- Víctor Guaillas esperaba un juicio de apelación para enero de 2022, buscaba su libertad, pero fue asesinado en noviembre pasado durante un motín.
- Su familia, a tres semanas de su muerte, no ha podido recuperar su cuerpo.
Víctor Enrique Guaillas Gutama, defensor del agua y del territorio, fue asesinado en Ecuador mientras se encontraba preso. En 2019, como miles de ecuatorianos más, salió a protestar contra el alza del petróleo pero fue detenido, condenado a cinco años de prisión y ahora es una de las víctimas más recientes de la crisis carcelaria que enfrenta el país.
El campesino de 50 años está entre las 62 personas privadas de la libertad asesinadas durante el motín ocurrido entre el 12 y la madrugada del 13 de noviembre de 2021 en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N. 1 de Guayaquil, conocido también como la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada del Ecuador.
“Mi papá no ha sido asesino, ladrón”. Leticia Guaillas asegura con voz firme a través de mensajes de audio vía WhatsApp. “Él era un hombre campesino pobre, quien se desvelaba por su familia para darnos el pan”. Luego, hace una pausa breve entre sus palabras y continúa: “Hace unos años se convirtió en defensor del agua y de la naturaleza. Fue acusado y detenido injustamente”.
Este asesinato, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se suma a los más de 300 que han ocurrido en contra de personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario ecuatoriano solo durante 2021.
“Nos enteramos de su muerte por medio de la red social, ahí aparecía una lista de fallecidos, la cual decía el nombre de mi papá”, continúa la joven de 27 años quien, junto a su madre y sus 10 hermanos –tres de ellos menores de edad– todavía espera que la Fiscalía General del Estado de Ecuador, a tres semanas de su muerte, identifique y entregue el cuerpo de Guaillas Gutama a su familia.
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El defensor del cantón Cuenca
Víctor Enrique Guaillas Gutama era oriundo de la comunidad San Pedro de Yumate, en Molleturo, provincia del Azuay. Era un campesino con discapacidad auditiva que arrendaba una parcela para poder trabajarla. No generaba mucho, sino lo necesario para comercializar un poco y sostener a su familia.
Fue parte de un proceso organizacional comunitario que inició hace más de 30 años para defender de la minería a sus territorios y los páramos del cantón Cuenca, al sur del Ecuador. Pero fue en 2017 que el movimiento tomó una fuerza particular y, en 2018, logró suspender de manera indefinida al proyecto minero Río Blanco –de origen chino– mediante una garantía jurisdiccional emitida por la Corte de Justicia de Azuay, que reconoció la vulneración del derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.
Para octubre de 2019 ocurrió el levantamiento popular y Paro Nacional en el Ecuador en contra de los decretos ejecutivos del entonces presidente, Lenín Moreno, que implicaban medidas económicas –como el aumento de los combustibles– que precarizaban la vida de las personas. Así ocurrieron eventos a lo largo del país que acabaron con la detención y privación de la libertad de personas como Guaillas, a quien sentenciaron a cinco años de prisión por presunto “sabotaje”.
“Ha sucedido que, en la protesta donde él estaba, otros manifestantes han quemado dos motos. Mi padre estaba exigiendo que no se alce el combustible, entre muchos manifestantes”, dijo Leticia Guaillas.
De acuerdo con su familia y las organizaciones que acompañan su proceso, Víctor Guaillas fue víctima de extorsión, terror y violencia sistemática mientras estuvo preso, por lo que su salud física y mental se deterioró en muy poco tiempo. Su familia podía verlo únicamente por videollamadas y con muchas interferencias que no les permitían dialogar. Por eso, en ocasiones, la familia prefería que Guaillas solo enviara una foto de sí mismo, tomada ese día, para saber cómo estaba.
“Él se encontraba en unas condiciones muy lamentables porque él no comía, le golpeaban mucho, le maltrataban, hasta pedían dinero para que pague y él suplicaba que le ayudáramos para que ya no le sigan golpeando”, continua Leticia Guaillas. “Él seguía aguantando y decía: Mijos, he tomado solo agüita de la llave, ya no he comido en tres días, no nos dan comida. La comida que nos dan es un poquito”.
