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Boric vs. Kast: las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

  • Abogados, exfuncionarios públicos, activistas medioambientales, docentes e ingenieros analizan las propuestas de ambos candidatos en temas de institucionalidad ambiental, agua, deforestación y descarbonización, entre otros.
  • A pocos días de la segunda vuelta, el candidato republicano, José Antonio Kast, publicó un nuevo plan de gobierno, que si bien conserva el espíritu del anterior, enmienda ciertas posturas que fueron duramente criticadas como el relativizar el cambio climático.

Este domingo 19 de diciembre los chilenos elegirán un nuevo presidente. Las opciones son Gabriel Boric y José Antonio Kast, el primero de la coalición política Apruebo Dignidad que nació este 2021 en un intento por unir a la izquierda y el segundo es el fundador del Partido Republicano que representa a la derecha.

Quien sea que salga elegido como nuevo presidente de Chile, deberá hacer frente a importantes desafíos medioambientales. Científicos, conservacionistas, abogados ambientales y líderes de organizaciones de la sociedad civil concuerdan en que la descarbonización y el tránsito justo hacia la energía limpia —que incluya la descontaminación de los lugares afectados y la reparación de los ecosistemas—, así como una adaptación al cambio climático que considere mejoras en la administración y distribución del agua, son algunos de los temas más importantes.

Pero no son los únicos. También aparecen en la lista desafíos como fortalecer la institucionalidad ambiental de tal manera que la salud de los ecosistemas pueda ser asegurada, controlar la deforestación y defender las áreas marinas protegidas.

Mongabay Latam conversó con abogados, politólogos, activistas y exfuncionarios públicos expertos en temas ambientales para desmenuzar lo que proponen ambos candidatos en sus programas de gobierno. El consenso es que, más allá de las diferencias entre las distintas propuestas, estas no son suficientes, hay cuestiones de fondo no incluidas y si bien existen medidas para abordar temas urgentes como la minería y la crisis hídrica, entre otras, no se menciona bajo qué instrumentos o mecanismos dichos cambios se realizarán.

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La institucionalidad ambiental

A juicio de los expertos consultados, uno de los principales temas a considerar es transformar o modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para Jorge Canals, ex Subsecretario de Medio Ambiente y ex Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, el actual sistema “está muy sobredemandado”, lo que demora la tramitación de proyectos y termina, muchas veces, perjudicando la rigurosidad en la evaluación.

En este punto el programa de Boric propone reformar y mejorar el SEIA y pone el foco en dos deudas que tiene la institucionalidad hoy: fortalecer la participación de las comunidades en la instalación de proyectos y la creación de una Ley de Ordenamiento Territorial que, entre otras cosas, “permita saber mediante instrumentos de planificación, dónde pueden ir ciertos proyectos o no dependiendo de los objetivos de desarrollo y capacidades de los suelos de distintos territorios”, dice Pamela Poo, politóloga experta en medio ambiente quien es encargada de Políticas Públicas e Incidencia del Programa Chile Sustentable.

Pingüinos de Humboldt. Foto: César Villarroel

El programa original de Kast proponía “simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios en proyectos de inversión productiva”. Sin embargo, para los expertos, esta medida, alineada con su intención de reducir el tamaño del Estado, entraba en conflicto con el objetivo del SEIA. “Con la simplificación no se puede pretender altos estándares de protección”, explica Canals. Además, “no se trata de simplificar (la institucionalidad ambiental), sino de robustecerla”, añade Isabella Villanueva, quien es presidenta ejecutiva de la ONG CEUS Chile, una organización de jóvenes para la generación de capacidades e incidencia política en temáticas de sustentabilidad, medio ambiente y crisis climática.

Tras las críticas, el nuevo programa del candidato republicano ha dado un giro en este punto. En sus nuevas propuestas medioambientales desiste de la idea de simplificar y unificar los permisos ambientales y propone eliminar las instancias políticas de la evaluación ambiental, para que el SEIA “tenga mayores grados de autonomía con decisiones que se basen en evidencia científica y no en opiniones políticas”. Algo que Ximena Insunza, abogada y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la misma universidad, destaca como positivo.

