- Para transitar de manera justa hacia una matriz energética limpia es necesario no solo aumentar la producción de energía renovable, sino también mejorar la distribución de esa energía y descontaminar los lugares donde han operado las plantas a carbón.
- Llenar los vacíos de información respecto a cuánta agua hay, cuánta se ocupa y quién tiene los derechos sobre ella es clave para poder tomar decisiones.
- Expertos insisten sobre la importancia de fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental y crear el Servicio de Biodiversidad que hace diez años se encuentra en el Congreso, para asegurar la protección de los ecosistemas.
El 19 de diciembre Chile eligió nuevo presidente. Gabriel Boric, de la coalición política Apruebo Dignidad que nació en 2021 en un intento por unir a la izquierda, asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo.
El nuevo gobierno deberá hacer frente a desafíos ineludibles para que el país pueda adaptarse de mejor manera a los efectos del cambio climático que ya se hacen sentir, logre cumplir con los compromisos adoptados para detener el calentamiento del planeta y para que los chilenos puedan acceder a una mejor calidad de vida.
En ese camino también Chile seguirá avanzando en la redacción de una nueva constitución que dote a la naturaleza de derechos para que su protección sea transversal a todos los ámbitos de desarrollo del país.
Avanzar en la producción de energías renovables, pero sobre todo en su distribución es uno de los puntos importantes para lograr acelerar el proceso de descarbonización. Pero no basta solo con cerrar las plantas a carbón, los habitantes de la zonas donde por décadas operaron esas empresas esperan que la transición hacia la energía limpia implique también la descontaminación de los suelos, del aire y el agua, así como mejoras en el sistema de salud que apunten a atender los impactos sufridos por la población.
A su vez, los científicos prevén para este 2022 otro año más de sequía y cada día se hace más urgente avanzar en medidas concretas para optimizar el agua disponible y mejorar su distribución.
Fortalecer la institucionalidad ambiental para asegurar que los proyectos sean evaluados ambientalmente y así evitar escándalos como el protagonizado por Dominga, también figura entre los desafíos más importantes del país. Los expertos insisten, puntualmente, en la importancia de que los proyectos forestales y agrícolas sean sometidos al Sistema de Evaluación ambiental y que la industria salmonera se retire de las áreas marinas protegidas.
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1.Acelerar la descarbonización
Para el 2025, Chile pretende haber cerrado 18 plantas generadoras de energía a carbón y en 2040 la totalidad de ellas. Sin embargo, expertos sostienen que es necesario acelerar la marcha y adelantar el plazo al 2030. “Quedó muy claro en la discusión de la COP que el 2050 era importante para la carbono neutralidad, pero al 2030 y antes hay que empezar a reducir emisiones y en Chile las termoeléctricas son el foco principal”, dice Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF, organización que ha venido trabajando junto con el gobierno chileno en el plan de acción para la descarbonización. En su opinión, cerrar todas las termoeléctricas al 2030 es una posibilidad que “pareciera ser factible”, puesto que existen algunas señales esperanzadoras. Una de ellas es la discusión del hidrógeno verde que aparece como “un tremendo acelerador en la factibilidad de llegar a esa meta”, precisa.
Este es un punto clave, descarbonizar la matriz energética a la par de aumentar la generación de energías renovables. La producción de hidrógeno verde es una alternativa que ha ido alcanzando protagonismo aunque todavía es necesario generar tecnología que permita resolver los posibles impactos ambientales asociados a su producción. “Todas las energías, incluidas las renovables, tienen sus problemas”, explica Catalán. Mientras la eólica tiene asociados el ruido y la perturbación al vuelo de las aves, el hidrógeno verde podría generar serios impactos en el océano, ya que su producción requiere desalinizar agua de mar devolviendo al océano altas concentraciones de sal que si no son bien difuminadas pueden alterar todo el ecosistema, explica el experto.
Pero más allá de la generación de energías renovables, el real cuello de botella que es necesario resolver para poder acelerar el cierre de la termoeléctricas es la distribución, “en particular con las líneas de transmisión que conectan el norte grande donde tenemos una gran fuente de generación solar con la zona central”, explica Catalán. “Ahí tenemos problemas de infraestructura y de pérdidas que son importantes de resolver y que requieren de una inversión pública o pública-privada para que las renovables tomen el relevo”, añade.