Estaba privado de la libertad en el Pabellón 4, pero dos días antes de su asesinato su abogado defensor logró trasladarlo al Pabellón 2 Transitorio, que se suponía era más seguro pues estaba la gente que no tenía cargos graves, explica su hija.
“Ahí lo tuvieron”, agrega, “y ahí resulta que ahora lo perdimos”.
Víctor Guaillas, encarcelado e inocente: abogado
David Fajardo Torres, abogado integrante de Kuska Estudio Jurídico y del colectivo Yasunidos Cuenca, así como coordinador del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, es quien lleva la defensa de Guaillas y su familia desde octubre de 2020, luego de que un abogado público y otros dos particulares –elegidos por la familia y su comunidad– no pudiesen avanzar en el caso.
Fajardo Torres narra que el día que su defendido fue detenido, este se encontraba en el bloqueo de una arteria vial que conecta a la Ciudad de Cuenca con la Ciudad de Guayaquil, en un punto denominado Puerto Inca, donde se suscitaron enfrentamientos entre la fuerza pública y las personas manifestantes.
“Sucede la quema de dos motocicletas de la Comisión de Tránsito del Ecuador y se generan impactos con piedras sobre una patrulla de la Policía Nacional del Ecuador. Llegan refuerzos y arremeten contra las personas que se estaban manifestando para controlar esa situación”, narra Fajardo.
De un grupo de cerca de 60 personas, a la única que logran aprehender en el lugar es a Víctor Guaillas y eso sucede cuando la gente se dispersa y empieza a correr hacia distintas direcciones; ahí fue cuando Guaillas cae en una zanja y lo detienen.
“Inmediatamente lo llevan a la Unidad de Flagrancia del Cantón Naranjal y empieza a andar su proceso bajo la figura de tipo penal de sabotaje, que implica varias situaciones”, explica Fajardo, “entre ellas, daño a bienes públicos o privados, pero que tengan como intención alterar el orden constitucional y económico del Estado ecuatoriano, situación que nunca se llegó a comprobar en el proceso judicial, sobre todo en la etapa de juicio”.
A pesar de esa situación, asegura Fajardo, Guaillas fue criminalizado y la Fiscalía solicitó que se le dicten medidas cautelares, específicamente, la prisión preventiva sin justificación desde el 7 de octubre de 2019. Un año después, en octubre de 2020, el Tribunal Penal lo encontró culpable y, en primera instancia, se le sancionó con cinco años de prisión a través de una resolución oral, pero sin una sentencia en firme, por escrito. La audiencia de apelación se iba a desarrollar el 4 de enero de 2022.
En su proceso también se le negó una solicitud de Habeas corpus para defenderse en libertad, justificando condiciones jurídicas como su discapacidad auditiva y la situación socioeconómica precaria de su familia. Además, por su calidad de defensor de derechos, se solicitó el otorgamiento de una amnistía ante la Asamblea Nacional como parte de una solicitud presentada por la Conaie y organizaciones de derechos humanos, pero este trámite todavía seguía en curso.
“Víctor Guaillas fue asesinado siendo una persona inocente, siendo una persona extorsionada, siendo una persona precarizada dentro del centro de privación de libertad”, dijo Fajardo Torres.
Tras su asesinato, todavía en condiciones que no quedan claras, lo que se ha priorizado es la identificación y entrega del cuerpo de Guaillas a su familia. Sin embargo, Fajardo explica que la Fiscalía les notificó que no se pudo identificar al cuerpo del defensor a través de sus huellas dactilares y tampoco a través de una pericia antropológica, consistente en la comparación de las características del cadáver con las características que tuvo en vida. Por ello, se recurrió a una prueba de ADN con muestras tomadas a su familia apenas este viernes 3 de diciembre de 2021. Fajardo tuvo conocimiento de que, hasta el momento, Guaillas sería una de las últimas 10 personas faltantes por identificar a través de pruebas genéticas –ya que muchas resultaron quemadas y mutiladas–, aunque no se ha informado de forma oficial el número de cuerpos entregados a las familias.
“En lo jurídico tenemos varias posibilidades”, dice Fajardo sobre las acciones que podrían tomarse para exigir justicia. “La primera es la vía civil, plantear una demanda de responsabilidad extracontractual al Estado ecuatoriano, situación que también puede suceder en la vía administrativa. Luego está la vía penal, es decir, plantear una denuncia por delitos de lesa humanidad, específicamente, por el tipo de ejecución extrajudicial”.
