- Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
*Este reportaje forma parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y el Especial Tierra de Resistentes 3 que puede leer aquí.
—Esta sí que va a ser la última entrevista que hago. Después de esta no hay más. Estoy cansada, me duele la cabeza todos los días y cada vez estoy peor. Se acabó.
Francisca Linconao Huir capán, de 63 años, está sentada en el comedor de su casa, en la comunidad de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía en el sur chileno. Congela su mirada en el jardín, frunce el ceño, traga saliva, extiende su mano derecha y da pequeños golpes sobre una mesa de madera mientras, con rabia acumulada, anuncia que no atenderá más a la prensa. A cada una de sus frases le sigue un silencio abrumador. Cuando calla, solo se escucha el piar de pollos y un tiuque que en el patio vecino intenta desmembrar los restos de un cerdo.
El encono no es antojadizo. Aunque quisiera borrarlas, en su memoria guarda las imágenes que se difundieron de ella cuando fue arrestada por —supuestamente— participar en un ataque incendiario que terminó con la vida de un matrimonio en 2013. Además de esposada, secundada por policías y visiblemente molesta, fue retratada sin el peinado y la vestimenta que debe ocupar como machi.
Porque hay muchas formas de presentar a Fransica Linconao, pero para ella esa es la más importante: es una machi, una autoridad ancestral mapuche que —según las creencias de ese pueblo originario— puede sanar dolencias físicas y del alma mediante hierbas medicinales y ritos. La espiritualidad mapuche sostiene que no se trata de algo voluntario, sino que el designio se revela a través de un peuma (o sueño) y no hay forma de negarse a él.
La machi Linconao fue imputada dos veces por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. Y la justicia la absolvió en ambas. El Ministerio Público chileno intentó probar que ella organizó el ataque incendiario que terminó con la vida de ambos, que reunió en su casa a los participantes unas horas antes del delito, que los acompañó hasta la propiedad de la pareja de ancianos que murió calcinada en enero de 2013 y que luego refugió a sus supuestos cómplices. Pero las acusaciones cayeron una tras otra en tribunales. También trató de adjudicarle el delito de tenencia ilegal de armas y municiones, pero la justicia determinó que no había ni una prueba que confirmara que la escopeta encontrada en su casa fuera suya. La defensa advirtió que la aparición de esa arma era un montaje, pero nunca se investigó esa denuncia.
Para entonces, la machi Linconao ya era una persona conocida para los medios y el poder judicial. Acaparó notas de prensa por primera vez en 2009, cuando logró detener las motosierras de un conocido empresario local que talaba ilegalmente los árboles del cerro Rahue, donde ella solía buscar sus hierbas medicinales. Se trató de un fallo histórico, pues consiguió la protección del cerro gracias a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas. Fue la primera vez que se aplicó en Chile.
Su victoria marcó un hito en la protección del medioambiente en el país. Particularmente en La Araucanía, una zona rica en vegetación y ecosistemas que albergan o son reclamadas por comunidades mapuche. Varios de estos pobladores denuncian que esos terrenos están bajo permanente amenaza de sufrir daños por las actividades de empresas forestales y madereras.
A ojos de Jaime López, el abogado que representó a la machi cuando fue involucrada en el incendio fatídico, el fallo que logró la protección del cerro Rahue también tuvo sus costos.
“Es evidente que fue en ese momento cuando entró en el radar de las policías y sus herramientas de inteligencia. Antes de eso era conocida, pero solo a nivel comunal, por sus labores como sanadora. Sin embargo, el juicio que ganó en favor del cerro Rahue, la convirtió en un objetivo de interés para Carabineros”, dice.
No es una especulación ni una sospecha vaga. Un oficial de la Sección de Inteligencia de Carabineros, la policía uniformada chilena, lo confirmó durante uno de los dos juicios en que la machi compareció como imputada. “Que luego haya sido involucrada en un hecho tan delicado, y con pruebas tan débiles por parte del Ministerio Público, sugiere, desde nuestra perspectiva, que ella era objeto de una persecución desde que logró proteger el cerro Rahue”, agrega López.
La machi Linconao comparte esta visión y lo hizo saber cuando declaró ante la justicia. En el tribunal alegó inocencia con su característico castellano golpeado —su lengua nativa es el mapuzungun— y con una mezcla de ira y temor. Ahora, sentada en su casa, acompañada de su hermana Juana, sin fiscales ni jueces ni cámaras, el tono es el mismo.
“Yo me atreví a reclamar por el cerro, porque nadie se atreve nunca a esas cosas, y gané. Después estuve cuatro meses en la cárcel acusada de una cosa que no hice, donde hice una huelga de hambre y to’ por la injusticia que me estaban cometiendo. Y nadie nunca me pidió perdón cuando fui absuelta”, dice.
