- El Alto Nangaritza, uno de los últimos puentes bien conservados de conexión boscosa entre los Andes y la Amazonía ecuatoriana está siendo destruido por la minería legal e ilegal.
- Una parte de la nacionalidad shuar que habita en la parte alta del río no encontró otra opción para mejorar su calidad de vida y empezó a extraer oro.
*Este reportaje es parte del especial Amazonía Viva de La Barra Espaciadora de Ecuador.
La vía que conecta las provincias de Loja y Zamora Chinchipe es una sucesión de eses rodeadas de montañas frondosas, muy verdes, que parecen postales. Cerca de la ciudad de Zamora hay letreros que dan la bienvenida a la “tierra de las cascadas y las aves”. Y claro, hay aves revoloteando por ahí. Hay un río que acompaña el camino y se adentra en la ciudad. En el lugar hay un malecón que da a la avenida más ruidosa y turística de esta urbe amazónica enclavada en el sur del Ecuador. Esas postales son, más o menos, las que los viajeros esperan encontrar cuando piensan en la Amazonía ecuatoriana.
Pero hay escenas que rompen con el idilio. A cinco minutos del malecón en vehículo está el Redondel del Minero, un monumento de unos cinco metros de alto que muestra la figura de un hombre con casco y botas que sostiene en sus manos una batea para lavar oro. La estatua está tan bien hecha que la piel luce como si ese calor tropical la hubiera tostado. El minero mira hacia el río Zamora y al Parque Nacional Podocarpus, un área protegida de 146 280 hectáreas que alberga especies de aves únicas y un complejo de más de cien lagunas. Incluso da la sensación de que ese minero gigante les hiciera una reverencia.
El monumento es el primer indicio de que en Zamora Chinchipe todo gira alrededor de la minería, a pesar de que la provincia entera es una mancha verde de 10 556 kilómetros cuadrados atravesada por ríos caudalosos, árboles de madera fina, plantas medicinales y un sinnúmero de especies animales endémicas. Pero también guarda en sus suelos toneladas de oro, plata, cobre y bronce.
La minería aporta cerca del 70 % de los ingresos tributarios totales de Zamora Chinchipe, según datos del Servicio de Rentas Internas del 2019, recogidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de esta provincia.
Entre enero y septiembre de 2021, Ecuador recaudó 72,41 millones de dólares por concepto de impuestos mineros (pago de patentes de conservación, regalías y utilidades mineras). Un 54 %, es decir, 39 millones de dólares, fueron recaudados por Zamora Chinchipe, de acuerdo a los datos del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables. Por todo esto, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 2019-2023 del Gobierno Provincial, las reservas metálicas y no metálicas son consideradas como potencial de desarrollo económico para las familias mineras y las poblaciones cercanas a los grandes proyectos.
La marisquería de la parroquia Namírez lleva por nombre Puerto Minero. Las decenas de letreros que anuncian la presencia de un yacimiento o alertan de la entrada y salida de volquetas, los comedores improvisados en la carretera, las botas y cascos amarillos colgados en las pequeñas casas junto al río, las grandes canchas y coliseos construidos con regalías mineras dan cuenta de que todo, o casi todo, guarda relación con la industria minera.
A medida que se asciende en las montañas se llega la cuenca alta del río Nangaritza, un territorio de gran biodiversidad donde hoy hay decenas de máquinas que extraen oro y ya no son parte del paisaje que venden los folletos para turistas. La minería llegó en el 2014, cuando Salvador Quishpe, líder del Movimiento Plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siendo prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, construyó una carretera en dos frentes: por el norte para conectar a las comunidades shuar del Alto Nangaritza con la capital Zamora, y por el sur, un tramo que lleva al cantón Palanda.
“Pero cuando hicimos esta carretera, que suma 50 kilómetros, inmediatamente empezaron los mineros con sus maquinarias a romper la unidad de las comunidades shuar —explica Quishpe, quien al momento de esta entrevista es asambleísta nacional—, porque antes no querían saber nada de minería, ni pequeña ni de ningún tipo. Luchaban por cuidar su territorio”.
