- Organizaciones indígenas y especialistas en Perú y Brasil buscan que los gobiernos se comprometan a proteger a los pueblos en aislamiento y en contacto inicial.
- Más de 16 millones de hectáreas de bosque y las comunidades indígenas que las habitan están en riesgo por el extractivismo y actividades ilegales.
La presencia del narcotráfico, la minería y la tala ilegal amenazan la vida de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en la Amazonía, por lo que organizaciones indígenas y especialistas de distintos países de la región insisten en la necesidad de lograr acuerdos entre los gobiernos para proteger, en conjunto, estos territorios. Una de estas iniciativas es el corredor que se busca crear entre los departamentos de Loreto y Ucayali, del lado peruano, y los estados de Amazonas y Acre, del lado brasileño.
En diciembre de 2021, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), en Perú, presentó la iniciativa denominada Corredor Territorial de Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial, y de Bosques Continuos Yavarí-Tapiche, con la que busca demostrar que el área habitada por los pueblos en aislamiento en la zona fronteriza entre Perú y Brasil es mucho más amplia que lo legalmente establecido y, por lo tanto, requiere de una mayor protección.
Beatriz Huertas Castillo, antropóloga y consultora que trabaja con Orpio y la organización Rainforest Foundation-Noruega, explica que la iniciativa surge del propio trabajo de las organizaciones indígenas y sus equipos técnicos, después de hacer un balance de la situación de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI) en la Amazonía peruana. Este estudio, precisa Huertas, les permitió tener un panorama más completo y realista del territorio que ocupan los PIACI.
“Las áreas que están reconocidas oficialmente por el Estado son áreas mínimas del territorio que ellos realmente habitan”, dice Huertas. “Por tanto, era necesario mostrar la totalidad de ese territorio sin importar la categoría que tuvieran, pues, a lo largo del tiempo, el Estado ha ido superponiendo categorías legales distintas. Ha ido creando, por ejemplo, áreas naturales protegidas y también adjudicando áreas para la explotación forestal y lotes petroleros, por eso buscamos visibilizar la territorialidad real de estos pueblos y no solo la que el Estado toma en cuenta”, agrega la experta.
El estudio explica que un corredor territorial de pueblos indígenas es un espacio geográfico que abarca una serie de territorios que tienen relación entre sí, que son habitados por pueblos indígenas de manera continua y que mantienen una estrecha relación cultural, social, económica, simbólica e histórica con los ecosistemas y los recursos naturales que albergan. La importancia de reconocer al Corredor Territorial Yavarí-Tapiche radica no solo en visibilizar la existencia de una gran extensión de bosques transfronterizos habitados por pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, sino también en “garantizar su bienestar, dada su alta vulnerabilidad y las diversas amenazas que ponen en riesgo su continuidad como pueblos”, cita el documento.
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Un espacio por proteger
La propuesta de corredor es liderada por Orpio, en coordinación con la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la União dos povos indígenas do Vale do Javari (Univaja). Además, cuenta con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). Todas ellas buscan la protección de un territorio que abarca, de norte a sur, desde la margen derecha del río Amazonas hasta el alto Tamaya-bajo Amônia, y de oeste a este, del curso alto de los afluentes derechos del río bajo y medio Ucayali a los afluentes izquierdos del río Juruá.
La extensión total de bosque incluida dentro del corredor es de 16 209 966 hectáreas, de ellas, 5 462 863 están en Perú y 10 747 103 en Brasil. A su vez, del lado peruano, el corredor incluye dos reservas indígenas establecidas —Yavarí Tapiche e Iskonahua—, así como otras tres que fueron solicitadas —Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental y Alto Tamaya—; dos áreas naturales protegidas —Parque Nacional Sierra del Divisor y Reserva Nacional Matsés—; dos áreas de conservación regional —Tamshiyacu-Tahuayo y Alto Tamaya-Abujao— y dos más que han sido propuestas para su creación —Varillales del Tapiche y Aguas Calientes—. También figuran Bosques de Producción Permanente (BPP), donde se han otorgado concesiones forestales.
