- Los menonitas deforestaron cerca de 3000 hectáreas para abrir una vía y luego construyeron un puente de 150 metros de largo sobre el río Parapetí, afectando a los Bañados del Izozog y al parque nacional Kaa Iyaa.
- Ninguna de estas obras, que iniciaron en 2020, tiene permisos ambientales. Nadie las frenó pero las autoridades nacional, regional y local se lavan las manos.
Todo empezó en octubre de 2020. Una colonia menonita en Bolivia inició una gran depredación de bosque en suelo boliviano. Varios tractores iban derribando árboles para lograr un camino recto con la meta de llegar a las orillas del río Parapetí, en plena tierra chaqueña del departamento de Santa Cruz. El objetivo de la vía era llegar a un puente de acero que se construyó silenciosamente durante un año, sin permiso de ninguna autoridad y sin el obligatorio estudio de impacto ambiental. Esta obra, realizada por una colonia menonita, tiene el apoyo de pocos indígenas guaraníes pero ha sumados nuevas preocupaciones a los ambientalistas: aumento de la deforestación, la caza de animales silvestres, el cambio de uso de suelos y la afectación de 7000 hectáreas al interior de los Bañados de Izozog, que junto al río Parapetí, es un humedal catalogado como sitio RAMSAR.
La revista Nómadas de Bolivia llegó en enero de este año a la comunidad Cuarirenda y descubrió que el puente ya se había levantado encima del río Parapetí. El medio boliviano comprobó que la inversión fue hecha por los menonitas.
Mongabay Latam llegó a la zona después de la revelación. Allí habita una comunidad indígena guaraní y es en ese lugar donde los menonitas construyeron, con sus propias manos, el puente de 150 metros de largo y 150 toneladas de peso con el objetivo de sacar sus productos agrícolas hacia el área urbana. Este pueblo, que alberga a 2000 habitantes de la comunidad indígena y está a 290 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sufre por el olvido y la desatención estatal. En este lugar la colonia menonita compró 14 400 hectáreas de tierra en 2018 a un empresario boliviano, en un área privada cerca del Parque Nacional Kaa Iya.
Cuarirenda es parte de un Territorio Comunitario de Origen (TCO), que en Bolivia son los espacios en los cuales los pueblos y comunidades indígenas han tenido tradicionalmente acceso con su organización económica, social y cultural; sin embargo, este reconocimiento no significa que tengan una gestión autónoma ni propia de los recursos naturales, ya que están sujetos a leyes nacionales.
Jhonny García Melgar es el capitán comunal de esa población indígena. Está en su sexto año consecutivo como autoridad en su comunidad. Camina pausado y habla en guaraní con sus vecinos. La construcción del puente lo tiene preocupado, ya que fue la propia comunidad de Cuarirenda —en una asamblea— la que decidió autorizar la obra. Pero no hay nada escrito, menos documentado. “Ese fue un error”, reconoce al admitir que no se cumplieron las normas básicas ambientales de Bolivia.
Sin embargo, García trata de explicar los beneficios que otorga el puente a Cuarirenda. Habla sobre todo del acceso a la salud. “Al frente de la banda (al otro lado del río Parapetí) hay una posta de salud y muchas veces no podemos llevar a nuestros enfermos por el río, sobre todo en época de lluvias”, dice. El capitán del pueblo asegura que fue toda la comunidad la que aprobó la construcción; pero, al consultarle sobre los impactos ambientales, esquiva el diálogo.
Bajo el puente, que está a 15 kilómetros en un camino recto desde Cuarirenda, el capitán guaraní insiste en que la obra “es una necesidad” para el pueblo y que los menonitas pidieron permiso para iniciar la edificación. “No es solo un beneficio para los menonitas, sino también para la comunidad (de Cuarirenda). La gente de acá trabaja y sin el puente no se puede transitar. Este puente lo necesitamos más que nunca y pedimos que las autoridades se sienten para poder legalizarlo”, relata García a Mongabay Latam.
