En Oro Rojo, la autoridad ambiental halló que, una vez más, las aguas sucias de la extractora terminaban en los cuerpos de agua pero no suspendió sus actividades pues, según la directora de la entidad para la época, Flor María Rangel, era una decisión “socialmente” difícil debido a la cantidad de empleos que daban.

Diana Triana comenta que sí hubo investigaciones “en los casos que se vieron necesarios”. Oro Rojo no fue uno de ellos porque, según dice, “ya tenían investigación y estaban con el permiso de vertimientos suspendido cuando se hizo la jornada de 2016”.

Ante las preguntas ¿por qué seguían haciendo vertimientos si su permiso estaba suspendido? y ¿qué hizo la CAS al respecto?, Triana indicó que lo ocurrido fue “una contingencia”. “Ellos indicaron que habían cerrado el biodigestor, tuvieron una descarga de aguas lluvias y eso ocasionó un arrastre de aguas internas hacia el canal de desagüe. Pero sí registraron la contingencia que tuvieron y, obviamente, en el marco de una contingencia no se les juzga de la misma manera”, señala.

Han pasado cinco años y la CAS no ha acusado formalmente a Oro Rojo por el descargue de aguas contaminadas al Caño 41. Por eso no ha habido sanciones como multas ni suspensión de operaciones. Sin embargo, Triana defiende la gestión de la autoridad ambiental y dice que el caso sí ha avanzado porque en 2020 hicieron otra visita, se realizó un nuevo concepto técnico donde se indicó que se formularían cargos y se hicieron “otras observaciones de incumplimiento que generarían una investigación adicional por otros cargos”. La funcionaria aseguró que no podía darle copia del proceso a este medio porque aún no es oficial.

La Alianza periodística Tras las huellas de la palma buscó insistentemente a Oro Rojo vía telefónica y por correo electrónico para contrastar toda esta información. También hablamos telefónicamente con su administrador financiero, Jorge Castillo, quien nos solicitó el requerimiento por escrito. Sin embargo, hasta la fecha de publicación ni él ni la empresa han respondido.

Mientras tanto, la extractora de aceite de palma sigue funcionando gracias a una salida que encontraron para hacerlo: contratar a una empresa para que fuera ella la que se encargara de desechar las aguas contaminadas. “Cuando nosotros hicimos la suspensión de vertimientos en 2014, Oro Rojo le empezó a entregar sus aguas a terceros”, dice Triana.

Esos “terceros” que menciona la funcionaria de la CAS Triana hacen referencia a la empresa Soluxionar. El problema es que la organización ambiental Cabildo Verde también la ha responsabilizado de contaminar las aguas.

Soluxionar: ¿el problema cambia de manos?

En marzo de 2013, Soluxionar le pidió una licencia ambiental a la CAS para “servicios ambientales especializados”, que incluían desde el transporte de aceites, aguas aceitosas y ACPM contaminados, hasta la manera de deshacerse de ellos. Inicialmente, la empresa solicitó un permiso para verter las aguas a la quebrada Mojahuevos, otro afluente de la quebrada La Gómez. Pero en enero de 2014 cambió la solicitud explicando que el vertimiento lo haría “en el suelo por medio de riego por nebulización en el agro cultivo”, según consta en la resolución de la licencia ambiental. En otras palabras, transportarían el agua contaminada a los cultivos para luego evaporar la mayor parte.

Esta es el área de la cuenca abastecedora de la ciénaga de Paredes. Lo que está resaltado en azul es el espejo de agua donde confluyen todas las corrientes hídricas.

Aun así, ha habido denuncias contra Soluxionar por contaminación de aguas, como la publicada por el periódico El Tiempo en mayo de 2015. El entonces gerente de la compañía, José Arias, le dijo al medio colombiano que la contaminación ocurrió por un “rebosamiento en la máquina de tratamiento” en medio de un fuerte aguacero que ocurrió en la temporada de lluvias.

