- Desde el 2014 la cantidad de concesiones mineras aumentaron de 55 a 94 dentro del Madidi, según informan los guardaparques.
- Incluso uno de los puestos de control de los guardaparque aparece dentro de una concesión minera.
Desde que en enero de 2021 se produjo el despido de directores y jefes de protección en 18 de las 22 áreas naturales protegidas por el Estado en Bolivia, existe preocupación por el destino que puedan tener estos ecosistemas únicos.
La amenaza que ha encendido las alarmas se resume en dos palabras: actividades extractivas. Se teme que el gobierno pueda autorizar estas operaciones dentro de territorios protegidos y que ello genere daños severos en ecosistemas frágiles y en la biodiversidad que se conserva dentro de ellos.
Según un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), durante el 2020 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de Bolivia recibió 220 trámites para avalar actividades con restricciones en esos territorios. De estas solicitudes, 33 % son para proyectos de energía, 2 % de hidrocarburos y otro 2 % minería.
En el estudio, publicado en marzo de 2021, se mencionan algunos proyectos que están por ejecutarse y otras presiones que continúan. En el caso del Parque Nacional Carrasco, se habla de los impactos tras la instalación de la hidroeléctrica Ivirizú; la próxima construcción de dos centrales hidroeléctricas en el Parque Nacional Tunari también está en la lista de proyectos peligrosos, y la presión constante de las empresas petroleras y sus actividades exploratorias en la Reserva Nacional de flora y fauna de Tariquía no deja de ser considerada una bomba de tiempo.
A este panorama se suman los reclamos de los guardaparques del Parque Nacional Madidi, quienes han denunciado ante el Sernap el incremento en la entrega de derechos mineros dentro de la zona reservada. ¿Qué peligros amenazan a esta área protegida?
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Los peligros en el Madidi
“Están acabando con las áreas naturales protegidas y con los recursos”, dice Jorge Luis Medina, exdirector del Parque Nacional Madidi, quien tuvo que dejar su cargo en diciembre de 2020 cuando empezaron los despidos en las áreas protegidas.
Medina señala que en el Madidi la minería es un problema latente y que en los últimos años se han entregado una gran cantidad de concesiones mineras dentro del área reservada. “La AJAM [Actividad Jurisdiccional Administrativa Minera] no coordina con el Sernap para la entrega de concesiones”, manifiesta.
El jefe de protección del Madidi, Marcos Uzquiano, dijo en una entrevista con Mongabay Latam que entre el 2014 y el 2020 se duplicó la cantidad de derechos mineros solicitados en el Madidi.
Para el año 2014, cuando se elaboró el plan maestro vigente del Madidi, la cantidad de concesiones mineras registradas eran 55, una cifra que se ha disparado hasta llegar a las 94, indica Uzquiniano. Esta información se basa en los datos proporcionados periódicamente por el AJAM y en el trabajo de campo de los mismos guardaparques, datos que se reúnen en un mapa que ha sido elaborado por el Cuerpo de Protección del Madidi.
“Nos llamó la atención el incremento desproporcionado de los derechos mineros en la cuenca alta y media del río Tuichi, y en la parte baja del Beni, incluso nuestro puesto de control en El Bala estaba dentro de una concesión minera”, cuenta Uzquiano, y agrega que en aproximadamente el 22 % de las concesiones entregadas ya se realiza actividad minera con una tendencia a utilizar maquinaria pesada.
Según el análisis hecho por el Cuerpo de Protección del Madidi, 21 de las 94 concesiones están activas, y de estas, 7 cuentan con equipos mecanizados para la extracción de oro, mientras que las otras 14 funcionan de manera artesanal. El resto no presenta actividad.
El mapa también muestra todas las concesiones activas que se encuentran dentro del parque nacional a lo largo del río Tuichi, una fuente de agua que discurre en medio de bosques montanos y húmedos.
“Los daños más graves se dan en el cambio en la estructura de los cauces de los ríos y la contaminación por mercurio”, señala Medina, el exdirector del Madidi, sobre los riesgos que significan la actividad minera dentro del área protegida.
Medina confirma que se han estado entregando concesiones en lugares que “no son de vocación minera dentro del Madidi” y, en algunos casos, en lugares que afectaría a comunidades nativas que viven dentro del área reservada.
El investigador del Cedib, Pablo Villegas, también se refirió a la entrega de concesiones dentro de la zona protegida. “No se debe dar permisos para minería en áreas naturales protegidas y menos en lugares tan importantes como el Madidi”, dijo.
Villegas también menciona lo que está ocurriendo en zonas dentro del Madidi como el río Tuichi, en el que está aumentando la extracción de oro. “Hay ríos como el Tuichi que están contaminados. Antes era un río cristalino en época de lluvia, pero hace un tiempo es turbio, esa turbiedad significa que hay minería en su cuenca alta”, explica.
El investigador de Cedib también indica que el aumento de la minería dentro del Madidi ocasionará deforestación, así como conflictos con las comunidades indígenas, contaminación e incendios forestales.
Villegas también menciona como un peligro el intento del gobierno por reactivar la construcción de las represas El Bala y El Chepete, que afectarían al Madidi y a las comunidades nativas que habitan dentro del parque nacional.
Mongabay Latam se comunicó con AJAM para consultar sobre la situación de los derechos mineros entregados en el Madidi, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. También ha solicitado la versión del Sernap sobre lo que está ocurriendo en las áreas protegidas de Bolivia, y pese a que ofrecieron dar una entrevista, hasta el momento no ha sido concedida.
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El destino de las áreas protegidas
“Hay mucha presión sobre todas las áreas protegidas”, continúa Villegas en referencia a lo que está ocurriendo con las áreas protegidas en Bolivia.
Invasiones como las que enfrenta el Parque Nacional Amboró y la recién creada Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco preocupan al investigador. “Están tratando de invadir varias áreas protegidas y territorios indígenas”, agrega Villegas, quien también menciona los riesgos que significan las concesiones de hidrocarburos entregadas en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe.
El investigador explica que los cambios hechos en los últimos años a los planes de manejo de varias áreas protegidas significan un debilitamiento en la protección de las mismas.
En este mismo sentido estarían los despidos masivos que ocurrieron a inicios de año, así como las condiciones que enfrentan los guardaparques, opina Villegas.
Eriberto Ubano, un guardaparque que lleva once años trabajando en el Madidi habla de la difícil situación que enfrentan en su trabajo debido a las deficiencias logísticas y presupuestales así como la inestabilidad en sus contratos laborales.
“Hemos dado a conocer al director ejecutivo del Sernap lo que no se está haciendo bien. La situación que atravesamos no solo es en el Madidi sino también en otras áreas protegidas. Muchos guardaparques que tienen 20 a 25 años de trabajo continúan con contratos eventuales”, manifiesta Urbano.
Los reclamos sobre la situación de los guardaparques se están presentando también en otras áreas protegidas. A fines de abril renunció Carola Vaca, jefa de protección de Reserva de Biósfera Estación Biológica de Beni, quien antes de su salida presentó una carta al Sernap con una serie de denuncias sobre la situación que se vive en el área protegida de la que formaba parte.
“La estrategia es despedir a todos los que se oponen y que ingrese gente que acepta lo que se le impone. El panorama es negro para las áreas protegidas”, asegura Villegas sobre los reclamos y denuncias que se están presentando alrededor de las zonas de conservación en Bolivia.
Imagen principal: Dragas en el río Kaka buscando el metal dorado. Foto: Gustavo Jiménez/El Deber.
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