- Acelerar la demorada transición energética y promulgar leyes que protejan de manera efectiva bosques y humedales son algunos de los retos más importantes que afronta el país.
- Sin embargo, nada parece más trascendente que conseguir una mirada única sobre las cuestiones ambientales, y que dicha mirada inserte estos temas en todos los ámbitos de debate.
Promulgar leyes que protejan los humedales y hacer cumplir la que debería cuidar de los bosques; aumentar las áreas destinadas a la conservación; unificar el discurso y la acción; avanzar en la transición energética; evitar el deterioro del mar… ¿Dónde centrar la mirada cuando existen tantos frentes abiertos? La Argentina ambiental aborda 2022 con el desafío de encarar la lucha de intereses económicos en el frente interno, consciente de lo que se necesitaría para solventar los retos que deberían abordarse y sin saber con qué herramientas contará para enfrentarlos.
El postergado fin de la pandemia y las largas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda de 44 000 millones de dólares y evitar la cesación de pagos en marzo son las agujas que van a marcar el devenir económico.
La resolución de estas cuestiones permitirán atender campos trascendentes como la promulgación y la correcta implementación de leyes básicas para la conservación, la transición energética o la capacidad para ejercer controles efectivos que garanticen el cumplimiento de las normas. Aunque científicos, investigadores o integrantes de organizaciones ambientalistas coinciden en que, incluso antes de resolverlas, sería imprescindible alcanzar una mirada institucional uniforme que coloque la conservación ambiental en el epicentro de cada decisión, cualquiera sea su ámbito
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1.Bosques y humedales, la deuda eterna
Reservorios de biodiversidad y carbono por excelencia, pero a la vez focos de descuido y desatención, los bosques y humedales vuelven a convertirse, año tras año, en dos de los máximos retos argentinos en materia de conservación. Los unos, porque la ley que debería protegerlos, promulgada en 2008, continúa esperando las partidas presupuestarias que harían falta para que se cumplan los objetivos que plantea su redacción, así como que se actualice el ordenamiento que indica la categoría de protección de cada área boscosa, que en muchos casos se mantiene inalterable desde hace doce años. Los otros, porque una vez más, el Parlamento no llegó a tratar la norma legal que buena parte de la sociedad pide para ponerle un límite a su degradación.
“A veces da la impresión que se los considera espacios vacíos. Hay que cambiar ese concepto, capacitar al personal y buscar alternativas de manejo “, sugiere María Elina Serrano, ingeniera hidráulica, consultora ambiental y ex Ministra de Ambiente de la provincia del Chaco. “Sería muy bueno efectuar un ordenamiento nacional de todos los ecosistemas”, propone a su vez Gastón Tenenbaum, uno de los fundadores de la organización Jóvenes por el Clima
La adhesión argentina a la “Declaración sobre los bosques y el uso de la tierra” firmada durante la COP26 celebrada en Glasgow, Escocia, comprometió al país a trabajar para detener y revertir en 2030 la pérdida de masa boscosa y la degradación de los suelos, “pero ahora debe tener su correlato con la correcta implementación de la ley, no solo por el lado del financiamiento sino también por la fiscalización, el monitoreo y el control de las acciones que se realizan en las áreas de bosques nativos”, indica Manuel Jaramillo, presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Un problema en el que coinciden la mayoría de expertos es en la necesidad de que se cumplan y hagan cumplir las normas legales. “Para implementar y controlar se necesita presupuesto, pero al margen de esto, la existencia de leyes no alcanza para solucionar los problemas. Los incendios en el Delta del río Paraná continuarán aunque salga adelante la Ley de Humedales. Las leyes deberían marcar líneas de conducta, pero cuando no hay un castigo terminan transformándose en meros indicadores y en general no se cumplen ”, afirma Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
La organización que representa Boscarol es una de las más activas en el impulso para obtener una herramienta legal que permita defender los humedales del avance de los proyectos agropecuarios e inmobiliarios. Hasta ahora, los esfuerzos realizados no han tenido éxito, pero Boscarol se ilusiona con alcanzar la meta en 2022: “Esperamos que este año el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley propio, porque según nos han dicho algunos diputados, de ese modo corren más rápido”, asegura.
