Honduras: el país aceitero donde ninguna empresa ha sido sancionada por daños al ambiente

Al preguntarle al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre  (ICF) por estas afirmaciones, la entidad dijo que no tenía información sobre afectaciones ambientales en el municipio de Trujillo.

“Yo le garantizo con propiedad —dijo el diputado Nájera— que Aceydesa no ha sembrado una mata de palma africana en ninguna zona protegida, mucho menos en manglares, riachuelos o reservas naturales que son insignias del departamento de Colón, principalmente en la ciudad de Trujillo, como lo es el parque nacional Capiro y Calentura o la Laguna de Guaimoreto. En ninguna parte”.

Ni una sola sanción ambiental

El parque nacional Capiro y Calentura es una área natural protegida ubicada a 4 kilómetros de la zona urbana de Trujillo, departamento de Colón. Su extensión es de 62 kilómetros cuadrados y fue declarado como área protegida, junto al Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, el 1 de junio de 1992. Su nombre se debe a las cumbres más altas que posee: Capiro con 667 metros sobre el nivel del mar y Calentura con 1235.

Según una base de datos elaborada por Contracorriente con información de instituciones estatales, en Honduras hay 73 áreas protegidas, de las cuales 21 son parques nacionales. De la totalidad de zonas bajo protección, al menos 5 de ellas tienen concesiones activas de hidroeléctricas o mineras que amenazan la flora y la fauna. Otras 9 zonas protegidas tienen denuncias sobre cultivo de palma aceitera o café pero Capiro y Calentura no está en esa lista. En el resto de áreas protegidas, 5 tienen proyectos habitacionales, de infraestructura o hidroeléctricos dentro de sus límites y 10 tienen denuncias o investigaciones por construcciones, tala de bosque, cultivos e incendios forestales. Es decir, 29 enfrentan algún tipo de amenaza.

Alba Ocampo, encargada regional del (ICF), dijo que en la zona del litoral atlántico, donde hay más de 190 000 hectáreas de palma aceitera, no hay denuncias por delitos ambientales cometidos por empresas palmicultoras porque “ellos tienen licenciamiento ambiental y están en la zona de amortiguamiento [los cultivos en estas zonas son legales en Honduras aunque en muchos países de la región son áreas restringidas]. Son plantaciones de hace muchos años. En el caso del área protegida Blanca Jeanette Kawas, ubicada en el municipio de Tela, Atlántida, hay problemas con pequeños productores y hemos presentado denuncias ante el Ministerio Público, que ya están trabajando en ello”.

Por su parte, la Fiscalía del Ambiente, dependencia del Ministerio Público, en respuesta a una solicitud de información para esta investigación, indicó que hasta el momento no existen denuncias o demandas contra empresas que se dedican a la producción y procesamiento de la palma aceitera, y que solamente hay un proceso en contra del señor Concepción Quintanilla Cortés por el delito de descombro en el Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas, para sembrar palma dentro del área protegida. Ese caso se encuentra en proceso de investigación.

A esta información, la Fiscalía agregó que todo lo relacionado con la imposición de faltas administrativas y sanciones, su cumplimiento y el seguimiento del proceso legal corresponde exclusivamente al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, no a la Fiscalía del Ambiente.

Sin embargo, el Ministerio respondió a una solicitud de información e indicó que “en esta Secretaría de Estado no existe registro alguno en sus archivos acerca de demandas contra empresas dedicadas al rubro de la palma por perjuicios y daños al ambiente, por delitos o faltas administrativas cometidas, ni existen instancias procesales pendientes de ninguna índole, por lo que no es posible brindar un número de expediente que contenga las diligencias solicitadas”.

En Honduras, ninguna de las autoridades competentes ha registrado daños al ambiente por palma de aceite, con excepción de un caso pequeño y aislado dentro del parque Blanca Jeannette Kawas.

Llama la atención, sin embargo, que la información que brinda el Estado no coincide con las quejas recibidas por la RSPO o con las denuncias hechas por organizaciones de la sociedad civil sobre la invasión dentro de áreas protegidas por parte de productores de palma aceitera. Solicitamos información más detallada a nueve organizaciones ambientales en la zona norte del país, pero se abstuvieron de dar nombres por temor a represalias.

