- Lo que ahora le preocupa a la dirigencia de los Shuar Arutam es que la empresa que busca explotar cobre en su territorio está aplicando como estrategia dividir la organización indígena.
- Denuncian que Lowell ha pasado por encima de la dirigencia indígena, que representa a las 47 comunidades Shuar Arutam, y ha apuntado a convencer solo a dos de ellas que están ubicadas en el área del proyecto minero.
Históricamente los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana han rechazado la minería en sus territorios ancestrales. Por ejemplo, es conocida, y considerada como un hito, la sentencia de la justicia ecuatoriana a favor de la comunidad Cofán de Sinangoe que denunció, en 2018, la violación del derecho a la consulta previa y la afectación de su derecho al agua y al medioambiente por parte de la minería. La Corte Provincial de Sucumbíos reconoció sus derechos y ordenó la suspensión de las 20 concesiones mineras otorgadas y de las 32 que se encontraban en trámite.
Hace pocos días, representantes de los pueblos indígenas amazónicos llevaron a la justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto 95, que busca la expansión de la actividad petrolera, por considerar, al igual que los Cofán de Sinangoe, que no fueron consultados. Próximamente harán lo mismo en contra del decreto 151, que plantea el plan de acción para el sector minero y que, según los líderes indígenas, busca relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía, pese a la decisión de los pueblos de mantener sus territorios libres de esta actividad.
“¿A quién le consultó Guillermo Lasso, con quién socializó los impactos positivos y negativos de la minería? Con nadie, porque a nosotros no nos consultaron. Asimismo, todo el Pueblo Shuar Arutam ha sido concesionado sin respetar el derecho que tenemos a decir no a estas actividades”, asegura Josefina Tunki, Presidenta de la PSHA, organización que representa a todo el Pueblo Shuar Arutam y que reúne a 47 comunidades y seis asociaciones de esta etnia.
Lo que preocupa a la dirigencia de los Shuar Arutam ahora es que una de las empresas que busca operar en su territorio está aplicando como estrategia dividir la organización indígena. ¿Cómo? Los indígenas aseguran que están pasando por encima de la dirigencia, que representa a la totalidad de las comunidades shuar (47) y han convencido a dos de ellas que están ubicadas en el área del proyecto minero donde realizan las actividades de exploración para una mina de cobre a cielo abierto. Los líderes indígenas señalan que se trata de la empresa Lowell, filial de la canadiense Solaris.
Según Carlos Mazabanda, coordinador de campo en Ecuador de la organización Amazon Watch, la empresa convenció a las comunidades shuar de Warints y Yawi, que se ubican en el área del proyecto minero. “La empresa ha invertido muchos recursos en tener a las comunidades a su favor”, explica Mazabanda.
Un proyecto minero y un conflicto interno
Cerca del 60 % del territorio Shuar Arutam se encuentra concesionado para actividades mineras, principalmente de cobre, y en la mayoría de ocasiones las comunidades se han dado cuenta de esto cuando las empresas aparecen para realizar las primeras actividades de exploración. Actualmente hay varias compañías con presencia en su territorio, pero cinco de ellas tienen las concesiones más grandes: Solgold, Ecuasolidus, Explorcobres, Proyectmin y Solaris.
La mayor tensión se está dando con el proyecto Warintza de la empresa Lowell, filial de la canadiense Solaris. Desde hace varias décadas Lowell ha tenido títulos de propiedad y mineros dentro del territorio Shuar Arutam pero no había podido empezar con las actividades de exploración debido a la oposición de las comunidades indígenas.
Sin embargo, según dice Josefina Tunki, presidenta de la PSHA, la minera decidió cambiar su estrategia de entrar por la fuerza a tratar de dividir a las comunidades. Se han enfocado en Warints y Yawi, precisamente las dos comunidades que se ubican en el área del proyecto minero.
El 23 de enero de 2019, estas dos comunidades shuar firmaron un memorando de entendimiento con la empresa Lowell para la realización de actividades de exploración minera en su territorio e, incluso, luego crearon una asociación a la que denominaron Alianza Estratégica. Estas acciones se dieron en contra de lo decidido por la PSHA, dice Josefina Tunki.
Marcha del pueblo Shuar Arutam en contra de la minería. Foto: Cortesía pueblo Shuar Arutam.