2.Más áreas protegidas para sostener la biodiversidad
El año que comienza será escenario del debate sobre la renovación del Convenio de Diversidad Biológica y las llamadas Metas de Aichi establecidas en 2011 y caducadas en 2020. Se ignora por el momento cómo serán reemplazados esos objetivos, pero en Argentina existe un interés especial por conocer el papel a desarrollar por el país en ese aspecto. “Deberíamos levantar nuestra ambición y ser actores referenciales en la actualización del convenio”, apuesta Jaramillo, y añade: “El cambio de uso del suelo y las actividades productivas son cuestiones centrales para recuperar biodiversidad sin afectar las capacidades de generación de ingresos. En ese sentido, la producción sustentable y la restauración de ambientes afectados puede ser fundamental”.
La pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo son, a juicio de Gastón Tenenbaum, dos de los más graves problemas que enfrenta la humanidad: “Con el agregado de que están olvidados en un cajón. Si no logramos resolver el del cambio climático con toda la prensa y la presión mundial que recibe, en estos casos la situación es mucho peor”, reflexiona el integrante de Jóvenes por el Clima.
La consolidación de los avances ya logrados y el fortalecimiento del estado de conservación de las áreas protegidas pasan a ser entonces capítulos importantes de los desafíos argentinos para 2022. “Hay varias iniciativas de nuevos parques, como el de Ansenuza, que deben ser consolidados y aprobados por ley”, recuerda Jaramillo. Situado en el centro del país, el espacio protegería una de las lagunas salobres más grandes de Sudamérica, hábitat de casi un centenar de especies de aves.
Otra laguna, o más precisamente, la única albufera existente en el país, llamada Mar Chiquita, también pugna por ser parte de un parque nacional, el de Faro Querandí, que incluiría una amplia zona de médanos que esconde en sus profundidades un importante acuífero de agua dulce sobre las costas de la provincia de Buenos Aires. Dar ese paso sería el modo de aumentar los controles a quienes visitan el lugar con vehículos todoterreno o cuatrimotores y demasiadas veces provocan daños en la flora, la fauna y la propia estructura del lugar.
Sin dejar los temas acuáticos, la ejecución del presupuesto ya aprobado por el Ministerio de Ambiente para apoyar la reactivación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible aparece como una meta importante en la defensa del amenazado Delta del Paraná. “Sería una manera de sostener los programas de investigación que están en marcha en la zona junto a varias universidades y el Instituto Nacional del Agua”, apunta Nadia Boscarol.
Mejorar la vinculación de las comunidades locales y de pueblos originarios que viven en los alrededores de las áreas protegidas es otro reto a tener en cuenta. “Debemos encontrar el modo de asegurar el acceso de esos pueblos a los bienes y recursos de los espacios naturales para asegurar las prácticas que respeten su cosmovisión, y que al mismo tiempo eso permita sostener los altos estatus de protección de las áreas nacionales y provinciales. Lo que se llama conservación inclusiva”, resume Manuel Jaramillo. “Aumentar la participación en la Red de Áreas Protegidas por Pueblos Indígenas, que actualmente integran 39 comunidades, sería una forma de mitigar las amenazas que se ciernen sobre espacios de altísimo valor biológico”, se esperanza Pablo Lumerman, politólogo, consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y experto en conflictos sociales vinculados al ambiente.
Este punto se enlaza con el pedido de nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, norma promulgada en 2006 y varias veces renovada, que implica una salvaguarda parcial para prevenir desalojos de los territorios que ocupan las 1760 comunidades que existen en el país. Para que tenga efecto real, la ley debería ser prorrogada a través del Congreso, pero el proyecto —aprobado en el Senado— quedó empantanado en la Cámara de Diputados, y en diciembre el gobierno decidió estirar su vigencia a través de un decreto urgente, medida que no conforma a los pueblos originarios.