—¿Cómo no voy a estar enferma y enojada?, remata.
La protección del cerro
No recuerda el día exacto, pero sí el sonido que la alertó. Francisca Linconao estaba en su casa un lunes de septiembre de 2008 cuando escuchó que unas motosierras se acercaban cada vez más a su propiedad. Cuando se asomó a la puerta, percibió que el ruido provenía del cerro Rahue, donde crece un bosque nativo de importante significado para la cultura mapuche.
Allí hay árboles nativos como el laurel, mate, maitén y canelo. Son plantas que, según la creencia mapuche, tienen las propiedades de curar dolores y enfermedades de acuerdo a la forma en que se apliquen: la decocción de la corteza del canelo, por ejemplo, se utiliza como tratamiento contra el escorbuto, mientras que las infusiones de hojas de laurel se usan como analgésico general.
En el mismo cerro también había menoko, sitios sagrados que también destacan por su biodiversidad, como los manantiales —o humedales— abundantes en agua y vegetación arbustiva. Son espacios culturales y medicinales de suma importancia para las machi, pues se trata —en palabras de la Corporación Nacional Indígena (Conadi)— de “verdaderos reservorios de flora y microfauna tradicional, identificados por la comunidad local y revestidos de diversos significados religiosos y tradicionales”. Según la creencia indígena, alrededor de los menoko hay newen, una fuerza o energía que trasciende el plano físico de la cosmovisión mapuche.
“Lo primero que pensé fue que estaban cortando eso, los menoko, mis lugares sagrados y los lawen (o remedios naturales). Donde uno ve vida como machi, las empresas pueden ver plata o ganancia. Me propuse encontrar al responsable de esto altiro y denunciar ante la justicia lo que estaba haciendo”, recuerda.
La empresa que estaba talando era la Sociedad Palermo Limitada, representada por Alejandro Taladriz Montesinos. No era cualquier firma ni cualquier vecino. Los Taladriz son una familia de larga tradición en La Araucanía, asociada a distintos rubros empresariales. El hermano de Alejandro, Emilio Taladriz, fue director de la Multigremial de La Araucanía entre 2012 y 2015, una organización que reúne a compañías de los sectores salmonero, industrial, agricultor, maderero, forestal y hotelero. También fue presidente regional de Temuco en la Cámara Chilena de la Construcción. Entre 2014 y 2018, Emilio Taladriz entregó en arriendo una casa a la Unidad de Inteligencia Operativa de Carabineros (UIOE), desde donde —como contó CIPER— se efectuaban escuchas telefónicas a personas mapuche consideradas como de interés policial.
Patrocinado por el abogado Jorge Faundes, el recurso de protección en favor del cerro Rahue fue presentado en 2008 y se tramitó hasta 2009, cuando la Corte Suprema ratificó que la empresa de Taladriz estaba incurriendo en una tala ilegal que afectaba el derecho de la machi a acceder a sus hierbas medicinales. Durante el proceso judicial, la Dirección de Aguas Regional de La Araucanía confirmó que, en una de las laderas del cerro amenazada por el corte de árboles, había tres manantiales que nacieron como brotes de aguas subterráneas y que estaban rodeados de vegetación nativa.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf), encargada de la política forestal chilena, también comprobó en terreno que la empresa de Taladriz había talado parte del bosque nativo que crecía en la ladera sureste del cerro Rahue sin su autorización. El territorio afectado iba a ser utilizado para plantar pinos, una especie invasora exótica que sirve para la exportación de madera, pero que merma el crecimiento de bosques de araucaria y la fauna que depende de ellos.
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El fallo fue una victoria judicial sin precedentes. Entre otros puntos, el máximo tribunal estableció que la empresa “deberá cumplir con abstenerse de cortar árboles y arbustos nativos dentro del perímetro de los 400 metros más próximos a los manantiales existentes, por impedirlo la legislación forestal y porque estos tienen un carácter sagrado para el Pueblo Mapuche”. (Lea aquí un análisis de la sentencia realizado por el abogado Jorge Faundes).
Con la firma de la Suprema, los menoko y las hierbas medicinales que utiliza la machi pasaron a estar protegidas por la justicia. Fue algo inédito que Francisca Linconao valora hasta hoy. Pero hay algo que todavía le da vueltas en su cabeza.
“Taladriz cumplió con la obligación de la justicia y no se cortó ni un centímetro más. Pero, yo me pregunto, ¿cómo nadie escuchó las motosierras antes? ¿Cómo nadie se atrevió a decirle que eso no se podía hacer porque ahí había especies sagradas para nosotros? Si yo no me doy cuenta, ¿qué hubiese pasado? Puede que haya arrasado con todo el cerro. Algunos no saben que tenemos que levantar la voz, y bien alto, para que los winca (las personas no mapuche) nos escuchen”.
