- Las nuevas áreas protegidas creadas en los bosques chiquitanos de Bajo Paraguá están amenazadas por los avasallamientos.
- Entre marzo de 2020 y junio de 2021 hubo 698 mil alertas de deforestación en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco, según Global Forest Watch.
Las invasiones del territorio, la expansión de la frontera agrícola y la pérdida de sus reservas de agua tienen en jaque a los territorios del Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz, en la Chiquitanía de Bolivia.
Para hacer frente a estas amenazas, entre febrero y marzo de 2021 se crearon dos áreas protegidas: el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco y el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá Concepción.
Sin embargo, la creación de estos espacios de protección no han puesto freno a la deforestación. Entre marzo de 2020 y junio de 2021, la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch detectó más de 698 mil alertas de deforestación dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco.
¿Qué está pasando en los bosques chiquitanos del Bajo Paraguá?Aquí cuatro datos que se deben tomar en cuenta para entender el problema de la deforestación en esta zona.
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1.- El problema de las invasiones
El 15 de febrero de 2021, apenas tres días después de la creación del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco se produjo una invasión en este territorio. Una selva virgen donde tras la invasión y la tala del bosque se han empezado a instalar cultivos de soya.
El exalcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, asegura que quienes están invadiendo los bosques del Bajo Paraguá son personas ligadas al partido del gobierno, el Movimiento al Socialismo, y que cuentan con el respaldo del Estado concretar estos avasallamientos.
“Es gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al Gobierno nacional, que da ofrendas partidarias otorgando terrenos, como ha hecho siempre. Son traficantes de tierras”, acusa Salces.
Tito Arana, representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), señala que los avasalladores son parte de sindicatos campesinos afines al MAS y, por ello, han logrado titular sus terrenos de manera rápida, a diferencia de las comunidades indígenas que viven en la zona protegida.
Arana asegura también que la mayoría de avasalladores son “traficantes de la tierra” que invaden los terrenos para luego vender las parcelas a terceras personas. “Llegan con la documentación bajo el brazo directo a meterse a la tierra. Eso es lo preocupante, ya que hay comunidades chiquitanas desde hace 50 años que hasta ahora no pueden tramitar su documentación”, explica Arana.
Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC, se refiere también al problema de las invasiones en los bosques de Bajo Paraguá. “Existe gran presión en la zona y un movimiento de colonización permanente. Es un problema de tráfico de tierras, pues llegan personas que se instalan en los bosques, los desmontan y luego venden esas tierras”.
2.- La deforestación de los bosques de Bajo Paraguá
Mediante el uso de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, Mongabay Latam detectó 698 mil alertas de deforestación solo dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco entre marzo de 2020 y junio de 2021. El pico de las alertas se presentó en la semana del 16 de noviembre, cuando se detectaron 460 143, el 65 % del total registrado.
El análisis satelital multitemporal permitió observar que la deforestación empezó en noviembre de 2020, tras las elecciones presidenciales en Bolivia. Se calcula que hasta julio de 2021 se han perdido 67 hectáreas dentro del área protegida.
En 2021, el pico de la deforestación se registró en enero, con 15 715 alertas de deforestación, y en los primeros 15 días de junio estas alertas llegaron a 1209, lo que indica que la deforestación continúa vigente.
Lo primero que se detectó fueron senderos abiertos con dirección al área protegida, así como estructuras provisionales con techos rudimentarios que sirven para darle sombra a quienes han ingresado al área protegida de Bajo Paraguá.
Según los habitantes de la zona, los invasores están cultivando, además que abren caminos para el tránsito de vehículos que transportan la madera talada ilegalmente. Debido a la presión mediática y los reclamos de los habitantes, las invasiones han ido rotando de ubicación y los primeros espacios deforestados están ahora deshabitados, sin embargo, el 27 de mayo ocurrió una nueva invasión, esta vez en la comunidad indígena Florida.
