- El gobierno mexicano construye una línea de tren turística, de miles de millones de dólares, que se extenderá a lo largo de 1 525 kilómetros por la península de Yucatán.
- La agencia gubernamental que supervisa la construcción asegura que el proyecto reforzará la economía rural en el sur de México, a través de la creación de puestos de trabajo y que cuenta con un índice de aprobación del 80% en muchas comunidades.
- Sin embargo, supuestamente, la construcción amenaza con destruir una de las zonas más biodiversas del país, donde se encuentra un lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO y conducirá a la reubicación de muchas comunidades indígenas.
- Organizaciones que acompañan a comunidades que se oponen han presentado 25 demandas contra el proyecto; dicen que los obstáculos judiciales y un relanzamiento del proyecto como un asunto de “seguridad nacional” complica sus posibilidades de éxito.
A finales de 2021, el gobierno mexicano hizo un anuncio polémico: los principales proyectos de infraestructura del país, en particular el Tren Maya que se construye a lo largo de la Península de Yucatán, es ahora un asunto de “seguridad nacional”. Entre otras cosas, el anuncio significó que el proyecto ferroviario de casi 200 mil millones de pesos (9,6 mil millones de dólares) podría sortear una gran cantidad de trámites burocráticos, lo que permitiría avanzar su construcción más rápido que nunca.
Las declaraciones de que un tren turístico ahora es un asunto de seguridad nacional recibieron críticas en los medios de comunicación mexicanos; activistas ambientales y de derechos humanos expresaron su preocupación de que la nueva declaración haría aún más difícil investigar las irregularidades vinculadas al inmenso esfuerzo de construcción.
Se supone que la línea del Tren Maya atravesará 1 525 kilómetros a lo largo de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, estados donde un gran número de sus habitantes son indígenas y en donde aún se tienen altos índices de biodiversidad.
En el territorio donde se construye este tren se encuentra buena parte de lo que se conoce como la Selva Maya, considerada como el bosque tropical más grande de Latinoamérica, después del Amazonas y en donde habitan especies en peligro de extinción, como el jaguar (Panthera onca), el tapir centroamericano (Tapuris baidrddi), el pecarí de labios blancos (Tayassu albirostris), entre otros.
El proyecto ha estado en el centro de la polémica desde que empezó la construcción.
Según un comunicado de 2020 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que supervisa la construcción, hasta ahora 327 demandantes han interpuesto 25 demandas judiciales contra diferentes secciones del proyecto.
Muchas de las demandas judiciales, que aspiran a detener o parar definitivamente el proyecto, se centran en la deforestación y la pérdida de ecosistemas locales tanto en las zonas protegidas como en sus alrededores, como la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche. Otros de los recursos legales afirman que los funcionarios no consultaron con las comunidades locales y les pusieron en peligro innecesariamente mientras trabajaban durante el periodo más crítico de la pandemia del COVID-19.
Otras demandas alegan que, el gobierno está cometiendo violaciones de los derechos humanos al desplazar a cientos de residentes que viven en el trayecto por donde pasará el tren.
“Lo que el gobierno dice es que esto no es un proyecto ferroviario sino un proyecto de ‘ordenamiento territorial’”, dijo Margarita Campuzano, portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización que ha interpuesto tres demandas judiciales en la región. “Se están aprovechando del tren para organizar diferentes municipios por razones urbanas y agrícolas, pero no es cierto”.
Fonatur no respondió a una petición de comentarios para este artículo. Rogelio Jiménez Pons, que hasta principios de enero fue el director general de Fonatur, dijo el año pasado que la polémica que rodea al proyecto es política y que muchas de las organizaciones que están detrás de las demandas son de la “extrema derecha” y “no les gustamos”.
También dijo que, en muchas comunidades, alrededor del 80% de la población está a favor del proyecto. Los defensores del tren dicen que creará cientos de miles de puestos de trabajo y levantará las economías rurales al atraer negocios a los grandes centros turísticos como Cancún y Tulum, así como permitir a los agricultores locales transportar mercancías más fácilmente con los vagones de carga de la línea.
