La palma aceitera desnuda la ausencia de fiscalización en un mercado clave en Ecuador

La palma aceitera es el cuarto cultivo que ocupa mayor territorio agrícola en el país, solo por debajo del cacao, el arroz y el maíz; pero por encima del banano, el producto estrella ecuatoriano, que ocupa 170 000 hectáreas. En todo el 2020 se produjeron 188 000 toneladas de fruta de palma.

Los riesgos de contaminación ocurren durante la siembra y el cultivo porque los agricultores forman alrededor de la planta una especie de círculo protector, al que llaman corona, para lo cual pueden utilizar agroquímicos y realizar fumigaciones constantes.

El momento de la extracción también es de cuidado: el fruto de la palma se cocina y tritura, pero los residuos van a unas lagunas artificiales, en las cuales se purifican los líquidos, pero donde puede haber riesgo de filtración hacia los cuerpos de agua cercanos.

Hablar de estos temas con las palmicultoras es casi como un tabú en Ecuador. Los periodistas se encuentran con respuestas evasivas, puertas cerradas y solicitudes de información que la mayor parte del tiempo no llevan a ningún lado.

La única persona que atendió nuestras llamadas fue una de las directivas de una extractora asentada en otra zona de Esmeraldas, quien pidió no ser identificada en el reportaje.

“Para poder operar se debe tener un registro ambiental”, empieza diciendo, como para sugerir que eso garantiza buenas prácticas ambientales. Pero enseguida agrega: “Nadie puede controlar a la naturaleza y hay épocas en que las lluvias llegan a ser muy fuertes. A nosotros nos pasó que una laguna se desbordó. Sube el caudal y comienza a rebosarse la piscina. Si cerca hay alguna fuente hídrica, sea primaria o secundaria, el líquido puede llegar y, obviamente, eso es para una denuncia. Por eso se pide que siempre, entre el río y las lagunas, haya vegetación, para que evite que esto pase”.

—¿Y eso se cumple siempre?

—No en todas se cumple. Generalmente no.

Patricio Mena es biólogo, tiene una maestría en Botánica y ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Dice que las tierras tropicales, como las de Esmeraldas y la Amazonía —donde están asentadas las palmicultoras— tienen una riqueza casi tan extensa y compleja como la de los corales. Explica que todos los materiales contaminantes —tanto los pesticidas tóxicos como los residuos de la extracción de la palma— llegan al suelo y traen complicaciones. “No es que solo se mueran unos pocos animales por ahí. [Los contaminantes] se meten en el suelo, matan la microfauna y la microflora, van a los acuíferos —acumulaciones de agua subterránea fundamentales para el ciclo del agua— y terminan en los mismos ríos y hasta en el océano”.

Al preguntarle cuáles son los efectos en la fauna de los ríos, Mena asegura que, por ejemplo, esta contaminación puede ser letal para los peces. “Quizá lo peor de todo es que se establece una cadena de letalidad. Porque no solo muere el pez, sino el pez que se come al pez y, muy seguramente, esto llegará hasta la dieta humana”.

A Mena también le preocupa que, en algunas provincias de Ecuador, las entidades encargadas de hacer control y vigilancia suelen tener serios problemas como poco personal calificado y falta de equipos.

Nueva ley pero nula implementación

En julio del año pasado entró en vigencia una Ley de nombre pomposo: Ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Un texto lleno de buenas intenciones para la industria que contempla facilitar el acceso al agua con trámites simplificados, promover la exportación y la comercialización, y reducir los obstáculos para obtener el registro ambiental.

Pero la Ley también incluye sanciones. Entre las infracciones graves se consideran: ubicar plantaciones de palma dentro de las zonas de protección hídrica donde están las fuentes de agua de las comunidades, incumplir las medidas que exigen generar zonas de amortiguamiento vegetal y no reportar riesgos fitosanitarios existentes en el cultivo. Este tipo de faltas, según la nueva normativa, deben ser sancionadas con la suspensión de la inscripción en el Ministerio del Ambiente y con multas de cuatro a seis salarios básicos; es decir, entre 1600 y 2400 dólares.