Primer juicio: el trabajo de inteligencia y el testigo que no apareció
La calma habitual de las madrugadas en Vilcún, una ciudad ubicada en la La Araucanía, fue interrumpida por sirenas y una humareda el 4 de enero de 2013. La casa del fundo Granja Lumahue, de la familia Luchsinger Mackay, ardía. Un grupo indeterminado fue hasta ese lugar, incendió el inmueble y luego arrancó. Sus ocupantes, Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69), intentaron repeler el ataque pero murieron calcinados.
El asesinato de la pareja selló uno de los crímenes más emblemáticos del denominado “conflicto mapuche”, que enfrenta a organizaciones de este pueblo originario con el Estado chileno. La recuperación de tierras y el reconocimiento de su autonomía como Estado-nación son las principales banderas de las comunidades indígenas. Es una lucha que se libra en distintos frentes y con diversos métodos: algunos optan por el camino institucional, hay células que defienden la vía armada, grupos que se dedican a la quema de predios y maquinarias, y otros que prefieren ejercer presión tomándose edificios institucionales como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) o municipalidades.
La machi Linconao nunca había sido relacionada con un acto reivindicatorio de este tipo. Eso, hasta que la policía allanó su casa a solo horas del incendio.
Testimonios judiciales entregados por carabineros permiten trazar una línea de tiempo desde que comenzaron con las pesquisas para determinar quiénes habían participado en el ataque hasta que detuvieron a la machi a las seis de la tarde del mismo día. Y también los principales flancos débiles del relato acusador.
La cronología parte a oscuras. Cuando aún no amanecía, personal de la Sección de Inteligencia de Carabineros (Sipolcar) acudió hasta el fundo, buscó evidencia de los atacantes y determinó hacia dónde arrancaron. Encontraron huellas plantares, dos cartuchos de escopeta sin percutar y una vaina, elementos que sugerían un escape en dirección al cerro Rahue. A una hora indeterminada, entrevistaron a un testigo que dijo haber escuchado ladridos de perros, murmullos y camionetas hacia la casa de Francisca Linconao, ubicada a menos de diez kilómetros.
- Foto: Terreno de la machi Francisca Linconao.
Con esas pistas, le comunicaron al coronel de Carabineros, Pedro Larrondo Borsotto, hoy en retiro y entonces jefe de operaciones en La Araucanía, que era necesario allanar la casa de la machi. Larrondo se comunicó con el fiscal Juan Pablo Gerli y este con el juez de Garantía de Temuco, Nicolás Martínez Conde, quien emitió una orden verbal de entrada y registro a las cinco de la tarde. Cerca de 30 carabineros participaron: dos piquetes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), miembros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y otros de la Sipolcar. El amplio contingente se debía a las supuestas pistas levantadas por Inteligencia, pues cabía la posibilidad de que los atacantes permanecieran en la casa de la machi, armados.
En el allanamiento solo se encontró a Francisca Linconao, su hermana Juana, su sobrina Francisca y una menor. Ningún rastro de participantes del incendio.
Después de registrar tres de las cuatro casas que hay en el terreno de la machi —donde solo encontraron un cuchillo que ella utilizaba para cortar sacos de harina—, el inicio del registro audiovisual del allanamiento, grabado por Carabineros, muestra claramente que un oficial de civil, de polera verde, perteneciente a la Sipolcar, entró al cuarto inmueble sin compañía del Gope ni Labocar. Llevaba una mochila de tela al hombro. Ese espacio cerrado, con un fogón al centro, es el que Francisca Linconao utilizaba como ruca, la vivienda tradicional mapuche.
Otro carabinero de civil, de polera celeste y también de la Sipolcar, se paró en la puerta y le prohibió el paso a Juana, quien intentó ingresar al lugar después del policía. En el video se escucha que le instruyen: “Que quede afuera, que quede afuera (…) párate ahí”.
Video: Allanamiento a la casa de la machi Francisca Linconao.
No hay grabación que permita conocer con certeza qué ocurrió una vez ingresó el miembro de Inteligencia. Tampoco se reveló su identidad. El único hecho indesmentible es que, luego de esta secuencia, allí se encontró una escopeta hechiza (confeccionada artesanalmente), municiones, un pasamontañas, guantes y 114 panfletos alusivos al “conflicto mapuche”.
