- El Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU visitó esta semana varias localidades peruanas y recogió testimonios de víctimas de actividades extractivas.
- En esta entrevista con Mongabay Latam, Marcos Orellana señala que los estados “no pueden estar ausentes en materia de derechos humanos frente a la contaminación”.
“Si los estándares ambientales de protección de los suelos no son robustos, lo que hay es contaminación legalizada por el Estado”, dijo Marcos Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una reunión celebrada el miércoles pasado con dirigentes comunales y líderes indígenas de la selva y sierra peruana afectadas por las actividades extractivas.
Desde su llegada al Perú, el último lunes 21, Orellana ha recorrido varias regiones del país para recoger este tipo de testimonios: desde las voces de quienes han denunciado los impactos de las operaciones petroleras en el lote 192 ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en la región de Loreto, hasta las demandas de las víctimas por metales tóxicos en la provincia de Espinar, en Cusco. A ello sumó una reunión con los pescadores afectados por el último derrame ocasionado por Repsol en las costas de Ventanilla.
Uno de los objetivos de está visita —asegura— es conocer a fondo los casos donde haya personas víctimas de estas sustancias peligrosas. En el lote 192, por ejemplo, Orellana señala que le impresionó “el dolor y sufrimiento de la gente”, vulnerada por al menos medio siglo. Por ello resaltó que si son los afectados los que tienen que empujar una demanda para recibir una reparación ante una situación como esta, “el sistema no funciona”.
Aunque Orellana explicó que se trata de una visita académica y no oficial, es decir, no podrá emitir recomendaciones finales, el Relator ofreció a Mongabay Latam una entrevista en la que comparte sus observaciones sobre el último derrame de petróleo en Perú, los impactos de la industria extractiva en Latinoamérica, la necesidad de fortalecer las sanciones y multas frente a los desastres ambientales y la urgencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú para atender las amenazas que enfrentan los defensores ambientales en la región.
Sobre el derrame en ventanilla, el último informe de la ONU señala que no ha habido un derrame similar con este tipo de crudo en un ambiente marino en el mundo. ¿Cómo reparar un caso como este?
Lo que estamos viendo en el ámbito marítimo es el uso de nuevos tipos de combustibles, como el que vimos en el último gran derrame que hubo en la costa de la isla Mauricio. Entonces esta situación plantea el desafío de controlar una sustancia cuya característica física y química no es conocida en detalle. Hay un antiguo paradigma de liberar una sustancia para ver cómo se comporta y si es que se expresa algún daño, entonces controlarla. Lo que está generando es el envenenamiento del planeta.
¿Qué podría controlarse entonces en este tipo de actividades extractivas en un espacio tan sensible como el mar?
Este es un tema que afecta a varios de los países de la región y también hay una falta de capacidades que tienen los estados para enfrentar situaciones de siniestro. Recordemos que son operaciones, son máquinas. Algo va a salir mal en algún momento. Entonces, ¿quién sufre el daño y quién lo soluciona? Son preguntas que muchas veces los Estados no quieren hacerse porque involucran cuantiosas inversiones en construir capacidades o razones para dejar de lado la extracción de recursos naturales.
¿Cree que funcionan los sistemas de multas como disuasivos para evitar más desastres ambientales?
Las multas cumplen un rol disuasivo, pero solo si las multas son significativas. Si las multas son muy bajas, simplemente se transforman en un costo del negocio. El monto debe estar relacionado con la gravedad del problema y con la magnitud de la ganancia de estas empresas. Además, las multas deben ser acatadas, las multas no funcionan si se judicializan indefinidamente. Por eso las demoras no solamente generan pasividad, agravan los impactos y generan pérdida de legitimidad y confianza en el sistema legal. Ese es un gran costo que paga el Estado.
Derrames crónicos en la Amazonía peruana
Usted acaba de visitar el Lote 192, con más de 2000 sitios contaminados. ¿Cuáles son sus impresiones sobre lo que ha observado?
Una primera impresión es el dolor y sufrimiento de la gente. Es algo que toca el corazón de cualquier observador: ver cómo las personas son expuestas a metales pesados que afectan su salud, afectan sus perspectivas de vida, que afectan su cultura. Cuando buscan justicia, muchas veces sus reclamos caen en oídos sordos. Eso es indignante, realmente me ha impresionado. También me ha impresionado la manera en que los pueblos indígenas están decididos a luchar por sus derechos. A pesar de las décadas de abandono, los pueblos indígenas en el lote 192 y en otros lados no renuncian a sus tierras, a su integración con el medio ambiente, a su espiritualidad con la naturaleza. Pero hay muchas situaciones difíciles porque por el abandono se crean relaciones de dependencia económica con las empresas extractivas.
Los mismos pobladores indígenas se han convertido en monitores ambientales.
Sí, eso lo he observado en este lote y en otros países, donde los guardianes de los bosques son los mismos pueblos indígenas. Este rol es sumamente importante, porque donde el Estado está ausente, el carácter independiente de los monitores genera un volumen de información sobre lo que sucede y gracias a eso, las entidades fiscalizadoras empezaron a cumplir sus atribuciones sancionatorias.