El 24 de abril de 2020, Cabildo Verde le mandó una queja a la CAS  en la que demuestra con fotografías cómo quedó la quebrada Mojahuevos después de un presunto mal manejo de los vertimientos de Soluxionar. Allí, Cabildo Verde reitera que cuando empieza la temporada de lluvias, los funcionarios de Soluxionar “aprovechan para descargar las piscinas sin tratamiento al medio ambiente y estás caen directamente a la quebrada Mojahuevos”.

Sin embargo, la CAS sostiene que no han comprobado que algo así haya ocurrido. “Hemos hecho varias visitas por las quejas que se han presentado en contra de Soluxionar en los últimos años y no hemos encontrado que hagan vertimientos”, dijo Triana. Por su parte, James Murillo de Cabildo Verde atribuye esa falta de hallazgos a que la CAS tarda semanas o, incluso meses, para realizar una inspección después de que reciben una queja.

La Alianza periodística Tras las huellas de la palma contactó a Karine Gómez, jefe ambiental y de HSEQ de Soluxionar, para pedir la versión de la compañía pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Manatíes afectados en la ciénaga de Paredes

Además de los olores fétidos, las aguas contaminadas que caen a la quebrada La Gómez —afluente de la ciénaga de Paredes— son uno de los tantos factores que terminan por afectar a este complejo de humedales y a uno de sus habitantes más representativos: el manatí antillano, según datos del Proyecto Vida Silvestre, un programa de conservación de biodiversidad a escala de paisaje.

En 2014, un grupo de científicos estudió la calidad del agua en los sitios preferidos por los manatíes para alimentarse y reproducirse en la ciénaga Paredes. Encontraron que la peor agua era la que venía de la quebrada La Gómez. La investigación reveló que el índice fisicoquímico estaba dentro de los valores normales al catalogarse como aceptable, pero que el índice biológico —usualmente medido gracias a especies que funcionan como bioindicadores— era muy crítico. Muchas de estas especies habían disminuido o ya no estaban presentes en el agua.

“Esto no se debe a una sola industria. Yo sé que los cultivos de palma son supremamente grandes alrededor de la ciénaga de Paredes, pero también hay que tener en cuenta que hay minería, ganadería con sus agroquímicos y agricultura con sus pesticidas y metales pesados. Todos aportan”, señala Katherine Arévalo, bióloga que participó en la investigación.

Más allá de cuáles son las causas, lo que realmente le preocupa al grupo de científicos son las consecuencias. Un nuevo estudio de este año, y que todavía no ha sido publicado, demuestra que hay un alto índice de muertes de manatíes en la ciénaga de Paredes: entre 2010 y 2021 han encontrado siete animales muertos, un número excesivo teniendo en cuenta que en la zona solo han podido contar 28 manatíes. La bióloga agrega que las últimas necropsias muestran que hay algo que afecta la salud de la población de manatíes, pero todavía no saben qué es.

Las alarmas están prendidas porque estos grandes mamíferos acuáticos son una especie sombrilla, por lo que al protegerlas se garantiza la conservación de otras especies de flora y fauna, como las nutrias de río (Lontra longicaudis). Además, la bióloga Arévalo explica que los manatíes también son una especie centinela, es decir, aquella que tiene una relación tan estrecha con el ecosistema en el que vive, que su salud refleja lo que pasa a su alrededor.

Según James Murillo, la imagen de arriba corresponde al estado normal de la quebrada Mojahuevos. Y abajo se ve cómo queda después de alguna descarga. Foto: Cabildo Verde.

Los nuevos resultados del estudio que está por publicarse sobre la quebrada La Gómez, uno de los afluentes más importantes de la ciénaga de Paredes, demuestran que cada vez está más contaminada. Encontraron exceso de elementos químicos como bario, cobre y níquel.

Por eso, Arévalo insiste en que se necesita un trabajo conjunto con todas las industrias de la zona y que las autoridades ambientales tengan un poder de vigilancia lo suficientemente fuerte para hacer cumplir las normativas.

Casos como el de Oro Rojo demuestran que las investigaciones tardan y que muchas veces no son efectivas para frenar el avance del impacto ambiental.

