- A 20 metros de la Reserva Nacional Las Vicuñas, una minera canadiense explora, desde 2017, el cerro Anocarire en busca de oro.
- El Estado, sin embargo, no tiene claramente delimitada el área protegida por lo que existen dudas sobre si ciertos sondajes de la exploración minera se realizan dentro de la reserva.
- Las Comunidades indígenas del sector, tras denunciar afectación a sus sitios ceremoniales, desvío de cauces de agua, contaminación ambiental y acústica, impactos en la flora y la fauna y en su calidad de vida, lograron que la Corte Suprema fallara recientemente a su favor.
El camino para llegar hasta el Anocarire no es fácil. Aunque la mayor parte del trayecto está pavimentado, la vía serpentea por los cerros, con subidas y bajadas pronunciadas en medio de precipicios, una ruta sinuosa por la que transitan constantemente camiones desde hace varios años en la zona. La razón de este tráfico frecuente en un área de difícil acceso es que se especula que en el Anocarire, un cerro que colinda con la Reserva Nacional Las Vicuñas (RN LV), en el Altiplano andino del extremo norte de Chile, yace una capa rocosa de oro. Con hojas de coca en mano y ofrendando hacia el río Vítor-Codpa, Olivia Pari, integrante de la comunidad indígena Aymara del Valle de Codpa, cuenta que su pueblo no tiene santos, pero sí tres cerros sagrados. Dos de ellos son de género masculino, o Mallku: El Marquéz y Anocarire. El tercero, Familiane o T’alla, es de género femenino, y significa “lugar de la familia”. Según la cosmovisión Aymara, se dice que una vez que una persona muere, su alma viaja hacia la cima de estos cerros para tutelar y proteger las vertientes que proveen de agua a su pueblo.
Sin embargo, en el año 2013, a las autoridades de la época no les importó nada de eso. Abiertamente anunciaron que la actividad minera se transformaría en una real alternativa de crecimiento económico. El llamado atrajo de inmediato a dos empresas: BHP Billiton y, posteriormente, en 2017, a la compañía Andex Minerals SpA que se instaló en el Cerro Anocarire.
Un equipo de Mongabay Latam viajó hasta la zona para reportear en terreno la controversia socioambiental que genera la exploración minera de esta última empresa en las proximidades de la Reserva Nacional Las Vicuñas y que ha sido denunciada por las comunidades aymaras.
Este reportaje es parte de la investigación #NaturalezaAcorralada en el que Mongabay Latam junto con Ladera Sur mapearon los proyectos mineros que se encuentran al interior y alrededores de parques y reservas en Chile.
Esta publicación forma parte del Especial #NaturalezaAcorralada en alianza con Ladera Sur
La defensa del territorio
Entre los más altos cerros y volcanes de la Reserva Nacional Las Vicuñas está el Puquintica, el Salla, el Belén y también el Anocarire. A 5050 metros sobre el nivel del mar, este último cerro se encuentra entre las comunas de Camarones y Putre, pero su ubicación exacta es una parte importante de las ambigüedades que cruzan este conflicto.
Todas las aguas de las vertientes que discurren por las faldas de este Mallku sagrado lo hacen subterráneamente o por deshielos y lluvias, alimentando dos cuencas principales, Codpa y Camarones, “que sirven para las actividades de agricultura y ganadería de las distintas comunidades indígenas que habitan en sus faldeos”, dice Margarita Mamani, mirando hacia el Anocarire. Ella vive en el Valle de Chaca, localidad que se alimenta de las aguas que escurren por la cuenca de Codpa y es la secretaria de la Junta de Vigilancia de las Aguas, una organización que tiene por misión proteger el caudal ecológico de las vertientes de esa zona, es decir, que siempre tengan el mínimo para asegurar la subsistencia del ecosistema.
De la cuenca de Codpa nace su quebrada homónima, también conocida como Quebrada de Vítor. Esta se caracteriza por poseer una de las aguas dulces de mejor calidad de la región, pudiéndose con ello cultivar paltos, tunas, peras y una gran variedad de cítricos, además de viñedos, de los cuales se produce uno de los vinos más dulces de Chile: el Pintatani. En cambio, el agua de la Quebrada de Camarones, que se alimenta de la cuenca del mismo nombre, es más salobre, y proporciona las condiciones para el cultivo de otro tipo de especies como maíz, zapallo, alfalfa, ajo, cebolla y zanahoria.