El exfiscal especial del Ambiente, Mario Enrique Chinchilla, aseguró que MiAmbiente cada vez tiene más trabajo y menos personal y presupuesto, lo que explica por qué las autoridades no están enteradas de todo lo que sucede con las empresas palmicultoras.

Chinchilla también comentó que las grandes plantaciones de palma cambian la vegetación e influyen en el clima de esa zona. Algunos ecosistemas son barreras de protección contra tormentas tropicales y mareas altas, y al desaparecer, pues esa función no la cumplen los cultivos de palma.

La verdad sobre el comportamiento de las empresas palmicultoras en Honduras pareciera ser un secreto de Estado. El diputado Nájera habla de Aceydesa y comenta que esta empresa, además de generar empleos de manera directa e indirecta, también hace coinversión con medianos y pequeños productores para desarrollar la zona de manera sostenible.

Sin embargo, el testimonio del diputado, quien asegura que no existen cultivos de palma aceitera en zonas ambientalmente protegidas, se vuelve dudoso tras ser mencionado en un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente recibir sobornos para la protección de los narcotraficantes que controlaban, desde el departamento de Colón, el tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos.

El cartel de “Los Cachiros”, cuya entrega a las autoridades estadounidenses desembocó una serie de juicios en Estados Unidos contra narcotraficantes hondureños, salpicó a la clase política del país que les dio beneficios como contratos con el Estado, concesiones mineras  y proyectos palmeros. En este entramado se vio envuelto Nájera y, aunque asegura que todo lo que han dicho los narcotraficantes sobre él es falso, ya figura en las listas de funcionarios corruptos sancionados por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky —creada en 2012 para sancionar a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad— y la reciente Lista Engel —creada en 2021 para sancionar a funcionarios del triángulo norte de Centroamérica que han estado involucrados en actos de corrupción de alto nivel—.

Las comunidades aceiteras

Trujillo, en el departamento de Colón, fue la primera capital de Honduras y es conocida por albergar los restos del filibustero William Walker, cuya tumba es uno de los atractivos turísticos más publicitados por los hoteles de la zona. Desde el 17 de octubre de 2014, los cruceros llegan a la bahía de Trujillo y los turistas se llevan las imágenes de unos atardeceres espectaculares. A pocos metros de la playa, sin embargo, donde ya no llegan los visitantes, está el pueblecito polvoriento y abandonado cuya carretera lleva hasta el lugar donde las tierras se inundan con palma de aceite. En las comunidades de este municipio, la principal actividad económica es este cultivo.

Florentino Pérez, conocido como ‘Tino’ por sus vecinos y amigos de la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo, es parte de una pequeña cooperativa de palma llamada Luchemos Juntos. En esta organización, 2 de los 10 miembros son mujeres y solo familiares de los fundadores laboran en el corte y la recolección del fruto. Desde las 6:00 hasta las 10:00 u 11:00 van a la plantación de 94 hectáreas de tierra, donde los hombres se dedican a cortar los racimos con una herramienta llamada malayo. Mientras tanto, las mujeres, con un saco, recogen el fruto.

La cooperativa Luchemos Juntos da empleo a los familiares de sus asociados. Dos de ellos conversaron con la Alianza periodística Tras las huellas de la palma y comentaron que es preferible laborar como lo hacen ahora, en lugar de ser empleado de una de las grandes empresas procesadoras, ya que en la cooperativa el sueldo es mejor. Cada 15 días llegan a la plantación con su malayo para cosechar los frutos que después son vendidos a un intermediario, una empresa en Trujillo que les compra aproximadamente a 167 dólares la tonelada de fruto de palma. Peréz agrega que este no es el precio siempre, ya que hace un año bajó a solo 50 dólares.

Dos de los jóvenes asociados que ahora trabajan en Luchemos Juntos, laboraron durante seis meses en Aceydesa, cargaban y descargaban los camiones, hacían turnos, una semana en el día y la siguiente semana durante la noche. Al preguntarles si habían visto prácticas que atentaran contra el ambiente, mencionaron que la empresa descarga las pilas de oxidación cada dos meses en los ríos aledaños, tiñéndolos de negro, y agregaron que los motores de la procesadora están encendidos todo el día, lo que genera un ruido constante y molesto que afecta a los pobladores de la aldea de Los Leones y contamina el aire por la cantidad de humo que emiten. Contactamos a directivos de Aceydesa para pedir su versión sobre estas afirmaciones, pero no accedieron a una entrevista.