Esa carretera que Quishpe había soñado desde niño, porque él también vivió en el Alto Nangaritza, se convirtió, enseguida y sin que él se lo imaginara, en el camino para que los mineros que ya trabajaban en la parte baja del río pudieran trasladar maquinaria pesada hasta ese pedazo de selva Y así, todo se salió de las manos.
Están acabando con el Alto Nangaritza
Aunque según su Plan de Ordenamiento Territorial, el 81 % del suelo de Zamora Chinchipe esté destinado a conservación y protección, hasta julio del 2021 el 36 % del territorio estaba concesionado a la industria minera. Las actividades ilegales no alimentan los registros oficiales pero ocupan otro buen porcentaje.
Hasta el 2014, el Alto Nangaritza se mantuvo a salvo de todo el ‘boom’ minero. Esta zona era uno de los últimos puentes de conexión boscosa entre la cordillera de los Andes y la Amazonía ecuatoriana.
Para los turistas es un paraje exótico que hay que atravesar para llegar al corazón de la selva y tomarse fotos a bordo de una lancha que se adentra en un río que no parece tener fin. Atravesar cascadas, encañonados, rocas petrificadas, escuchar a las aves, sentir el aroma del agua fresca, interactuar con los habitantes shuar de la zona, beber su chicha y conocer sus costumbres son algunos de los objetivos de cualquier itinerario turístico.
Para los habitantes shuar de la provincia, esta zona representa el sostén de su existencia. Pero para los mineros, el Alto Nangaritza es la joya de la corona.
Al cantón Nangaritza se llega por un camino lastrado, lleno de piedras que provocan sacudidas a lo largo del viaje. Sus 8000 habitantes se distribuyen en cuatro parroquias: Guayzimi, Zurmi, Nuevo Paraíso y Nankains. La mayoría pertenece a la nacionalidad indígena shuar.
Junto a la vía principal está el río Nangaritza, que da nombre a esta tierra. Este fue el cauce que sirvió para que, durante la década de los cuarenta del siglo XX, los shuar navegaran aguas arriba huyendo de los colonos, en busca de su último refugio. El Nangaritza ha dado peces para alimentarse y agua fresca para que los niños se bañen, pero hoy está invadido de máquinas retroexcavadoras que remueven todo el subsuelo en busca del oro.
En el camino no hay nada más que selva, río y maquinaria pesada. Rótulos que señalan las concesiones mineras y algunas chozas de donde cuelgan botas y cascos amarillos. No hay estaciones de combustible o farmacias, ni siquiera tiendas de víveres.
Ya en Zurmi, una de las parroquias rurales de Nangaritza, hay un muelle y dos pequeños restaurantes para atender a los mineros. Uno a cada lado de la vía. En uno de ellos hay un televisor de unas 50 pulgadas, aunque no hay antenas, cable y tampoco señal de celular. Una mujer y sus dos hijos atienden el negocio. Ella cocina y sirve mientras los pequeños salen a preguntar a los comensales qué quieren comer o beber. En las mesas hay anuncios de un distribuidor de retroexcavadoras, como las dos que se ven desde el muelle junto a una piscina de dragado.
Es mediodía y una pareja de esposos llega para el almuerzo. Los dos son mineros. Nos miran de reojo pues estamos sentados en la mesa de al lado.
—¿Qué material sacan de aquí?— preguntamos de la manera más natural posible.
—Oro. Aquí todo es puro oro— responde él.
Al preguntarle su nombre, el minero evita responder. Solo cuenta que lleva toda su vida dedicado a esto y aclara, sin que nadie se lo pida, que tienen los permisos para trabajar. La mujer mira, aún con desconfianza. Ella también aprendió a hacer minería y hoy esta actividad es el sustento de ambos. Como no es común que los viajeros se detengan en este lugar para almorzar, la pareja se levanta apenas termina su comida y se aleja.