De hecho, escándalos como el del polémico proyecto minero y portuario Dominga, el cual fue aprobado en agosto pasado a pesar de que ya había sido rechazado dos veces por presentar falencias técnicas que ponen en riesgo la biodiversidad del archipiélago de Humboldt, han estado teñidos por conflictos de intereses con el presidente Sebastián Piñera.

Chungungo en el Archipiélago de Humboldt. Foto: César Villarroel

Otra diferencia que existió entre los programas originales de ambos candidatos tuvo que ver con la creación del  Servicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), un proyecto que fue presentado en el Congreso en 2014, pero que sigue sin ver la luz a pesar de que científicos y conservacionistas aseguran que se trata de un importante paso en la protección efectiva de los ecosistemas del país.

La abogada Tatiana Celume, doctora en derecho especializada en régimen público de las aguas, explica que mientras Boric impulsó la tramitación inmediata del SBAP desde un principio, Kast propuso en su primer programa buscar alternativas para la mejora y financiamiento de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), que tienen a cargo hoy, respectivamente, la administración de las áreas protegidas terrestres y marinas. El problema con ello, explica Celume, es que ambos organismos tienen al mismo tiempo, y como principal misión, el fomento de explotaciones económicas de bosques y pesquerías. El Servicio de Biodiversidad, en cambio, busca asegurar que la protección y conservación de los ecosistemas sea, efectivamente, el principal objetivo del organismo que vela por ellos.

En su nueva propuesta, Kast también hizo cambios en este punto puesto que hoy asegura que sí impulsará la aprobación de la ley que crea el SBAP.

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Descarbonización

El 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden al sector energético por lo que es fundamental la descarbonización a partir del cierre de las termoeléctricas —las plantas que generan energía a partir de la combustión de carbón. En Chile existen 27 plantas generadoras de energía en base a este mineral que están localizadas en cinco comunas: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel, todas denominadas zonas de sacrificio por los altos índices de contaminación local que presentan, y el país se ha comprometido a cerrarlas todas al 2040.

Expertos coinciden no solo en que es necesario acelerar el proceso al 2030, sino que la transición hacia una energía limpia debe considerar la descontaminación de los territorios, la salud de las personas expuestas a las emisiones y también la seguridad laboral de quienes dejarán de trabajar en las plantas. Dicha transición implica un fuerte compromiso institucional por parte del Estado, asegura Canals. Por ello, los especialistas celebran la propuesta de Boric que apuesta por adelantar la meta de carbono neutralidad al 2030 de la mano con un “proceso de remediación socioambiental relacionado con los trabajos que se perderán”, dice Poo.

Termoeléctricas en Ventanas. Foto: Michelle Carrere

Respecto de este punto, José Antonio Kast ha cambiado su postura. Inicialmente coincidía en la necesidad de poner fin a las zonas de sacrificio, luego moderó su propuesta diciendo que “Chile debe abandonar las modas energéticas que se entregan a los agentes económicos y que se deben considerar todas las fuentes de energía primaria ―incluido el carbón― sin exclusiones arbitrarias”. El candidato proponía “la eliminación de carbones de mala calidad en la generación termoeléctrica a carbón”, y que toda nueva termoeléctrica usara carbón de alta calidad y baja humedad. Los expertos consultados, sin embargo, coinciden en que no existe el carbón de buena calidad y que todo carbón es nocivo. Quizás por eso su programa para la segunda vuelta presidencial vuelve sobre la idea de terminar con las zonas de sacrificio y “eliminar las termoeléctricas a carbón a medida que se logre un sistema de generación eléctrico seguro”.

Por otra parte, ambos candidatos apuestan por las energías renovables. Poo y Villanueva, quien se desempeña además como asesora técnica del proyecto mercado global de carbono de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ),  mencionan que Boric propone profundizar en la utilización de energías emergentes como el Hidrógeno Verde ―generado a partir de fuentes y energías renovables, que sirve como combustible y al ser utilizado no genera CO2―. Y aunque Kast en un comienzo no mencionaba el Hidrógeno Verde, en su nuevo programa también hace alusión al “desarrollo de energías limpias, como biocombustibles, hidrógeno verde y energías renovables no convencionales”.