La estación de Policía en Trujillo está cerrada. El día que visitamos la zona para acceder a la planta procesadora de Aceydesa, la Policía no estaba en servicio y varios campesinos que prefirieron hablar bajo anonimato contaron que el lugar está controlado por una banda criminal que porta armas de grueso calibre y se dedica a robar vehículos y frutos de palma. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 no hay transporte público en la zona y esto se ha convertido en un factor más que suma a la inseguridad.

La Alcaldía de Trujillo y la Unidad Municipal Ambiental que deberían conocer de las denuncias contra la empresa palmicultora, ya que está bajo su jurisdicción, tampoco atendieron a las solicitudes de entrevista.

“En el caso de la Fiscalía no le van a dar ninguna información de eso, porque recuerde que todos los entes legales del Estado se mantienen de las empresas privadas, más en el sector de nosotros, Colón”, aseguró Florentino Pérez al preguntarle si conoce casos de delitos ambientales cometidos por las compañías palmicultoras.

Efectos ambientales por cultivo de palma

A pesar de que en Honduras se habla poco de los efectos que tiene el cultivo y el procesamiento de la palma aceitera, y de la poca vigilancia estatal a este negocio, el biólogo Walther Monje Brizuela, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asegura que los efectos en el ambiente suelen ser negativos. “No es que la palma arruine por completo los suelos ni los endurece, es el hecho de que la palma esté allí ocupando ese suelo que puede ser productivo para otro tipo de proceso ecológico”.

Para operar, las empresas procesadoras de palma aceitera deben cumplir con ciertos artículos de la Ley General del Ambiente, específicamente los referentes al manejo de residuos líquidos y sólidos. En esta ley se indica que está prohibido verter líquidos y sólidos en aguas continentales, considerando que pueden afectar la salud de las personas y a la vida acuática. Además, se exige que los residuos de estas empresas sean técnicamente tratados para evitar alteraciones en suelos, ríos, lagos, lagunas y aguas marítimas.

Aunque las quejas y denuncias de las comunidades por contaminación de agua y suelos por parte de industrias palmicultoras son conocidas en el país, las autoridades ambientales no tienen procesos abiertos. En el caso de Aceydesa, la empresa es investigada internacionalmente por malas gestiones ambientales, entre ellas falsificar documentos y operar sin licencias ambientales, pero llama la atención que los documentos facilitados por el Ministerio de Ambiente indican que todo está en orden.

Monje explica que el mal manejo de residuos tiene un efecto negativo en la biota acuática. “Tenemos el efecto en las cadenas tróficas, los contaminantes van pasando a través de los organismos que están en el agua y son comidos por los organismos terrestres y la contaminación se acumula en los tejidos, llevando a la muerte en los peores casos”, puntualiza.

El biólogo comenta que la palma se cultiva solamente en el litoral atlántico del país por los requerimientos que tiene como la temperatura, precipitación y altura. “A las palmas les gustan las tierras planas, arenosas, bien drenadas y esas son las características que predominan en la zona norte”.

A nivel nacional, en los departamentos de Atlántida, Cortés y Colón hay 13 empresas miembro de la RSPO, de las cuales dos —incluida Aceydesa— están certificadas en el cultivo y procesamiento de palma aceitera. A pesar de esto, persisten los conflictos sociales con comunidades locales y estos estarían lejos de terminar si se materializa una de las ideas del diputado Nájera que se encuentra en su campaña reeleccionista.

“Yo hoy por hoy estoy promoviendo la siembra de 500 mil hectáreas de palma, con miras a llegar a un millón, esa sería la aspiración más grande de Óscar Ramón Nájera Zapata como un ciudadano común y normal de Honduras. Y hay que iniciar de inmediato para generar condiciones diferentes a las que viven en esas miserias de la capital de Tegucigalpa”, dice refiriéndose a la migración del campo a la ciudad que en los últimos años se ha acelerado en Honduras. Sin embargo, la palma ya ha tenido épocas de gran expansión en el país y la pobreza y los conflictos sociales persisten.

*Imagen principal: Allan de 17 años, trabaja en las plantaciones de palma aceitera desde los 14 años como cortero y recolector de la fruta de palma. Trujillo, Colón, 10 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

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Artículo publicado por Antonio

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