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2.No basta con cerrar termoeléctricas es necesario descontaminar
Si bien el cierre de termoeléctricas es un aspecto positivo en el que Chile ha ido avanzando, las comunidades donde se encuentran instaladas aquellas plantas a carbón no están conformes. “No se trata solo de un problema de emisiones, sino de los impactos que han generado a nivel local”, explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de fundación Terram.
En efecto, muchas de las zonas donde por décadas han funcionado dichas plantas son consideradas áreas de sacrificio debido a sus altos niveles de contaminación, por ello el “desafío es que las empresas se comprometan no solo a apagar las termoeléctricas, sino a desmantelar y a descontaminar”, precisa Liberona.
“Estamos al debe”, dice Catalán, porque “no tenemos señales este año muy claras de reparación y restauración”.
Prueba de ello es que en Puchuncaví Quintero, una de las cinco zonas de sacrificio que existen en el país, los varamientos de carbón en la bahía de Ventanas, producidos por la descarga de ese mineral desde los barcos que abastecen a las termoeléctricas, continúan y son constantes. “Hoy es el octavo día consecutivo de varamientos de carbón en la playa de Ventanas”, le dijo a Mongabay Latam Kata Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví.
El problema persiste a pesar de que, en junio 2021, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó, tras acoger un recurso de protección presentado por los vecinos de los territorios afectados, suspender la entrada a la bahía de Quintero de cualquier nave que transporte carbón, así como la descarga del mineral. Tras el fallo, la Capitanía de Puerto de Quintero estableció nuevas medidas de inmediato para no llegar al punto de prohibir el ingreso de los barcos y, en lugar de ello, propuso controlar los varamientos de carbón durante la descarga. La Corte de Apelaciones aceptó. “Por supuesto que las medidas (de la Capitanía de Puerto) no han resultado para nada”, dice Alonso.
Sumado a los problemas de contaminación de las zonas de sacrificio que año tras año continúan en la lista de los pendientes medioambientales del país, “tampoco hay estudios de salud”, agrega Pamelo Poo, politóloga experta en medio ambiente. “Sabemos que en las zonas de sacrificio hay altas tasas de cáncer, existen esas cifras, pero no hay ninguna profundización en políticas de salud sobre la materia”, dice Poo.
En definitiva, en temas de descarbonización, el desafío está en no solo cerrar las termoeléctricas, sino “restaurar los ecosistemas degradados para, a su vez, mejorar la salud de las personas”, dice Catalán.
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3.Crisis del agua: la falta de información para tomar decisiones
La abogada especialista en derecho ambiental del agua, Verónica Delgado, quien fue parte de la mesa científica que entregó sugerencias al gobierno chileno sobre los compromisos que se debían y podían adoptar en materia hídrica en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) —que son las medidas concretas que cada país se compromete a adoptar para detener el aumento de la temperatura del planeta— asegura que los conflictos ambientales que existen en Chile por el agua se deben en gran medida a cuestiones legales. “Hay problemas de gestión, por supuesto, pero hay problemas con la construcción del modelo y si el derecho es parte del problema quizás una solución va a ser cambiar la constitución y las leyes”, dice.
Hay muchas expectativas de lo que dirá la nueva Constitución que está siendo redactada. La nueva carta magna tiene la posibilidad de que la protección al medio ambiente se instale como un principio transversal a todos los ámbitos en los que se desarrolla el país y que el agua en particular se asegure como un bien común de uso público cosa que, por el momento, no está garantizada. El reglamento general de la convención constitucional ya fue aprobado y se establecieron siete comisiones de trabajo siendo una de ellas la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Pero, además, “el tema del medio ambiente y el agua será parte de las discusiones de otras cuatro comisiones”, asegura Delgado, por lo que “a mí no me cabe duda de que vamos a tener una constitución mejor”, dice.
Pero a la espera de que ello ocurra, “tenemos un problema puntual hoy día que es la sequía que nos está generando enormes problemas a nivel territorial”, advierte Liberona. Para la experta, el desafío está en generar medidas inmediatas para poder adaptarse a ella y evitar, dentro de lo posible, que se agudice.