Riesgos para un sitio Ramsar y un área protegida
Para los expertos, uno de los problemas del puente es que une las dos orillas del río Parapetí, que era el límite natural que defendía al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) Kaa Iya Gran Chaco de invasiones de agricultores o ganaderos. En época de lluvias el río muestra sus aguas caudalosas y en sequías sus arenas deleznables que hacían difícil el tránsito.
Pero no solo se trata del puente. De las 14 400 hectáreas que compraron los menonitas en Cuarirenda, 7000 son parte de los Bañados de Izozog, un sitio RAMSAR. Estos humedales son de prioridad internacional y son de alta importancia en Bolivia, ya que alimentan a otros cuerpos de agua como la laguna Concepción —en la Chiquitania de Santa Cruz—, que paradójicamente, también se ha visto afectada por la incursión de menonitas en suelos aledaños.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) ya había alertado en 2020 de algunos desvíos en el río Parapetí para el beneficio de zonas agrícolas. Según han dicho, esas acciones podrían llevar a la desaparición de los bañados y se verían afectadas las aves migratorias que utilizan la laguna de Concepción como un paradero de descanso. Además, este espejo de agua es la principal fuente de abastecimiento de la fauna silvestre, especialmente durante los periodos de sequía.
Rosa Leny Cuéllar, directora técnica de la FCBC y coordinadora del consorcio de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (ECCOS), explica que la construcción del puente en Cuarirenda y las afectaciones en la laguna Concepción tienen en común el daño a los humedales de la región por la incursión de las colonias menonitas con fines de expansión agrícola.
“La situación empeora con la construcción del puente en Cuarirenda en la región de los Bañados del Izozog y el río Parapetí. Este humedal (los Bañados del Izozog y el río Parapetí) sufre el avance de la agricultura de los menonitas y su importancia también radica en que enlaza con el río Quimome, que es el principal alimentador de la laguna Concepción, la más grande de Santa Cruz”, relata Cuéllar.
Oswaldo Maillard, responsable del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, de la FCBC, confirmó que entre el 30 % y el 40 % de la propiedad menonita en Cuarirenda está dentro del área de los bañados y que un 5 % se encuentra en el interior del ANMI Kaa Iya Gran Chaco.
“El Parapetí y los Bañados del Izozog son muy importantes. Si aquí se reduce el nivel del agua, es seguro que afectará a otros lugares. Además, con la deforestación, el bosque va a quedar fragmentado, como una isla desconectada de los otros ecosistemas y eso es algo que se tiene que evitar”, advierte Maillard.
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Un puente con sello menonita
La tierra todavía tiene olor a humedad. El camino que se abrió desde la comunidad de Cuarirenda para llegar al puente de metal sobre el río Parapetí devoró miles de árboles. Fueron 15 kilómetros lineales y cerca de 3000 hectáreas deforestadas, según cifras de la Gobernación de Santa Cruz. La vía tiene 25 metros de ancho y a los costados se observan algunos menonitas que trabajan en sus terrenos.
Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, entre el 14 y 24 de octubre de 2020, los menonitas iniciaron la apertura del camino al interior de la TCO de Cuarirenda. Toda la operación terminó en octubre de 2021 y culminó la construcción del puente, hecha por los propios menonitas. La FCBC asegura que no se respetaron las normas ambientales para abrir la vía hacia el puente.
En la comunidad de Cuarirenda se ven pocos miembros de la comunidad menonita, pero algunos llegan a las dos tiendas que hay en la zona para abastecerse de algunos alimentos e insumos. Peter Martins es el “ministro” de la colonia menonita Cuarirenda. Baja de un automóvil antiguo sin placas de control para dialogar con Mongabay Latam. No deja de sonreír. Dialoga primero con algunos comuneros y pregunta: “¿Qué saben del puente?”. Alicia Molina, la dueña de uno de los pequeños negocios, le cuenta que días antes había llegado el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a verificar su construcción. Martins le vuelve a preguntar: “¿Y qué dijo?”. La comunera le relata que la autoridad llegó, vio el puente y se fue rápido. El menonita baja la cabeza y no pierde su sonrisa.
El “ministro” tiene 52 años y garantiza que el puente es seguro, pero no sabe si su construcción vulnera normas ambientales.