Así van las otras investigaciones contra Oro Rojo

De los tres procesos que tiene la extractora Oro Rojo, el único que llegó hasta la última instancia fue el de los gases que emite la caldera que convierte el agua en vapor, según la información que la CAS le envió a la Alianza periodística Tras las huellas de la palma. Al quemar la fibra de la palma y la cascarilla del fruto que le sirven como combustible, la caldera produce una ceniza que puede contaminar el aire. El plan de la extractora era centrifugar la ceniza, enviarla a un gran tanque y luego guardarla en un contenedor.

Luego de extraer el aceite de la nuez del fruto, quedan restos de la fibra de la palma y de la cascarilla que a veces se utilizan como combustible para la caldera. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.

En el permiso de emisiones atmosféricas que la CAS le dio a Oro Rojo en marzo de 2013, le exigió un seguimiento para “identificar posibles afectaciones o contaminaciones”. La empresa tenía que entregar dos informes anuales, con base en unos muestreos que permitan medir la cantidad de partículas emitidas: uno en enero y febrero, durante el pico alto de la cosecha de palma; y otro en septiembre y octubre, en el pico bajo.

Pero Oro Rojo no cumplió. Tras una visita a la planta entre el 21 y el 23 de abril de 2016, la CAS evidenció que la extractora llevaba al menos 14 meses operando sin el permiso vigente y que solo había entregado dos informes en 2013 y uno en 2014. No informó de sus muestreos en 2015 ni en 2016. Además, dos de los  informes que sí envió no se hicieron en las fechas estipuladas y en todos se sobrepasaron los niveles de emisiones permitidos, según el documento que publicó la CAS al respecto. Otro de los hallazgos fue que el contenedor donde se guardaba la ceniza no tenía un monitor “con datos de su volumen, manejo ni sitio de disposición final”. No había manera de saber cuánta ceniza estaba emitiendo Oro Rojo.

Como consecuencia de todos esos hallazgos, la CAS comenzó una investigación el 1 de septiembre de 2016 y ordenó la suspensión de la caldera. Menos de un año después, se formularon los cargos contra la planta y, el 1 de enero de 2019, la autoridad ambiental declaró responsable a Oro Rojo por incumplimiento del permiso de emisiones atmosféricas. El 10 de agosto de 2020 la CAS multó a la extractora con 106 millones de pesos (cerca de 27 400 dólares) y, según Triana, “ya subsanaron el incumplimiento porque de nuevo tienen permiso de emisiones atmosféricas”.

Pero otra investigación sigue en curso y es la que menos ha avanzado. El 3 de abril de 2013, la autoridad ambiental le dio un permiso a la extractora por concesión de aguas, que le permitía tomar 15 litros por segundo de las aguas subterráneas para utilizarlas como insumo base de la caldera. A cambio, la CAS le exigía crear una red con piezómetros —instrumentos que monitorean el nivel del agua— y presentar los reportes de este sistema. También debía hacer un estudio para “predecir la afectación del acuífero durante 20 años”.

Pero los años pasaron y la empresa no presentó los estudios, como señaló la CAS en un documento de 2015 con el que abrió una investigación por este caso. Lo más grave es que, desde entonces, no ha pasado mucho. En respuesta a una solicitud formal que la  Alianza periodística Tras las huellas de la palma le hizo a la CAS, la corporación indicó que el proceso está en trámite y mencionó que el paso a seguir es la formulación de cargos contra Oro Rojo. Sin embargo, no dijo cuándo lo hará.

A pesar de que las primeras denuncias contra la extractora se realizaron hace más de siete años, dos investigaciones aún permanecen abiertas. La CAS no da mayor información sobre los procesos y Oro Rojo mantiene su planta funcionando a toda máquina para producir aceite de palma.

*La Alianza periodística Tras las huellas de la palma contactó en múltiples ocasiones a Oro Rojo y Soluxionar, pero a la fecha de publicación ninguna de estas empresas respondió la solicitud.

**Ilustración de portada de Kipu Visual para Monagabay Latam.

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Artículo publicado por Antonio
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