Faltan 10 kilómetros para llegar a Nuevo Paraíso, la parroquia rural en la que empieza el Alto Nangaritza. Este territorio está habitado por 10 poblados shuar que ocupan aproximadamente 2500 hectáreas. Hay menos de 100 viviendas, todas construidas con los materiales de la zona. Tienen energía eléctrica, pero solo unas cuantas casas tienen agua potable o alcantarillado.
“La mayoría de habitantes shuar vivía el día a día —cuenta María Molina, una periodista de Zamora Chinchipe que ha visitado ese lugar antes y después de que la actividad minera llegara—, porque al ser una zona tan alejada no existían instituciones o empresas que generen fuentes de trabajo. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería; también hubo iniciativas de emprendimientos que finalmente fracasaron”.
Los pobladores shuar vivían alejados de las grandes ciudades porque no había carreteras para desplazarse. Solo tenían las lanchas para moverse en los ríos. Esa era la única forma de salir y acceder a sus comunidades. Esa especie de aislamiento mantuvo a salvo, por mucho tiempo, la selva que habitaban y protegían.
Pero en el 2014, la Prefectura de Zamora Chinchipe, que estuvo dirigida por Salvador Quishpe quien en 2021 se convirtió en el segundo asambleísta nacional más votado, inauguró 50 kilómetros de lo que llamaba “La vía de la Unidad”. Esa carretera debía tener 80 kilómetros para conectar a las poblaciones más alejadas del Alto Nangaritza con el resto de la provincia, pero también permitió que los mineros —que ya trabajaban en la parte baja del río y no habían avanzado aguas arriba por las dificultades para trasladar maquinaria pesada— lleguen hasta ese pedazo de selva. Y entonces, empezó el desastre.
Provenientes de las provincias de El Oro, Azuay y de otras zonas de la misma Zamora Chinchipe, llegaron personas que ya tenían experiencia minera. Rentaron las propiedades de los shuar y les prometieron que sus condiciones de vida mejorarían. Algunos de ellos aceptaron. La minería se tomó las riberas del río Nangaritza, conquistó a las familias que antes luchaban contra el extractivismo y alteró el último territorio de la provincia que quedaba a salvo de las intervenciones humanas.
“Han hecho minería de la peor forma que pueda imaginarse —cuenta Paúl Palacios, ingeniero ambiental y exdirector de Gestión Ambiental en la Prefectura de Zamora Chinchipe—. De la peor forma significa que una fila de retroexcavadoras ‘destripen’ un pedazo de la Amazonía. Los mineros trabajan a una velocidad destructora: las jornadas se extienden entre 16 y 20 horas diarias, siete días a la semana. Usan lo que tienen más a la mano: mercurio, cianuro, máquinas oxidadas. Para el dragado usan retroexcavadoras con brazos de seis o más metros de largo. Cuando estos se adentran en el agua remueven el ecosistema acuático: peces, microinvertebrados, vegetación, y dejan huecos que ni siquiera son rellenados debido a la premura con la que trabajan”.
El mercurio y el cianuro que utilizan para extraer y separar el oro de las piedras terminan en el río. Incluso, si no se usaran estos químicos, hay ciertos minerales que están ahí enterrados que son liberados con el uso de las dragas. Cuando eso ocurre, entran en contacto con el oxígeno y se producen reacciones químicas que hacen que las sustancias se vuelvan nocivas para la salud del ecosistema, explica Palacios, quien también trabajó en el proyecto Salvemos el Alto Nangaritza, impulsado por el anterior Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
Las zonas más afectadas son el río Shaime y la quebrada de Shamatak, dice Palacios. “Si el río Nangaritza es un desastre, Shamatak ya no sirve para nada. Ahí es en donde más oro han encontrado. Este afluente nace en una de las montañas contiguas a Nambija [el yacimiento más conocido del cantón Zamora], entonces parece ser una sola veta que viene desde allá”.
