- El informe ‘Un Clima Peligroso’ analiza las razones detrás del aumento de la deforestación y la violencia contra defensores ambientales en la Amazonía colombiana.
- Las estrategias del Estado han sido principalmente militares y los operativos puntuales contra la deforestación no son suficientes para solucionar los problemas en una región donde se requiere presencia de todas las entidades del Estado y medidas efectivas para la protección de sus líderes ambientales.
La Amazonía colombiana enfrenta una crisis ambiental y de seguridad sin precedentes que tiene en grave riesgo a los defensores ambientales. Aunque esta crisis viene gestándose desde hace décadas, ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Ese es uno de los principales mensajes del informe ‘Un Clima Peligroso’, realizado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Adelphi, con apoyo de las organizaciones WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
De acuerdo con el informe, la intensificación del acaparamiento de recursos y de actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura, no solo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que también aumentaron la violencia. Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 70 % de la deforestación en el país durante 2020 se concentró en la Amazonía cuando se perdieron 109 302 hectáreas de bosque, en comparación con las 98 256 registradas en 2019.
“Vemos una crítica situación de inseguridad en la Amazonía, la cual es generalizada, no se trata solo de una zona o sector. Hay peligro para funcionarios y población civil que hacen defensa de su territorio y recursos naturales”, le dice Rodrigo Botero, director de la FCDS a Mongabay Latam.
Violencia y deforestación en aumento
La región amazónica ha sido de gran interés para los diversos grupos armados ilegales involucrados en el conflicto, entre ellos guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes y crimen organizado, y más recientemente disidentes de las FARC. El informe ‘Un Clima Peligroso’ asegura que todos estos actores utilizaron la región como zona de retaguardia, territorio para la extracción de recursos y para ejercer control territorial, militar, político y social. Además, que la Amazonía era un activo estratégico debido a sus extensas fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y a su lejanía de los centros de control gubernamental.
A pesar de esto, los departamentos amazónicos han presentado dinámicas diferentes. El reporte señala que Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo han sido los más afectados por la violencia, el conflicto armado y la deforestación, pero también los que tienen mayores niveles de integración económica y presencia estatal. Por el contrario, los departamentos de Guainía, Amazonas y Vaupés han experimentado menores niveles tanto de conflicto como de deforestación, pero se han caracterizado tradicionalmente por una menor presencia del Estado central y una menor integración económica con el centro del país.
Aunque se podría pensar que en Amazonas, Vaupés y Guainía la situación ambiental y de seguridad tiene escasos problemas, Rodrigo Botero comenta que los han tenido desde hace mucho tiempo, solo que debido a esa menor presencia del Estado se han reportado históricamente menos denuncias y las problemáticas no se han expresado en forma de deforestación, pero sí de otras formas.
“Por ejemplo, la frontera [los tres departamentos son fronterizos] es una gran autopista de ilegalidad, no solo con Venezuela sino con Brasil y Perú. Ahí los problemas se expresan en términos de tráfico de droga, armas, oro, coltán, madera, pescado y hasta de migrantes”, afirma Botero. Y es que toda la Amazonía, en palabras del director de la FCDS, “se ha convertido en un botín de guerra”.
Precisamente, Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y uno de los autores del informe, asegura que lo más complejo de lo que sucede en la región es la interacción entre el deterioro de condiciones de seguridad y el deterioro de las condiciones ambientales, lo cual produce una gran crisis.
El informe destaca al acaparamiento de tierras, los cultivos de coca para usos ilícitos, la minería ilegal y el aumento en el número de vías no autorizadas como cuatro factores que explican la creciente dinámica de violencia y degradación ambiental de la región amazónica colombiana.
Cifras de 2020 de la FCDS indican que el acaparamiento de tierras se da en el llamado Arco colombiano de la deforestación, justo en los límites con otros ecosistemas como los Andes y la Orinoquía, pasando por importante áreas protegidas como los parques nacionales Tinigua, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete —en su zona norte y en las cercanías del río Camuya en el límite oriental del parque— y el límite oriental de la Reserva indígena Nukak.
Así mismo, los cultivos de coca para usos ilícitos dominan principalmente en los parques Sierra de la Macarena, Tinigua, Serranía de Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nacional Nukak, así como en el resguardo indígena Nukak y diversos bosques de Guaviare, Caquetá, Putumayo y el sur del Meta.
Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) refieren que la minería ilegal se concentra en la cuenca baja del río Caguán, el río Putumayo y el río Caquetá, así como sus afluentes, y en varias zonas dentro de los parques Río Puré, Cahuinarí, Yaigojé-Apaporis y Puinawai.
