- Detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad que aquejan al país, son algunos de los retos que se tendrán para los próximos meses.
- Ante el avance del cambio climático, el incremento de incendios y presencia de plagas en los bosques es urgente apoyar a las comunidades que realizan manejo forestal.
- En este año, México deberá presentar una actualización real de sus Contribuciones Nacionalmente determinadas (NDC), así como el plan para cumplir con lo que señala el Acuerdo de Escazú.
Hace quince años, en su libro La Venganza de la Tierra. La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad, el escritor y científico James Lovelock insistía en que no es posible seguir mirando al planeta como algo que está ahí para ser explotado en beneficio de la humanidad. También escribió: “Todavía nos resulta ajeno el concepto de que nosotros y el resto de la vida, desde las bacterias a las ballenas, formamos parte de una entidad mucho mayor y más diversa: la Tierra Viva”. Tres lustros después de lo que publicó Lovelock, el estado de salud del planeta Tierra aún no se mira como una prioridad mundial. En regiones como Asia y América Latina, la deforestación avanza y con ella la pérdida de biodiversidad. Así como Lovelock y otros científicos llevan años alertando de la urgencia de cambiar nuestra perspectiva hacia el planeta, en países como México hay voces que desde hace un buen tiempo insisten en que los desafíos ambientales serán cada vez mayores, sobre todo cuando las políticas públicas no tienen en el centro a la agenda ambiental y climática.
Mongabay Latam consultó a especialistas en varias materias quienes mencionan que el gran reto para México es revertir el desdén que ha reinado hacia la conservación de la biodiversidad, la crisis climática, las comunidades forestales y aquellos que defienden a los bosques y ríos.
“Es evidente que el gobierno no va a atender la agenda ambiental y climática. Así que será el sector social y académico el que deberá tomar la estafeta y dar la pelea para que se vuelvan temas prioritarios en el país”, dice Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la organización no gubernamental Iniciativa Climática.
1. A prueba, la nueva estructura del sector ambiental
A mediados de diciembre del 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat) anunció una reforma administrativa para sumar a su estructura las atribuciones y personal del Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC). Además, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se integró a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Con ello, se “agrupan los esfuerzos, se consolida el conocimiento y se fortalecen las actividades encomendadas”, según se explicó en un comunicado. Pero para más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, desaparecer al INECC y al IMTA representa “una más de las acciones de desmantelamiento del sector ambiental”.
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El INECC, recordaron las organizaciones en un comunicado, es un organismo del Estado que genera investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones. Entre sus funciones está la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero o los insumos técnicos para las normas oficiales sobre calidad del aire.
Mientras que el IMTA se encarga, entre otras cosas, del diseño de los sistemas regulatorios y tarifarios para el agua potable, la certificación de laboratorios de calidad del agua y de sistematizar y publicar la información técnica asociada con los recursos hídricos del país.
Es por ello que catorce organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en temas relacionados con la gestión del agua, consideraron como un error que el personal y funciones de este instituto se integren a la Conagua.
“El IMTA y la Conagua tienen funciones completamente distintas, al primero le corresponde el arbitraje técnico, científico y social; de tal manera que se puedan prevenir abusos como el reparto de agua a discreción”, señalaron en un comunicado organizaciones como Cántaro Azul, la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, Centinelas del Agua, entre otros.
Además, llamaron a la presidencia, al congreso y al senado a aprobar una Ley General de Aguas —lo cual está pendiente desde hace ya dos años— “que establezca una estructura de justicia hídrica, acceso a la información, transparencia y anticorrupción”.
Así que en 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá demostrar si son eficientes todos los cambios realizados dentro del sector ambiental; los cuales llevan dos años sin consolidarse. Será hasta que se publique el reglamento interior de la Semarnat, cuando se conozca cómo quedará la estructura de la dependencia y si ésta será la adecuada para realizar las funciones que hoy realizan el INECC y el IMTA.
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2. Garantizar conservación de áreas naturales y especies con recursos mínimos
Para el 2022, el sector ambiental contará con un presupuesto de 40 795 millones de pesos (poco más de 1986 millones de dólares); son casi 9 mil millones de pesos más si se compara con lo que se le designó en 2021.
Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recuerda que en 2019 el sector ambiental tuvo un recorte muy fuerte, por lo que el incremento que tuvo en 2022 no alcanza para resarcir el daño que se hizo tres años antes.
