¿Qué impulsó a esta mujer de 40 años a involucrarse en los problemas de su comunidad y a dirigir una federación históricamente liderada por hombres?

“Lo que me incentivó a asumir este cargo —explica— es ver que ninguna mujer había tomado la decisión de decir sí puedo. Recuerdo que hubo una mujer que ocupaba el cargo de tesorera, pero no tenía ni oportunidad para hablar y en las comunidades (la situación) era igual”.

Otra de sus motivaciones fueron las palabras de su abuelo, un kichwa que fue esclavizado durante la fiebre del caucho, época en la que miles de pobladores indígenas fueron sometidos a las más crueles vejaciones. Él presagiaba que, con el paso de los años, la flora y fauna que ellos conocían se agotaría: “Decía: cada vez más, los animales se van a acabar, los peces, los árboles se van a acabar. Que cuanto más deforestamos los árboles abuelos, con el tiempo no tendremos árboles que nos protejan de los fuertes vientos. Yo —lamenta Rubio— ya no conozco el árbol de palo rosa, veo que mi abuelo tenía razón”.

Betty Rubio (al frente de la primera balsa), en uno de los tantos recorridos que realiza por su región. Foto: Rainforest.

Así, con todo y la pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias, como la muerte de más de 148 pobladores indígenas amazónicos (aunque las federaciones indígenas estiman que la cifra es mucho mayor) y el incremento de actividades ilícitas, la lideresa kichwa continuó con sus recorridos por las comunidades que representa para recoger información y llevar ayuda. También tuvo que dejar su hogar en Puerto Arica y mudarse a Santa Clotilde, en la capital del distrito de Napo, que se ubica a tres horas de distancia en peque peque (embarcación artesanal) de su poblado, para que sus hijos puedan estudiar.

En el 2020 se suspendieron las clases presenciales y la educación virtual fue imposible en los lugares sin acceso a internet ni telefonía. “Al principio fue muy difícil porque ellos solo querían volver a la comunidad, pero poco a poco se fueron acostumbrando”, cuenta.

Para Tom Bewick, director de Rainforest Foundation US (RFUS) en Perú, ONG que junto a la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) dirige desde el 2018 un programa de monitoreo ambiental basado en tecnología en Loreto, Betty Rubio es una mujer excepcional: “Es una de las personas más impresionantes que he conocido. Una de las pocas personas que tiene la capacidad de convencer a una familia, en medio del Napo, de no entrar a trabajar en (el cultivo de) la coca y de trabajar para la comunidad y la conservación de los bosques, y a la semana estar frente a 500 personas y convencerlas de trabajar con mujeres indígenas”.

Monitoreo desde la comunidad 

Tom Bewick conoció a Betty Rubio durante el proyecto de monitoreo ambiental que se implementó en 36 comunidades de cuatro pueblos indígenas de las cuencas del Amazonas y del Napo. Ella fue una de las cinco mujeres, de un grupo de 130 comuneros, elegidas por las comunidades nativas para participar como monitoras ambientales. Su rápido proceso de aprendizaje la llevó a ser capacitadora indígena de otros monitores; les enseñó cómo usar mapas satelitales de deforestación en teléfonos inteligentes, para realizar patrullajes en los territorios de sus comunidades y así detectar la tala ilegal.

“Dejamos que las comunidades elijan a sus monitores y aunque la proporción de mujeres fue bajo, ellas produjeron los mejores patrullajes y reportes. Fue impresionante ver su profesionalismo y actitud”, comenta el presidente de RFUS.

Betty Rubio fue una de las cinco mujeres elegidas por los comuneros para participar en un proyecto de monitoreo ambiental. Foto: Rainforest.

Cada dos semanas, los monitores —que contaban con aplicaciones para teléfonos inteligentes como Global Forest Watch y Locus Pro— analizaban las alertas de deforestación detectadas por los satélites. Con esta información, patrullaban su territorio en busca de deforestación e ilegalidad y luego todos los datos se sometían a la evaluación de la comunidad indígena y sus autoridades. Finalmente, realizaban informes que se entregaban a las autoridades o instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Durante el proceso, los reportes de los monitores comunitarios fueron almacenados en el Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTO) que dirige ORPIO y que es el primer centro de datos gestionado por pobladores indígenas.