De las aguas de la cuenca de Camarones se nutre la localidad de Umirpa, la más próxima al área de exploración de las mineras que han llegado hasta el Anocarire en busca de sus vetas de oro. Marcela Gómez Mamani, presidenta de la comunidad Aymara de Umirpa, dice que el gran temor de todos los pobladores indígenas de la zona es que “la minería contamine sus aguas y las utilice para sus trabajos”. Es tal la importancia del recurso hídrico en este ecosistema y para las comunidades que allí habitan, que desde tiempos ancestrales se realizan Mesas de Agua, un ritual que sirve para pedir que las cuencas sean bendecidas por las aguas, o de lo contrario no existirá vida.
Pese a ello, en 2013 la compañía minera BHP Billiton aterrizó en la zona para realizar una exploración. Gómez Mamani cuenta que en aquella oportunidad tuvieron una reunión con la minera, quienes les explicaron a través de un mapa dónde iban a perforar. “Era a 100 y 300 metros de las vertientes de agua”, y por ello la comunidad se negó rotundamente a aceptar el proyecto, recuerda la presidenta de la comunidad de Umirpa.
Sentada en una piedra, a la orilla del camino que lleva al Mallku Anocarire, Olivia Pari, psicóloga de profesión, recuerda que la llegada de BHP Billiton movilizó a un grupo de nietas y nietos de los dueños de las chacras del Valle de Codpa a organizar asambleas con los habitantes de la zona, en especial con los adultos mayores, “para alertarnos de que una de las mineras más grandes del mundo estaba instalada sobre nuestras cabeceras”, afirma la profesional, quien lideró la contienda contra la compañía.
Las comunidades organizadas decidieron, entonces, interponer un recurso por violación a los Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Justicia, logrando que BHP Billiton finalmente desestimara el proyecto. Sin embargo, en 2017, la lucha contra la gran minería se reactivó. Esta vez, la empresa Andex Minerals SpA, de capitales canadienses, dio inicio a un nuevo proyecto de exploración en el Cerro Anocarire.
Las alertas se encendieron debido a que “comenzamos a observar un constante movimiento de camionetas 4×4 en dirección a los cerros sagrados”, dice Pari. “No cabía duda de que otra vez una minera se instalaba en nuestros territorios ancestrales”.
Para el año 2018, se habían realizado por lo menos 17 trabajos de exploración. “Algunos a menos de 300 metros de mi casa”, dice Gómez Mamani, quien asegura que en 2019 comprobó cómo la minera realizaba una extracción ilegal de aguas desde una vertiente. El hecho fue denunciado ante la Dirección General de Aguas (DGA) ―organismo que, posteriormente, solicitó a la empresa llevar agua para sus operaciones en sus propios camiones aljibe― y ante la Superintendencia de Medioambiente (SMA) de Arica, en donde además se acusaba a la compañía de “la afectación a sitios ceremoniales arqueológicos, el desvío de cauces de agua, impactos en la flora y fauna, contaminación ambiental, acústica, y afectación a la calidad de vida”.
En 2020, la SMA declaró que el proyecto de Andex Minerals SpA no cumplía con las características para ser evaluado ambientalmente por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el organismo a cargo de evaluar y autorizar la gestión ambiental de los proyectos extractivos en el país, y que, por lo tanto, la empresa podía continuar con sus labores.
A pesar de esta decisión, ese mismo año la comunidad indígena Aymara de Umirpa interpuso dos nuevas denuncias ante la SMA de Arica, señalando que los daños ambientales persistían y sumó antecedentes para denunciar que existían dudas respecto a la ubicación de los trabajos de exploración. Según la comunidad, estos se estaban realizando dentro de la Reserva Las Vicuñas. Además, en forma paralela, los pobladores de Umirpa interpusieron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Arica. Aunque dicho recurso fue rechazado en junio de 2021, la sentencia fue revocada tres meses después por la Corte Suprema de Santiago, obligando a Andex Minerals a ingresar el proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Actualmente la operación de la minería está paralizada.
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Los límites de la discordia
Si la exploración de la minera Andex Minerals se realiza al interior o no del área protegida, es un asunto que no se ha podido esclarecer. Existen imprecisiones que involucran tanto a los límites de la Reserva Nacional Las Vicuñas como al Mallku sagrado Anocarire, y que los organismos estatales no han podido tampoco resolver pues no hay consenso en su documentación.
Un informe elaborado por geólogos del Colectivo Wila Pacha, una organización que enfoca su trabajo en mostrar los problemas territoriales en la región de Arica y Parinacota, cruzó información proveniente tanto del Ministerio de Bienes Nacionales como del Ministerio de Agricultura —del cual depende la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que a su vez es el organismo que administra las áreas protegidas del Estado— y descubrió que ninguno de los documentos consultados coincide en la cantidad ni la ubicación exacta de las actividades de exploración de Andex Minerals.