Brindar cobertura completa a estas poblaciones y concluir un relevamiento o inventario —en teoría obligatorio— que en 15 años solo cubrió el 42 por ciento de las comunidades, se transformó así en otra meta importante a cumplir en 2022.
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3.Una conciencia y un discurso únicos
“Los sectores productivos tienen que entender que lo ambiental debe estar dentro de los planes económicos y de esa misma producción”, sostiene Gastón Tenenbaum, de la organización Jóvenes por el Clima.
La disparidad de criterios y las direcciones opuestas en las determinaciones que fueron tomando el gobierno nacional y los 24 distritos del país fueron una constante en 2021. Esto quedó expuesto con claridad durante la COP26, e hizo saltar todas las alarmas. “La construcción de los consensos necesarios entre agro, energía y ambiente es central para definir cuál es el camino”, define Manuel Jaramillo, y agrega: “Durante 2022 y de cara a la COP27 de Egipto, Argentina deberá presentar un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que indique cómo se va a cumplir el compromiso de las NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional) a 2030 y la anunciada neutralidad de carbono en 2050”.
La coincidencia en señalar este tema como prioritario resulta casi absoluta entre los expertos: “Mientras que el avance de políticas vinculadas a cuestiones energéticas, ambientales y climáticas no tenga un horizonte claro de largo plazo vamos a seguir encontrando contrasentidos”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y especialista en el sector de las energías. “En este aspecto, el principal desafío será responder a las demandas del proceso de desarrollo económico del país asumiendo los compromisos en materia climática y en un marco de respeto a los derechos humanos”, una opinión que puede valer para cualquier otro sector de la economía.
El interrogante, en todo caso, está planteado en cómo compatibilizar las palabras empeñadas y los requerimientos urgentes de una población con altos índices de pobreza y un descontento social en alza. La ingeniera María Elina Serrano cree que “el gobierno nacional debería motorizar mejor la relación con las provincias”, al contrario de lo sucedido en la presentación que hizo en Glasgow, “en la que solo se dio intervención a los ministerios”.
La opinión de Pablo Lumerman apunta en esa misma dirección: “La palabra clave es ‘territorio’. El trabajo más fuerte debe realizarse sobre las cuencas, las jurisdicciones e interjurisdicciones, las áreas fronterizas… El desafío es llegar al territorio con una agenda que incluya de manera preferente una mirada ambiental y articular la estrategia nacional en función de planes concretos pero a nivel federal, en cada provincia”, explica. “Con la Ley de Educación Ambiental promulgada en 2021, o la llamada Ley Yolanda [que obliga a capacitar en cuestiones ambientales a toda persona empleada en la función pública], ocurre lo mismo: no llegan a los territorios como debería suceder”, añade la ingeniera Serrano.
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4.Los retos que llegan desde el mar
En 2022, los objetivos planteados en el ambicioso proyecto Pampa Azul, relanzado en 2020 y cuya actuación está centrada en la plataforma continental sobre el océano Atlántico, cumplirán su tercer año de los cuatro previstos. Se trata de una iniciativa ideada para fortalecer la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, con especial énfasis en las cuestiones sociales, ambientales y económicas de los entornos marino y costero.
Sin embargo, 2021 acabó con la aprobación del decreto por el cual el Ministerio de Ambiente autoriza efectuar tareas de prospección petrolífera a un consorcio formado por la empresa noruega Equinor, la holandesa Shell y la argentina YPF. Las zonas demarcadas para los trabajos se encuentran a algo más de 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, la principal ciudad turística del país, en un área de paso para las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis) y, lo que es aún más grave, frente al talud que limita la plataforma continental y cae a pico hacia las profundidades oceánicas.