Rolando Rodríguez, de Iquitos y especialista de CIPTO, explica que desde el 2018 se construyó una buena base datos con toda la información recopilada sobre alertas tempranas de deforestación que, incluso, logró que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto iniciara investigaciones por tala ilegal, deforestación y minería ilegal. Sin embargo, el inicio de la pandemia por el COVID-19 frenó el patrullaje de monitoreo ambiental.

“Al principio, el trabajo se basó en verificar las alertas tempranas de deforestación y en el camino se determinó que gran parte de la deforestación es por delitos ambientales. Ahora el proyecto es más puntual y los monitores están abocados en reducir las amenazas de los delitos ambientales, como tala ilegal, quema, invasiones y el narcotráfico en sus territorios”, explica Rodríguez.

Una de las embarcaciones que realizan minería ilegal en el Río Napo. Foto: Mongabay Latam

Mujeres que conocen el territorio

En 2019 un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Columbia concluyó que el monitoreo y la tecnología basados ​​en la comunidad pueden reducir la deforestación en la Amazonía, tras medir la participación de las comunidades en el monitoreo de los bosques en Loreto. Y en julio del 2021 se conoció, después de otro estudio, que las comunidades nativas que recibieron datos satelitales de deforestación, a través de teléfonos inteligentes, vieron 52% menos pérdida de bosques que las comunidades similares que no adoptaron la tecnología durante el primer año. Mientras que en el segundo año del estudio, los datos mostraron que la deforestación se redujo en un 21%.

Rodríguez  recuerda uno de los casos más recientes de tala ilegal y deforestación detectado por las y los monitores ambientales indígenas de la cuenca del río Napo, quienes en marzo del 2021 —en el segundo año de pandemia por el COVID-19— registraron un nuevo foco de deforestación en la cuenca del río Tamboryacu, tras una alerta de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente.

Esta pronta detección —registrada en fotos, videos y coordenadas— llevó a una intervención fiscal y policial, el 28 de abril del 2021, que permitió detener la invasión de un grupo de miembros de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal que se habían instalado en un bosque de protección permanente cerca de la comunidad de Nuevo Libertador. “Los israelitas (así llaman coloquialmente a los miembros de la mencionada asociación religiosa) habían ingresado, talado y deforestado la zona, ya estaban tratando de poner su campamento, pero se realizó un operativo que frenó estos delitos. Sospechamos que su intención era sembrar hoja de coca, porque es algo que ya hicieron en otras comunidades”, comenta.

Grupo que participa en el monitoreo de los bosques de Loreto. Foto: Vannesa Romo

Pero este no es el único caso de actividades ilícitas en el Tamboryacu, afluente del Napo que, según Betty Rubio y datos de ORPIO, alberga varias comunidades indígenas que desde hace años han sido estafadas por madereros ilegales y así terminaron involucradas en presuntos delitos de lavado de madera y multadas con altas sumas de dinero.

Según el registro de sanciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), un total de 266 comunidades nativas de la región Loreto han sido multadas entre el 2011 y el 2021, con sanciones que en algunos casos superaron el 1,5 millón de dólares. Solo en el distrito de Napo, donde se encuentra la comunidad de Rubio,  40 comunidades fueron sancionadas.

Bewick precisa que si bien se ha demostrado que el proyecto de monitores indígenas es sostenible, los recursos para extenderse a otras comunidades nativas de la selva peruana siguen siendo limitados. Además, la pandemia por el COVID-19 —y con ella la ausencia del Estado— ha favorecido el aumento de los delitos ambientales.

Una de las áreas deforestadas que fueron detectadas por los monitores ambientales en 2021. Foto: Luis-Chumbe

En la provincia de Maynas, por ejemplo, según datos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, durante el 2021 se incautaron 30 mil metros cúbicos de madera en trozas y 25 mil metros cúbicos de madera aserrada; además, se destruyeron 40 dragas usadas para la minería ilegal en las cuencas del Napo y Nanay.

Mientras que el distrito de Napo se perdieron 11,363 hectáreas de bosque entre 2001 y 2020, de acuerdo con datos de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente. Según ORPIO, basado en los registros de monitoreo, la modalidad más común de operación que tienen los madereros ilegales es el engaño a los comuneros y a sus dirigentes. Los malos madereros suelen ofrecer ayuda en su titulación, en la ampliación de sus territorios o la instalación de otros servicios básicos, y de esta forma obtienen documentos de la comunidad para gestionar los permisos forestales que otorga el gobierno regional. Así logran ingresar a zonas protegidas para talar árboles. En el caso de los mineros ilegales, estos no buscan la aprobación de la comunidad porque se instalan cerca de los ríos, pero si ofrecen trabajo remunerado en la actividad ilícita.

