- Varias comunidades del cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, llevan casi dos décadas en conflicto con Hidrotambo. La Corte provincial de Tungurahua dejó en firme una resolución de 2019 del antiguo Senagua que le exige a la empresa presentar el rediseño de su obra y proceder con su reconstrucción.
- La comunidad de San Pablo de Amalí insiste en que el río fue desviado y que las obras de la hidroeléctrica influyeron en que una inundación, en 2015, arrasara con 12 casas y acabara con la vida de tres personas. Aún piden reparación.
Cerca de 140 comunidades en la cuenca del río Dulcepamba, en el cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, llevan más de 15 años en conflicto con la Central Hidroeléctrica San José del Tambo (Hidrotambo). Durante todo este tiempo se opusieron a la construcción y posterior operación de la hidroeléctrica y han denunciado constantes afectaciones, las cuales, aseguran, son producto de las construcciones hechas sobre el río.
En medio de idas y vueltas en la justicia ecuatoriana, uno de los principales hitos del conflicto se dio en octubre de 2019, cuando la Secretaría del Agua (Senagua) —hoy adscrita al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)— emitió una resolución donde fijó tres obligaciones para Hidrotambo. La primera era presentar el rediseño de su obra y su reconstrucción en los siguientes dos años, la segunda era no usar el agua de la cuenca del río Dulcepamba en la época seca y, finalmente, fijar el caudal ecológico del río como mínimo en 1,46 m3/s en todo momento.
Las comunidades han alegado que la hidroeléctrica acapara toda el agua y que esto pone en peligro el aprovechamiento para consumo humano, para la soberanía alimentaria y para garantizar el caudal ecológico del río. Además, han denunciado que, como consecuencia de las actividades de la empresa, se provocaron inundaciones y deslaves en 2015, 2017 y 2019, eventos sobre los que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado varias veces. La tragedia de 2015 arrasó con 12 casas y cobró la vida de tres personas en la comunidad de San Pablo de Amalí.
El asunto no paró allí. En 2021, Hidrotambo presentó una acción de protección contra la resolución que fijaba las tres obligaciones para la empresa indicando que no podía cumplirla porque se violaban sus derechos. El 8 de diciembre, la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de la ciudad de Ambato falló a favor de la compañía y dejó sin efecto la medida de Senagua. Las comunidades del cantón Chillanes no se dieron por vencidas y apelaron la decisión y hace unas semanas la Corte Provincial de Tungurahua les dio la razón y dejó en firme la resolución de 2019.
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Más de 15 años pidiendo justicia y reparación
“Dulcepamba está exigiendo justicia y con esta sentencia esa justicia empieza a llegar. La Corte Provincial de Tungurahua rechazó la acción de protección presentada por Hidrotambo, que se enmarca en un contexto de abuso del derecho, ya que consideramos que la intención de la empresa es no cumplir con la resolución administrativa de Senagua que le ordena, por ejemplo, que no puede operar en época de estiaje [época en que el río alcanza su caudal mínimo entre los meses de agosto y octubre]. En esa época la empresa no tiene autorizado el uso del caudal”, dice Yasmin Calva, abogada de las comunidades.
Calva asegura que con la decisión judicial de la Corte, Hidrotambo debe acatar de inmediato la resolución de 2019 donde se le ordena reconstruir sus obras de captación, conducción y regulación de caudal ecológico.
La decisión de Senagua se basaba en un informe técnico que la entidad elaboró en octubre de 2018, donde indicó que la obra de captación de Hidrotambo estaba causando erosiones y socavaciones que ponían en peligro a la comunidad, por lo que cuestionaba la rigurosidad de su construcción y señaló que no existía ninguna protección frente a derrumbes de tierra y rocas. El informe también mencionaba incumplimientos a la Ley de Aguas por no entregar los diseños hidráulicos para la obra, un proceso previo para obtener autorización de aprovechamiento del agua. Asimismo, Senagua indicó que los estudios hidrológicos para justificar la disponibilidad hídrica contenían errores en el cálculo.
Nathaly Yepes, otra de las abogadas que ha acompañado a las comunidades, asegura que hasta el momento no ha habido verdad, justicia y reparación, y que uno de los pocos alivios que el Estado ha entregado a las comunidades es, precisamente, la resolución administrativa de Senagua del 7 de octubre de 2019. “Era impresionante la autorización de uso de agua que se le había entregado a la hidroeléctrica, dejando a las comunidades sin capacidad de obtener el líquido para el consumo humano y el riego”.
Por su parte, Fredy Galeas, abogado y habitante de la cuenca del río Dulcepamba, destaca que Hidrotambo presentó su acción de protección a espaldas de las comunidades y que ellos solo se enteraron cuando, en primera instancia, una jueza de la ciudad de Ambato suspendió la resolución. “Como nosotros somos personas humildes del campo piensan que no sabemos leer y escribir. Pero apelamos”.
Afortunadamente, dice la abogada Yepes, la Corte provincial en segunda instancia dijo: “aquí no hay vulneración de derechos de Hidrotambo, la resolución quedó en firme y ya no hay pretexto para no cumplirla”.
Galeas espera que este sea el inicio para la aprobación de cerca de 3000 solicitudes de agua para consumo humano, riego de cultivos y soberanía alimentaria a los que Hidrotambo se había venido oponiendo “con el argumento de que los campesinos no necesitamos el agua y que solo queremos ‘boicotear’ el funcionamiento de la empresa”.
Los cuestionamientos ambientales
Hidrotambo insiste en que cumple con las normativas ambientales y que hay comunidades que apoyan el trabajo de la hidroeléctrica, como señalan en videos publicados en su página web y sus redes sociales.
