- En junio 2021, Panamá amplió el Área de Recursos Manejados de la Cordillera de Coiba en casi un 400 %. Hoy, el plan de manejo que permitirá proteger efectivamente el área está a punto de ser aprobado.
- Esa iniciativa motivó a que Ecuador, Colombia y Costa Rica comiencen también a tomar medidas para lograr proteger los corredores marinos por donde se desplazan las especies protegidas que habitan en los santuarios marinos de Galápagos, Malpelo e Isla Cocos respectivamente.
El biólogo Héctor Guzmán ha impulsado numerosas normativas para proteger el océano no solo en su país, sino en toda Latinoamérica. Con los datos levantados para su tesis de maestría logró que la Reserva Biológica Isla del Caño, en Costa Rica, se ampliara para proteger los arrecifes. En Honduras, Guzmán logró que se creara el área marina protegida en la isla Cayo Cochinos.
En Panamá, sus estudios permitieron que se protegiera al tiburón ballena y que se creara un santuario para esa especie. Guzmán también participó en las gestiones que permitieron que se dictara una veda para la extracción de caracol en su país y que se prohibiera la comercialización de los pepinos de mar. Consiguió también que se crearan las áreas protegidas de Coiba, del archipiélago de las Perlas y que, en junio 2021, se ampliara el Área de Recursos Manejados de la Cordillera de Coiba, refugio de tortugas, tiburones y ballenas en peligro de extinción, pasando de 17 224 km2 a 67 742 km2.
Se trata de una expansión clave para lograr la protección de los corredores marinos que permitan unir los santuarios de Malpelo en Colombia, Coiba en Panamá, Isla Cocos en Costa Rica y Galápagos en Ecuador, todas áreas marinas protegidas que se encuentran conectadas geológicamente y que comparten las mismas especies.
La ampliación de Área de Recursos Manejados de la Cordillera de Coiba ha llevado a que los demás gobiernos concreten medidas que apunten hacia esa dirección. De hecho, durante la COP 26, Ecuador anunció que crearía un nueva área marina protegida en Galápagos, cosa que se oficializó el pasado 14 de enero.
Mongabay Latam conversó con Héctor Guzmán, quien es investigador del Instituto Smithsonian y vicepresidente de la ONG Migramar, sobre el trabajo detrás de la expansión de la reserva marina de Coiba y los desafíos que siguen para asegurar su protección.
¿Qué rol juega el área marina protegida Cordillera de Coiba en la creación de los corredores marinos que unen los diferentes santuarios ubicados en Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador?
La Cordillera de Coiba es una cadena montañosa submarina que sale desde la isla de Coiba, que está muy cerca de tierra firme, hacia mar afuera en dirección a Malpelo en Colombia, Galápagos en Ecuador y Cocos en Costa Rica por lo que hay una conectividad volcánica que conecta a todas estas islas. De hecho, recientemente se detectó flujo del magma subterráneo que conecta Coiba y la península de Azuero en Panamá, con las islas Galápagos.
Al crear esta área marina protegida, lo que hizo Panamá fue promover una presión internacional hacia el resto de los países, Costa Rica, Colombia y Ecuador para que ellos hicieran lo mismo.
Nosotros los científicos estamos tratando de apoyar la justificación técnica de estas ampliaciones, pero nos hemos tenido que involucrar también en la parte política y en el cabildeo político que a veces es muy comprometedor para nuestro tiempo de investigación. Sin embargo, lo seguimos haciendo.
¿Por qué ha decidido hacerlo?
Yo estudié biología, saqué mi doctorado y la definición más elemental, básica y sencilla de biología es estudiar la vida. Sin embargo, en un momento de mi carrera sentí que lo que había estudiado era patología porque todas mis publicaciones eran del tipo mortalidad masiva, el muerto este, la enfermedad aquella. Entonces empecé a ver si podía informar a los tomadores de decisiones acerca de mis resultados. El Instituto Smithsonian me ha dado esa libertad y hasta la fecha tengo más de 25 normativas que están sustentadas en mis publicaciones científicas.
¿Cómo fue la historia de la creación del área marina protegida Cordillera de Coiba?
En el 2015, con el apoyo del instituto de Smithsonian, me aproximé al gobierno de ese entonces y logramos que se creara el área marina protegida Cordillera de Coiba. Era de apenas 17 mil kilómetros cuadrados, pero con ella Panamá lograba alcanzar la meta de los acuerdos de biodiversidad de Aichi en la que los países se comprometieron a proteger el 10 % de sus mares.
Dos años después, en el 2017, me enteré de que el gobierno colombiano tenía la intención de ampliar el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y de crear, justo a su lado, un área protegida que se llamaría Yurupari. El área marina protegida Cordillera de Coiba limitaba con el mar de Colombia. Lo diseñé así a propósito. Sin embargo, el límite más norte de la ampliación de Malpelo y de Yuruparí no alcanzaba la frontera Panameña por lo que territorios protegidos de ambos países no iban a quedar conectados.