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La machi fue detenida y acusada de tenencia ilegal de armas y municiones. El parte de detención de Carabineros, tal como la declaración judicial del coronel Borsotto, dejó en claro que las pistas preliminares y la entrevista al testigo que apuntó a Francisca Linconao como sospechosa fueron levantadas por la Sipolcar. En el documento —revelado por primera vez por CIPER para este reportaje— también se consignó que, según testigos, “constantemente la imputada presta cooperación consistente en logística y ocultamiento de personas en su domicilio después de cometer hechos de violencia”.
Parte de detención de la machi Francisca Linconao, 2013.
El juicio por tenencia ilegal de armas y municiones se extendió hasta octubre de 2013. Durante la investigación se advirtieron serias irregularidades en el trabajo previo al allanamiento y en el procedimiento mismo. Por una parte, nunca se pudo identificar al supuesto testigo que habría escuchado camionetas en dirección a la casa de la machi. Oficiales de Inteligencia de Carabineros dijeron que le preguntaron por su identidad pero que este se habría negado a revelarla por temor a represalias. Tampoco entregaron una descripción precisa de la ubicación de su casa.
Por otro lado, no se pudo identificar al miembro de la inteligencia policial que ingresó a la ruca con una mochila, encontrando el arma y las municiones, ni en qué lugar específico ocurrió el hallazgo.
En su declaración, la machi dijo que, antes de que la allanara Carabineros, ella ingresó a la ruca y que allí no había armas, municiones ni panfletos. Solo una caja vacía. En su sentencia absolutoria del 18 de octubre de 2013, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco estableció como “verosímil lo expuesto por la acusada (…) en orden a que nada sabían de la existencia de dichas armas y cartuchos”.
El Ministerio Público no pudo comprobar su tesis. En concreto, el tribunal estimó que “la prueba fue insuficiente para acreditar que tanto el arma como los cartuchos estuvieran bajo la esfera de custodia de la acusada”. Luego añadiría: “Además no se hicieron peritajes de huellas digitales sobre dichos elementos o de testigos que acreditaran que pertenecían o que pudieran determinar alguna relación con doña Francisca o que esta fuere quien las dejó u ocultó en dicho lugar, por lo que no se puede presumir su propiedad o tenencia por el solo hecho de haberse encontrado en unas de las construcciones del predio en que ella, junto a las demás mujeres habitaba”.
Jaime López, abogado defensor de Francisca Linconao, dice que nunca dudó de la absolución. “Las pruebas aportadas por la Fiscalía no tenían ningún sustento. Al contrario, el proceso de investigación dejó en claro que su relato, apoyado en el trabajo de la Sipolcar, dejaba más dudas que certezas”, dice.
Lo que no esperaba, afirma, es que este fuera apenas el primer capítulo del hostigamiento legal a la machi, en relación con el ataque al fundo de los Luchsinger-Mackay. Cuatro años más tarde, la autoridad ancestral mapuche volvería al estrado. Y esta vez con acusaciones de participación directa en el crimen.
Un Nobel verde tras las rejas
Para otro líder mapuche, Alberto Curamil, el hostigamiento judicial similar comenzó en 2018. Cuatro años antes, en 2014, este hombre de 43 años, lonko de una de las 130 comunidades que se articulan bajo el paraguas de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) y uno de los principales dirigentes de esta organización que busca la reivindicación de los derechos económicos, ancestrales y políticos del pueblo mapuche, lideró la oposición a dos proyectos hidroeléctricos en el río Cautín que, según la denuncia de la organización indígena, desviarían y dañarían su cauce.
En agosto de 2018, el también líder mapuche fue detenido por un asalto a una caja de compensación, una entidad privada que administra prestaciones de seguridad social. Antes de ser absuelto por falta de pruebas, estuvo un año y cuatro meses en prisión preventiva.
—Es algo a lo que nos exponemos los líderes del Wallmapu (territorio mapuche). Lamentablemente, es así. Mi caso y otros tanto lo demuestran, dice Curamil desde su casa. Detrás suyo cuelga una bandera azul con una estrella blanca de ocho puntas al centro, el emblema que utilizaron los guerreros mapuche en el siglo XVIII cuando enfrentaban a los españoles.
A diferencia de la machi Linconao, Curamil ganó notoriedad pública porque se convirtió en uno de los rostros de una organización conocida en la zona. La ATM nació a mediados de la década pasada fruto del descontento de comunidades mapuche y siempre se ha mostrado abierta al diálogo con autoridades y gremios locales, a diferencia de otras agrupaciones. Pese a ello, la unidad de Inteligencia de Carabineros mantuvo bajo la mira a la ATM al menos desde 2017. Así lo consignó un informe secreto de la policía que reveló CIPER en 2019, cuando Camilo Catrillanca —un comunero mapuche que pertenecía a la misma organización— fue asesinado por el carabinero Carlos Alarcón.
Lee aquí la historia completa.
Imagen principal: Alberto Curamil. Foto: La Tercera
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