Sin embargo, ha pasado más de un año desde que entró en vigencia y ninguna autoridad ha reportado, como se solicitó para esta investigación, sanciones efectuadas, multas o registros suspendidos. Además, pese a que en las disposiciones transitorias se estableció un plazo máximo de tres meses —hasta octubre del 2020— para que el Presidente de la República emitiera el reglamento, hasta el momento ni el gobierno de Lenín Moreno, ni el de Guillermo Lasso han cumplido con esa disposición.

En una respuesta del Ministerio de Agricultura a un pedido de información de la Alianza periodística Tras las huellas de la palma, simplemente se cita que ese reglamento “se está gestionando con la Presidencia”, sin dar razón de los plazos u ofrecer más detalles.

En otra disposición la Ley manda que en máximo 12 meses —hasta julio de 2021— los palmicultores debían obtener una autorización administrativa del Ministerio del Ambiente para seguir trabajando. Sin embargo, en una reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, el 10 de marzo de este año, el exministro del Ambiente, Paulo Proaño Andrade, informó que para ese entonces apenas se habían registrado 300 de los 7000 palmicultores que actualmente existen en el país; es decir, solo el 4 %. El nuevo gobierno aún no ha brindado información sobre cómo avanza este tema.

Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, cree que todo lo que viene pasando demuestra “el doble rostro del Estado”. “Es un Estado hiper pendiente de la palma. Que, en 2002, con un decreto del expresidente Gustavo Noboa, dio paso a la conversión del megadiverso bosque del Chocó en tierras de uso agrícola; y que con eso abrió la zona de San Lorenzo a la palma. Que, a partir de ese entonces, ha entregado facilidades, créditos y exenciones de impuestos”.

Según Bonilla, durante todo el gobierno de Rafael Correa, la Corporación Financiera Internacional Nacional —entidad creada en 1956 cuyo principal objetivo es la reducción de la pobreza promoviendo el desarrollo económico a través del apoyo al sector privado— tuvo una línea de crédito para la palma pero, simultáneamente, el  Estado ignoraba los impactos sociales y ambientales de este cultivo. “No quiere ver a las poblaciones locales y a las comunidades negras que están perjudicadas, no quiere ver la tala, la contaminación”, dice.

Para la directora de Acción Ecológica, entre todos los monocultivos que existen en el país, la industria palmicultora es importante porque se expande generando tala de bosques nativos y abusando de agrotóxicos en las plantaciones. También le preocupan las extractoras de aceite “debido a los gases que se emanan al ambiente, por los líquidos tóxicos que llegan a los ríos y por todos los efectos sociales negativos que genera”.

Lo preocupante de este panorama es que el Plan Nacional Agropecuario, que fue expedido en marzo de este año, establece que uno de los productos en los que se quiere intervenir para potenciar su exportación es el aceite de palma. Es decir, se insiste en impulsar una industria que aún no cuenta con un reglamento aprobado.

¿Las cegueras estatales?

Esmeraldas es la provincia donde más conflictos socioambientales se reportan entre comunidades e industrias palmicultoras pues concentra el 67 % de los cultivos en el país. Sin embargo, las denuncias por contaminación también ocurren en otras provincias, sobre todo amazónicas, donde todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántos ríos se han contaminado?, ¿cuántas veces se han desbordado las lagunas de almacenamiento de desechos?, ¿cuántas empresas han sido sancionadas?

Para este reportaje se hicieron 15 pedidos de información a entidades estatales: a los ministerios de Ambiente y Agricultura; a las prefecturas de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Guayas, Sucumbíos, Orellana; y a la Defensoría del Pueblo. Lo más cercano a una respuesta concreta fue la del Ministerio del Ambiente, que registra tres sanciones administrativas por incumplimiento a normas ambientales, dos a la empresa Energy & Palma, en 2011, y una a la empresa Ecosiembra. Eso sí, el Ministerio aclaró que, a partir de noviembre del 2014, el Consejo Nacional de Competencia les entregó a las prefecturas provinciales la responsabilidad del control ambiental sobre la actividad palmicultora.

La Prefectura de Pichincha respondió que existe una sanción, pero no reveló el nombre de la empresa ni ofreció mayores detalles. Las prefecturas de Los Ríos, Guayas, y la Defensoría del Pueblo respondieron que no tienen registros y la prefectura de Esmeraldas aseguró que sí los tenía, pero no los entregó.

