que la llegada de una mina transforma su forma de vida; a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, eso podrá cambiar, porque la carga de prueba deberá presentarla quien esté en posibilidades de realizar los estudios.
La urgencia: proteger a los defensores
Si algo hace innovador al Acuerdo de Escazú es que se trata del primer instrumento jurídico vinculante que reconoce a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Además, remarca que los Estados tienen la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en temas ambientales; así como realizar la debida investigación de las agresiones y la eventual sanción de los responsables.
En México, la figura de los defensores de ambiente y territorio comenzó a reconocerse a partir de 2015, explica Lucía Velázquez, colaboradora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y quien desde hace siete años investiga y documenta las agresiones en contra de los defensores de ambiente y territorio.
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Entre 1995 y 2019, la investigadora contabilizó 147 defensores ambientales asesinados en México; en ese mismo periodo documentó 503 casos de defensores ambientales agredidos.
Para el año de 2020, se registraron 18 asesinatos de personas defensoras de ambiente y territorio, de acuerdo con un informe realizado por el CEMDA. Y en los primeros tres meses de 2021, reportes periodísticos daban cuenta de seis asesinatos a defensores, entre ellos el de Carlos Márquez, en la sierra de Guerrero.
En el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, publicado por CEMDA, también se menciona que de los 65 ataques documentados en ese año, nueve fueron casos de estigmatización realizados por parte de autoridades del Estado mexicano, entre ellos el propio presidente de la República, quien en más de una ocasión ha realizado señalamientos públicos en contra de los defensores del medio ambiente y el territorio.
Para Xavier Martínez, de CEMDA, para avanzar en la construcción de un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales y de territorio es necesario detener su estigmatización y su criminalización, además de garantizar su participación real en la toma de decisiones.
Otra medida urgente es revisar a fondo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que existe desde 2012 y depende de la Secretaría de Gobernación. En los hechos, este instrumento que no ha sido una herramienta eficaz para proteger y evitar los asesinatos de los defensores ambientales y de territorio.
Así lo muestra la historia de Julián Carrillo, indígena rarámuri que denunció cómo personas ajenas a su comunidad, Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, talaban sus bosques para sembrar amapola.
Por su defensa al ambiente y territorio, Carrillo y otros habitantes de Coloradas de la Virgen recibieron amenazas. Fue por eso que en 2014, cuatro personas de esta comunidad ubicada en la Sierra Tarahumara —entre ellas Julián Carrillo— ingresaron al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La protección que se le otorgó a Julián Carrillo se limitó a entregarle un teléfono satelital y darle acompañamiento policiaco durante sus traslados fuera de la comunidad. Esas medidas no sirvieron. A Carrillo lo asesinaron el 24 de octubre de 2018; las amenazas contra los habitantes de Coloradas de la Virgen siguieron e, incluso, muchos de ellos fueron obligados a dejar sus casas y sus tierras.
“El mecanismo deja mucho que desear —señala la investigadora Lucía Velázquez—, a los defensores no se les da un seguimiento adecuado. No ha servido para protegerlos”.
A partir del Acuerdo de Escazú, apunta Xavier Martínez del CEMDA, “el Estado mexicano va a tener que transformar estructuras, como el mecanismo, y alojar presupuestos para garantizar la protección de los defensores”.
El abogado Mauricio Limón resalta que de todos los temas que se deberán trabajar a partir del Acuerdo de Escazú, el de la protección a los defensores ambientales es el “punto más delicado y urgente, porque no solo está en juego el tema ambiental o socioambiental; está en juego la democracia, el Estado de derecho y la vida de personas y comunidades”.
Camila Zepeda, directora general de temas globales de la subsecretaría de Relaciones Exteriores, asegura que se han dado reuniones con la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, los procuradores y otros actores para hacer un diagnóstico del mecanismo.
De hecho, Zepeda asegura desde finales de enero pasado, después de que México depositó la ratificación del Acuerdo de Escazú ante las Naciones Unidas, se comenzaron a tener mesas de trabajo con diferentes dependencias para construir una hoja de ruta que permita la implementación del tratado.
“El Acuerdo de Escazú tiene el potencial de permitir que México actualice sus instituciones e instrumentos normativos para enfrentar con mejores herramientas las crisis ambientales y climáticas que ya están presentes”, insiste Tomás Severino.
Para Olimpia Castillo el primer paso para hacer que el Acuerdo de Escazú funcione es que se conozca su contenido y el potencial que tiene. “Fuera del ámbito ambientalista no se conoce. Tenemos que darlo a conocer y ayudar a que la gente se apropie del acuerdo”.
En la comunidad Las Conchitas, en San Miguel Totolapan, Guerrero, nada saben sobre el Acuerdo de Escazú. Los cerca de 40 habitantes del lugar solo saben que por defender el bosque y el territorio asesinaron a su comisario municipal, Carlos Márquez.
Después del asesinato de Márquez, funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llegaron a Las Conchitas. Escucharon a la viuda de Carlos decir que no dejaría su casa, que se quedaría en Las Conchitas. La mujer y sus hijos pidieron lo mismo que meses atrás solicitó su esposo y otros habitantes de comunidades de la región: que las dependencias federales y estatales hagan su trabajo, que no los dejen solos en su lucha por defender su territorio y detener la tala de sus bosques.
*Este reportaje forma parte de Tierra de Resistentes, un proyecto coordinado por Consejo de Redacción con la financiación de Ambiente & Sociedad.
Imagen principal: El proyecto del Tren Maya contempla la rehabilitación de las vías ya existentes, la construcción de nuevas y, sobre todo, el establecimiento de lo que ha llamado “Polos de Desarrollo”. Foto: Robín Canul.
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