Una de las medidas más importantes es llenar los vacíos de información. “Más de 150 científicos que participaron en la mesa (que entregó sugerencias al gobierno chileno para la elaboración de sus NDC) llegamos al consenso de que lo que nosotros tenemos que tener es una gran plataforma informática muy segura donde se integre toda la información que hay sobre el agua”, señala Delgado, como por ejemplo datos referentes a la cantidad de agua que hay en las cuencas, una información que se encuentra desactualizada, pero sobre la que ya se está trabajando.
“Además tenemos que empezar a construir un catastro de los dueños del agua porque tienen en sus derechos una cantidad que no existe en el acuífero y tú no puedes tomar decisiones partiendo de la base que tienes derecho a sacar 10 (de agua), pero no hay ni 4. Tenemos que ser realistas y ajustar derechos a la realidad de los cauces”, sostiene Delgado.
Pero también sería necesario implementar medidas de educación pública que, aunque se pueden resolver de manera más rápida y simple, no existen, dice Liberona. “Ni es Santiago, ni en Valparaíso, ni en ningún lugar de Chile hay una campaña que nos eduque sobre la importancia de usar menos agua, de informarnos cuánta agua hay detrás de una botella de vino, de un kilo de limones, de un kilo de nueces o de paltas, que las municipalidades se sumen a no estar regando a las 12 del día y que todo lo que sea ornato, de jardines, en las plazas públicas empiece a cambiar por especies que consuman menos agua”, ejemplifica.
4.Fortalecer la institucionalidad ambiental
En Chile, “las áreas protegidas están super poco resguardadas”, dice Catalán. Es tanto así que realizar actividades extractivas dentro de ellas no es imposible, asegura. Ese es el caso, por ejemplo, del parque nacional Alberto de Agostini que aunque goza de la mayor categoría de protección tiene en su interior 19 concesiones para la salmonicultura.
En Chile, la conservación de las áreas protegidas está a cargo de los mismos organismos que tienen como principal misión el fomento de explotaciones económicas de bosques y pesquerías: las áreas terrestres dependen de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), encargada de administrar la política forestal chilena, y las marinas dependen del Servicio Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura. Entonces, “no hay ningún servicio que defienda la conservación de la biodiversidad y ese rol es tremendamente importante”, dice Fernanda Salinas, Doctora en ecología.
Además, “hoy en día quien destruye la biodiversidad muchas veces escapa de su responsabilidad porque se requiere de un procedimiento complejo de demostración de daño ambiental en un contexto de demandas del Consejo de Defensa del Estado”, explicó a Mongabay Latam el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
El proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que fue presentado en el 2014 al Congreso, pero que sigue sin ver la luz, aparece como un pendiente importante ya que, además de velar por la protección de las áreas protegidas y los ecosistemas, tendría la capacidad de sancionar los hechos que atenten contra la naturaleza “con un régimen de sanciones más ambicioso y más severo”, dice Mena.
Pero, además, en opinión de Catalán, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debe reforzarse. “Si nosotros queremos un auge de las energías limpias tenemos que ver donde las localizamos. Tener un Sistema de impacto ambiental técnico, sólido, basado en ciencia, transparente y no político es fundamental para que podamos tener esta transición energética hacia un futuro más bajo en carbono y más respetuoso con la naturaleza”, explica.
El último escándalo en torno al proyecto minero y portuario Dominga, el que fue aprobado en agosto a pesar de que ya había sido rechazado dos veces por presentar falencias técnicas que ponen en riesgo la biodiversidad del archipiélago de Humboldt, ha reabierto un debate respecto al funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental.
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5.Detener la deforestación
En las últimas dos décadas, la tasa promedio de pérdida de bosque nativo ha sido estimada por CONAF y estudios académicos entre 60 a 70 mil hectáreas al año, aseguró Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) durante el foro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, y el caso de Chile.
“Parte de la pérdida y la degradación está asociada a la tala ilegal”, aseguró Lara. Aunque también “hay quemas intencionales que se utilizan para cambiar el uso de suelo”, agrega Fernanda Salinas, quien es consejera de la Sociedad de Ecología ante el Consejo de Política Forestal.