En lo que todos los documentos concuerdan, sin embargo, es que hay exploraciones mineras dentro del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Altoandino Arica y Parinacota, un territorio que abarca casi en su totalidad a las comunas de General Lagos, Camarones y Putre, y que también incluye a la Reserva Nacional. Las ADI son espacios territoriales creados por el Estado para garantizar una mejor calidad de vida a las personas de origen indígena que allí habitan, pero éstas no son reconocidas como áreas protegidas.
Ante eso, la controversia se mantiene. Héctor Peñaranda, Director Regional de la CONAF en Arica y Parinacota (CONAF AyP) —entidad que administra la Reserva—, asegura que todos los puntos de exploración se encuentran fuera de la reserva y que el más cercano se encuentra a 20 metros del área protegida. “Según los límites de la reserva que maneja CONAF, (el proyecto de exploración) está afuera”, dice Peñaranda, aunque también precisa que dichos límites “son referenciales”. En tanto, el Ministerio de Bienes Nacionales, organismo a cargo de los límites oficiales de las áreas protegidas, declaró que no existe un plano georreferenciado oficial de las unidades componentes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE).
Tras las denuncias presentadas por Marcela Gómez Mamani, sobre la exploración minera al interior de la reserva, el mismo Peñaranda asegura que guardaparques de CONAF AyP sí lograron constatar la destrucción de plantas nativas consideradas Vulnerables, y que por lo mismo están protegidas, en los caminos construidos por Andex Minerals para acceder a las faenas. Según detalla, se detectaron cortes de Yareta (Azorella compacta), y del árbol que crece a mayor altitud en el mundo, la Queñoa de altura (Polylepis tarapacana).
La Reserva Nacional las Vicuñas está, además, catalogada como un lugar de interés científico para efectos mineros. Una figura que, históricamente, se creó para fines astronómicos, explica Camila Martínez, abogada especializada en Derecho Público y Ambiental de la Universidad de Chile. “Fue introducida en la legislación minera en el año 1977 con la finalidad de proteger la actividad científica que iniciaban, en el norte del país, entidades internacionales que realizaban investigaciones astronómicas aprovechando la transparencia y limpidez del cielo chileno”. En efecto, algunas actividades mineras que se llevaban a cabo en las mismas zonas de los observatorios perjudicaban las observaciones astronómicas, comenta Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves, porque sus tronaduras levantaban polvo y ello ensuciaba la transparencia del cielo. Por ello, “resulta incomprensible que a pesar de que en la Reserva Nacional Las Vicuñas exista esa figura, se realicen de igual forma trabajos mineros”, resalta Sanguinetti.
Mongabay Latam intentó comunicarse con la compañía minera Andex Minerals SpA, sin embargo hasta la publicación de este reportaje no obtuvo respuesta.
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Los triunfos y desafíos de las comunidades aymaras
Pese a que “los derechos territoriales de los pueblos originarios en Chile aún no han sido reconocidos”, dice Richard Fernández, de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales (CADRN), las ADIs (las Área de Desarrollo Indígena) poco a poco están ganando reconocimiento. Un ejemplo de ello lo constituye el caso del cerro Márquez, cuando en 2020 la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por comunidades aymaras y ordenó a la minera Plata Carina SPA detener sus exploraciones en aquel mallku sagrado e ingresar el proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Pero uno de los grandes obstáculos que tienen que sortear hoy las comunidades es que la ley ambiental chilena no exige que los proyectos mineros desarrollados al interior de las ADIs sean sometidos a Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Esto les deja entonces como única salida que el gobierno cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mecanismo legal al cual Chile está adherido y que establece que los pueblos originarios deben ser consultados cuando un proyecto extractivo desea instalarse en los territorios que ocupan. Esto es clave a la hora de enfrentar el conflicto contra las mineras, dice Fernández, ya que obliga al Estado a defender los ecosistemas donde habitan las comunidades indígenas.
El caso del Cerro Anocarire se suma a las victorias obtenidas por las comunidades Aymaras de la Región de Arica y Parinacota que, mediante recursos de protección, han logrado que proyectos mineros que solo contaban con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), una evaluación más laxa que no exige una participación ciudadana, se vean obligadas por la Corte Suprema a ingresar un EIA.
No obstante, el integrante de CADRN aclara que si bien el proyecto de “Exploración Anocarire” de la compañía minera Andex Minerals SpA se encuentra actualmente paralizado, esto no es definitivo, ya que si presenta un EIA eventualmente podría reiniciar sus operaciones. “Ya se obtuvo un triunfo, pero esto es un trabajo de largo aliento”, dice Fernández. Será el EIA quien determine si el proyecto es ambientalmente viable y, si se asume que va a causar impactos, se adopten las medidas de mitigación, compensación y reparación adecuadas.
*Imagen principal: Cerro Anocarire. Foto: Marcela Gómez
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