La premisa es —asegura Palacios— “saquemos lo que más podamos antes de que lleguen las autoridades, porque otra oportunidad no habrá”. Y es que todo eso ocurre sin que ninguna entidad estatal de control lo impida o, al menos, lo regule. Aunque hay algunos permisos, la mayor parte de la minería que se desarrolla en la zona es ilegal. Todos lo saben. Incluso las autoridades.
¿Autoridades maniatadas?
La asambleísta Isabel Enríquez, quien hace un seguimiento a la actividad minera en Zamora Chinchipe, principalmente a la artesanal, explica que las autoridades locales han mantenido reuniones con los funcionarios del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para pedir su intervención. Enríquez cuenta que la Arcom trabaja con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas en inspecciones de seguimiento y operativos sorpresa. En estas actividades, las autoridades han identificado 26 puntos de minería ilegal en el Alto Nangaritza, han encontrado frentes de explotación a cielo abierto, uso de maquinaria pesada en zonas sin permiso y materiales no autorizados como químicos y combustibles.
Pero en el 2020 los controles a la minería ilegal se redujeron debido a la pandemia, a pesar de que la extracción de los minerales no se detuvo. Ese año se desarrollaron 282 operativos en Ecuador, a diferencia de los 418 del 2019, según recogió el diario La Hora. El 85 % de las acciones se concentraron en cinco provincias: Zamora Chinchipe, Napo, Imbabura, Azuay, Loja y Los Ríos.
En el Alto Nangaritza corre el rumor de que en algún momento del 2020 hubo hasta 150 máquinas alrededor de la parte alta del río. Ninguna autoridad ha podido corroborar esa denuncia y una de las razones es que desde el 2018 se volvió difícil acceder al lugar. Ese año, durante un operativo de la Agencia de Regulación y Control Minero en la comunidad Shaime, miembros del centro shuar Tayunts retuvieron a 22 funcionarios públicos y quemaron tres vehículos en los que se movilizaban las autoridades.
“Las autoridades tienen miedo a subir porque les puede pasar otra vez algo así —cuenta Paúl Palacios—, las personas que hicieron el secuestro y la quema de vehículos sienten que no pasó nada y que podrían volver a hacerlo y no volverá a pasar nada”.
“Debido a la alta conflictividad de la zona se ha impedido el ingreso al área por lo que no se ha podido determinar el daño ambiental”, respondió el Ministerio del Ambiente, vía correo electrónico, a una solicitud de información de La Barra Espaciadora sobre el control ambiental en el Alto Nangaritza.
La institución también informó que en el 2021 se coordinó, junto con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) y la Policía Nacional, a través de la Unidad de Protección del Ambiente Z9-DMQ, dos reuniones para la intervención en este lugar pero “hasta el momento no se han presentado las condiciones de seguridad óptimas para el ingreso (…) se continuará insistiendo en la coordinación interinstitucional a fin de ingresar a la zona”.
Aunque la mayoría de la minería que se hace en el Alto Nangaritza es ilegal, existen 36 derechos mineros inscritos y ese es el último dato oficial obtenido al cierre de este reportaje, pues la entrega de concesiones mineras está suspendida desde diciembre del 2017.
En el 2019, el abogado Darwin Riera, a nombre de la Red de Protectores del Agua, interpuso una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía, para impedir el otorgamiento de títulos mineros y reversar los existentes dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza y en sus riberas. Pero el recurso fue rechazado en primera instancia por un juez de Centinela del Cóndor y, en segunda instancia, por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial, con sede en el cantón Zamora.
El Ministerio del Ambiente argumentó en ese momento que las concesiones están fuera del Bosque y Vegetación Protectores Cuenca Alta del Río Nangaritza y que, por eso, “en esta área no existe prohibición para realizar actividades mineras”. Riera aseguró que, en papeles esto es así, pero que la minería ya ha entrado al bosque protector y que el Ministerio nunca ha podido ingresar a la zona para hacer control, vigilancia y fiscalización de cómo operan las concesiones.
