- El 4 de agosto el presidente Iván Duque firmó la nueva Ley de Delitos Ambientales del país, una iniciativa que se venía gestando desde 2019.
- La ley, además de la deforestación, crea otros cinco nuevos delitos ambientales: promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Colombia contaba con leyes para castigar delitos como daños en los recursos naturales, el ecocidio, la caza y la pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental. Sin embargo, la deforestación no formaba parte de ese listado.
Para los expertos ambientales, esta era una gran falencia dado que la pérdida de bosque es considerada el principal problema ambiental en el país y, según la cifra más reciente entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el 2020 la deforestación en el país alcanzó las 171 685 hectáreas, un 8 % más que en 2019.
Es por eso que la entrada en vigor de la nueva Ley de Delitos Ambientales, el pasado 4 de agosto, fue bien recibida en el país pues incluye a la deforestación, penalizando a quien incurra en ella con hasta 15 años de cárcel. Además, establece otros cinco nuevos delitos ambientales y endurece las penas y sanciones para otros ya existentes. Incluso, el presidente Iván Duque calificó esta nueva ley como una de las más importantes reformas judiciales en materia ambiental desde la Ley 99 de 1993 cuando se creó el Ministerio de Ambiente.
La deforestación puede llevar a prisión
La nueva Ley de Delitos Ambientales en Colombia fue firmada por el presidente Iván Duque en Leticia, capital del departamento de Amazonas. Esta decisión fue celebrada por distintos actores del sector ambiental y, en pocas palabras, lo que hizo fue modificar el código penal (ley 599 del 2000) en su título de delitos ambientales, incluyendo nuevos delitos contra el medio ambiente y destacando entre ellos a la deforestación.
El proceso fue liderado por el congresista Juan Carlos Losada, quien aseguró que “le estamos entregando al país una herramienta que va a ser eficaz y efectiva para luchar contra la deforestación, el peor flagelo de nuestra sociedad”.
El biólogo Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, resaltó el valor de esta ley para un país como Colombia, que se cuenta entre los más ricos en biodiversidad. “Podemos empezar a defender nuestros bosques y áreas protegidas de la deforestación. He tenido la fortuna de trabajar en el parque Chiribiquete y es preocupante cómo va aumentando la deforestación allí. Tener hoy una herramienta jurídica que permita sancionar es muy importante”, comentó Andrade.
Para Brigitte Baptiste, exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN, esta ley se complementa con una normatividad que impulsa una manera distinta de valorar el bosque en pie. Baptiste se refiere al decreto 690 de 2021 que establece los pasos para hacer uso sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables en el país.
Por un lado se está incentivando el aprovechamiento y conservación del bosque, y por el otro se castiga a quienes no hagan uso legal y sostenible de él. “Sin una norma de aprovechamiento de recursos no maderables hubiera sido muy difícil darle valor al bosque. Esta visión integral de la gestión forestal tiene que perdurar y hay que fortalecerla”, dijo Baptiste.
Otros cinco nuevos delitos ambientales
Además de la deforestación, la nueva Ley de Delitos Ambientales también definió a la promoción y financiación de la deforestación como un delito adicional y se crearon otros cuatro: tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Sobre estos nuevos delitos, Losada resaltó que la ley busca atacar el acaparamiento de tierras en Colombia, el cual, según dice, es el fondo del problema de la deforestación. “Quienes financian la deforestación y el acaparamiento de baldíos tendrán consecuencias penales y pecuniarias de enormes proporciones. Eso tiene que quedarle claro a esas bandas criminales que hoy pagan entre 3 y 5 millones de pesos [entre 800 y 1300 dólares] por hectárea deforestada para dárselas a los acaparadores de tierra que tienen el músculo financiero para arrasar, por ejemplo, con más de 10 000 hectáreas en Mapiripán”.
Para el congresista, la nueva ley también le da un lugar importante a una de las problemáticas ambientales más graves y de las que menos se habla en el país: el tráfico de fauna silvestre. “Las autoridades colombianas incautan en promedio 35 000 animales al año y se calcula que por cada uno de esos animales hay otros 10 que no pudimos recuperar”, enfatiza Losada.
La creación de estos nuevos delitos también le otorga herramientas a la Fiscalía para que judicialice a los encargados de degradar los ecosistemas, aumenta las penas e impide que quienes incurran en ellas puedan abrir negocios o crear empresas. “Esta ley no solo condena y sanciona la deforestación sino que quien la financie y patrocine tiene una pena más drástica. Además, se logra que los delitos ambientales no sean excarcelables”, dijo el presidente Iván Duque en un discurso el pasado 4 de agosto.
El congresista Santiago Valencia, también ponente de la Ley de Delitos Ambientales que ya rige en Colombia, aseguró que se trata de un gran logro pues el proyecto de ley se venía trabajando desde 2019. Sin embargo, también reconoció que “algunas cosas se quedaron por fuera”. Según dice, en un borrador anterior de la ley se permitía que la Policía incautara mercurio y se penalizaba su tenencia y transporte, pero luego de varias discusiones con el Ejecutivo ese punto salió del proyecto.
De hecho, un comunicado del Senado de la República con fecha del 7 de julio mencionaba a la tenencia y transporte de mercurio como uno de los nuevos delitos y además mencionaba las penas y multas: prisión de 4 a 6 años y una multa de 134 a 50 000 salarios mínimos legales vigentes. El salario mínimo en Colombia asciende actualmente a 908 526 pesos (aproximadamente 235 dólares al cambio de hoy 20 de agosto del 2021)
Las penas y sanciones de los nuevos delitos
*Imagen principal: El presidente Iván Duque firma la nueva Ley de Delitos Ambientales. Leticia, Amazonas, Colombia. Agosto 4 2021. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
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