Según la investigación del Ministerio Público, las lagunas de oxidación de Repsa, usadas para tratar los desechos de la palma procesada, se desbordaron y el derrame llegó al río. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) realizó una inspección en las instalaciones en la que confirmó el daño ambiental y descubrió una tubería a través de la que se descargaban desechos en el agua.

El caso no avanzó en los tribunales. Un juzgado ordenó la clausura temporal de la empresa mientras avanzaba la investigación, pero la resolución fue anulada un mes después por una Sala de Apelaciones. Hasta ahora no ha habido capturas ni citaciones contra los directivos de Repsa. La Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente no dio más información al respecto.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la empresa no tenía estudio de evaluación de impacto ambiental. La Alianza periodística Tras las huellas de la palma solicitó el documento al MARN, pero a la fecha de publicación de este reportaje no lo había enviado.

El segundo caso contra Repsa se abrió en 2020, después de que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) señalara que su plantación de palma de aceite en el caserío El Tamarindo, en Sayaxché, Petén —cerca de áreas protegidas en el sur de ese departamento—, operaba sin estudio de evaluación de impacto ambiental. Esto fue confirmado en una inspección realizada posteriormente por el MARN. El expediente sigue en investigación.

A pesar de las denuncias, en los expedientes del MARN entregados a la Alianza periodística Tras las huellas de la palma no aparece ninguna sanción contra Repsa. La única penalización contra la empresa recogida en los registros públicos es una multa de 5 mil quetzales (650 dólares) impuesta por el Ministerio de Energía y Minas en 2019, después de que la compañía construyera depósitos de gasolina para consumo propio sin contar con los permisos.

Raúl Maas, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, asegura que “los montos de las sanciones por este tipo de casos están alejados del impacto que generan estas acciones”. Además, dice que “es muy difícil cuantificar el valor de los servicios ambientales, pero esos son los montos que están en la ley y es ahí cuando uno se da cuenta de que esta se queda corta”, explica.

Maas asegura que algunas empresas prefieren pagar la multa por no tener el estudio de impacto ambiental, antes que frenar las obras o los proyectos para dedicar tiempo a su elaboración. Según la ley, después de ser multadas las empresas tienen seis meses para entregar el estudio de impacto ambiental. “El negocio será clausurado en tanto no cumpla”, indica la norma, pero los expertos consultados aseguran que esto no siempre ocurre.

Además, otras empresas deciden fraccionar sus proyectos y elaborar varios estudios de evaluación de impacto ambiental “con el objetivo de diluir el impacto que tendrán sus intervenciones”, añade Maas.

El director del IARNA recuerda que una ley que regule el uso de los recursos hídricos podría ayudar a impedir que ocurran casos similares al de la laguna Pampa Guamuchal. Sin embargo, en Guatemala, donde no existe una Ley de Aguas, la agroindustria puede emplear el líquido que necesita para sus plantaciones o ganado sin controles de las autoridades.

Una alternativa para sancionar estos casos es llevarlos por la vía penal.

Fruto de la palma africana. Fotografía: Carlos Alonzo/Agencia Ocote.

Las denuncias en la Fiscalía

En enero de 2014, tres meses después de sancionar a Palmas del Horizonte por el caso de la laguna Pampa Guamuchal, el MARN denunció a la empresa ante el Ministerio Público por el delito de contaminación. En la demanda señaló que los daños a la laguna y el bosque habían tenido un “impacto irreparable a la naturaleza”. El caso quedó bajo el control de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente que, según el MARN, tiene al menos otro expediente abierto contra Palmas del Horizonte.

En 2015, el MARN recibió otra denuncia contra la empresa, por talar árboles de hule en un terreno de 620 hectáreas en el municipio de Coatepeque, apenas a 20 kilómetros de Pampa Guamuchal, y señaló en un informe que “pudo observar que ya no existen árboles de hule” y en su lugar había “una plantación de palma africana de aproximadamente tres meses de haber sido sembrada”. En ese mismo documento añadió que Palmas del Horizonte no contaba con un estudio de evaluación de impacto ambiental.

Ya en 2016, la empresa respondió a través de un memorial que no tenían una finca con plantaciones de palma dentro de las coordenadas descritas. Sin embargo, en el informe del MARN se había registrado que durante la inspección, dos representantes de Palmas del Horizonte habían impedido el paso al personal del ministerio: José Ruiz Sett, jefe de gestión ambiental del Grupo HAME, y Carlos Enrique Árevalo García, representante legal de Palmas del Horizonte.

Estos datos se incluyeron como evidencia en una denuncia que el MARN presentó contra Palmas del Horizonte en el Ministerio Público el 12 de mayo de 2016.

Sin información de los casos en el Ministerio Público

Hasta hoy, más de cinco años después, se desconocen los avances de la Fiscalía en los dos casos referidos por el MARN —el de la Pampa Guamuchal y el de bosque de hule de Coatepeque—. En los registros del Ministerio Público no aparecen estas dos denuncias que, según los expedientes del MARN, el ministerio presentó contra la empresa. Únicamente aparece una denuncia contra Palmas del Horizonte, presentada por el delito de contaminación el 18 de mayo de 2016, aunque no hay más datos sobre la misma.

Por la fecha, podría tratarse de la denuncia del MARN en Coatepeque o la presentada por Sindey Samuel, exministro de Ambiente de Guatemala, contra Palmas del Horizonte y otras seis empresas, a las cuales señaló de desviar ríos en mayo de 2016.

Sin embargo, hasta ahora, el Ministerio Público no ha facilitado más información del avance de estos procesos. Yoni Morales, jefe de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente, aseguró a la Alianza periodística Tras las huellas de la palma, a través de llamadas y mensajes de texto, que daría información de estos casos en una entrevista. Pero hasta el día de la publicación de este reportaje no concretó una fecha.