La mayor parte de los recursos que se otorgaron al sector son para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que contará con 33 916 millones de pesos (1651 millones de dólares).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tendrá poco más de 776 millones de pesos (37 millones de dólares) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dispondrá de casi el mismo presupuesto que tenía hace un año: 887 millones de pesos (alrededor de 43 millones de dólares).
Estos recursos equivalen a que la Conanp cuente con sólo 9.7 pesos (poco menos de un dólar) por cada una de las 90 millones de hectáreas que se encuentran bajo alguna categoría de protección, una cifra muy inferior a los 74.12 pesos por hectárea que llegó a tener en 2016.
“Esta escasa asignación de recursos impide una adecuada atención a los diversos problemas ambientales que existen en las áreas naturales protegidas como la deforestación o la degradación de los bosques y de las áreas costero-marinas”, destacó CEMDA en un comunicado.
Además, el gobierno federal tiene planes de crear una nueva Área Natural Protegida en la zona del Lago de Texcoco, con lo que se sumarán alrededor de 14 mil hectáreas bajo el cuidado de la CONANP.
“Se decretan nuevas áreas, pero no se le asigna presupuesto a Profepa ni a la Conanp para que puedan garantizar la vigilancia en todas estas zonas”, resalta Margarita Campuzano, integrante de CEMDA, quien también menciona que “los inspectores de Conanp, por ejemplo, no tienen ni para gasolina para las lanchas y en varias zonas tienen que enfrentarse al crimen organizado”.
Para científicos como Rodrigo Medellín, especialista en murciélagos e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, el principal desafío ambiental para el país en el 2022 será “reorientar las políticas públicas para tener una real protección de la biodiversidad”. Y, en especial, poder conservar aquellas especies que están en riesgo de extinción.
Entre esas especies está la vaquita marina (Phocoena sinus), una pequeña marsopa endémica del Mar de Cortés, en el Alto Golfo de California, cuya población ha ido en picada en las últimas dos décadas. Estimaciones científicas señalan que solo quedan unos 10 individuos, por lo que se considera el mamífero marino más amenazado del planeta.
Para evitar la extinción de esta marsopa, Medellín propone crear un programa de atención integral a las comunidades del Golfo de California: “No solo se trata de salvar a una especie sino de resolver, también, un problema de desintegración social en la zona, ya que está en manos del crimen organizado”.
Este año, del 14 al 25 de noviembre, se realizará la 19a reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en Panamá. “Si para entonces México no tiene un plan claro para proteger a la vaquita marina, el país podría tener sanciones comerciales”, destaca Medellín.
La atención internacional está puesta en el futuro de la vaquita marina, pero en México hay más especies que están en un alto riesgo de perderse, sobre todo por la drástica disminución de su hábitat. Un ejemplo es lo que pasa con el mapache enano (Procyon pygmaeus), especie endémicas de la Isla de Cozumel, en el caribe mexicano, y que están en Peligro Crítico de extinción.
La fragmentación de su hábitat, en especial por la ampliación de una carretera, ha llevado a que se disminuya aún más su población, que pierda variabilidad genética y, por lo tanto, aumente su susceptibilidad a enfermedades, explica la doctora Ella Vázquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.
La científica señala para salvar a esta especie y a otras más en el país es vital que el tema ambiental se mire como una prioridad nacional: “Si no se le otorga un presupuesto adecuado, si no hay un plan estratégico de conservación no se logrará nada”.
Además de la reunión de CITES, México también deberá revisar el estado de sus especies, en especial porque entre el 25 de abril y el 8 de mayo se realizará en Kunming, China, la segunda fase de la 15a reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, donde se prevé adoptar un plan mundial para detener la acelerada pérdida de biodiversidad.
3. Detener la deforestación
En 2020, México perdió 300 mil hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con los análisis realizados por la Universidad de Maryland y la plataforma Global Forest Watch.
Aún no hay datos actualizados al 2021, pero en el mismo Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, presentado en noviembre pasado por la Semarnat, se prevé tener una pérdida de alrededor de 216 mil hectáreas de bosques al año.
En octubre pasado, la Semarnat anunció una estrategia contra la deforestación y tala ilegal basada en “la prevención, inspección y verificación de aserraderos; además de un trabajo de inteligencia, judicialización, acompañamiento de las comunidades y revisión del marco jurídico con la finalidad de poder ejecutar acciones penales contra los responsables de los ilícitos”.
Para especialistas, como Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge, la deforestación y la tala ilegal son dos fenómenos distintos, con impulsores muy diferentes, por lo que las acciones para atenderlos no pueden ser las mismas. Por lo que, Madrid menciona que “un desafío para el 2022 es que este gobierno establezca un planteamiento claro para detener la deforestación”.