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3.- La creación de las áreas naturales protegidas
Para frenar los avasallamientos, el municipio y la población local impulsaron la creación de dos áreas protegidas en Bajo Paraguá. La primera de ellas, el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco nació el 12 de febrero. Un mes después, el 16 de marzo, la municipalidad de Concepción crea Área Protegida Municipal Bajo Paraguá Concepción.
La creación de estas áreas protegidas fue un esfuerzo conjunto de los municipios, de la gobernación de Santa Cruz, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y de las cuatro comunidades indígenas del pueblo guarasugwe que habitan dentro del territorio que consideraron que la mejor forma para enfrentar las invasiones y la deforestación por el cambio de uso de suelo era proteger estos bosques.
La zona protegida de San Ignacio de Velasco es un territorio de 983 000 hectáreas, a este espacio se suman las 154 000 hectáreas del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá Concepción, formando así una zona reservada de más de un millón de hectáreas de de bosques primarios de la Chiquitania.
Ambas reservas del Bajo Paraguá junto con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado; la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro; la Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee y el Parque Nacional Copaiba forman un corredor biológico natural.
“Bajo Paraguá fue visto como un potencial sitio de conservación de fuentes de agua y de especies en peligro; pero últimamente el motor para su protección se debe a que es el único mecanismo para no ser avasallados por gente que llega de otros lugares”, comenta Rosa Leny Cuellar, Coordinadora del Consorcio de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (ECCOS), de la FCBC.
En estos bosques existen especies como el jaguar (Panthera onca) y otros mamíferos grandes que requieren extensos territorios, además de ser el hábitat de especies en peligro de extinción como los perros de monte (Speothos venaticus). En el área habitan otros tipo de animales como el cerdo de monte, reptiles y aves, como picaflores y loros, que habitan en las copas de los árboles de Bajo Paraguá.
En estas áreas protegidas de Bajo Paraguá han sido registradas 79 especies de árboles, arbustos y palmeras, entre ellas el asaí (Euterpe oleracea), una palmera que puede llegar a medir 20 metros de altura con frutos del mismo nombre muy rico en antioxidantes, que se ha convertido en fuente de ingresos económicos para las comunidades indígenas.
También existen árboles como el mara (Swietenia macrophylla), el roble (Quercus robur) y el cedro (Cedrela odorata) que son explotados ilegalmente.
Toda esta diversidad de fauna y flora es clave para la vida de las cuatro comunidades que viven dentro del área protegida: Piso Firme, Florida y Porvenir, que mantienen una cultura chiquitana viva; mientras que Picaflor resguarda su identidad guarasugwe, un pueblo indígena que habita entre Bolivia y Brasil.
4.- Preocupación por el tráfico de tierras
Rosa Leny Cuéllar, de FCBC, afirma que inicialmente llegaron 74 familias al área protegida, pero que ahora ya son siete comunidades las que se han instalado dentro de la zona reservada. Cuellar asegura también que en la zona invadida se está sembrando soya en grandes cantidades. “Sería muy grave si trabajan con soya, ya que eso representaría la presencia de la agroindustria y cuando se habla de esa actividad se requiere grandes cantidades de tierra”, comenta.
El exalcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, menciona también las siete comunidades no originarias que se han instalado dentro del área protegida. Salces detalla que estas comunidades invadieron la zona y ahora no hay presencia humana, lo que confirma que existe un interés de traficar la tierra.
La senadora María Muñoz Rodríguez, del MAS, admitió en una entrevista con Mongabay Latam que existen dirigentes sindicales afines a su partido involucrados en el tráfico de tierras. “Sabemos que hay cuestionamientos sobre tráfico de la tierra, [sobre] otros compañeros que conforman comunidades y luego venden la tierra”, detalla la senadora del MAS.
El líder indígena, Dino Franco, ha informado que enviaron una comunicación al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que ingrese al lugar y verifique los asentamientos humanos en el área protegida.
“Estamos atentos a lo que pasa y no permitiremos más asentamientos en nuestra área protegida. No queremos que la política dañe nuestras zonas. Los que tienen avales políticos ingresan a una casa ajena para destrozarla”, exclama el líder.
Imagen principal: Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá. Foto: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.
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