—¿Cuánto costó el puente?”—, le pregunto.
—500 mil dólares—, responde el líder de la colonia menonita.
—¿De dónde salió el dinero?
—De acá—, dice Martins agarrando sus bolsillos.
—Hemos preguntado a unos abogados si era necesario un permiso de construcción. Ellos dijeron que si se llega a un acuerdo con el pueblo indígena es suficiente. Eso hicimos. Hemos hecho un convenio con el pueblo, hemos hecho reuniones—, comenta Martins al asegurar que el puente “es necesario para traer víveres”.
El “ministro” alaba su trabajo. Relata que todo el puente fue construido por los menonitas y que, en la colonia, que está alejada de la comunidad indígena de Cuarirenda, se hizo parte del trabajo. También comenta que lo duro se hizo en el municipio de Charagua, a seis horas de Cuarirenda y, luego, con una grúa diseñada por ellos mismos, terminaron de montar la infraestructura.
Le vuelvo a preguntar por qué no se hizo un estudio de impacto ambiental y ahora responde: “Era respetar eso (el estudio de impacto ambiental), pero como no teníamos conocimiento, no lo hicimos. Además, nos dijeron que era suficiente consultar al pueblo. Nuestra intención no era saltar la ley, pero la hemos pasado sin querer”, lamenta.
Cornelio Eins es la mente detrás del diseño del puente. El menonita hizo los planos, pero admite que fueron otros los que lo construyeron. Mira la estructura y también asegura que será “de una gran utilidad”, no solo para las colonias menonitas, sino para las comunidades cercanas a Cuarirenda: Aguarati, Coropo, Iyobi, Aguaraigua, Rancho Viejo o Cerro Colorado, los poblados vecinos al puente donde viven indígenas guaraníes. Eins es de pocas palabras y solo insiste en que la obra es segura y que no habrá perjuicios ambientales.
Peter Martins me invita a visitar el puente mientras sigue preguntando a los comuneros sobre las repercusiones de la obra. Está sorprendido por la polémica que se armó en Bolivia por la construcción del puente, que es una mole de acero que cruza el río Parapetí.
Las aguas del Parapetí ahora están calmadas. Martins explica que los cinco pares de columnas de la edificación tienen una profundidad de siete metros y que en cada una de ellas ingresaron por lo menos 150 bolsas de cemento. “El puente es muy seguro”, insiste sonriendo.
Cerca de 3,5 kilómetros más allá de la infraestructura está su colonia y es necesario pasar el puente para llegar. En su propiedad construye, junto a toda su familia, una segunda casa de dos pisos en medio del bosque. La primera quedó pequeña, relata. Al lado de sus viviendas está su parcela, donde se observa una línea larga que se pierde en el horizonte y que muestra los efectos de un tractor que devastó los árboles que estaban en su camino.
Sin ficha ambiental
El gran problema del puente de metal es que no cuenta con una ficha ambiental, la cual es otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Según Jhonny Rojas, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, los pilares de esta obra actúan como diques que atajarán palos arrastrados por las aguas poderosas del Parapetí, lo que perjudicaría el tránsito regular del río. Pero según los pobladores indígenas guaraníes y los menonitas, desde noviembre del año pasado hasta ahora, el agua ha seguido su curso con normalidad.
En la zona parecen no estar conscientes del daño mayor. De acuerdo con Rosa Leny Cuéllar, de la FCBC, en un futuro la deforestación por la construcción del puente y la apertura del camino pueden afectar al parque nacional Kaa Iya del Gran Chaco, el área natural más grande de Bolivia que se encuentra en una zona de transición de la región del Chaco con la Chiquitania y cuenta con grandes recursos hídricos.
Es por eso que Martins no se preocupa por el agua. En su parcela tiene un pozo de 93 metros de profundidad. Sigue sonriendo y asegura que el agua no es un problema en las colonias menonitas de la zona. La meta es llegar a 110 pozos en la colonia, dice Martins, y agrega que ya van en la mitad del objetivo.
Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la cuenca del río Parapetí es de “extrema importancia” porque contribuye con “flujos a los Bañados de Izozog de la parte alta de la cuenca. Siendo esta cuenca responsable de la recarga de acuíferos importantes en la región y provee agua para la vida silvestre y para la gente”. Además, el parque Kaa Iya Gran Chaco alberga una gran variedad de especies de fauna vertebrados: entre ellos 108 de mamíferos, 226 de aves, 72 de reptiles, 43 de anfibios y 105 especies de peces. Es el hogar de especies amenazadas o en peligro de extinción como lo son el guanaco (Lama guanicoe), el chancho solitario (Parachoerus wagneri), el tropero (Tayassu pecari), el pejichi (Priodontes maximus), el corechi (Tolypeutes matacus), el jaguar (Panthera onca) y el anta (Tapirus terrestris).
Los expertos también consideran que la construcción del puente pone en riesgo a la fauna silvestre debido al incremento en la caza de animales para el consumo de las colonias y comunidades. Además, Oswaldo Maillard afirma que la deforestación que causó la apertura del camino para llegar a la gran obra sobre el río hizo que varias especies busquen otro hábitat, como también estaría pasando con los pueblos indígenas aislados voluntariamente que viven allí.
Juan Carlos Catari es el presidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz y, como muchos, quedó asombrado por la construcción del puente en el río Parapetí. El biólogo no entiende cómo se hizo esta obra ante la mirada esquiva de algunas autoridades departamentales y nacionales y se une a la opinión de los ingenieros de la gobernación de Santa Cruz acerca de que sus columnas no están diseñadas para un río y pueden funcionar como diques donde se acumularían palos y demás objetos que obstruyen el paso del agua.
Catari añade que el puente es el inicio de una carrera que busca expandir la frontera agrícola, la toma de tierras de propiedad del Estado boliviano y un parque Kaa Iya que se verá afectado por la deforestación. “Además, esta brutal deforestación, que no tiene permiso de nadie, obliga a que la fauna del área natural se traslade a otras zonas. Incluso las comunidades indígenas no contactadas se ven afectadas por esta obra”, destaca, compartiendo la opinión de Oswaldo Maillard.
Jhannise Vaca Daza es activista ambiental y cofundadora del colectivo Ríos de Pie, grupo que lucha en Bolivia por la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas. Ella califica como un “monumento a la inutilidad gubernamental” la construcción del puente en el río Parapetí. Vaca Daza es radical, pide que el puente sea derribado y lanza duras críticas al Gobierno boliviano y a los gobiernos subnacionales.
“El puente de Cuarirenda debe derrumbarse. El puente y la deforestación están asesinando lentamente a los Bañados del Izozog y las miles de especies que ahí coexisten desde mucho antes que nosotros les pongamos nombre. Estos humedales son los más grandes de la región del Chaco, la cual es internacional. Cada día que ese puente sigue erguido es un día más que se comprueba la irresponsabilidad y corrupción estatal”, reprocha Vaca Daza.
El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua, al que pertenece la comunidad de Cuarirenda, también rechazó la construcción del puente y le pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia que realice una auditoría ambiental para verificar los daños que la obra pudo ocasionar al parque Kaa Iya debido a la deforestación para la construcción del puente y de la vía que lleva a la obra. Hubert Rivero, representante de esta entidad, dice que los menonitas buscan devastar el bosque del Chaco para sus propios intereses.
Leonardo Tamburini es director de la Organización Oré, entidad que asesora jurídicamente a pueblos indígenas de Bolivia, y explicó que esta obra traerá deforestación, caza de animales silvestres y afectación a los humedales catalogados como sitio RAMSAR. Asegura que, además, hay una violación a la vida de los indígenas aislados voluntariamente.
“Nosotros hicimos un estudio sobre avistamiento de familias ayoreas en aislamiento voluntario, en coordinación con instituciones del Chaco paraguayo. Toda esa región, como el Kaa Iya, el Ñembi Guasu y el Otuquis, son zonas de avistamiento. Además, la Ley 450 de Protección de pueblos de alta vulnerabilidad recomienda generar una política de sensibilización y comunicación social para evitar que se acerquen a la zona donde fueron avistados, porque tienen el derecho constitucional a no ser contactados”, explica Tamburini.