Julio González, representante de Madre Selva, afirma que la mayoría de denuncias por delitos ambientales que se presentan ante esta Fiscalía no avanzan. Según su análisis, los fiscales no están capacitados para conocer temas ambientales: “dicen que no tienen laboratorios ni equipo para tomar las muestras para demostrar la contaminación”, señala.

De acuerdo con el Código Penal guatemalteco, el delito de contaminación tiene una pena de uno a dos años de prisión y una multa de hasta 5 mil quetzales (645 dólares). El castigo por el delito de contaminación industrial puede ascender a 10 años de prisión y una multa de hasta 10 mil quetzales (1300 dólares). Aun así, en Guatemala las penas de menos de 5 años son conmutables.

“Las leyes en Guatemala están diseñadas para que persista la impunidad. Se lleva a la cárcel a cualquiera por robar una gallina o cualquier otra cosa, pero no por la contaminación que causan las industrias”, critica González.

El caso contra Palmas del Horizonte por la Pampa Guamuchal terminó siendo emblemático. Cuando el MARN sancionó a la empresa por 51 mil quetzales en 2013, le dio un plazo de seis meses para presentar el estudio de evaluación de impacto ambiental. La empresa no cumplió. Dos años después, las comunidades volvieron a denunciar a Palmas del Horizonte, ya que el canal artificial que conectaba la laguna con el río seguía en funcionamiento.

El MARN le solicitó de nuevo el estudio a la empresa, pero la compañía únicamente informó que lo estaba elaborando y solicitó un plazo de tres meses más para cumplir con el requisito. Era el 24 de noviembre de 2015. Tres días después, el MARN decidió suspender las operaciones de Palmas del Horizonte en la Pampa Guamuchal, pero según el expediente de la autoridad  ambiental, la suspensión solo duró 25 días.

Palma africana. Fotografía: Plaza Pública.

El giro a favor de Palmas del Horizonte

El 15 de diciembre de 2015 Palmas del Horizonte apeló el fallo del MARN y, el 22 de diciembre, la entidad emitió una resolución que favoreció a la empresa y anuló la suspensión.

En el expediente no se aclara si Palmas del Horizonte finalmente entregó el estudio de evaluación de impacto ambiental. Sólo hay una resolución, de julio de 2016, en la que se confirma que la suspensión está levantada. Se solicitó al MARN el listado total de estudios de evaluación de impacto ambiental de la empresa, pero a la fecha de publicación de este reportaje no fueron entregados.

Las comunidades impugnaron la decisión del MARN, pero los vecinos no volvieron a tener noticias del caso hasta un año y medio después, cuando la autoridad ambiental le ordenó entonces a su delegación de Quetzaltenango que regresara a la finca de Palmas del Horizonte para verificar si aún existía el canal artificial. En un memorial del 6 de agosto de 2018, la delegación se limitó a decir que las coordenadas a las que viajaron correspondían a una zona del departamento de San Marcos, donde no tenían jurisdicción. La laguna está en la zona fronteriza de los dos departamentos.

El caso en contra Palmas del Horizonte acabó de esa manera. En el expediente, de 374 páginas, no hay una hoja más.

En una comparación de imágenes satelitales de noviembre de 2016 y noviembre de 2020, se puede observar como la Pampa Guamuchal redujo su tamaño en estos años.

La Alianza periodística Tras las huellas de la palma intentó entrevistar a Mario Rojas Espina, ministro de Ambiente, para saber por qué su cartera no le dio seguimiento al caso, pero no respondió las llamadas a su celular.

El equipo de comunicación del MARN tampoco facilitó la entrevista con Rojas, pero ofreció una entrevista con Kellyn Omar Castillo, titular de la Dirección de Cumplimiento Legal, la dependencia del Ministerio encargada de tramitar las denuncias por daños ambientales. Sin embargo, esta cita tampoco se dio.

También se trató de entrevistar a Alfonso Alonzo, ministro del MARN en el periodo anterior, pero no contestó las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono.

Las otras acusaciones: ríos desviados y un caso de corrupción

En 2010, Palmas del Horizonte fue acusada de desviar el río Mopa, en Coatepeque, aunque los detalles de la denuncia, presentada en el MARN, se desconocen. La entidad aún no ha entregado la copia del expediente a la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma, a pesar de que fue solicitada por la ley de acceso a la información pública.

Río Madre Vieja. Fotografía: Plaza Pública.

En 2018, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) señaló al Grupo HAME de abrir canales que desviaban las aguas del río Madre Vieja hacia las plantaciones de palma de aceite de la empresa, al sur de Guatemala. Un año después, el conglomerado también fue señalado de crear un canal artificial para desviar el agua del río Suchiate, que divide a Guatemala y México, para abastecer sus cultivos.

La Alianza periodística Tras las huellas de la palma buscó una entrevista con algún representante del Grupo HAME para consultarle acerca de los señalamientos. El equipo de comunicación de la compañía indicó que se debía enviar una solicitud por correo electrónico, al que también se mandaron una serie de preguntas. Hasta la fecha de publicación de este reportaje no habían dado respuesta.

El Grupo HAME también está implicado en un caso de corrupción. Directivos de Repsa están señalados de pagar sobornos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a cambio de agilizar la devolución del pago de un crédito fiscal. Dos hijos de Hugo Alberto Molina Espinoza, fundador del Grupo HAME, podrían enfrentar un juicio por este caso.

*Imagen principal: Imagen de referencia. Plantaciones de palma africana  en la costa del Pacífico, en Guatemala. Foto: Carlos Alonzo/Agencia Ocote

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Artículo publicado por Antonio
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