- De los tres permisos que la autoridad ambiental le otorgó a la procesadora de aceite de palma, dos tienen investigaciones en curso y uno ya le generó una multa.
- La extractora está ubicada cerca de la ciénaga de Paredes, uno de los complejos hídricos de la cuenca del río Magdalena que están cada vez más contaminados, al punto que está en peligro la salud de las poblaciones de manatíes antillanos.
Después de una inspección en junio de 2016, la Corporación Autónoma de Santander (CAS), una de las autoridades ambientales del departamento de Santander, en el nororiente de Colombia, se dio cuenta que desde la extractora de aceite de palma Oro Rojo seguían saliendo residuos tóxicos hacia el Caño 41, uno de los afluentes que nutre a la quebrada La Gómez, que a su vez llega a la ciénaga de Paredes, en la cuenca media del río Magdalena.
No era la primera vez que lo evidenciaba. De hecho, esa misma entidad ya había abierto una investigación dos años atrás en contra de la empresa por la misma situación. Sin embargo, la entidad señaló que aunque el incumplimiento de Oro Rojo, y de otras compañías sobre las que indagó, “ameritaría una suspensión” de las plantas, no iba a imponer esa sanción porque “socialmente es muy difícil suspenderlas, pues hay aproximadamente 20 000 personas trabajando y la comunidad vive de este trabajo”, dijo la entonces directora de la CAS, Flor María Rangel, en una noticia de la corporación.
Oro Rojo es una empresa dedicada a la extracción de aceite de palma desde 2013 y a la que la CAS le otorgó en su momento tres permisos ambientales, de los cuales dos de ellos —vertimiento de aguas residuales y concesión de aguas— están actualmente bajo investigación; mientras que el de emisiones atmosféricas ya obtuvo una sanción, según le explicó a Mongabay Latam Diana Triana, funcionaria de subdirección de Autoridad Ambiental de la CAS.
Esa sanción fue por más de 27 000 dólares, pero aún no hay una resolución por la presunta contaminación de afluentes de la ciénaga de Paredes que han denunciado los pobladores locales. La ciénaga es hogar del manatí antillano (Trichechus Manatus), una especie en Peligro Crítico en el país, y de la que se han reportado varios animales muertos en los últimos años sin que los científicos sepan muy bien por qué. Un estudio que está por publicarse señala que las aguas de Paredes están cada vez más contaminadas.
Sin embargo, nada de esto ha parado totalmente las operaciones de una de las empresas que le presta servicios al gigante Indupalma, pionero en la industria palmera colombiana y hoy en liquidación.
Mongabay Latam construyó una base de datos con 231 casos que reúne las multas y sanciones que acompañan como una sombra a 147 empresas y personas vinculadas al negocio de la palma en cuatro de los principales países productores en la región —Colombia, Honduras, Guatemala y Ecuador—. La mayoría de las compañías investigadas operan en Colombia y entre las que figuran con más casos están Indupalma y Oro Rojo, con 11 y 4 procesos. La mayoría de las investigaciones están abiertas desde hace varios años sin que hayan finalizado los procesos y, en otra gran parte de los casos, las autoridades ambientales a las que se le requirió la información no precisaron detalles como el estado actual de las indagaciones ni los montos de las sanciones económicas que aplicaron.
Esta información se obtuvo de 45 peticiones de información que la Alianza periodística Tras las huellas de la palma elevó a todas las corporaciones autónomas regionales del país, que son las autoridades ambientales encargadas de investigar y sancionar las irregularidades de las palmicultoras. Se pidió información para el periodo entre 2010 y 2020 y se obtuvieron 29 respuestas.
Estos son algunos de los datos y cifras más relevantes sobre los 176 casos de Colombia registrados entre 2010 y 2020:
Oro Rojo, la apuesta de Indupalma en una región palmera
Para entender todo lo que ha pasado con la extractora de aceite palma, es necesario conocer sus orígenes. Aunque Oro Rojo no pertenece a Indupalma, sí era uno de los tantos negocios que administraba. Además, en su momento tuvo una importancia vital: ser la segunda planta de procesamiento de aceite de palma en la subregión del Magdalena Medio, el corazón de las operaciones de Indupalma desde 1961.
Ambas empresas pertenecen al grupo Gutt-Haime, un emporio industrial colombiano dirigido actualmente por los empresarios Daniel Haime Gutt y Moris Finvarb Haime. El grupo se dedica principalmente a la producción de grasas, aceites comestibles, jabones y detergentes; y opera en Colombia y Ecuador con marcas como Grasco o Danec.