Sin embargo, toda acción responderá a la voluntad de la familia Guaillas, aseguró el abogado.
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¿Ajusticiar a uno para intimidar al resto?
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entre muchas otras organizaciones, se pronunció respecto al asesinato de Guaillas. En un comunicado señaló al Estado ecuatoriano como responsable de esta masacre carcelaria y declaró que exigirá “verdad, justicia y reparación para este y todos los casos similares” de sus compañeros y compañeras detenidos y asesinados en el contexto del paro de octubre de 2019.
“Realmente no lo esperábamos”, dijo Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, sobre el asesinato de Guaillas. “Pero sí sabíamos, teníamos pleno conocimiento de que nuestros luchadores cada día más son encarcelados, son perseguidos, son sentenciados injustamente. Nuestro compañero Víctor ha sido un eje fundamental para la juventud porque se ha visibilizado su lucha, su transparencia, su entrega a la necesidad del pueblo, de que tantos estamos luchando con el mismo objetivo. Este sentir y este vacío que nos ha dejado nuestro compañero es inmenso para nosotros y también para todos los luchadores en diferentes áreas”.
Yasacama manifestó que se exigirá la reparación del daño a la familia, pero también una limpieza en los mandos del sistema carcelario, al que catalogó como “corrupto” por solapar estos crímenes, y que así se garantice la seguridad de las personas privadas de la libertad.
“No se puede confiar en la justicia ecuatoriana, hay una diferencia tan grande entre privilegiados y entre los luchadores, nosotros somos los malos, los delincuentes”, aseveró.
Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) –la organización presente en la región de Guaillas– coincide en esto último: los presos políticos tienen un trato diferenciado desde el Estado y el caso de Víctor Guaillas, sin duda, es uno de ellos.
“Al criminalizar las exigencias sociales, se ajusticia a uno para que reciban el mensaje todos los otros, de que así les va a suceder”, aseveró Chalán, “ese es el mensaje que quiere transmitir, procesando compañeros y compañeras para que nadie más pueda levantarse, nadie más pueda liderar procesos organizativos y que, si lo hace, sea en función de los intereses del poder”.
Chalán agregó que los movimientos indígenas y campesinos continúan la resistencia ante cualquier forma de saqueo, por lo que la lucha de defensa del territorio “sigue encendida”.
“Y el compañero Víctor Guaillas es parte de esa lucha nuestra y los objetivos de los gobiernos que lo encarcelaron fueron esas: intimidar la lucha y, nosotros, con la memoria de él, pues continuaremos”, concluye.
Tres días después de la masacre, Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, aseguró en un mensaje a la nación que él mismo asumirá “la coordinación nacional de las fuerzas del orden” y que la seguridad ciudadana pasó a ser la prioridad número uno del despacho presidencial, “como en su momento dediqué mi tiempo a la vacunación” contra el COVID-19.
Así ordenó un “masivo operativo conjunto” entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con más de 1 000 efectivos para asumir “el absoluto control” del sistema penitenciario en Guayaquil, donde las fuerzas del estado estarán presentes de manera indefinida en el centro carcelario.
Bernarda Ordóñez, secretaria técnica de Derechos Humanos, expresó a través de su cuenta de Twitter sus condolencias a la familia de Guaillas y a la provincia del Azuay por el asesinato del defensor, además de solicitar la investigación del hecho al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
“Exigimos se tomen medidas urgentes para garantizar la vida de las PPL (personas privadas de la libertad) y que el Eje de Justicia actúe con la debida diligencia”, escribió.
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Justicia para el defensor
A Leticia Guaillas le cuesta hablar, pero se aferra unos minutos más al teléfono y dice: “Yo lo recuerdo como padre con los consejos que nos daba: Mijos, hay que trabajar para sobrevivir y mantenernos“.
“Como padre, él decía: Hay que ser justos, hay que hablar con la verdad. Tanto yo, como su familia, como mis demás hermanos, lo sentimos mucho; la partida de él nos duele mucho”, concluye. “En algún momento todos tenemos que morir, pero no de esa manera. Es mucha pena que nunca se borrará. Yo, como hija, pediría justicia”.
Imagen principal: Cartel que circuló en redes sociales para exigir la liberación de Víctor Guaillas, antes de su asesinato.
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