En el lado brasileño existen dos Tierras Indígenas creadas —categoría legal de los territorios indígenas demarcados y oficializados— y dos más en trámite. Las primeras dos, son la Tierra Indígena Vale do Javai y Matewek, mientras que las tierras pendientes son Nawa y Nukini. En este país también hay dos Unidades de Conservación: Reserva de Desarrollo Sostenible Cujubim y Parque Nacional Serra do Divisor.
En ambos países, se encuentran los territorios de, cuando menos, 10 pueblos reconocidos oficialmente: en el lado peruano, dentro de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, habitan los matsés, matis, korubo, kulina-pano y flecheiro; en Yavarí Tapiche, remo y marubo; y en la Sierra del Divisor Occidental, iskonahua, mayoruna y kapanawa. De acuerdo con Beatriz Huertas, los korubo, que están en aislamiento y contacto inicial, están también en Brasil y pueblos como los matsés —y otros de habla pano—, son transfronterizos.
Además, se trata de un área extensa y de especial relevancia biológica debido a sus altas tasas de biodiversidad; es hábitat de poblaciones saludables de varios animales en riesgo de extinción. También se trata de una de las áreas con mayor concentración de carbono de la Amazonía peruana y brasileña, donde existen varias “zonas prioritarias para la conservación de la diversidad biológica” en ambos países.
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La urgencia de erradicar las amenazas
De acuerdo con el estudio, la extracción forestal que se realiza en los territorios donde hay concesiones, en las comunidades nativas o de forma ilegal, junto a la intensificación de los cultivos de coca y el narcotráfico, son los principales problemas para la integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial que habitan en este territorio. También se señala a la minería de oro, así como la construcción de carreteras y caminos como problemas adicionales.
“La parte más afectada del corredor por esta actividad, con énfasis desde 1980, es la occidental (Perú), y la tendencia es al incremento”, cita el documento respecto a la extracción de especies maderables en los afluentes derechos del río Amazonas. Desde la década de 1920, una situación similar ya ocurría en Brasil, cuando la madera era la principal fuente de la economía en la región del Javari, hasta que se concretó la demarcación de la Tierra Indígena Vale do Javari y esta actividad se tornó ilegal. En la actualidad, la explotación de madera se concentra en el lado peruano del río Yavarí, con impactos en el lado brasileño.
Orpio menciona que el Estado peruano ha otorgado, hasta octubre de 2021, un total de 103 concesiones forestales y numerosas redes de caminos forestales superpuestas al corredor, de ellas 84 se encuentran en la región Loreto y 19 en la región Ucayali.
Respecto al narcotráfico, el documento apunta que, durante el trabajo de campo, se obtuvieron testimonios que señalan un grave impacto ambiental por la destrucción de bosques para instalar cultivos de coca, así como afectaciones directas a la vida, salud e integridad de estos pueblos, pues afirman tener registros de agresiones de los invasores contra indígenas en aislamiento, con muertos de por medio, en el alto Utiquinía, dentro del área de la Reserva Indígena Iskonahua. “Los invasores dispararon con sus armas a los indígenas aislados, matando a algunos de ellos. Es probable que haya habido otros incidentes similares en la zona”, afirma la investigación.
“La principal amenaza es la actividad forestal y la expansión del narcotráfico, sobre estos puntos no ha habido respuesta de los sectores involucrados y eso nos preocupa, pero vamos a seguir insistiendo para erradicar estas dos grandes amenazas”, agrega Huertas.
En el caso de Brasil, el estudio señala invasiones de cazadores ilegales, articuladas con una considerable red de comercio de carne de monte, peces y quelonios en la triple frontera, donde los ríos del Vale do Javari son una de las principales áreas de abastecimiento de esta red.
Por ello, los liderazgos indígenas presentaron un pliego de 20 demandas a las autoridades para proteger al Corredor Yavarí-Tapiche que, entre otras, incluyen establecer un mecanismo interinstitucional de diálogo, propuesta e implementación de políticas y acciones nacionales y transfronterizas realizadas en estrecha coordinación con los pueblos y organizaciones indígenas involucradas; así como la revocación, anulación y reubicación de concesiones forestales, según sea el caso; la prohibición de proyectos viales que puedan afectar las reservas indígenas creadas y no establecer ni licitar lotes petroleros en el corredor.