Las provincias amazónicas son tema aparte. Augusto Córdoba, técnico de Ambiente de la Prefectura de Orellana, sabe que el control sobre los cultivos y el procesamiento de la palma ahora son de su competencia, pero decidieron no asumirlos porque, según dice, el Estado nunca les dio recursos y no han logrado autofinanciarse debido al “bajo costo de las tasas ambientales que se cobran”. En otras palabras, en esa provincia no hay denuncias ni sanciones porque nadie ejerce el control.

El director de Ambiente de Sucumbíos, Pío Bravo, cuenta que, tanto en las pequeñas plantaciones como en la única extractora de esa provincia han encontrado violaciones ambientales: mal uso de pesticidas; mal manejo del bagazo que al ser dejado en la intemperie genera una mosca muy pequeña; y, lo más grave, en las lagunas de aguas residuales han confirmado que estos líquidos son descargados a los esteros y humedales. Además, dice que no se respetan los márgenes de protección de vegetación entre los ríos y las palmicultoras.

—¿Cuáles ríos han sido afectados?

—Varios riachuelos, generalmente no son los ríos grandes, pero sí los que están más cerca de las comunidades. En toda el área de Shushufindi hay esteros, riachuelos, que no han sido protegidos.

—¿Y por qué no hay sanciones?

—Lamentablemente, no tenemos una opción para sancionar lo que no está regularizado. Estamos haciendo un plan de acción, que no es inmediato, para regularización.

Lo que quiere decir Pío Bravo es que, si bien saben detectar las infracciones y conocen las sanciones, no pueden aplicarlas porque las palmicultoras no están formalizadas. Según el funcionario de Sucumbíos, solo el 30 % de las 950 palmicultoras de la provincia están participando en los procesos de regularización, el resto opera dentro de la informalidad. A esto se suma que los tres centros de acopio de fruto de palma tampoco están regularizados ni son son controlados por las autoridades provinciales.

Un episodio de acoso judicial

Mientras que la implementación de la nueva ley y la regulación y sanción de las palmicultoras permanece como un gran pendiente del Estado, la justicia sí avanza a gran velocidad en los procesos contra los comuneros de Barranquilla, en Esmeraldas.

El 8 de septiembre de 2021, un año después de la demanda de Energy & Palma, cuatro de los demandados —incluido el presidente, Néstor Caicedo— fueron sentenciados, en primera instancia, a un pago de 151 000 dólares por haber obstruido una vía durante tres meses. Los jueces argumentaron que la empresa sufrió pérdidas en la producción.

Tras recibir la sentencia, Caicedo señaló que apelarán la decisión judicial. “Rechazamos la decisión del juez porque vulnera nuestros derechos. La comunidad está indignada, pero estamos manteniendo la calma. Esperamos que las autoridades superiores, que se encuentran en Esmeraldas o en Quito, miren el atropello que se está cometiendo contra nosotros”. Se buscó la versión de Energy & Palma sobre este caso, pero tampoco atendieron las solicitudes.

Por su parte, Acción Ecológica publicó un comunicado en el que indican que la demanda interpuesta por la empresa palmicultora en contra de los defensores de la comuna Barranquilla es una acción intimidatoria que pretende que se dejen de realizar las reivindicaciones territoriales. También asegura que Energy & Palma busca que los defensores se detengan en sus exigencias al derecho a un medio ambiente sano y a que se respeten los derechos de la naturaleza. “Este caso es uno de los ejemplos de cómo las grandes empresas agroindustriales empiezan a utilizar el derecho civil en contra de los defensores y de cómo abusan del sistema de justicia, para seguir adelante con la depredación al medio ambiente”, resalta.

Este mensaje llenó de temor a varias comunidades en la provincia de Esmeraldas pero insisten en reclamar sus derechos. El paisaje en esta región se divide entre pueblos abandonados porque las promesas de la industria fracasaron y comunidades que se oponen a que la palma de aceite se expanda a nuevas zonas.

*Imagen principal: Así lucen los frutos de la palma justo antes de ser llevadas hacia las extractoras. Imagen tomada en el cantón Quinindé. Foto: Alexis Serrano.

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Artículo publicado por Antonio

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