Demandas ambientales
Muchas de las organizaciones que han acompañado en las denuncias a las comunidades locales dicen que la línea ferroviaria contribuirá a la fragmentación de los ecosistemas regionales, los cuales no existen de manera aislada, sino que conectan los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
“La biodiversidad se mueve”, dijo Xavier Martínez, director operativo de CEMDA. “La biodiversidad no permanece dentro de los límites políticos de algo llamado una zona de protección natural”.
La línea ferroviaria, dijo Martínez, interrumpe las conexiones entre los ecosistemas y pone en peligro más de 20 zonas protegidas. Una de las mayores, la Reserva de la Biosfera Calakmul, ocupa 723 185 hectáreas e incluye un bosque protegido de la UNESCO y es el hogar de dos especies de primates mexicanos y de cinco especies de gato montés.
“La historia de los ferrocarriles en México y en el mundo nos muestra que la fragmentación de los ecosistemas pone en duda la supervivencia de las especies”, dijo Martínez. “Y aquí estamos, en plena construcción en uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, en uno de los bosques más importantes de América Latina”.
La demanda judicial del CEMDA también alega que la destrucción ambiental viola los derechos de los ciudadanos mexicanos a un medioambiente limpio y sano.
Demandas por los derechos indígenas
El CEMDA también acompaña una demanda judicial que alega que los funcionarios no consultaron en forma adecuada a las comunidades indígenas antes de empezar la construcción, hasta la fecha, una de las quejas más frecuentes contra el proyecto del Tren Maya.
Se supone que los funcionarios deben de realizar una consulta previa con los pobladores, en la que explican los riesgos y beneficios del proyecto para que puedan decidir si lo aceptan en su comunidad. Sin embargo, muchos residentes dijeron que el proceso solo se había realizado parcialmente.
“Nunca consultaron con nosotros, nunca nos invitaron a venir y escuchar”, dijo Romel González Díaz, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Campeche. “La primera vez que supimos sobre ello fue a través de una encuesta que hicieron a nivel nacional, donde una de las prioridades del programa era un proyecto que llaman el Tren Maya”.
González dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) nunca presentó adecuadamente los informes del impacto medioambiental a las comunidades, lo que les habría ayudado a entender los niveles de deforestación, así como los peligros a la fauna silvestre asociados con el proyecto.
Algunas de las reuniones que tuvieron lugar, a menudo no eran ofrecidas en la primera lengua de la población, dijo González. Muchos residentes maya tzeltales y maya choles hablan poco español y no siempre entendían lo que les estaban explicando.
Un portavoz de la Semarnat no respondió a una petición de comentarios.
Los medios de comunicación mexicanos y los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han recogido las muchas quejas sobre la consulta previa. López Obrador ha hablado sobre la construcción de una línea ferroviaria desde su primera campaña presidencial en 2006 (perdió esa y las elecciones de 2012, antes de ganar en 2018). Ahora, se le ha acusado de ignorar algunos de los requisitos legales para la construcción del tren.
Incluso, al principio de la pandemia de COVID-19, cuando México estaba registrando más de 1 000 nuevos casos al día, se siguió trabajando en el proyecto del Tren Maya. Las demandas judiciales interpuestas por la asociación civil Indignación por la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos alegaban que los trabajadores llevaron el coronavirus a las comunidades indígenas vulnerables y daban prioridad al progreso del proyecto ferroviario por encima de la salud pública de los residentes de Chiapas y Yucatán.
La organización ha interpuesto nueve demandas judiciales en estos estados, así como en Campeche y Quintana Roo, algunas de las cuales han logrado detener con éxito la construcción, al menos de forma temporal.
“En Quintana Roo prácticamente hay un cheque en blanco para que el Tren Maya siga adelante sin permisos”, dijo Miguel Anguas, abogado con la asociación Indignación.