Cualquier estrategia que se tenga para atender este problema, señala Madrid, tendrá que contemplar el fortalecimiento de la Profepa, “para que cumpla con su labor de vigilancia y sancione a quienes deforesten. Además, se debe trabajar en otros frentes como el apoyo a las iniciativas comunitarias que conservan los bosques, la certificación de productos (como aguacate, carne y agave) libres de deforestación y en el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan realizar un monitoreo eficiente para saber a tiempo dónde se está dando el cambio de uso de suelo y qué actividad lo está provocando”.
Si bien todos los ecosistemas del país requieren ser conservados, la doctora Ella Vázquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, destaca que los manglares del país requieren de una atención urgente.
Pese a estar protegidos por la ley mexicana, los manglares siguen siendo afectados para instalar proyectos turísticos o de infraestructura, como sucedió en 2019 y 2020 cuando se taló una zona de mangle para construir ahí la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
Si no se tiene al cuidado del ambiente como una prioridad, advierte la investigadora, se tendrán más huracanes, más incendios y entraremos a un punto de no retorno.
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Para investigadores y miembros de organizaciones sociales, una de las regiones que debe considerarse como prioritaria para garantizar su conservación es la Península de Yucatán, territorio que alberga a la Selva Maya, uno de los bosques tropicales más extensos de América Latina y que en los últimos años ha estado bajo la presión de la agroindustria, megaproyectos turísticos y de infraestructura, como la construcción del llamado Tren Maya.
El abogado Jorge Fernández, de Equipo Indignación. Promoción y defensa de los derechos humanos, organización que trabaja en la Península de Yucatán desde hace ya varios años, los desafíos que se tienen en esta región serán contar con ordenamientos territoriales que no pongan en riesgo el medio ambiente, atender la crisis de la contaminación y acceso al agua, así como evitar que todo el proyecto del Tren Maya impulse una mayor deforestación.
Además, este año será clave para conocer cuál es el proyecto real del Tren Maya, ya que se sigue cambiando el trazo que se había anunciado y no se ha otorgado información sobre las llamadas “Ciudades Sustentables” que se pretenden tener a lo largo de la vía y sobre las que se ha negado entregar información por considerarla como “reservada”.
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Fernández resalta que, al no entregar información completa sobre este megaproyecto que tiene un impacto ambiental y social, el gobierno mexicano está violando el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental para América Latina que entró en vigor el año pasado.
Justo será en abril de 2022, durante la Primera Conferencia de las Partes del tratado, cuando México deberá presentar el plan para cumplir con el Acuerdo de Escazú.
Tomás Severino, director de Cultura Ecológica, explica que durante esa Primera Conferencia de las Partes se establecerán las reglas de cómo funcionará, entre otras cosas, el comité de cumplimiento y aplicación del acuerdo.
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4. Dejar de ignorar a las comunidades forestales
En México, alrededor de 14 341 ejidos y comunidades tienen dentro de su territorio más de 200 hectáreas de bosque, selva o matorral; sin embargo, solo 2 310 cuentan con una autorización de aprovechamiento forestal maderable, lo cual permite que esas comunidades realicen una vigilancia, cuidado y manejo del bosque.
Pese a que existen evidencias de las virtudes ambientales y sociales del manejo forestal comunitario, este mecanismo no recibe el apoyo necesario ni la atención gubernamental que debería.
Una muestra del desdén hacia el sector forestal es el bajo presupuesto que recibe la Comisión Nacional Forestal (Conafor); para el 2022 contará con 2 827 939 445 pesos (137 millones de dólares), un poco más de los recursos que tuvo en 2020 y 2021.
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Un desafío para México es el valorar la importancia que tiene el sector forestal para miles de ejidos y comunidades en el país, señala Lucía Madrid. Y hay un dato que muestra esa importancia: En México hay 66 millones de hectáreas de selvas y bosques aproximadamente, de los cuáles el 60 % son propiedad de ejidos y comunidades.
“Las políticas dirigidas al campo mexicano —remarca Madrid— tienen que poner en el centro a las comunidades forestales”. Y para ello, un paso que se tendría que dar es contar con una tramitología más eficiente que facilite el manejo sustentable de los bosques por parte de los ejidos y comunidades. Además de diseñar “incentivos para conservar los bosques y desarrollar medios de vida campesinos dignos y sostenibles económicamente, que no dependan de las dádivas del gobierno”.