Claudio Campagna, médico y biólogo que formó parte de la comisión asesora científica de Pampa Azul en su etapa inicial de lanzamiento, en 2015, es muy crítico con la medida: “Es el lugar donde los nutrientes del fondo del mar salen a la superficie. Desde allí se dispersan y fertilizan el resto de las aguas. Si se echara a perder esa zona se arruinaría todo lo demás”, afirma quien en la actualidad dirige el proyecto Sea and Sky de la Wildlife Conservation Society (WCS).
El permiso para estudiar la presencia de petróleo y gas en las entrañas del océano provocó una gigantesca ola de rechazo, ya sea en las poblaciones costeras como en la comunidad científica, alineada de manera casi unánime en su contra. Pero además esconde otra realidad: “Hay un divorcio entre la academia y el Estado, y tendría que trabajarse para que haya una mayor interacción entre ambos y también con el sector privado”, señala la ingeniera María Elina Serrano, y enfatiza: “Tenemos investigadores que llevan muchísimos años trabajando en cosas que solo conocen ellos porque no consiguen perforar la esfera gubernamental. El Estado debería convocarlos y motorizar sus conocimientos; y los institutos de investigación deberían investigar las cosas que los gobiernos necesitan”.
La necesidad de mejorar la relación del Estado con el sector privado puede verse en el mismo tema de las prospecciones petrolíferas. “Es una cuestión que nos da mucho miedo porque nadie sabe a ciencia cierta cuál es el impacto real de las explosiones en los peces. La merluza es el buque insignia de nuestra pesca y si se mueve guiándose por los sonidos le afectará sin dudas”, objeta Darío Sócrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas.
El diálogo con los organismos internacionales dispuestos a cooperar en cuestiones ambientales es otro asunto pendiente. “El dinero está disponible, existen ciertas ayudas prometidas en el exterior en la medida que se orienten hacia proyectos con sensibilidad climática. Pero para aprovecharlas, Argentina tiene que solucionar sus problemas de cohesión política y unificar su horizonte de desarrollo”, afirma en ese sentido Pablo Lumerman.
5.Una transición energética que debe arrancar
Los acuerdos sellados durante la COP26 y las perspectivas a mediano plazo acerca del calentamiento global obligan a todos los países a realizar un replanteo de sus matrices energéticas y de cómo van a realizar su transición desde los combustibles fósiles a fuentes que generen menos emisión de gases de efecto invernadero. Argentina se encuentra en una fase aún incipiente de esa transformación. Las energías renovables representan poco más de un 12 por ciento de la potencia total instalada y los proyectos en esa línea avanzan con lentitud, al contrario que los subsidios estatales a la extracción de petróleo y gas. “Entre 2018 y 2021, por cada peso que el Estado ha destinado para apoyar las energías renovables le entregó 13 al yacimiento no convencional de Vaca Muerta”, informa María Marta Di Paola, licenciada en Economía y Administración Agraria y magíster en Relaciones Económicas Internacionales.
“La discusión que tendríamos que darnos este año es cuál es la fuente de energía por la que se va a apostar y definir el camino transicional”, plantea Pablo Lumerman, para agregar que: “Tarde o temprano, la energía será el próximo gran problema argentino, porque cualquiera sea la fuente de la que se obtenga, el costo de los subsidios será prohibitivo”.
Los números colaboran a entender el punto en el que se encuentra la situación y la necesidad de encarar el tema con la mayor urgencia posible. “En FARN hicimos una proyección sobre los subsidios —directos e indirectos (por ejemplo, al transporte)— que se otorgan a las empresas de combustibles fósiles y se pudo evidenciar que si se redireccionaran hacia las renovables en 2045 se podría tener una matriz energética 100 % limpia”, comenta Di Paola.
Gastón Tenenbaum llega a su vez a una conclusión muy clara: “Con la matriz energética actual se entiende que tengamos que seguir contando con un modelo contaminante por un tiempo; lo problemático es que no estemos trazando una perspectiva de transición a largo plazo”.
Imagen principal: Los pingüinos de Magallanes son uno de los grandes atractivos del Parque Nacional islote lobos. Foto: Hernán Povedano.
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