Finalmente, información de la FCDS también da cuenta que las vías ilegales se expanden sobre todo en el Arco Amazónico Noroccidental, en los municipios de La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), que contienen el 48 % de las nuevas vías detectadas, la mayoría de ellas en dirección a áreas protegidas y resguardos indígenas.
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El peligro constante para los defensores ambientales
Las dinámicas de ilegalidad han llevado a un incremento en la violencia contra los líderes ambientales amazónicos. “Cada vez más, sus esfuerzos de conservación y protección ambiental son vistos como amenazas directas a los intereses económicos de los grupos armados ilegales y de poderosos actores económicos y políticos”, se lee en el reporte.
La firma del Acuerdo de Paz, así como la desmovilización y el desarme parcial de las FARC fueron importantes impulsores de estos cambios pues crearon un vacío de poder que facilitó la entrada de diferentes grupos armados ilegales. También propiciaron un mayor interés en la explotación de recursos de la Amazonía colombiana, en contra de la agenda de conservación y protección de los líderes, organizaciones y comunidades ambientales.
ONG internacionales han dado cuenta del recrudecimiento de la violencia, por ejemplo, el número de defensores ambientales asesinados en Colombia aumentó en más del 150 % entre 2018 y 2020, pasando de 24 a 64 según Global Witness. Además, entre 2016 y 2020, el proyecto ‘Tierra de Resistentes’ reportó el asesinato de por lo menos nueve defensores del ambiente en los departamentos de la Amazonía.
“Este aumento de la violencia letal contra los líderes ambientales y sociales ha estado acompañado del desplazamiento forzado de comunidades locales e indígenas y de la pérdida de sus medios de vida tradicionales. Por ejemplo, pueblos indígenas han sido desplazados de las zonas rurales de los departamentos de Amazonas y Putumayo como consecuencia de las presiones ejercidas por grupos armados ilegales, incluyendo el reclutamiento o utilización de jóvenes para sus operaciones”, dice el informe y añade que líderes sociales, organizaciones ambientales y pueblos indígenas de algunas zonas de los departamentos de Putumayo y Caquetá también están en grave riesgo, principalmente en los municipios de Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo y Solita.
Para Rodrigo Botero, este es el “triste reciclaje” de una guerra contra grupos armados que ahora tienen características más complejas. Según dice, son un sinnúmero de grupos y cada uno impone sus normas de manera violenta, erosionando todo el capital social que se había logrado construir durante años en la Amazonía.
Juan Carlos Garzón de la FIP comenta que en un territorio donde el Estado no ha estado para proteger a las comunidades, finalmente son los propios líderes, con organizaciones ambientales y sociales, quienes terminan tratando de establecer mecanismos para protegerse. “Van desde lo más básico, hablarse entre ellos sobre sus rutinas y cuidarse mutuamente, hasta tener interlocución con los actores armados para procurar protección”, asevera.
Estos métodos de autoprotección son el resultado de la falta de confianza en el Estado. Varias personas y organizaciones locales entrevistadas en el informe ‘Un Clima Peligroso’ expresaron su preocupación por las narrativas que estigmatizan a los defensores del ambiente y los líderes sociales, así como a las comunidades locales. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había señalado en 2019 que líderes políticos y funcionarios públicos a menudo califican de “guerrilleros” a comunidades y líderes porque se ubican en las mismas zonas que los grupos armados ilegales.
“Como consecuencia, muchos líderes ambientales y miembros de las comunidades agredidas dudan en denunciar las amenazas y los crímenes ante las autoridades pertinentes, ya que temen que se haga caso omiso de sus reclamos o, peor aún, que aumente su nivel de riesgo”, dice el reporte.
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Las respuestas del Estado
El informe también analiza las respuestas que el Estado le ha dado a la crisis en la Amazonía Colombiana. En primer lugar mencionan el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado entre el Gobierno y las FARC en 2016. Este documento se basa en el entendimiento compartido de que la larga historia de conflicto armado de Colombia tiene sus raíces en la división rural-urbana y la falta de presencia del Estado en algunas de sus regiones y, por lo tanto, la construcción de paz requiere un enfoque territorial.
El Acuerdo pone un fuerte énfasis en las cuestiones ambientales y de gobernanza de la tierra. De hecho, su primer punto es una reforma rural integral que fomente el desarrollo y la equidad económica y social en el campo, incluyendo una serie de iniciativas de reforma agraria para cerrar la brecha rural-urbana. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con la asignación presupuestal necesaria para lograr sus objetivos y, según ha dicho la Procuraduría colombiana, su implementación ha estado rezagada.