Los ejemplos son varios. En Pichidegua, una comuna a 170 kilómetros al sur de Santiago, hace unos 10 años los habitantes empezaron a ver frecuentemente incendios en los cerros a su alrededor. Poco a poco en los terrenos chamuscados comenzaron a instalarse plantaciones de paltos y limones. Lo mismo han denunciado los vecinos de Cabildo y otras comunas de la zona central más afectadas por la crisis hídrica.
Aunque durante el 2021 hubo fallos importantes de la Corte Suprema para detener el problema, todavía falta mucho trabajo por hacer, concuerdan los expertos.
Uno de esos fallos ocurrió en febrero, cuando la Corte Suprema ratificó un dictamen de contraloría que determinó que los planes de manejo que CONAF autorizaba a los agricultores para sustituir el bosque nativo por plantaciones agrícolas eran ilegales. Una investigación realizada por la fundación Terram demostró que al menos 1362 planes aprobados entre el 31 de julio de 2008 y marzo de 2020 permitieron talar 22 281 hectáreas de bosque nativo a pesar de estar protegido por ley desde 2008.
“Lo que queda ahora es seguir profundizando en las responsabilidades personales”, dice Salinas. “Hay que ir a buscar a quienes fueron y que se hagan responsables de la destrucción de ecosistemas naturales que ellos autorizaron sin ningún tipo de mitigación, compensación, reparación”, agrega.
Pero también quedan pendientes a nivel legislativo para lograr proteger el bosque. En diciembre de 2020, un grupo de parlamentarios ingresó a discusión en el Congreso Nacional un proyecto de ley para regular el cambio de uso de suelo tras la ocurrencia de incendios forestales. “La idea es generar una moratoria, una prohibición, desde que ocurre el incendio por una cierta cantidad de años para que no se utilice el fuego como un mecanismo irregular para implementar proyectos de urbanización, agrícolas o forestales”, explica Salinas.
El proyecto fue discutido en la comisión de medio ambiente de la cámara de diputados y luego solicitado por la comisión de vivienda y urbanismo, y por ahora no ha avanzado, asegura la experta.
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6.Retirar a la industria salmonera de las áreas protegidas
El 2021 terminó con una buena noticia para las áreas marinas protegidas: un proyecto de ley fue presentado al Congreso Nacional para prohibir que se sigan ingresando nuevas solicitudes de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas y establecer un plazo de salida para las que ya fueron otorgadas. Detrás de esta moción están 62 organizaciones chilenas y extranjeras y comunidades indígenas kawésqar que presentaron el proyecto, específicamente, ante la Comisión de Pesca y Acuicultura del Congreso .
A inicios del año pasado, una investigación de Mongabay Latam reveló que de las 1407 concesiones otorgadas para criar salmones, 416 (el 29.67 %) se encuentran al interior de espacios marinos que tienen alguna categoría de protección. Además, 105 concesiones que buscan instalarse al interior de áreas protegidas se encuentran en trámite.
“Es una contradicción que el Estado reconozca la fragilidad de los ecosistemas en la Patagonia Austral, al mismo tiempo que autoriza el funcionamiento de industrias que los degradan”, dijo el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, al presentar el proyecto de ley.
En la Patagonia chilena, donde se ubica la industria salmonera, se combinan ecosistemas de fiordos con grandes masas de hielo que permiten la existencia de características “únicas e irrepetibles”, asegura Alex Muñoz, Director para América Latina del programa Pristine Seas de National Geographic. Por lo mismo, en el mar de la Patagonia chilena existen numerosas especies que no habitan en ningún otro lugar del mundo. Es sitio de reproducción y alimentación a especies que están en peligro, como las ballenas azules, y sus bosques de algas son uno de los mayores sumideros de gases de efecto invernadero ayudando a reducir los impactos del cambio climático en todo el planeta. Es por eso que “Chile debe prohibir la salmonicultura en todas las zonas sensibles de la Patagonia”, señala Muñoz. Por ello, tanto científicos, como comunidades indígenas y conservacionistas, esperan que este proyecto de ley pueda avanzar para que la protección de las reservas y parques marinos sea efectiva.
*Imagen principal: Reserva Nacional Kawésqar. Foto: patagoniaplanet
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