- Una sentencia judicial reconoce, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato de un defensor de ambiente y territorio, así como el impacto que este tipo de crímenes generan en una comunidad.
- Después del asesinato de Julián Carrillo Martínez, ocurrido en octubre de 2018, se intensificó la violencia contra los habitantes de Coloradas de la Virgen, en el estado de Chihuahua. Alrededor de 50 familias fueron desplazadas.
En el tribunal, los jueces escuchan a cada uno de los 20 indígenas rarámuri y ódami hablar sobre su comunidad, Coloradas de la Virgen, en el sur del estado de Chihuahua. Ellos cuentan cómo desde hace años personas ajenas al territorio han matado a sus autoridades tradicionales y a sus familias, cómo han talado sus bosques y en lugar de árboles, siembran amapola; cómo han quemado sus casas, cómo les han robado su ganado y cómo los han obligado a desplazarse de sus tierras.
En ese mismo tribunal, uno de los indígenas muestra la cicatriz de 20 centímetros que resalta en su abdomen. Es la evidencia de un ataque que sufrió en septiembre de 2020. A pesar de esa agresión, él decidió quedarse en Coloradas de la Virgen; aún cuando desde octubre de 2018, al menos 50 familias han sido obligadas a dejar esta comunidad ubicada en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, muy cerca de la zona donde se marca la frontera con el estado de Sinaloa.
Durante todo febrero y los primeros días de marzo de este año, la voz de unos 20 indígenas desplazados, y algunos que aún viven en Coloradas de la Virgen, se escuchó por primera vez en un tribunal. Fueron testigos en el juicio por los asesinatos de Julián Carrillo Martínez, ocurrido el 24 de octubre de 2018, y de su hijo Víctor, registrado en febrero de 2016.
Julián y Víctor son dos de por lo menos diez habitantes de Coloradas de la Virgen que han sido asesinados durante la última década por defender su territorio y sus bosques. En esa lista también está el nombre de Isidro Baldenegro López, rarámuri que en 2005 ganó el Premio Goldman, galardón considerado como el Nobel ambiental. A él lo mataron en enero de 2017.
La larga historia de violencia llegó a un punto decisivo cuando, el pasado 12 de marzo de 2021, un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Chihuahua emitió la sentencia por el asesinato de Julián Carrillo y su hijo Víctor: 48 años de prisión para uno de los autores materiales de los homicidios.
Los jueces fueron más allá: establecieron que el Estado mexicano falló en brindar protección a los defensores del territorio y que ahora tiene la obligación de reparar el daño a las personas que han sido desplazadas de Coloradas de la Virgen. Además, debe garantizar las condiciones para que las familias tengan un regreso digno y seguro a su comunidad.
Para la familia de Julián Carrillo, la sentencia abre un sendero para regresar a Coloradas de la Virgen y recuperar su territorio. “Se está haciendo un poco de justicia”, dice uno de sus hijos. Aun así, el miedo es algo que no pueden alejar porque las amenazas persisten.
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Despojo y asesinatos
La comunidad de Coloradas de la Virgen vive en un área de 49 500 hectáreas. En ese amplio territorio se dispersan varias rancherías, donde en algún momento llegaron a vivir alrededor de 700 personas, la mayoría de la etnia rarámuri. La ranchería principal lleva el mismo nombre de Coloradas de la Virgen, ahí se ubica el centro ceremonial, la iglesia —sin que ningún sacerdote acuda a la comunidad— y una única escuela que permanece sin maestro desde hace más de una década.
Es necesario ir al pasado para entender parte del presente de esta región pues, desde hace décadas, los indígenas de la comunidad reclaman su derecho a decidir sobre los recursos forestales de su territorio. En 1953, el gobierno mexicano registró la parte más boscosa de las 49 500 hectáreas como ejido (terreno comunitario); el resto, sobre todo una zona de barrancas, se quedó como una comunidad agraria.
En 1992 se realizó una asamblea para depurar la lista de ejidatarios, porque muchos habían fallecido. Julián Carrillo y otros habitantes de Coloradas de la Virgen denunciaron que durante esa asamblea se presentaron varias irregularidades: los acuerdos fueron avalados con firmas y huellas de indígenas que para esa fecha ya estaban muertos. La mayoría de los nuevos miembros del ejido eran mestizos, entre ellos el empresario Artemio Fontes Lugo, su familia y trabajadores.