“Hidrotambo S.A. desde el inicio del proyecto hidroeléctrico ha cumplido con las leyes y regulaciones de todas las autoridades de control que tienen relación con la Central Hidroeléctrica San José del Tambo de Hidrotambo S.A., las cuales han inspeccionado y auditado el proyecto de manera permanente, permitiendo a estas siempre el acceso a las instalaciones, obteniendo todos los permisos regulatorios habilitantes requeridos para la generación de energía eléctrica y desmintiendo en varias ocasiones, a través de la vía legal, todas las acusaciones motivo de demandas y quejas de diferente índole presentadas”, informó la compañía en un comunicado oficial.
La empresa también pidió que cesaran “las falsas acusaciones” y que se cumplan los principios de seguridad jurídica debido a la importancia a nivel nacional de contar con la operación de centrales de generación eléctrica.
A pesar de esto, existen estudios que dan cuenta de las afectaciones que ha tenido el río Dulcepamba luego de la construcción de la hidroeléctrica. A finales de 2020, un grupo de investigadores en recursos hídricos y acuáticos de la Universidad Ikiam visitó el río, midió el caudal y levantó información para analizar la movilización de sedimentos y la capacidad del afluente para generar energía. Jorge Celi, ecólogo y quien supervisó el estudio, le dijo el año pasado a Mongabay Latam que Hidrotambo entró en funcionamiento en 2014 y tan solo un año más tarde hizo que el curso del río Dulcepamba cambiara “y eso ocasionó un desastre”.
Según mencionó, son casi 3 kilómetros en los que el cauce del río está modificado e inestable y que eso sucedió por un fenómeno humano, no por uno natural. Para Celi, una de las principales afectaciones de esa modificación es que se impide la migración de peces que vienen desde la Costa hacia los Andes.
Que el río Dulcepamba vuelva a su cauce natural podría tomar décadas pero es difícil que esto ocurra mientras la hidroeléctrica permanezca ahí. El ecólogo insistió en que los responsables del proyecto deben hacer una reestructuración para que no haya más impactos en las comunidades pero que es posible que “las reparaciones cuesten más que la represa”. Eso explicaría los intentos de Hidrotambo porque se suspenda la resolución de 2019 de Senagua.
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La tragedia que enlutó a las comunidades
Hilda María Morales, una de las habitantes de la cuenca del río Dulcepamba, recuerda que en 2015 el río se llevó la casa de su hermano en la comunidad de San Pablo de Amalí y dice que, debido a la construcción de la hidroeléctrica, el Dulcepamaba se desvió cerca de 100 metros, acercándose peligrosamente a la comunidad; se acaparó casi la totalidad del agua y se retiene gran cantidad de sedimentos, por lo que son más vulnerables a sufrir los impactos de las inundaciones y los periodos de sequía del río. “Antes podíamos pescar, teníamos nuestro almuerzo pero, ahora, en tiempo de verano, las plantas que están alrededor se secan porque ya no hay agua. Los pescados que criamos se mueren porque ya no llega el agua como antes”.
Morales insiste en que solo quiere que las autoridades les hagan justicia. “En la parte alta de la montaña ya no producen como antes porque hace falta el agua en verano, ya no les adjudican agua porque dicen que está adjudicada a Hidrotambo”, comenta.
Yaneth Guapulema también es de la comunidad de San Pablo de Amalí y, al igual que el hermano de Morales, perdió su casa en el aluvión de 2015. “Perdí absolutamente todo, la casa, los cultivos e incluso la tierra. Hasta el día de hoy no me he podido recuperar económicamente, tengo que hacer créditos en los bancos porque tengo a mis hijos estudiando. Le pido a la Defensoría del Pueblo y al MAATE que nos hagan cumplir esta resolución [de Senagua en octubre de 2019] que ya está dada”, dice.
La Corte Provincial de Tungurahua en su sentencia le ordenó a la Defensoría del Pueblo que dé seguimiento al caso y que esté vigilante por si se producen nuevas afectaciones.
Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba insisten en que no han recibido reparación por la tragedia de 2015 cuando el desbordamiento del río arrasó con 12 casas y causó la muerte de tres personas. Un estudio de la Universidad de California en 2017 concluyó que “los resultados producidos por el modelado hidrológico e hidráulico completado aquí indican que la inundación de marzo de 2015 en el río Dulcepamba no habría causado el daño que finalmente ocurrió en San Pablo de Amalí si no hubiera sido por otras actividades humanas en el sitio, en particular la construcción de un canal, la desviación del flujo de agua y la obstrucción por escombros”. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna sentencia que responsabilice a Hidrotambo por estos hechos.
Por ahora, los habitantes de San Pablo de Amalí y demás comunidades de la cuenca del río Dulcepamba sienten que la sentencia de la Corte Provincial de Tungurahua, donde se dejó en firme la resolución que le pide cambios estructurales a Hidrotambo, es uno de los logros más grandes en casi dos décadas.
¿Qué sigue? La abogada Yasmin Calva dice que el MAATE debe continuar con el control del cumplimiento de obligaciones de la hidroeléctrica y debe iniciar el proceso de reversión, suspensión o modificación de la autorización de aprovechamiento de agua que le concedieron a Hidrotambo.
“Por fin la justicia reconoció la lucha, la resistencia de más de 15 años de las comunidades afectadas por un proyecto impuesto de forma vertical, sin la participación de la gente. La comunidad lleva años con sed de agua y sed de justicia. Este caso se suma a las sentencias emblemáticas de Los Cedros, la minería en territorio Cofán de Sinangoe, o la inconstitucionalidad de varios artículos del decreto 751 de 2021. Este es un caso que nos da esperanza”, concluye Vivian Idrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador.
*Imagen principal: Comunidades exigen acceso al agua en el río Dulcepamba. Foto: CEDHU.
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