Demandas por los desplazamientos forzosos
Otras demandas alegan que el proyecto ha provocado, en algunas zonas, la reubicación de las comunidades locales.
Las reubicaciones, que los críticos llaman desahucios, son ilegales porque no hay una ley mexicana que permita a los proyectos turísticos sacar a los residentes de sus casas. Según Carla Escoffié, abogada que representa a varias comunidades en Campeche, eso significa que Fonatur está actuando ilegalmente cuando pide a la gente que se traslade a otro sitio.
El contraargumento a esto es que nadie está siendo desahuciado, sino que les dan la opción de marcharse o quedarse. Sin embargo, Escoffié dijo que los funcionarios no presentan marcharse como una opción, sino como algo inevitable.
“Han utilizado un discurso de participación e inclusión social, cuando en realidad no hay tal cosa”, dijo Escoffié.
“No lo abren a debate o consenso”, añadió. “Dicen: ‘El proyecto va a ser una realidad, va a atravesar sus barrios, su comunidad, su ciudad. Va a atravesar su casa’”.
La sección de 771 millones de dólares que pasará por Campeche tuvo que ser desviada dos veces el pasado agosto, en parte debido a la respuesta negativa por la suerte de 300 familias que serían desplazadas para dar paso a la construcción de la línea.
En algunas de las comunidades que Escoffié representa se les han prometido casas nuevas, pero los materiales son elegidos por el gobierno, dijo, y son más baratos que los de las casas que abandonaron.
Muchos de los residentes están demasiado asustados para defenderse frente al gobierno, dijo. “Son las autoridades”, dijo Escoffié. “No una ONG o un grupo activista. Son las autoridades y vienen a las comunidades a hablarles sobre un proyecto de esta magnitud y la gente tiene miedo”.
Obstáculos judiciales por delante
El anuncio del año pasado que clasificaba al Tren Maya como una prioridad de “seguridad nacional” frustró a los grupos de apoyo involucrados con las demandas judiciales. No solo permite al proyecto avanzar más rápido y recibir los permisos de construcción y otras autorizaciones que, hasta ese momento, habían resultado difíciles de conseguir, sino también da al proyecto una mayor protección contra las peticiones de información. Esto complica las cosas para los grupos que quieren saber lo que está pasando.
Una de las demandas judiciales del CEMDA ya implica la violación del derecho a acceso a la información sobre los informes del impacto ambiental, los cuales son clave para entender cómo el gobierno está manejando la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
“El acceso a la información que hemos tenido ha sido un goteo”, dijo Martínez.
El pasado junio, todas las demandas judiciales contra el proyecto del Tren Maya fueron concentradas con un solo juez en el estado de Yucatán, una decisión que también sorprendió y enfadó a muchas de las organizaciones involucradas.
Martínez explicó que, cuando decenas de casos están repartidos por diferentes juzgados y estados, hay una alta probabilidad de que al menos algunos de ellos prosperen. También asegura que cada caso reciba la atención suficiente.
“Imagina todos los casos que este juez tiene que gestionar”, dijo. “¿Tendrá suficiente tiempo e independencia para seguir adelante y proteger los derechos humanos? Es mucha presión”.
Los demandantes en las querellas —muchos de ellos pobres, rurales e indígenas— viven a horas o incluso días de distancia del juzgado de Yucatán y no tienen dinero para ir y venir a las audiencias.
Miguel Anguas, de la asociación Indignación, dijo que realmente les deja con las manos atadas. “Si vivo en Chiapas y la audiencia es en Yucatán”, —a 12 horas en coche— “¿cómo voy a llegar hasta allí para ejercer mis derechos? ¿Para presentar mis pruebas? ¿Para hablar con el juez?”
Imagen de cabecera:El proyecto del Tren Maya contempla la rehabilitación de las vías ya existentes, la construcción de nuevas y, sobre todo, el establecimiento de lo que ha llamado “Polos de Desarrollo”. Foto: Robín Canul.
Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/01/full-steam-ahead-for-tren-maya-project-as-lawsuits-hit-judicial-hurdles/
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