En 2007, los nuevos ejidatarios tramitaron y obtuvieron permisos de aprovechamiento forestal para explotar el bosque. Eso llevó a que los indígenas, con el acompañamiento de organizaciones civiles, emprendieran denuncias ante el Tribunal Agrario para que se cancelaran los permisos forestales y se reconociera su derecho a decidir sobre el bosque de pino y encino.
Cuando Julián Carrillo fue nombrado Comisario de Bienes Comunales de Coloradas de la Virgen, se transformó en uno de los líderes más visibles que denunciaron el despojo de sus bosques y el avance de los cultivos ilegales, como la amapola. Sus denuncias las realizó en diversas dependencias, entre ellas el Tribunal Agrario, instancia que en 2015 suspendió los permisos de aprovechamiento forestal.
A partir de ese momento se intensificó la violencia contra la comunidad y un año antes, en febrero de 2014, Julián Carrillo y otros tres habitantes de Coloradas de la Virgen fueron incorporados al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación.
La protección que se le otorgó a Carillo se limitó a entregarle un teléfono satelital y darle acompañamiento policiaco durante sus traslados fuera de la comunidad. Sin embargo, esas medidas no evitaron que, en febrero de 2016, asesinaran a su hijo Víctor, a otros miembros de su familia y que, finalmente, el 24 de octubre de 2018 acabaran con su vida.
Su homicidio desató una nueva ola de amenazas contra la comunidad. Varias familias habían sido obligadas a dejar Coloradas de la Virgen pero luego de la muerte del defensor rarámuri, el desplazamiento aumentó. De unas 50 familias que habitaban la comunidad, solo quedaron dos o tres, señalan los mismos desplazados.
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Sentencia sin precedentes
El juicio por el asesinato de Julián Carrillo y su hijo Víctor es el primero en el que participa la Fiscalía de Derechos Humanos de Chihuahua, instancia cuya creación fue impulsada por organizaciones de defensa de derechos humanos y que cuenta con una unidad de análisis de contexto.
“En el juicio se tomaron en cuenta los antecedentes, la historia en que se dio el homicidio de Julián y su hijo”, explica la abogada Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), una de las asesoras legales del caso y quien califica la sentencia como “histórica”, porque es la primera vez que un tribunal local “reconoce la calidad de víctimas indirectas a una comunidad completa; reconoce el impacto que tiene el asesinato de un defensor de derechos humanos en una comunidad y dicta medidas de reintegración integral”.
Para documentar los agravios colectivos, la Fiscalía trabajó muy cerca con la familia de Carrillo, la comunidad y las organizaciones civiles que los representan.
“Lo que en un principio iba a ser una acusación como cualquier otra, donde solo se iba a tomar en cuenta la afectación a las familias, finalmente fue un interrogatorio con pertinencia cultural […] Marca un precedente en documentar el daño a la comunidad y las familias”, destaca Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, organización que acompaña la lucha de Coloradas de la Virgen. Para ella, el juicio fue un mensaje de no a la impunidad para los asesinatos de defensores de la tierra.
La acreditación de los agravios comunitarios, y el papel de Julián Carrillo como defensor del territorio, requirió de varios peritajes. Entre ellos uno antropológico, a cargo del doctor Horacio Almanza, y otro psicosocial realizado por las psicólogas Karina Baltazares y Andrea Cárdenas. También se tomó en cuenta un informe que realizó Amnistía Internacional sobre Coloradas de la Virgen.
“Se entendió la lógica de las comunidades indígenas y su identidad colectiva”, resalta la abogada Ruth Fierro y asegura que, en gran parte, eso también fue posible gracias a que se escucharon los testimonios de los miembros de la comunidad. “No hubo un solo testigo, entre los 20 que participaron, que no hubiera sufrido una pérdida de un familiar en esta lucha por la defensa de la tierra”, agrega.
En la sentencia, que se dio a conocer el pasado 12 de marzo, se reconoce que el Estado falló en garantizar la protección para Julián Carrillo y su familia. Además, se señala que su homicidio y la situación de violencia que ha vivido la comunidad ha provocado el desplazamiento de varias familias de Coloradas de la Virgen. Por eso, en la sentencia se dictan medidas de restitución, de compensación y de garantías de no repetición.