Otro asunto que llama la atención es que, aun cuando el Alto Nangaritza es un bosque protector debido a su importancia biológica y ecológica, esta categoría no es considerada por el Estado como un área protegida y no está protegida de las actividades mineras.
A pesar de todo esto, en respuesta oficial a este medio, el Ministerio del Ambiente informó que trabaja en el Plan de Manejo Integral (PMI) del Bosque y Vegetación Protectores Cuenca Alta del Río Nangaritza, “en el que se analizan los aspectos técnicos y legales para la pertinencia de su ampliación, considerando que es de gran importancia por ser zona de amortiguamiento del Área Protegida Parque Nacional Podocarpus”.
Los shuar que se quedaron sin opciones
La Nacionalidad Shuar tiene entre sus principios la autonomía y la libre elección. La Asociación Tayunts —que agrupa a diez comunidades— decidió, bajo esas condiciones, permitir la pequeña minería en su territorio. Se organizaron y en el 2017 crearon la Asociación de Producción Minera Kakaram —un término shuar que significa “valiente”— con la que buscaron que el Estado les concesione sus propias tierras para que ellos también puedan hacer minería.
En un país marcado por la oposición de sus pueblos indígenas a las actividades extractivas, incluso en zonas muy cercanas a Tayunts, esa aceptación resulta difícil de entender para quienes miran lo que ocurre con ojos de extraños. Pero Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar en Zamora Chinchipe, explica que “la minería no entró directamente a la comunidad shuar. Entró por los territorios individuales (…), ahí hubo un mestizo que entró con dragas, después con máquinas —continúa Tiwi—, entonces un shuar pidió permisos, que le dieran la oportunidad para ‘probar’, pero cuando vio que producía, entonces dijo: ‘esto está bueno’. Una vez que tuvo dinero, este shuar hizo que otro siguiera el mismo camino. Y así se fueron expandiendo. Eso fue calando hasta que estalló la minería”.
En la comunidad de Shaime “hubo varios intentos de las autoridades locales por promover políticas públicas que aporten a la construcción de proyectos productivos, turísticos y de emprendimiento para evitar las actividades mineras”, sostiene la periodista María Molina. Pero el objetivo fracasó.
Tiwi también tiene una explicación para eso y lo resume así: “cuando estuvo el prefecto Quishpe se nos decía que hay que trabajar en productos agrícolas orgánicos. La gente de Shaime cultivó tanto, pero se dieron cuenta ellos mismos de cómo funcionaba: a los 18 meses que se cosecha el plátano pagaban, hasta hace poco, 2,5 dólares por cada racimo. Es decir, divida los 2,50 por los 18 meses que cuesta trabajar para producir eso, ¿cuánto representa?”.
Tiwi asegura que el gramo de oro está entre 45 y 47 dólares por lo que mucha gente de la comunidad, y de fuera, se aglomera para sacar oro. “Con que se saque solamente un gramo entre dos personas, ya están ganando 20 dólares diarios…”, agrega.
Pero no se trata solo de ganar 20 dólares o más cada día. La Nacionalidad Shuar tiene una larga lista de necesidades no atendidas. Algunas de ellas, menciona Tiwi, son educación con respeto a su cultura, universidades para profesionalizarse, acceso permanente a la salud, a la vivienda y a las telecomunicaciones.
Bartolomé Kukush, líder de la Asociación Tayunts, lo tiene claro: “somos conscientes de que hemos dañado la naturaleza del Alto Nangaritza, pero, ¿qué más nos queda si no tenemos opciones?”.