Hablé entonces con una organización no gubernamental muy conocida y con una colega que es parte también de la red Migramar y logramos que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos ampliara la propuesta de tal manera que las áreas protegidas se extendieran hasta la frontera marítima con Panamá.
En pocas palabras, en el 2017 logramos que la Cordillera de Coiba, Yurupari y Malpelo se unan en la primera área protegida binacional.
¿Cómo llega la ampliación?
El decreto que creaba el área marina protegida Cordillera de Coiba contenía un artículo que ordenaba que en menos de un año había que tener listo un plan de manejo, pero cinco años después de su creación no había nada, ni siquiera un título.
A finales del 2020 yo me acerqué al gobierno y les dije “vean, no tenemos plan de manejo”. Respondieron “sí, es que no hay fondos, no hay interés”, etc. Entonces yo les ofrecí buscar los fondos para hacer el plan de manejo y le planteé al ministro de medio ambiente si él consideraría la oportunidad de que lográramos justificar la ampliación, de forma que tal vez Panamá lograra el 30 % de su mar (la nueva meta a la que muchos países se han comprometido alcanzar de aquí al 2030). Le pareció muy buena idea y le pedimos que lo solicitara por escrito. Fue así que el ministro de medio ambiente firmó una carta dirigida a mí y al Instituto Smithsonian en la que nos piden que busquemos los fondos y que procedamos en dos cosas: evaluar la justificación de la ampliación del área ya existente y de una vez redactar su plan de manejo.
Comencé a trabajar en ese proyecto a finales del 2020 y en junio del año pasado el presidente creó el decreto que expande el área marina protegida Cordillera de Coiba en hasta casi 68 mil kilómetros cuadrados logrando que Panamá alcance la meta del 30 %.
Pero, además, con ello se logró incrementar todavía más el área protegida binacional brincando de 70 mil kilómetros cuadrados a 122 mil kilómetros cuadrados como área binacional legalmente establecida.
¿Qué es lo que está conservando esta área marina protegida Cordillera de Coiba?
Básicamente, encontramos las mismas especies migratorias que en Galápagos, Cocos en Costa Rica y Malpelo en Colombia porque se mueve entre estos espacios.
Aquí es donde se encuentra una enorme cantidad de cordilleras y montes submarinos, es decir, lugares donde existe una gran productividad en el océano, abundante alimentación, que es lo que atrae precisamente, durante todo el año, una enorme cantidad de especies migratorias como tiburones, ballenas, delfines, peces como el atún, el marlin (pariente del pez espada), tortugas, aves, etcétera.
¿Cuáles son las especies amenazadas más emblemáticas?
Hasta cinco especies de tiburón, todas en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Cetáceos como el cachalote, la ballena azul, la jorobada, también todas las especies de tortugas marinas, incluyendo algunas que están críticamente amenazadas. Todo eso lo tenemos en común con Galápagos en Ecuador, Cocos en Costa Rica y Malpelo en Colombia.
¿Y esta vez cómo avanza el plan de manejo?
Tuvimos alrededor de 25 consultas públicas para el plan de manejo. La última terminó el pasado 4 de enero. Estamos esperando que el Ministerio de Ambiente nos diga cuáles son las últimas sugerencias que se nos dan para ya publicarlo. Es decir el plan de manejo está ya redactado y pronto, en un plazo yo calculo de un mes, debería ser parte de un instrumento legal.
¿Cómo se financió?
Los fondos los obtuve de la Wyss Foundation, que es una fundación suiza y también con el apoyo de Mission Blue que me ayudó a hacer ese contacto.
Los fondos fueron entregados a la ONG Migramar para evitar que cayeran en la burocracia del gobierno panameño. Queríamos tener la garantía de que podíamos controlar el uso de esos fondos en el momento en que lo necesitáramos para poder trabajar rápido y obtener resultados.
¿Qué es lo que se puede y no hacer en esa área marina protegida?
El Estado decidió que la reserva se llamaría Área de Manejo de Recursos Cordillera de Coiba. Esa categoría se refiere a áreas muy grandes, de ecosistemas relativamente prístinos, donde dos tercios deben ser de no extracción. Solo un tercio puede ser destinado a desarrollar algún tipo de actividad comercial de bajo impacto. Eso está explícito en el decreto que crea el área protegida.
Además, en ese documento logramos precisar dos cosas importantes. La primera es que se prohíbe todo tipo de pesca, incluyendo el longline o palangre, la pesca de arrastre, y la de cerco porque habíamos detectado pesca ilegal en el área, entonces era muy importante que eso quedara muy claro.
¿Qué tipo de pesca ilegal?
Se metían barcos de bandera extranjera a pescar sin autorización al territorio panameño. El problema es que la autoridad competente no tiene una capacidad instalada, una guardia costera para que vaya y actúe.