Lo que preocupa a los expertos es que el candidato republicano también pone énfasis en la hidroelectricidad, “obviando los más de 10 años de mega sequía que tienen al país con los menores aportes de generación hídrica de los últimos años”, enfatiza Villanueva. Canals agrega que esto sería un retroceso, pues “hemos visto los impactos de las hidroeléctricas en el territorio y en los paisajes. Hay que cuidar el uso del agua, es el soporte de los ecosistemas”, puntualiza.

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Agua

Para Pamela Poo, en el tema del agua ambos candidatos coinciden en los objetivos, pero difieren en la manera en la que buscan lograrlos.

Gabriel Boric propone obras de infraestructura, inversión pública con un enfoque de restauración y protección de ecosistemas, bajo una lógica que asume la sequía y la escasez hídrica, y trabaja sobre la adaptación a ese problema, aunque Tatiana Celume advierte que “no especifica bien cuáles” serán esas obras. Kast, por su parte, fomenta el uso de aguas desalinizadas como respuesta a la sequía y la tecnificación masiva del riego agrícola. En su primer programa propuso construir una carretera hídrica ―una iniciativa público-privada que permitiría captar, almacenar y transportar agua desde el sur del país hacia el norte. Esta medida, que ya ha sido considerada anteriormente, resulta controversial puesto que, tal como explica la abogada especializada en temas hídricos, “no contempla la amenaza que implica para el ecosistema que alberga originalmente esa agua”. Por lo mismo, una carretera hídrica es para la abogada un “atentado contra el medioambiente” y Kast desistió de ella en su programa modificado para la segunda vuelta.

Cultivos de paltas en Pichidegua. Foto: David Agosin

Ambos candidatos coinciden en la recuperación de los ecosistemas y de las cuencas que están intervenidas. Para ello, Boric incentivará “técnicas ancestrales de pueblos originarios en cuanto a siembra y cosecha de agua, y gestión de recarga de acuíferos”, dice Poo. De modo similar, Kast plantea en su programa “la generación de sistemas de almacenamiento de agua en cuencas subterráneas y reinyección de aguas superficiales, antes de su desembocadura al mar y respetando el caudal ecológico”. Canals ve ambas medidas como un acierto pues apuestan por “soluciones basadas en la naturaleza”.

Además, los dos presidenciables en sus programas de primera vuelta, propusieron un manejo integrado de cuencas. Se trata de una gobernanza distinta a la que rige actualmente y que consiste en que todos los actores involucrados, desde empresas, organismos del Estado y habitantes de los territorios, logren llegar a un consenso sobre cómo se va a usar el agua de cada cuenca. Sin embargo, el actual programa del candidato republicano no menciona dicha propuesta.

Para Patricio Segura, periodista y activista medioambiental, la diferencia radical entre ambos candidatos es que Boric busca garantizar el acceso al agua como un Derecho Humano, algo que Isabella Villanueva destaca pues aborda el problema “no solo desde la perspectiva técnica, sino que también en sus impactos sociales y ecológicos”, mientras que Kast, en general, falla en ver “la multidimensionalidad del problema del agua y la sequía”, dice la presidenta de CEUS Chile.

expansión de paltos en Chile
El río Choapa, principal fuente de agua del valle homónimo. Foto: Pamela Olate

Los expertos consultados coinciden en que uno de los grandes problemas vinculados a la escasez hídrica en Chile tiene que ver con la manera en que se administran los derechos de agua y sobre todo con el destino que se le da al agua que no es utilizada. Verónica Delgado, especialista en derecho ambiental del agua, explicó a Mongabay Latam que en Chile, cuando el titular de un derecho de agua no utiliza el recurso, en lugar de devolverlo al ecosistema, muchas veces lo vende en el mercado “que no tiene control alguno”.

Respecto de este punto, Kast “no toca los derechos de aprovechamiento de agua”, dice Celume y “no interpela ni discute la visión de mercado que existe actualmente con el agua”, agrega Segura. Boric, por su parte, “quiere transformar” esos derechos, dice la abogada, cosa que, en su opinión “es complejo”. Dicha transformación se haría mediante una “transición hacia un sistema de licencias de uso de aguas”, lo que a juicio de Celume significa “restarles seguridad jurídica a los titulares de esos derechos” pues, en la práctica, pasarían de tener un derecho a tener un permiso a través de una expropiación, explica.