El 29 de septiembre del 2021, Kukush llegó al cantón Zamora con otros indígenas shuar. Juntos caminaron siete horas desde sus comunidades hasta tomar un medio de transporte para llegar a la ciudad. El objetivo era reunirse con las autoridades locales para exponer sus necesidades pero solo lograron entregar unos documentos. “Nos hemos dado cuenta de que solo en campaña somos importantes”, dijo el líder indígena al salir del edificio del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
Los documentos contenían los ofrecimientos hechos años atrás por otras autoridades, uno de ellos era una solicitud de la licencia ambiental para la construcción de los últimos 30 kilómetros de la vía que conecte a las comunidades shuar más alejadas con el resto de la provincia, el proyecto que el exprefecto y hoy asambleísta, Salvador Quishpe, no pudo concluir.
“Cuando vimos que las máquinas se aprovecharon para meterse al Alto Nangaritza y destruirlo, tomamos la decisión de no hacer más la carretera”, asegura Quishpe, quien en ese momento gestionó ante el Ministerio del Ambiente la ampliación de la reserva biológica Cerro Plateado cercana al Alto Nangaritza, que ya tenía 4000 hectáreas y duplicó su extensión, con el fin de blindarla de otras intervenciones.
Cuando una carretera se abre, “hay el riesgo de que 120 kilómetros de bosque se pierdan por cada kilómetro abierto”, indica un estudio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Si la carretera sigue, la minería también lo hará y llegará a zonas más biodiversas que deben ser protegidas.
El Ministerio del Ambiente ratificó en respuesta remitida a este medio que la construcción de esta carretera “no es viable técnicamente en términos de conservación”, por tres motivos. El primero es que en este ecosistema se encuentran especies adaptadas a condiciones únicas y que todavía son desconocidas para la ciencia. El segundo apela al riesgo para la integridad de los ecosistemas de la zona (actualmente Bosque y Vegetación Protectores Cuenca Alta del Río Nangaritza) y, finalmente, no es pertinente la apertura de la vía porque permitiría el libre acceso a mineros ilegales.
Toda acción trae consecuencias y estas ya empezaron a llegar. Según un reporte del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, entre el 2014 —cuando terminó el intento de abrir la carretera hacia las comunidades shuar— y el 2018, se perdieron 4598 hectáreas de bosque natural en el Alto Nangaritza. Eso es casi 1000 hectáreas por año.
Al cierre de este reportaje no hay estudios que revelen los impactos de la minería en el río, pero expertos como Paúl Palacios explican que el daño causado por el dragado es irreversible. Algunos efectos son la pérdida del cauce, desbordes e inundaciones, sedimentación, pérdida de hábitats acuáticos e interrupción de procesos ecológicos.
Mientras Ecuador impulsa su ‘boom’ del oro y el cobre, basado en la idea de la “minería responsable”, la minería ilegal muestra los grandes impactos negativos que puede provocar. Por ejemplo, el 15 de diciembre del 2021 en Zaruma, una pequeña ciudad ubicada en la provincia de El Oro, las décadas de minería han provocado que su casco urbano empiece a hundirse. O en Ponce Enríquez, Azuay, los ríos están completamente contaminados por los químicos que usa la actividad minera. O en zonas fronterizas como Esmeraldas, la actividad minera ilegal está vinculada a delitos como el narcotráfico y el contrabando, moviendo grandes cantidades de dinero que se escapan de las arcas del Estado. Paúl Palacios, Isabel Enríquez y Salvador Quishpe esperan que una catástrofe no ocurra en el Alto Nangaritza, pero la situación es tan compleja que nadie se muestra totalmente optimista.
*Imagen principal: Minería en el río Nangaritza. Foto: Valeria Recalde.
** Este reportaje es parte del especial Amazonía Viva de La Barra Espaciadora de Ecuador. Una investigación multimedia que incluye un mapa interactivo que reporta -en tiempo real y desde los lugares directamente afectados- la magnitud de los daños que provocan la minería, las operaciones petroleras, la deforestación y las centrales hidroeléctricas en los territorios de las 11 nacionalidades indígenas y poblaciones mestizas amazónicas de Ecuador.
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