Rodrigo Botero, director de la FCDS, lo sintetiza de la siguiente manera: “no habrá paz ambiental mientras no haya paz agraria. Y esta última empieza por los reconocimientos de los derechos de la tierra para las poblaciones campesinas y étnicas”.
Una de las principales respuestas del Gobierno para combatir la deforestación y las economías ilegales en la Amazonía colombiana ha sido la acción militar denominada ‘Operación Artemisa’, que comenzó en abril de 2019. Según fuentes gubernamentales, la esta estrategia contribuyó a prevenir y detener la deforestación mediante la recuperación de 12 358 hectáreas de tierra en parques nacionales, el rescate de 9137 aves, mamíferos y reptiles en peligro de extinción y la detención de 81 personas por diferentes delitos ambientales, entre abril de 2019 y febrero de 2021.
Sin embargo, el alcance y los resultados de Artemisa han sido cuestionados. Juan Carlos Garzón dice que hay un escenario donde se necesita una respuesta de la fuerza pública, pero el problema es cómo se ha hecho y hacia quiénes han sido dirigidos los operativos. “Hay un gran vacío en términos de priorización e inteligencia”, destaca.
Para él, las labores se dirigen a los eslabones más débiles de la cadena (los campesinos), además que la mayoría de las personas capturadas luego no son procesadas. “Se han interrumpido procesos de diálogo y concertación, comunidades dispuestas a colaborar y avanzar en la protección del ambiente y parar la deforestación se han visto de frente con operaciones de las fuerzas militares”, dice.
Garzón también menciona que el poder disuasivo de estas acciones militares es muy bajo porque se hace el operativo y a las pocas semanas otra vez están las personas en el mismo territorio. “Parte de lo bueno que ha pasado en la Amazonía viene de acuerdos de la gestión comunitaria. La deforestación en la región podría ser peor si no fuera por el trabajo de las comunidades y las organizaciones ambientales”.
Para el investigador de la FIP, las operaciones militares no están teniendo los impactos esperados y, por el contrario, generan un malestar hacia el Estado, reduciendo la posibilidad de que comunidades e instituciones gubernamentales trabajen conjuntamente.
Opciones para enfrentar la crisis
Ante el complejo panorama de la región amazónica en Colombia, los autores de ‘Un Clima Peligroso’ hacen recomendaciones específicas de corto, mediano y largo plazo, divididas en cinco líneas de acción.
La primera es mejorar la protección de los defensores ambientales y las comunidades locales con la coordinación de acciones en las instancias locales, departamentales, nacionales e internacionales.
“Lo urgente es la protección de las comunidades y eso suena muy lógico, pero no necesariamente es la prioridad en el ámbito de la seguridad. Por ejemplo, la prioridad de Artemisa no es proteger comunidades sino disminuir la deforestación”, dice Juan Carlos Garzón.
Para él, “la respuesta no solo es qué más tenemos que hacer, sino qué evitamos hacer”. En ese sentido, dice, las operaciones de seguridad deberían tener como perspectiva no hacer daño, evitar efectos colaterales y generar confianza con las comunidades.
La segunda línea de acción recomendada en el informe es abordar el control de la deforestación y las actividades ilegales como parte de una estrategia de paz más amplia. “Hay que reconocer que sin las comunidades es muy difícil conseguir los objetivos de la protección ambiental; esto no va a funcionar solo por la fuerza”, comenta Garzón.
La tercera línea es fortalecer la implementación de las políticas ambientales y climáticas teniendo en cuenta su dimensión de paz y conflicto. El cuarto punto tiene que ver con reconocer y fortalecer el papel de las comunidades locales en la protección del ambiente y, finalmente, transformar las causas fundamentales de la crisis y fomentar la resiliencia a largo plazo al cambio climático y los conflictos.
Para Rodrigo Botero, director de la FCDS, es muy importante la presencia y coordinación del Estado en la Amazonía porque “actualmente cada sector jala para su propio lado y no hay ejercicios concretos de construcción territorial conjunta que permita que poblaciones, ambiente y funcionarios no sigan siendo carne de cañón ante esta conflictividad”.
Por su parte, Juan Carlos Garzón asegura que es muy difícil avanzar en el tema ambiental si no hay condiciones básicas de seguridad y sin que las comunidades tengan confianza en el Estado. “Este informe es un llamado de urgencia: se está complicando el trabajo en la Amazonía y no se había visto algo así de complejo en el pasado reciente”, destaca.
*Imagen principal: Operativo del Ejército colombiano contra la deforestación en la Amazonía. Foto: Ministerio de Ambiente.
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