Una obra que causó una pelea política
La construcción del puente en el río Parapetí se ha convertido en un asunto caliente para las autoridades nacionales y locales. Mongabay Latam habló con Omar Quiroga, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), quien aseguró que pidió información a la regional de Santa Cruz y que en los próximos días se elevará un informe sobre esta construcción, luego de que se realice una inspección a la zona.
“Vamos a tomar algunas acciones. Una de ellas es hacer una inspección en el lugar para verificar el cumplimiento de los instrumentos de planificación que hayan sido aprobados, si es que hubo aprobación. Una vez que se haya verificado en campo lo que está aconteciendo vamos a tomar las medidas administrativas que el caso amerite y que puede consistir en anulación de instrumentos, si es que están mal aprobados, paralización temporal de actividades y realizar lo que enmarca la ley”, afirmó Quiroga.
Sin embargo, Tamburini está seguro de que en 2021 llegó personal de la ABT para verificar la construcción del puente y que a nivel estatal se conocía que la obra empezaba a despegar. Para él, ahora las autoridades callan y se culpan entre ellas. “La obra se construyó con la mirada de entidades nacionales y departamentales, pero ahora se lavan las manos porque no existe una denuncia que haya podido paralizar la construcción”, asegura.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es opositor al gobierno nacional, llegó a la zona a principios de febrero y luego de la visita anunció una acción penal —que hasta la fecha no se ha ejecutado— contra quienes construyeron el puente de metal. “Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales, la única autoridad competente para autorizar este tipo de obras es el Gobierno Departamental”, resaltó Camacho.
Mientras que el departamento culpa a las autoridades locales, el gobierno nacional culpa al departamento. Al frente de la batalla política está el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien es militante del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), y deslindó su responsabilidad en la construcción del puente sobre el río Parapetí, acusando a la Gobernación de Santa Cruz de ser la única responsable del proyecto. “Con mucha claridad lo tengo que decir, se enoje quien se enoje, aquí la responsabilidad es de la Gobernación cruceña, porque si no hubiera habido la denuncia (de medios bolivianos en enero de 2021), nadie se iba a enterar, y el señor Camacho iba estar de viaje en viaje, de departamento en departamento, buscando el federalismo”, dijo Montaño.
El ministro también visitó Cuarirenda a mediados de febrero y en su estadía prometió obras a los comuneros y alentó a que se legalice el puente. “Como no hay licencia ambiental, lo que se debe realizar es un manifiesto ambiental (instrumento legal en Bolivia que permite reparar la vulneración de la norma ambiental si la obra cumple con las medidas establecidas por ley)”, dijo el ministro ante los pobladores guaraníes.
A pesar de todo, el trabajo de los menonitas ya está ejecutado. Hay extensas franjas deforestadas, casas construidas en ambos lados del camino y más de 50 pozos ya perforan la tierra en una zona llena de humedales.
Según estudios realizados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), una organización dedicada a la defensa del medio ambiente en Bolivia, el 31 % del territorio boliviano está conformado por ecosistemas acuáticos, abarcando más de 34 millones de hectáreas. “Sin agua no hay posibilidades de vida, los humedales son fundamentales para la reproducción de la flora y fauna. Las funciones ecológicas de los humedales son vitales al ser reguladores de los regímenes hidrológicos por ser un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Esa desgracia está latente en el Chaco boliviano y sin respuestas políticas”.
El futuro de Cuarirenda es incierto. En un inicio el puente les llevó un suspiro de desarrollo, pero ahora, cuando se mostraron los riesgos ambientales, recién asimilan los devastadores perjuicios que pueden llegar a su territorio. Por ahora son más de 3000 hectáreas desmontadas, un puente ilegalmente construido sobre el río Parapetí, y las afectaciones del desarrollo agrícola menonita en más de 14 000 hectáreas cercanas al Parque Nacional Kaa Iya.
*Imagen principal: Según los menonitas, la construcción del puente demoró un año y fue concluida en octubre de 2021. Foto: Iván Paredes Tamayo.
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