“La empresa cumplió el compromiso de devolvernos 2600 hectáreas. Por eso se firmó un acuerdo de exploración durante tres años”, asegura Vicente Tsakimp, indígena Shuar de una de las comunidades que hoy negocia con la empresa minera y coordinador de la Alianza Estratégica.
Pero las demás comunidades integrantes del pueblo Shuar Arutam, que suman más de cuarenta, se oponen rotundamente a la minería e insisten en que no se pueden iniciar los trabajos de exploración minera en su territorio. Además, indican que, por decisión mayoritaria, los shuar se han opuesto históricamente a las actividades extractivas en sus tierras.
Lee más | La Amazonía colombiana se ha convertido en un “botín de guerra” | INFORME
La demanda de una consulta previa
“Queremos que la minera se retire de nuestro territorio porque según las leyes ecuatorianas, el pueblo Shuar debe ser consultado, como también dice el Convenio 169 de la OIT. Y eso nunca pasó”, comenta Ángel Nantip Wanit, presidente de la Asociación Nunkui del pueblo Shuar Arutam.
Tanto Nantip como la presidenta Josefina Tunki y Carlos Mazabanda de Amazon Watch dicen que no hubo consulta previa. “La empresa ha dicho que consultó a Warints y Yawi pero no se hizo consulta previa sino una socialización del proyecto y un listado de beneficios”, dice Mazabanda.
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris, le dijo a Mongabay Latam que “no era necesario que la PSHA aprobara porque ellos son una asociación, no una comunidad Shuar”. Este mismo argumentó utilizó Vicente Tsakimp, indígena Shuar y coordinador de la alianza entre la empresa y las dos comunidades indígenas, cuando dijo que “la dirigencia de la PSHA no puede ser autoritaria”.
El representante de Solaris dijo, además, que le solicitaron al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que se hiciera un ejercicio de proyecto piloto de consulta previa, ya que en Ecuador aún no hay una ley. “Este fue un ejercicio para confirmar que efectivamente había existido, y existe, el consentimiento de las comunidades [Warints y Yawi] para las operaciones de exploración”.
Carlos Mazabanda explica que la consulta previa esta establecida en la Constitución de Ecuador y que debe ser aplicada. Sin embargo, recuerda que sigue pendiente la elaboración de un marco legal, que es algo que se arrastra desde el gobierno de Rafael Correa, y que no se termina de aprobar porque no le conviene a las empresas. “Sería darle la razón a las comunidades indígenas que reclaman que sus territorios fueron entregados a operaciones extractivas sin cumplir con el derecho a la consulta y el consentimiento”.
Todo este conflicto en torno a la consulta previa llevó a que la PSHA presentara una queja ante la OIT por la violación del convenio 169. En dicho escrito se dice que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables afirmó que se había cumplido con el derecho a la consulta previa en el proyecto Warintza de la empresa Lowell, filial de Solaris, ya que realizó la ‘Valoración de Mecanismos de Consulta’ del 25 de septiembre al 29 de noviembre de 2019 en las comunidades de Warints y Yawi.
Sin embargo, en el documento la PSHA afirma que dentro de las concesiones de la empresa también se encuentran los centros de Maikiuants y Tinkimints, “es decir, omitieron consultar a otras dos comunidades que se ven directamente afectadas por el proyecto minero”.
Mongabay Latam se contactó con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para confirmar si, para ellos, el proyecto piloto de la compañía Solaris podía considerarse como la realización de la consulta previa y preguntarles por qué se había aprobado el documento si otras comunidades shuar afectadas no participaron. El área de Comunicaciones del Ministerio pidió el envío de preguntas a través de correo electrónico pero hasta el momento no han dado respuesta.
Este medio también se comunicó con la Secretaría de Derechos Humanos para conocer cuál ha sido el acompañamiento que han brindado en este conflicto pero dijeron que este asunto era competencia de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Al consultar a esta última secretaría nos informaron que la entidad fue creada hace apenas unos meses y que debíamos remitirnos al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Finalmente, ninguna de las tres entidades ha respondido a nuestras preguntas.
Riesgos ambientales
Carlos Mazabanda de Amazon Watch asegura que en las socializaciones que ha hecho la empresa no se ha hablado de los impactos que traerá una mina a cielo abierto como, por ejemplo, la deforestación o los riesgos de contaminación de las fuentes hídricas. “No hay nada que hable de cuáles van a ser los riesgos de la exploración y de las fases de la explotación o cómo van a reubicar a las comunidades cuando empiece el proyecto porque es a gran escala”, cuenta.