El fallo judicial también hace un llamado a las autoridades para que protejan de manera adecuada a otras personas de la comunidad que están en riesgo. La abogada Fierro resalta que eso implicaría “desarticular el grupo criminal que opera en Coloradas de la Virgen […] No es posible garantizar condiciones de seguridad de las comunidades de la Sierra [Tarahumara] si no es con la participación y coordinación de los gobiernos estatal y federal”.
Es la primera vez, además, que un tribunal local —no una instancia internacional— ordena que el Estado realice un acto público de reconocimiento de Julián Carrillo como defensor de derechos humanos.
“Esta sentencia —insiste Ruth Fierro— sienta un precedente y, por lo tanto, podrá ser invocada por otras comunidades indígenas, por otras organizaciones o por otros tribunales […] Sobre todo, porque la historia de Julián y de Coloradas de la Virgen, desafortunadamente, es la historia de otras comunidades a las que no se les ha garantizado su derecho al territorio”.
Territorio bajo el acecho de la tala y la minería
Durante los días que duró el juicio, las voces de los 20 indígenas que participaron como testigos se escucharon como un coro en donde el sentimiento de impotencia se mezclaba con el anhelo del regreso:
—Muchos están sufriendo fuera porque quieren regresar, pero no hay condiciones.
—Hubo una señora ya mayor que se murió de tristeza. Ella no quiso salir de Coloradas cuando salieron todos. Sabía que muchos estaban amenazados y que no había fecha para regresar.
—Quemaron la casa de Anselmo Molina. Los sicarios de la comunidad amenazaron a más gente. La familia se fue. Pusieron la demanda en Morelos (municipio colindante con Coloradas de la Virgen y también con el estado de Sinaloa).
El 11 de marzo de este año, durante un foro organizado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), con participación de una representante de Amnistía Internacional Canadá, varias personas que desde hace tres años están desplazadas de Coloradas de la Virgen mencionaron que ellos ya quieren regresar a su comunidad pero que aún no hay condiciones para hacerlo.
“Hay mucho sicario que está esperando quitarle la vida a uno. Antes se vivía muy a gusto porque trabajábamos y vivíamos bien. Ahorita sufrimos porque queremos regresar y no se puede. Tenemos mucho miedo por el peligro que hay en la sierra. Esto viene porque quieren robar el bosque, más bien, ya se robaron una parte. Ahorita se están metiendo en las tierras y sembrando amapola, amenazando a los compañeros”, comentó uno de los compañeros de lucha de Julián Carrillo, que prefiere no revelar su nombre.
La activista Isela González resalta que el miedo que se ha sembrado en la comunidad, y que provocó el desplazamiento masivo, tiene como objetivo despojar a la comunidad de sus recursos naturales y su territorio. “Sus tierras han sido ocupadas por personas mestizas ajenas a la comunidad. Incluso, hay denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la apertura de caminos dentro de su territorio”, comenta.
Antes de su asesinato, Julián Carrillo y otros líderes indígenas de la comunidad de Choréachi, también del municipio de Guadalupe y Calvo, denunciaron que una minera se estaba instalando en el territorio sin hacer la respectiva consulta al pueblo indígena.
Actualmente, en los límites de los municipios de Morelos y Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, hay cuatro concesiones mineras otorgadas en sexenios anteriores por la Dirección General de Minas, que depende de la Secretaría de Economía. Hasta marzo de 2021, esas concesiones seguían vigentes.
Por ejemplo, una de ellas, otorgada en 2010, está a nombre de Artemio Fontes y su hijo Arcadio, personas a quienes los indígenas de Coloradas de la Virgen han demandado ante el Tribunal Agrario por las concesiones forestales otorgadas años atrás en su territorio. Esa concesión comprende 3104 hectáreas y también está a nombre del empresario Humberto Ayub Touché, de acuerdo con los datos que se encuentran en el expediente 016/38808 de la dependencia federal.
La mejor muestra de que en Coloradas de la Virgen el riesgo sigue es que el hombre de la cicatriz en el abdomen que declaró en el caso de Julián Carrillo tuvo que dejar su casa a principios de marzo, después de que testificara en el tribunal. “Lo andan buscando para quitarle la vida”, cuenta otro de los desplazados. Su salida fue temporal; regresó un par de semanas después pues, a pesar de los grandes riesgos, se resiste a abandonar completamente su comunidad.
*Imagen principal: Por primera vez, un tribunal escuchó los testimonios de las familias de Coloradas de la Virgen que fueron obligadas a dejar su comunidad. Foto: Patricia Mayorga.
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