Pese a que México es reconocido a nivel internacional por el manejo forestal comunitario que se realiza en varias regiones del país, Madrid menciona que en la actualidad “las comunidades forestales están en un momento muy complejo, porque están muy presionadas por el avance del crimen organizado (que también controla actividades como la tala)”.
Y por ello, Lucía Madrid considera necesario que la Semarnat y la Conafor diseñen mecanismos eficientes para garantizar la legalidad de la madera que se comercializa en el país.
José Iván Zúñiga, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), asegura que solo fortaleciendo el manejo de los bosques, contando con alternativas para un uso productivo y sustentable de las zonas forestales, se podrán conservar miles de hectáreas.
Zúñiga recuerda que entre los efectos que tiene el cambio climático están los incendios y el avance de las plagas forestales. “Si no tienes a las comunidades realizando un manejo forestal, se registrará un menor mantenimiento de bosques y selvas. Por ejemplo, se tendrán menos brechas cortafuegos… Este es un problema al que las autoridades no están poniendo la suficiente atención”.
Por ello, Zúñiga resalta que es vital recuperar el presupuesto del sector forestal. “Una vez que pierdes un bosque tardas de 25 a 100 años en recuperarlo y el costo de hacerlo es muy alto”.
México, señala Zúñiga, podría ser potencia en el suministro de materias primas forestales producidas en forma sustentable, siempre y cuando se realice una inversión adecuada en el sector, el cual también ayudaría a combatir la pobreza.
El especialista del WRI recuerda que se han publicado varias investigaciones científicas en donde se muestra que las comunidades que realizan manejo forestal comunitario, lograron tener su propio aserradero y consolidar empresas forestales comunitarias, superaron la pobreza alimentaria y, en algunos casos, la pobreza patrimonial.
“Tenemos información suficiente —insiste Zúñiga— para afirmar que el aprovechamiento forestal maderable y no maderable genera ingresos dentro de las comunidades que llevan a la eliminación de la pobreza. Además, de todos los beneficios ambientales, sociales y de manejo de territorio que genera”.
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5. Hacer lo que toca para combatir el cambio climático
En 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá presentar una actualización real y ambiciosa de las Contribuciones Nacionalmente determinadas (NDC), es decir, los compromisos para cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero.
Hasta ahora, México es la única nación del Grupo de los 20 que no ha entregado compromisos más ambiciosos si se compara con los que se tenían en 2015. Si no se entregan NDC actualizadas, “se incrementará la presión internacional hacia el país”, señala Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la organización no gubernamental Iniciativa Climática.
El país tampoco ha implementado medidas que ayudarían a reducir su contribución a los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, no se han actualizado las normas de eficiencia vehicular y se pospuso hasta 2025 la entrada en vigor de la norma que obliga a los nuevos camiones usar diesel de bajo azufre. Esta última medida podría reducir los contaminantes atmosféricos nocivos hasta en un 90 %, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Así que retrasar la entrada de la norma tiene un impacto directo en la calidad del aire y la salud de la población.
En 2022 se espera que la Semarnat presente, después de un retraso de poco más de una década, la nueva NOM-163 que establezca el rendimiento de combustible con el que deben cumplir los vehículos que se venden en el país.
Adrián Fernández advierte que si esta norma no es rigurosa, será inútil: “Una buena norma permitiría a México una reducción de 20 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por año para el 2030. Eso es la décima parte de lo que el país debe reducir para cumplir con el NDC no condicionado que presentó en 2015”.
El país también podría comenzar a bajar las emisiones de metano que produce Petróleos Mexicanos (Pemex) si aplicara la norma que publicó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) hace poco más de tres años y que la paraestatal se ha reusado a implementar, al solicitar prórrogas. En teoría, Pemex tendrá que comenzar a disminuir sus emisiones de metano en este 2022.
Será también en este año cuando se conozca si avanza o no la reforma energética presentada por Andrés Manuel López Obrador, la cual fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), paraestatal que no tiene en el centro de sus planes a las energías renovables. “Sí considera ampliar la capacidad de las hidroeléctricas, lo cual es una buena medida, pero eso sólo contribuiría como en un 5 % de la reducción de emisiones que México necesita para cumplir con lo que establece el Acuerdo de París”, señala Fernández.
De la atención al cambio climático, remarca Fernández, dependen las posibilidades de desarrollo económico y social de las futuras generaciones: “No debe entenderse sólo como un tema ambiental, sino como un tema de desarrollo”.
* Imagen principal: Incendios en la Península de Yucatán. Foto: Cuauhtémoc Moreno.
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