El interés de muchos empresarios de la palma en Colombia no es extraño pues el país es, de lejos, el principal productor de aceite de palma de Latinoamérica y el cuarto del mundo, según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Dentro del país, Santander es una región clave pues es el segundo departamento con mayor producción en el país, al generar el 19 % de las 1,6 millones de toneladas de aceite de Colombia. Esta industria es tan rentable que incluso en el 2020, en plena crisis de la pandemia de COVID-19, incrementó sus exportaciones en un 9,6 % respecto al 2019, teniendo ventas por un valor de 350 millones de dólares, según cifras de Procolombia. El Ministerio de Agricultura explica que los mayores compradores fueron Países Bajos, España y Brasil.
Así, la extractora Oro Rojo nació siendo importante para el conglomerado Gutt-Haime y para el país porque permitiría aumentar la producción de aceite de palma, fundamental para la mayoría de los productos que fabrica el grupo industrial. Y en efecto, la producción se disparó. Justo un año después de que la extractora tuviera los permisos para operar, el municipio donde se ubica —Sabana de Torres, Santander— se convirtió en el segundo mayor productor de aceite de palma crudo en el país, pasando de una producción de 41 000 toneladas en 2013 a más de 72 000 en 2014.
El entonces gerente de Indupalma y quien luego fue ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, sostuvo que esta iba a ser “una de las plantas extractoras de palma de aceite más modernas de Latinoamérica”. Sin embargo, menos de un año después de comenzar sus operaciones, ya tenía una investigación abierta por un incumplimiento ambiental.
El escándalo mediático de las aguas contaminadas de Oro Rojo
James Murillo, director ejecutivo de la organización ambiental Cabildo Verde, cree que fue por la presión de los medios, y no por la actuación de la CAS, que comenzó la primera investigación contra Oro Rojo. La extractora llevaba poco menos de un año con el permiso de vertimiento de aguas residuales —otorgado el 3 de abril de 2013—, cuando los habitantes del corregimiento La Gómez, zona rural de Sabana de Torres, comenzaron a notar que algunas de las vacas que tenían se morían de diarrea, que sus perros también estaban falleciendo y que algunas personas presentaban brotes en la piel, acompañados de vómito y fiebre.
“El agua residual que salía de la extracción del aceite la depositaban en grandes lagos artificiales y cuando se llenaban, los descargaban inescrupulosamente en el Caño 41 que vierte a la quebrada La Gómez. Las descargas las hacían sobre todo cuando llovía, pero igual la gente se daba cuenta porque el agua se ponía oscura y olía feo”, asegura Murillo.
Murillo recuerda que denunciaron esto varias veces ante la CAS. “Pero ellos llegaban una semana, 15 días y hasta tres meses después, cuando ya el caudal se había llevado el agua contaminada y no encontraban nada”, sostiene.
Diana Triana, funcionaria de la autoridad ambiental, dice que ellos reciben las quejas pero tienen un gran volumen de trabajo ya que atienden a 74 municipios. “Hemos tratado de estar allá y hemos hecho todas las pruebas que están dentro de nuestra capacidad”, explica.
Ante el retraso, Cabildo Verde optó por quejarse públicamente y, en febrero de 2014, medios nacionales como Noticias Uno y El Tiempo o el local Vanguardia reportaron que, además de los daños a la salud de las personas, decenas de manatíes antillanos (Trichechus manatus) estaban en riesgo de morir.
La CAS respondió con una visita entre febrero y marzo de ese mismo año. “Se pudo observar un afluente de aguas lodosas que estaban siendo vertidas al caño que va a La Gómez, confirmando la falencia del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales de la empresa Oro Rojo”, le dijo en su momento a Vanguardia Elkin René Briceño, el subdirector de gestión ambiental de la CAS.
Esto dio pie para que, el 5 de marzo de 2014, la autoridad ambiental abriera la primera investigación administrativa contra la extractora de aceite de palma y ordenara una medida preventiva: suspender todos los vertimientos de Oro Rojo sobre el Caño 41 hasta que encontraran otras alternativas para deshacerse de los sedimentos. Sin embargo, ya sin la exposición de los medios, el proceso no avanzó mucho.
El asunto se puso peor cuando, entre mayo y junio de 2016, la CAS hizo indagaciones en las siete extractoras del departamento y encontró que todas incumplían normativas ambientales, como operar con permisos de emisiones atmosféricas vencidos o no realizar el debido tratamiento a las aguas residuales, ocasionando el vertimiento de líquidos contaminantes al suelo y a fuentes hídricas.