Josefina Tunki, presidenta de la PSHA, organización que representa a todas las comunidades y asociaciones del pueblo Shuar Arutam, se pregunta: “¿Qué va a pasar cuando Solaris perfore a cielo abierto encima de la cordillera? La comunidad de Warints no está ni a 200 metros de donde se hará explotación. ¿Cómo quedará el río donde se bañan y toman agua cuando empiece la minería? Porque su río nace en esa cordillera que se va a explotar. Esa es la preocupación, además, ¿dónde los van a ubicar?”.
El conflicto entre el pueblo Shuar Arutam y la minera Solaris incluso aparece en el Atlas de Justicia Ambiental, una herramienta que documenta y clasifica los conflictos sociales relacionados con asuntos ambientales alrededor del mundo. El Atlas está dirigido por los reconocidos académicos Leah Temper y Joan Martínez Alier del Instituto de Ciencia Ambiental y Tecnología (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Atlas menciona que, entre los impactos visibles que traerá el proyecto, están “la pérdida de biodiversidad (vida silvestre, agro-diversidad), deforestación y pérdida de cobertura vegetal” e impactos potenciales como “contaminación y erosión del suelo, contaminación de aguas superficiales y disminución de la calidad del agua (físico-química, biológica)”.
Marco Martínez, directivo de territorio de la PSHA, dijo en un evento sobre minería, coordinado por organizaciones sociales canadienses en mayo de este año, que las comunidades shuar ya han empezado a ver pérdida de bosque primario y la contaminación de las aguas. “Las familias tienen menos especies y menos ríos limpios, lo que aumenta enfermedades en las personas y plagas en los cultivos. Las vivencias propias de las familias shuar muestran cambios que afectan el medioambiente, cambian los ciclos de siembra, cosecha y recolección de alimentos del bosque”, aseguró.
A los líderes de la PSHA también les preocupan los cambios culturales que han llegado a las comunidades de Warints y Yawi luego de aceptar la minería. “Ya no hay costumbres, por más que se vistan con trajes shuar, que utilicen nuestros adornos, eso no es identidad. El vivir shuar allá es diferente”, comenta Josefina Tunki.
El abogado Tarquino Cajamarca, exdefensor del Pueblo de Morona Santiago y quien asesoró al pueblo shuar arutam en la queja ante la OIT, cree que también es importante tener en cuenta el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Cajamarca menciona que en el plan de vida de los shuar dice que no se van a explotar sus territorios para petróleo y para minería. “Ellos dicen que no deben ser consultados porque ya es algo que han decidido, con base en su derecho a la autodeterminación”, comenta.
La tensión que se vive actualmente en el territorio shuar preocupa a sus dirigentes. Por ello, Josefina Tunki convocó a una reunión el 11 de octubre, a la que invitó al gobierno nacional, provincial y cantonal para que les ayudaran a buscar vías para restaurar las relaciones entre las comunidades. Sin embargo, nadie apareció.
“Los invitamos para que conocieran la realidad en el sitio, por qué tenemos controles, por qué no aceptamos la minería. Los invitamos para que opinen, nos entiendan”, dice Tunki y agrega que “el pueblo Shuar Arutam confirmó la incapacidad de las autoridades. No tienen el coraje de visitar a su pueblo”.
La presidenta de la PSHA dice que los indígenas Shuar Arutam quieren que las transnacionales se retiren, “que nos dejen en paz, que nos dejen vivir nuestro propio desarrollo […] el pueblo ya decidió y dijo no a la minería en su territorio”.
Por ahora, Tunki asegura que los diálogos con sus hermanos de las comunidades de Warints y Yawi comenzarán de cero porque “no somos enemigos, no podemos pelear con nuestras propias familias”. Sin embargo, ya decidieron que lo harán solos, pues por parte del Estado solo han recibido silencio e indiferencia.
*Imagen principal: Desde que inició su periodo como presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki se ha opuesto a la minería en el territorio. Foto: Cortesía pueblo Shuar Arutam.
———-
Videos | Aumenta el tráfico de madera de balsa en Ecuador
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Ecuador, puedes revisar nuestra colección de artículos.
Facebook | La pérdida de bosque en Ecuador
Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Créditos
