- La Cuarta Sala Penal de Lima falló por mayoría para desestimar la denuncia por difamación agravada presentada por Tamshi SAC contra Yvette Sierra Praeli, reportera de Mongabay Latam.
- La decisión puede tener implicaciones más amplias para el periodismo ambiental en Perú, dice el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, a cargo del caso de Sierra.
La Cuarta Sala Penal de Lima desestimó formalmente el caso de difamación presentado por una empresa de agronegocios contra la periodista de Mongabay Latam, Yvette Sierra Praeli.
El 18 de octubre, los magistrados de esta sala decidieron, por mayoría, desestimar la denuncia por difamación agravada presentada por Tamshi SAC, empresa que el gobierno peruano ha procesado por “delitos contra el medio ambiente” en la Amazonía contra la periodista Yvette Sierra Praeli.
Esta decisión pone fin a un caso que comenzó hace casi un año cuando Tamshi SAC demandó a Sierra por un artículo que publicó en Mongabay Latam, en el que se abordaba la investigación liderada por Alberto Yusen Caraza, de la Fiscalía Ambiental Especializada en Materia Ambiental de Loreto, que resultó en julio de 2019 en una condena por delitos ambientales contra tres funcionarios de la mencionada empresa.
“No existe ningún tipo de afectación al honor, la reputación, la dignidad o las cualidades del prestigio de la empresa Tamshi SAC”, señaló el abogado Carlos Rivera, a cargo de la defensa de Sierra, durante la audiencia que se realizó el 17 de setiembre. Tamshi SAC no envió un representante a la audiencia.
Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó la demanda de Tamshi SAC como un esfuerzo por bloquear el “libre ejercicio de dos libertades: la libertad de información y la libertad de expresión”.
El fallo de la Cuarta Sala Penal de Lima ratifica una decisión de enero de 2021, cuando el 35° Juzgado Penal de Lima decidió no admitir la denuncia interpuesta por Tamshi SAC. En ese momento, la jueza a cargo del caso concluyó que el artículo no tenía contenido criminal ya que la información sobre la empresa era de interés público.
Un caso de libertad de expresión
El artículo por el que se inició la querella se centró en la acción legal del gobierno peruano contra Tamshi SAC, una empresa antes conocida como Cacao del Perú Norte SAC, que desde el año 2013 convirtió casi 2000 hectáreas de selva tropical en plantaciones de cacao. El artículo incluía información sobre las investigaciones lideradas por Caraza.
Al oponerse al uso del término “deforestación” para describir sus actividades, Tamshi SAC demandó a Sierra por difamación agravada y solicitó 500 000 soles ($ 122 000) de reparación económica. Sierra se enfrentó a una posible pena de prisión suspendida de tres años en el caso de ser encontrada responsable de la acusación.
Sin embargo, los dos tribunales rechazaron la demanda. En el primero, la jueza María Contreras Gonzáles, del 35º Juzgado Penal de Lima, dijo que el informe publicado por Mongabay Latam no incluía frases de relevancia penal o contenido degradante. Y afirmó que los comentarios, observaciones y críticas se han realizado “en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información”.
Por ello, la jueza señaló que el artículo de Mongabay Latam no daña el “prestigio” de Tamshi SAC y más bien constituyen “notas informativas sobre un asunto de interés público, como es el daño ambiental que se ha perpetrado a los bosques”.
El abogado Rivera está de acuerdo con esta decisión. “La sentencia que se dio en primera instancia fue una decisión no solamente correcta, sino absolutamente acorde con la ley”, señala Rivera. “Ha marcado una diferencia en relación a muchos otros casos de periodistas en los que el poder judicial simplemente tomaba la decisión de abrir el proceso, a pesar de que en muchos casos encontramos situaciones de una completa inexistencia de evidencias de haber cometido delito de difamación”.
Rivera agregó que se trata de “un asunto de interés público sin ningún tipo de daño al honor o la buena reputación de la empresa” y considera que la decisión tiene implicaciones más amplias para el periodismo ambiental en Perú.
“Esta resolución judicial tiene una particular relevancia porque constituye la primera decisión que el Poder Judicial emite sobre casos de periodistas ambientales destacando que la labor de informar sobre atentados contra el medio ambiente constituye el ejercicio de la libertad de información y expresión”, precisa el abogado Rivera, de IDL.
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Tamshi SAC: una empresa con historial de acciones legales
El caso contra Sierra no es el único iniciado por Tamshi SAC. En febrero de 2021, la empresa demandó al Procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y contra la administración pública en la modalidad de fraude procesal.
En este caso específico, la empresa cuestionó los informes elaborados por expertos del Ministerio del Ambiente que se utilizaron como prueba en el juicio de 2019 contra funcionarios de Tamshi SAC. Estos informes contenían imágenes de satélite que mostraban cambios en la cobertura boscosa en el área donde se encuentra el fundo Tamshiyacu. Según el representante legal de Tamshi SAC, el informe incluye áreas que están fuera de los territorios de la empresa.
“Es un acto de intimidación”, dijo Guzmán. “Me están demandando por hacer mi trabajo. Al igual que hacen conmigo, lo hacen con otros fiscales ”.
Otros tres funcionarios del Ministerio del Ambiente también fueron incluidos en la demanda y han sido acusados por su participación en la elaboración y revisión del informe.
Los primeros días de noviembre de 2021, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas decidió, en primera instancia, que “no procede formalizar y continuar la investigación” contra el procurador Guzmán y los otros tres funcionarios del Ministerio del Ambiente.
En la resolución, el fiscal explica, con relación al documento cuestionado, que “no se advierte que dicho informe contenga información falsa” como ha indicado el denunciante. No obstante, la decisión de la Fiscalía de Maynas puede ser apelada.
“Es una lamentable práctica de intimidación contra funcionarios del Ministerio del Ambiente que simplemente están haciendo su trabajo y generando evidencia sobre los delitos de estas empresas. Es absolutamente injusto e inadmisible que tengamos empresas con este tipo de prácticas totalmente contrarias a la ética”, dijo el exministro de Medio Ambiente Gabriel Quijandría, quien dejó el cargo en julio de 2021.
Tamshi SAC también ha presentado una querella contra Lucila Pautrat, directora del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené. El proceso comenzó en junio de 2019, cuando la empresa demandó a Pautrat por el presunto delito de difamación agravada luego de que publicara dos comunicados en el sitio web de Kené.
En marzo de este año, Pautrat fue condenada a dos años de prisión suspendida y al pago de 50 000 soles (12 200 dólares). La defensa ha apelado la sentencia y ha solicitado la nulidad de la misma.
“Presentamos evidencia de que cada párrafo fue respaldado por las quejas de los agricultores que firmaron declaraciones juradas; así como un documento donde Tamshi S.A.C. la empresa reconoce cuáles son sus juicios”, dijo Carlos Bravo, abogado defensor de Pautrat. Bravo añadió que la sentencia contra Pautrat es “un precedente terrible para la defensa de los derechos ambientales”.
Imagen principal: Imagen satelital que muestra un área de bosque talada para una plantación de cacao en las afueras de Tamshiyacu, Perú. Fuente: Zoom.earth
*La versión original de este artículo ha sido publicada en Mongabay News. Puede leerse aquí: Peruvian court dismisses defamation case against Mongabay journalist
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