El proyecto de monitoreo cuenta con un protocolo de protección para los monitores y busca que estos no se enfrenten directamente a la ilegalidad, porque es una labor que le corresponde directamente a las autoridades.

Pese a ello, y debido a que son la cara visible de la protección en esta parte de la Amazonía, varios han sido amedrentados por personas relacionadas con actividades ilícitas, como le sucedió a Betty Rubio con los madereros. “Algunos monitores de la cuenca de Tamboryacu fueron denunciados por estos madereros. Incluso dos de ellos han sido víctima de amenazas de muerte”, comenta Rodríguez. Debido a su peligrosa labor es que los monitores temen represalias.

Camino de empoderamiento 

En el censo nacional del 2017, cerca de 6 millones de peruanos (25.6% del total de la población) se autoidentificaron como indígenas, y de ellos 52% son mujeres. Sin embargo, este porcentaje no se ve reflejado en la representación y participación política de las mujeres indígenas. A nivel de las comunidades campesinas (como el Estado peruano denomina a los pueblos originarios andinos), solo el 5% de las presidencias son ocupadas por mujeres.

En el caso de las comunidades nativas (pueblos originarios de la Amazonía), el 96% de las presidencias son ocupadas por hombres (2371), de acuerdo con el mismo censo. Betty Rubio y Zoila Merino, primera presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona), forman parte de ese 4% de mujeres indígenas que ocupan un cargo de liderazgo.

“Yo he sido líder desde 1990. He ocupado distintos cargos y he sido presidenta de mi federación en dos oportunidades. No ha sido un trabajo fácil, es muy difícil para las mujeres porque tenemos que dejar nuestras familias y también enfrentar el machismo que hay en las comunidades y en las federaciones. Por mucho tiempo no han querido escuchar la voz de las mujeres”, relata Zoila Merino, lideresa de la etnia bora que desde el 2018 es parte de la directiva de ORPIO, donde ocupa el cargo de secretaria de Economía.

En Perú, como en otros países de América Latina, las mujeres indígenas tienen un papel activo en la defensa de su territorio. Foto: Cortesía Rainforest.

Tomando en cuenta esta realidad, diversas organizaciones indígenas — principalmente las que atienden temas de género— y organizaciones de la sociedad civil impulsaron un proyecto de ley para modificar la Ley General de Comunidades Campesinas y así promover la participación de las mujeres dentro de la organización comunal. Esta modificatoria, vigente desde julio del 2019, indica que “la directiva comunal debe incluir un número no menor de 30% de mujeres o varones en su conformación”.

Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), explica que “después de años solicitando esta cuota de género logramos la modificación en la ley de comunidades campesinas, pero las comunidades nativas tienen su propia ley. Para hacer ese cambio necesitamos presentar un proyecto de ley, eso requiere coordinación de las comunidades y de alguien que canalice la agenda de los pueblos indígenas, pero ni siquiera tenemos representantes en el Congreso”.

A decir de la Defensoría del Pueblo, en un informe de diciembre de 2019, “esta falta de participación femenina en la toma de decisiones incide negativamente en las políticas públicas ya que estas, en su elaboración como ejecución, omiten incluir las necesidades de las mujeres, excluyéndolas y relegándolas aún más”.

La falta de participación y representación política va desde los órganos de gobierno más inmediatos y pasa por los gobiernos locales, regionales y el nacional. Ante esta situación, desde el 2018, la ONAMIAP propone  la creación de un distrito electoral indígena que les permita tener entre 32 y 33 escaños en el Congreso de la República, de acuerdo con el 25.6% de la población que representan los pueblos indígenas en el Perú. También piden que sus representantes sean elegidos usando la paridad de género y la alternancia, según sus propias instituciones y prácticas.