¿Qué hacer en casos de superposición de lotes petroleros sobre comunidades indígenas? En Mongabay Latam pudimos comprobar que, por ejemplo, el lote 64 se superpone a 22 comunidades. Esa situación se repite en la región.
Fundado en lo que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, se han formado estándares como el del consentimiento previo, libre e informado. Esto se aplica ante cualquier actividad o política del Estado que pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas, sea negativa o positiva. Entonces, la creación de un lote no cabe duda que es el primer paso hacia una actividad que genera riesgos significativos sobre estos pueblos y su capacidad de disfrutar derechos en sus territorios. La creación de un lote debería estar sujeto a consulta y consentimiento.
¿Cómo se puede garantizar que las actividades petroleras sean sostenibles con los medios de vida indígenas? ¿Cómo cerrar heridas que datan de más de medio siglo?
El estándar del consentimiento previo, libre e informado es sumamente importante para mediar entre las tensiones que existen entre los modos de vida de los pueblos indígenas y las actividades petroleras. Hay lugares donde los pueblos indígenas han dicho no a las empresas petroleras y eso debe ser respetado. Este estándar del consentimiento previo, libre e informado también está asociado al estándar de la distribución equitativa de beneficios. Porque lo que por ahora les ha dejado es pobreza extrema, pérdida de cultura, contaminación.
¿Qué hacer cuando empresas que han dejado graves pasivos ambientales, como es el caso de Pluspetrol en el lote 192, se retiran del país?
Hay varios niveles de análisis y uno es la responsabilidad de las empresas. ¿Qué conducta empresarial se puede denominar responsable si frente a pasivos ambientales simplemente alista sus maletas y se va? Eso es un abuso. Es ahí donde el sistema legal del Estado debe ser lo suficientemente robusto para asegurar que el que contamina, limpia. Hay otro nivel de análisis donde entra la cooperación internacional. Muchas de las empresas del sector de hidrocarburos en Latinoamérica son empresas trasnacionales y eso plantea la pregunta de cuál es la responsabilidad de los países de origen. Y a la tercera aproximación le daría la siguiente analogía: los estados nacionales expenden cientos de millones de dólares para defender su territorio en equipar y mantener fuerzas militares. ¿Para qué quieren defender sus territorios nacionales si estos van a ser contaminados con metales pesados? No es solo la frontera la que se defiende, sino que se defiende la integridad ambiental. Esto debería llevar a fortalecer la institucionalidad y una normativa que sea capaz de asegurar la salud del medio ambiente para las generaciones futuras del país.
La urgencia de Escazú para el Perú
En el caso de Cuninico del 2014, durante años lucharon judicialmente para ser atendidos por los problemas de metales pesados que tienen en la sangre.
Me parece que el caso de Cuninico refleja precisamente la debilidad que tiene la normativa donde a la comunidad se le pone el peso de llevar adelante un litigio. Una comunidad no tiene recursos para pagar abogados o reunir pruebas. Entonces el sistema no funciona para asegurar el derecho de las víctimas. Eso es precisamente lo que busca remediar el Acuerdo de Escazú. Por eso llama la atención el rechazo del Congreso al acuerdo.
Muchos defensores ambientales indígenas son perseguidos y judicializados ¿Piensa que hay un desamparo de los estados frente a estas personas?
La criminalización de líderes indígenas es un tremendo problema en la región. Los cambios en materia ambiental surgen por la movilización de la gente. Sin esa dinámica hay una inercia que hace que las cosas continúen como están. Cuando los líderes, en defensa de su derecho a un medio ambiente sano, se convierten en un blanco de la violencia, se agravan las violaciones a los derechos colectivos de las comunidades. Son calificados como antidesarrollo, anticrecimiento, antipatriotas. La estigmatización resulta en una deshumanización. Y es por eso que el acuerdo de Escazú es tan importante, ya que reconoce el trabajo de los defensores ambientales como importante para la democracia. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional del mundo en incorporar protecciones específicas a los defensores.
Sin embargo, en Perú aún no ha sido ratificado este acuerdo.
Tuve la oportunidad de unirme a un llamado que hizo el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que el Perú ratifique sin demora el acuerdo de Escazú. Expresamos en ese comunicado nuestra gran preocupación ante lo que vemos son campañas de desinformación totalmente irresponsables de algunos grupos empresariales que ven en el acuerdo una amenaza a sus actividades de producción. Pero los mercados del futuro le van a pertenecer a las empresas que exhiban un verdadero compromiso con estándares ambientales y sociales.
Los argumentos para desestimar el acuerdo incluso hablaban de una pérdida de soberanía.
De ninguna manera, no es una cesión de territorio. Ese es un argumento para apelar a los ultranacionalistas. Lo que hace el acuerdo es reforzar la legitimidad de la soberanía. Porque si la soberanía se ocupa de exterminar personas, se convierte en terrorismo de Estado. El acuerdo fortalece la soberanía porque la orienta hacia la protección del derecho de medio ambiente sano.