Celume cree que “manteniendo los derechos de aprovechamiento de aguas, puedes colocarle ciertas obligaciones, ciertas limitaciones”, con la finalidad de evitar el problema de la especulación. Jorge Canals también cree que la expropiación de estos derechos puede ser “un problema grande”, y aunque coincide en que “hay dificultades institucionales para saber cuánta (agua) se ha asignado, cómo se ha asignado, qué pasa con los derechos que no se usan o que se subutilizan”, declara que la solución pasa por revisar esta asignación y fiscalizar su uso, “sobre todo el de la agroindustria que son los que principalmente usan estos derechos y que muchas veces hacen que las comunidades aledañas se queden sin acceso al agua”.

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Deforestación

Una de las ideas de Boric es derogar el Decreto Ley 701, el mismo que nace el año 1974 con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal de Chile y para lo cual se establecen incentivos a esa actividad. El planteamiento es sustituir dicho decreto por un nuevo marco regulatorio orientado a la restauración de los ecosistemas.

El consenso general es que una de las medidas más importantes de Boric en este ámbito es que los proyectos silvoagropecuarios pasen por una Evaluación de Impacto Ambiental, diferenciando requisitos para grandes industrias y pequeños productores, e incorporando tipologías de ingreso al SEIA de proyectos forestales y agrícolas. Eso sí, Canals aclara que esta medida es una “modificación legal y reglamentaria, y por ende no es rápida”.

Sin embargo, asegura que es una buena propuesta para regular los cultivos de paltas, por ejemplo, lo que la presidenta ejecutiva de CEUS Chile considera como un avance fundamental, “considerando los impactos de estas actividades, no solo desde el punto de vista del consumo de agua, sino que los impactos ambientales de los monocultivos, la deforestación y su relación con la mitigación del cambio climático”.

Monocultivos de pino. Foto: Corporación Chilena de la Madera

Por otro lado, Villanueva destaca que el candidato republicano propone regular las actividades silvoagropecuarias, también con foco en la escasez hídrica, y plantea la creación de un programa para evitar incendios forestales. Pero la medida más significativa que propone el candidato es la creación de una Ley General de Suelos que permita su conservación y uso sustentable, minimizando la erosión, la desertificación y la producción de sedimentos. Con ello busca la protección de terrenos que sustentan ecosistemas delicados, como el caso de los Bosques Nativos y los suelos agrícolas.

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Otros pendientes

En temas de pesca y acuicultura, Gabriel Boric propone impulsar y promover la pesca artesanal por sobre la industrial, fortaleciendo programas de transferencia tecnológica como los del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que tiene por objetivo promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, y derogar la actual Ley de Pesca para impulsar una nueva que promueva la sostenibilidad de la acuicultura.

José Antonio Kast, por su parte, propone reglamentar el tratamiento y disposición de los desechos provenientes de la industria acuícola y mejorar los reglamentos y normativas de la pesca industrial.

Pero tanto Celume como Villanueva reparan en que ninguno de los dos candidatos aborda el tema de la salmonicultura ni de las concesiones que esta industria recibe para operar en áreas protegidas. Ello, a pesar de que la ciencia ya ha demostrado los impactos que la salmonicultura tiene sobre los ecosistemas marinos.

Respecto a la minería, Boric habla de la creación de una empresa nacional del litio, pero para Celume eso “no soluciona el problema de cómo se está extrayendo el agua de los salares” y tampoco es garantía de que una empresa nacional vaya a tener mayor cuidado con el medioambiente. Para la abogada, el impulso de Boric para explotar el litio se contrapone con su discurso de la superación del extractivismo, y flaquea en proponer o explorar “maneras sustentables de extracción”, afirma.

Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños
Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños

Por último, Jorge Canals se detiene en la firma del Acuerdo de Escazú, un tratado que permite a los países firmantes adoptar medidas especiales para garantizar un entorno libre de amenazas y restricciones a la seguridad de las personas y organizaciones que promuevan y defiendan derechos ambientales. Mientras Boric ha declarado su decisión de firmarlo, Kast ni siquiera lo menciona en su programa. Para el ex subsecretario  de Medio Ambiente “Chile tiene una responsabilidad moral de firmarlo porque fue el impulsor. Es un compromiso país”, dice.

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