“Incluso los peruanos que viven en el extranjero tienen una cuota del 2%, pero los pueblos indígenas ninguna. Los indígenas del Perú sentimos que esto es un claro racismo, que nuestra lucha y nuestras voces no son escuchadas. No es posible que no nos den lo que nos corresponde por derecho y eso es poder tener curules y representantes en el Congreso que se supone representa a todo el país”, añade Melania Canales y recuerda que la última representante de los pueblos originarios en el Congreso de Perú fue la parlamentaria Tania Pariona.  En los últimos dos periodos legislativos (2020-2021 y 2021-2026) no se eligieron congresistas indígenas.

Mujeres indígenas de la Amazonía exigen una mayor presencia en los órganos de representación política. Foto: Canela Reyes, Fundación Gaia Amazonas.

 

En el 2005 se estableció en el sistema electoral peruano una cuota de 15% para las personas indígenas, pero solo para los gobiernos regionales y locales. Esta cuota electoral indígena es para las listas de postulación a los gobiernos regionales o locales, ya sea de partidos políticos o movimientos regionales.

“Son varios años (16) con esta cuota indígena, pero lo que vemos en la práctica es que este mecanismo ha sido un fracaso, porque solo nos ha dividido y también nuestras demandas. Los partidos políticos solo nos usan para rellenar las listas, por eso proponemos que sean las mismas organizaciones indígenas las que elijan a los representantes y no a través de los partidos. Colombia lo hace de esa forma”, explica la presidenta de la ONAMIAP.

 

Implementar una escuela de liderazgo para mujeres y hombres indígenas en Loreto es uno de los objetivos de las defensoras indígenas. Foto: Cortesía Rainforest.

Una escuela de liderazgo

Mientras esta situación continúa, la lideresa bora Zoila Merino, con más de 30 años en distintos cargos, anhela algún día ser presidenta de ORPIO, pero su mayor sueño es implementar una escuela de liderazgo para mujeres y hombres indígenas en Loreto. “Quiero que más mujeres conozcan su capacidad y tengan conocimientos de administración y políticas públicas. Sería ideal que la  escuela esté integrada por hombres y mujeres, en la misma proporción, para que nuestros jóvenes no se vean obligados a migrar”, narra.

Merino también destaca el gran trabajo que realiza Betty Rubio en las comunidades que representa y en general por las mujeres indígenas del Perú.

“Nosotras atravesamos otros tipos de violencia en una sociedad donde prevalece el racismo, el clasismo, el machismo, el colonialismo, el extractivismo. No tenemos los mismos problemas que las otras mujeres. Todo esto debe de cambiar, pero no vemos una clara posición del gobierno actual. Lo que se quiere es que este sistema cambie y eso lo tenemos que hacer nosotras (las mujeres indígenas), como lo hicieron nuestras ancestras”, agrega la dirigente Melania Canales.

Betty Rubio, lideresa kichwa y primera presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela. Foto: Mongabay Latam.

Desde su nuevo hogar en Santa Clotilde, Betty Rubio sigue pendiente del monitoreo de Puerto Arica (de casi 8,000 hectáreas), luchando en contra de la tala y minería ilegales, buscando asesoría para las comunidades que enfrentan procesos judiciales y planeando las siguientes visitas a sus pares de la cuenca del río Napo, donde seguirá reuniéndose con las mujeres indígenas —según cuenta—, ya sea dentro o fuera de las asambleas comunales.  “Nuestra comunidad enfrenta muchos problemas, pero el proyecto de monitoreo nos ha llevado a que cinco comunidades sean beneficiadas con un convenio de conservación de bosques, a través del cual recibirán un beneficio económico por conservar”, cuenta con entusiasmo.

Y aunque las lideresas indígenas siguen luchando por los derechos de sus pueblos y de las mujeres, en el Perú las mujeres indígenas (16,3%) siguen presentando la mayor tasa de analfabetismo en comparación con los hombres indígenas (4,9%), según cifras del INEI. La mayoría (81.2%) no acceden a educación superior y casi la mitad no cuenta con educación primaria.

“Quiero animar a que más mujeres se decidan a asumir cargos. Creo que de esa manera haremos que las autoridades escuchen nuestra voz. Si nos unimos, y somos más mujeres nos escucharán mejor o nos tomarán más atención”, reflexiona la lideresa kichwa.

Betty Rubio sabe que su trabajo es fundamental para abrir paso a otras mujeres indígenas.

*Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

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Artículo publicado por Thelma gomez
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