Además, se supone que desde el 2010 está totalmente prohibido en toda la zona económica exclusiva de Panamá la pesca con redes de cerco. Sin embargo, seguía ocurriendo y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) —el organismo internacional conformado por representantes de diversos países que administran la pesquería de atún en aguas internacionales— también lo sabía.
¿Los barcos registrados en la CIAT ingresaban a pescar?
Sí. La data que yo obtuve era de observadores de la CIAT y por eso tengo hasta las coordenadas de las embarcaciones. Esa información se la pasamos al gobierno y se incluyó a la hora de justificar la ampliación del área protegida.
¿Cuál fue el otro punto importante que quedó precisado en el decreto?
Metimos un concepto, yo no sé si llamarlo novedoso o no, pero por lo menos es único por ahora en la región y en Panamá, y habla de las tres dimensiones. En aquel tercio donde se permiten actividades se puede pescar, pero solo hasta los 70 metros de profundidad. Hasta abajo usted ya no puede irse. Entonces, realmente el 100 por ciento de esos 68 mil kilómetros del fondo marino y hasta los 70 metros está 100 % protegido.
Todo eso fue consensuado con los pescadores, no es un antojo de nosotros.
¿Qué tipo de pesca se permitiría en esos primeros 70 metros?
Lo que proponemos es que se trate de implementar un arte de pesca más sostenible y que no existe en la normativa panameña hasta el presente. Es lo que se llama la pesca con caña. Es un sistema altamente dirigido al atún, 100 % selectivo, es decir, no hay pesca incidental de otras especies. No vas a sacar tortugas, no vas a sacar tiburones, ni delfines, ni nada que no sea atún.
¿Y funciona como una caña, tal cual dice a su nombre?
Es un barco grande donde en la parte de atrás van hasta 20 cañeros con una caña que tiene un anzuelo que permite nada más cierto tamaño de animal, pero el anzuelo no tiene la punta donde se enganchan los peces, es decir, ellos pican y el pescador los jala para atrás hacia la cubierta del barco donde caen vivos.
Eso te permite también tener control sobre las tallas que se extraen. Por ejemplo, si por accidente una persona sube a bordo del barco un animal pequeño, cae en la cubierta vivo entonces inmediatamente otra persona lo tira al mar de regreso.
¿Cómo van a evitar que haya pesca ilegal?
Yo continué buscando fondos y logré que una organización, The Blue Nature Alliance, nos dieran cerca de 200 000 dólares para instalar un satélite que monitorea día y noche pesca ilegal. Ese contrato lo firmamos, obtuvimos el dinero, pero de igual forma que hicimos anteriormente, los fondos serán destinados a una ONG para que los administre de tal forma que no terminen siendo utilizados en otra cosa. Hemos estado tratando de asegurar el manejo del área protegida para que no se convierta en otro paper park o “parque de papel”.
Obviamente el que tiene la palabra en temas de gobernanza es el Ministerio de Ambiente. Van a ser entrenados funcionarios, también se van a entrenar a las autoridades de pesca, a la guardia costera panameña para que, si se detecta un barco de pesca ilegal haya algún tipo de acción que se va a definir en el protocolo que hay que redactar.
Pero además se van a entrenar a dos ONG que van a estar de observadores para que si, por ejemplo, se hace la vista gorda frente a un evento de pesca ilegal, se pueda recordar a las autoridades que el barco tal se vio tal día a tal hora y preguntar cuáles son las acciones que se están tomando.
¿Qué puede observar ese satélite? Porque hay evidencia de que los barcos apagan su sistema satelital para no ser vistos.
El satélite capta la señal del Sistema de Identificación Automática (AIS) que tienen los barcos, pero también funciona como un radar que tiene la habilidad de detectar embarcaciones incluso si estas desconectan su AIS. Tiene una forma de crear algoritmos muy rápido para saber con mayor seguridad y más velocidad.
¿Y los datos van a ser públicos?
Se supone, pero el protocolo tiene que desarrollarse cuando comience el programa de capacitación. Todas esas preguntas y todas esas respuestas saldrán de esos talleres.
Lo que sí seguiría ahorita es concretar políticas regionales que se apliquen en todos los países de una forma coherente. Por ejemplo, si está prohibido la pesca con redes en esta área protegida de Panamá, lo ideal sería que las otras áreas tampoco se permitiera. Tratar de homogeneizar nuestros planes de manejo, aceptando que cada país tiene su propia jurisdicción y toma sus decisiones, pero que empecemos a coordinar mejor estos esfuerzos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque al ser especies altamente migratorias, si Costa Rica lo hace bien y Panamá lo hace mal, continuamos en el mismo desorden regional característico. Lo que nosotros vamos a aportar como investigadores es motivar ese tipo de acciones.
Imagen principal: Yuripari-Malpelo. Foto: Parque Nacionales Naturales de Colombia.
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