Una mirada a la región
Los derrames de petróleo son casi un mal endémico en la región. ¿Cuál es la posición de su relatoría sobre las formas de protección para que estos no queden impunes ni continúen?
Cuando comienzan las explotaciones petroleras, los estándares ambientales eran inexistentes o muy incipientes, con prácticas empresariales vergonzosas e irresponsables. Las aguas de producción eran vertidas en ríos, quebradas, lagos y esto tenía un evidente impacto en los pueblos indígenas que dependían de ellos para su sustento e identidad cultural. Con los años, los instrumentos de gestión e institucionalidad se han ido fortaleciendo. Pero, en muchos casos, estos instrumentos han sido débiles frente al poder que tienen las empresas petroleras, quienes dictan sus propias prácticas, sus propios estándares, se autorregulan y el Estado se limita a observar. Todo esto bajo un discurso de un mal entendido desarrollo. En ese cuadro, el reconocimiento del derecho al medio ambiente libre de tóxicos es una herramienta que podría generar un verdadero cambio. No hay desarrollo sin protección del derecho a un medio ambiente sano.
¿Pero actualmente lo están aplicando los estados de Latinoamérica?
Lo que vemos es un derecho ambiental incipiente, donde las herramientas son sumamente débiles. Los estudios de impacto ambiental, en muchos casos, no dejan de ser un ejercicio de copiado y pegado. Así, las herramientas de prevención no surten efecto. Además hay una gran necesidad de fortalecimiento de capacidades. Ese es el diagnóstico que lleva a la negociación del Acuerdo de Escazú, para cerrar la brecha del acceso de información, participación y justicia.
En un comunicado reciente a la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), usted señala que hay algunos lugares tan contaminados que son considerados “zonas de sacrificio”. ¿A qué se refiere con eso?
Ese es uno de los riesgos a los que apunta el informe que elaboramos con el Relator Especial sobre Medioambiente y Derechos Humanos, David Boyd, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de tóxicos como un elemento sustantivo. Hay lugares tan contaminados donde la vida es imposible o se da en condiciones de falta de dignidad. A eso hace referencia las zonas de sacrificio. Esas zonas de sacrificio las vemos en la Amazonía, con los derrames (de petróleo) continuos, sistemáticos, donde los pueblos indígenas sufren la contaminación de metales pesados en sus cuerpos. Las personas son sacrificadas en aras de la extracción de recursos que benefician a empresas transnacionales.
Sobre Colombia, una de los temas con los que nos hemos topado son las alianzas que hacen algunas empresas petroleras con las Fuerzas Armadas y también con grupos paramilitares. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Tras firmado el acuerdo de paz y la desmilitarización de las FARC, este tipo de alianza ya no se dan en un contexto de conflicto armado, pero vemos la persecución sistemática de los líderes ambientales. Colombia se ha transformado en un país donde ser líder ambiental es casi una condena a muerte, es incompatible con la promesa de los derechos humanos. Esa situación es tremendamente preocupante y requiere una atención mucho más dedicada por parte del Estado.
Y en Ecuador está el problema de los desechos tóxicos que se dan tanto por el petróleo como la minería. ¿Ha podido conocer un poco más sobre estos casos?
Tuve la oportunidad de presentar un escrito a la Corte Constitucional de Ecuador, que está recogiendo el caso de los derrames de los últimos años. Lo que vemos es que hay una erosión (del río Coca) totalmente previsible, conocida y que genera daño, que luego tratan de minimizar. Lo que está en juego es la reparación integral, la restauración del medio ambiente y las indemnizaciones.
Luego de lo que hemos conversado, ¿usted considera que toda la región se está convirtiendo en una zona de sacrificio?
Yo veo con gran preocupación, por ejemplo, la liberación de mercurio a los ríos por parte de la minería ilegal, la afectación de comunidades indígenas que ahora se dan cuenta de que sus cuerpos están contaminados con mercurio, porque los pescados de sus ríos están contaminados. Me parece un caso patente de injusticia ambiental y de vulneración de derechos. Estamos en presencia de una nueva Minamata. Los impactos del mercurio van a generar todo tipo de discapacidad y enfermedades a gran escala en muchas de las comunidades de la Amazonía. Por este problema le escribí cartas al Gobierno de Bolivia, pero también la relatoría recibió información de Brasil, Perú, Colombia y Venezuela.
¿Y lo mismo sucede con el petróleo?
El petróleo también es una fuente de preocupación. Decimos que la Amazonía es el pulmón del planeta, pero cuando uno llega al terreno, a nivel de sus tierras, se da cuenta que la contaminación por hidrocarburos y la contaminación por metales pesados es a alta escala. La injusticia ambiental está extendida en la región. Hay un racismo ambiental que debe ser tratado con urgencia.
Imagen central: El Relator de la ONU visitó la comunidad de Nuevo Andoas, en Loreto. Pudo recorrer algunos puntos de pasivos ambientales del Lote 192. Foto: Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte/Puinamudt.
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