Además, se solicitó al Ministerio de Cultura del Perú la reactivación de la “Mesa de Trabajo para la protección de corredores territoriales de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”, creada en 2018 e integrada por diversas entidades del Estado peruano, gobiernos regionales y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, con el objetivo de garantizar la participación de las organizaciones indígenas que promueven la protección de estas áreas. Esta acción se logró el 7 de febrero de 2022, cuando se anunció la reactivación de sus reuniones.
“Pero lo más importante es la protección de los derechos de los pueblos aislados”, apuntó Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, organización que respalda la iniciativa. “La protección de nuestros hermanos que no pueden comunicarse con nosotros ni con la sociedad nacional o internacional para decirnos que están en peligro por todos los flancos: narcotráfico, tala ilegal, minería, caza descontrolada y actividades petroleras. El riesgo es inminente”, concluyó.
¿Un corredor que avanza?
En los últimos tres meses se han realizado diversas reuniones con instancias gubernamentales y entre las mismas organizaciones indígenas —a través de talleres descentralizados en las comunidades que comparten territorios con los pueblos en aislamiento—, con el objetivo de adoptar compromisos y plantear propuestas para su protección y creación.
Orpio señala que, en estos espacios, se hizo énfasis en el impacto de la falta de seguridad jurídica territorial, las invasiones, la expansión de actividades ilícitas, así como en la vida, salud, alimentación, seguridad personal, economía y organización de los pueblos indígenas y en la integridad de los bosques y ríos del Corredor.
Manuel Ramírez, líder indígena yagua y presidente de Orpio, dijo que, después de cada encuentro que han sostenido con los líderes de las comunidades indígenas, han reunido más argumentos y evidencia sobre la presencia de los pueblos en aislamiento y sus problemáticas, con resultados y propuestas que han presentado al Ministerio de Cultura en una reunión el pasado 3 de marzo.
“Los recibieron de manera satisfactoria y con alegría de que nosotros, como organizaciones indígenas, venimos trabajando en favor de los pueblos en aislamiento”, dijo Ramírez. “Pero vamos a seguir exigiendo, porque no tienen fecha exacta (para el reconocimiento al Corredor Territorial), porque no sabemos quiénes van a dar respuesta; pero se va a seguir agilizando, exigiendo y dialogando”, concluyó.
El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI), informó a Mongabay Latam que seguirá trabajando en la articulación con las organizaciones indígenas.
Respecto a las amenazas, el Mincul sostuvo que realizó un monitoreo aéreo en el ámbito de la Reserva Indígena Iskonawa, durante 2021, con la participación de entidades como la Marina de Guerra, la Policía Nacional (PNP), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro-PNP), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y el Ministerio Público.
“La Dirección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) emitirá un informe que sistematice todas las amenazas identificadas en los territorios donde existen los PIACI, el mismo que será socializado con las instancias competentes, a fin de articular acciones efectivas”, señaló el Mincul a través de un documento enviado a Mongabay Latam.
Sobre las concesiones forestales, el Mincul afirmó que se solicitó a los respectivos gobiernos regionales —autoridades que otorgan los derechos forestales— que realicen las acciones administrativas correspondientes para la exclusión y compensación de estas concesiones, en favor de las reservas indígenas.
“Hasta la fecha, el Gobierno Regional de Loreto no ha cumplido con implementar estos procedimientos y no ha atendido los reiterados oficios del Ministerio de Cultura sobre los compromisos generados en las actas de la comisión multisectorial en relación a estos derechos superpuestos”, indica el Mincul. El sector Cultura también señala que en julio de 2021, presentó una demanda constitucional de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Loreto para que se declaren nulas y sin efecto las concesiones forestales entregadas en esa región.
En cuanto a la presencia de concesiones de hidrocarburos dentro de estos territorios, la autoridad cultural dijo que corresponde a “la autoridad en materia de hidrocarburos” realizar las evaluaciones y procedimientos correspondientes para, de ser el caso, “remover la superposición evidenciada”.
* Imagen principal: Maloca o vivienda multifamiliar de aislados de São Jose, Peetsaa, en la Tierra Indígena Vale do Javari, Brasil. Foto: Acervo CTI
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