Ecuador y Honduras: sin información ni sanciones

En Ecuador, la distribución de este negocio es mixta. Está el grupo de los pequeños agricultores que poseen alrededor de un tercio del área de palma aceitera pero también existen 152 plantaciones industriales, cada una con un promedio de 746 hectáreas.

El país sudamericano sumó seis casos a la lista de denuncias por incumplimientos ambientales entre 2010 y 2020. Dos de ellos tienen que ver con la empresa Energy & Palma, que lleva varios años en tensión con comunidades indígenas y afrodescendientes en la provincia de Esmeraldas. Incluso, la compañía demandó a varios habitantes de la comuna Barranquilla por haber bloqueado la vía de acceso a sus plantaciones. A principios de septiembre de 2021, la justicia ecuatoriana condenó a varios de los líderes de la comunidad, que viven en situación de pobreza extrema, a pagarle a la empresa cerca de 200 mil dólares.

“Rechazamos la decisión del juez porque vulnera nuestros derechos. La comunidad está indignada, pero estamos manteniendo la calma. Esperamos que las autoridades superiores, que se encuentran en Esmeraldas o en Quito, miren el atropello que se está cometiendo contra nosotros”, dice Néstor Caicedo, presidente de Barranquilla. Son varios los habitantes de las comunas de Esmeraldas que han denunciado problemas ambientales en la zona tras la llegada de la empresa: “Tomábamos agua de ahí y no pasaba nada. Ahora los niños se bañan y les salen un poco de granos, les da picazón en el cuerpo. Los pescados llegan muertos acá”, dice José Mina, presidente de la comuna de San Juan de Chillaví.

La criminalización es una de las principales formas de ataque contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra y el medioambiente. Según el último reporte de la organización Front Line Defenders, de las 193 agresiones reportadas globalmente en 2020 contra estos defensores, el 27 % se relacionaron con detenciones y/o arrestos y el 17 % con acciones legales en su contra. Por otra parte, en el informe 2020 de la organización Global Witness se revela que de los 227 asesinatos de líderes ambientales ocurridos en el mundo durante el año pasado, 17 casos estuvieron relacionados con la agroindustria, figurando entre las principales amenazas contra los defensores.

En la comuna San Juan de Chillaví, las personas usan el agua turbia del río para todo. Los niños, lejanos a cualquier preocupación, ven en ese río su principal diversión. Foto: Alexis Serrano.

Los escándalos en torno a Energy & Palma crecen año tras año y aunque desde 2018 se ha intentado obtener declaraciones por parte de la empresa, nunca se han recibido respuestas.

Por otra parte, el acceso a información sobre la industria palmicultora en Ecuador es un verdadero obstáculo. El Ministerio de Agricultura, las prefecturas de Los Ríos, Sucumbíos, Orellana y Guayas, así como las oficinas de Defensoría del Pueblo en las provincias respondieron que no tenían información sobre procesos sancionatorios ambientales en contra de productores palmeros. La prefectura de Esmeraldas —que concentra el 67 % de los cultivos en el país— respondió que contaba con estadísticas pero nunca envió la información.

Esto guarda relación con una de las principales preocupaciones de las comunidades: denuncian pero no entienden por qué sus casos no aparecen. Sin embargo, el director de Ambiente de Sucumbíos, Pío Bravo, dio algunas luces sobre el problema que se esconde detrás de la ausencia de sanciones y procesos de investigación contra los productores de palma.

Bravo explicó en una entrevista para este especial que en las pequeñas plantaciones y en la única extractora de esa provincia han encontrado mal uso de pesticidas y descarga de aguas contaminadas en esteros y humedales pero no se han dado sanciones porque las empresas no están regularizadas ante el Estado, a pesar de que las autoridades las tienen localizadas. Lo más alarmante es que, según Bravo, solo el 30 % de las 960 palmicultoras de la provincia están intentando formalizarse y los tres centros de acopio de fruto de palma no son controlados por las autoridades provinciales.

“Lamentablemente, no tenemos una opción para sancionar lo que no está regularizado. Estamos haciendo un plan de acción, que no es inmediato”, dijo Bravo.

En Honduras, el panorama no es muy distinto al de Ecuador en términos de acceso a la información. En este país, donde la expansión del cultivo se concentra en pequeños agricultores, quienes poseen el 61 % del área sembrada, solo se pudo detectar un caso de infracción ambiental ante una entidad fiscalizadora del país. Además, se investigó otra denuncia presentada contra la empresa Aceites y Derivados S.A. (Aceydesa) ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés). En ella se señalan faltas como la modificación de escrituras de propiedad para remover áreas identificadas por el gobierno como zonas de protección ambiental, falsificación de datos, soborno a trabajadores y agencias estatales, manipulación de sistemas de escala para el peso del fruto y operación sin licencias ambientales. Este caso no figura en ninguna entidad estatal.

Este equipo periodístico consultó a la RSPO para obtener más detalles de la denuncia pero dijo que no podía aportar más información mientras el caso se mantuviera en investigación. La empresa se limitó a indicar que todas las explicaciones se las daría a la RSPO. A pesar de la gravedad de los cargos, no hay ninguna investigación de las autoridades ambientales hondureñas contra Aceydesa. El caso se agrava si se toma en cuenta que uno de los socios fundadores de la compañía es un diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón desde el año 1990 que fue mencionado en un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente recibir sobornos para la protección de narcotraficantes que controlaban el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. El diputado figura actualmente en las listas de funcionarios sancionados por el país norteamericano bajo la Ley Magnitsky —creada en 2012 para sancionar a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad— y la reciente Lista Engel —creada en 2021 para sancionar a funcionarios del triángulo norte de Centroamérica que han estado involucrados en actos de corrupción de alto nivel—.

Erwin de 27 años, trabaja en una plantación de palma aceitera de la cooperativa campesina Juntos Luchemos, esta cooperativa realiza cortes de palma cada quince días. Trujillo, Colón, 10 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

Para Pablo Pacheco, las falencias en los controles ambientales de los estados también están ligadas a “la visión económica de impulsar las fronteras agrícolas e impulsar la expansión de la agricultura y la ganadería en lugar de contenerla y mejorar la intensificación de estos sistemas. Es una visión medio esquizofrénica en la que se piensa que el desarrollo rural depende de la expansión de la agricultura a cualquier costo”.

La esperanza del experto está en discusiones como las que se están dando en la Unión Europea para imponer mayores restricciones y así reducir lo que llaman “importaciones de deforestación”. Pero también en que los mercados domésticos e internacionales cada vez hagan más presión para comprarle solo a productores que tengan buenas prácticas ambientales. “No solo son los estados los que deben penalizar sino los mercados”, asegura.

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*Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador y Contracorriente de Honduras.

Edición general: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Carmen Quintela, Alejandra Gutiérrez, José David López, Jennifer Ávila, María Clara Calle, Lizz Gabriela Mejía, Alexis Serrano y Diego Cazar. Reporteros: Carmen Quintela, Jennifer Ávila, Lizz Gabriela Mejía, María Clara Calle, Antonio Paz, Alexis Serrano y José David López. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Alejandra Olguín.

*Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

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Artículo publicado por Antonio
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