- El país Latinoamericano es el primer en la región en adherirse a una iniciativa global de transparencia pesquera que busca asegurar el acceso público a la información referente al manejo de los recursos marinos.
- Tras la iniciativa se espera que periodistas y otras instituciones tanto públicas como privadas puedan acceder a información que hasta ahora les ha sido negada.
Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en adherirse a la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI por sus siglas en inglés), una asociación global de múltiples partes que tiene como propósito transparentar la información sobre el sector pesquero y el manejo de las pesquerías para mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos.
El gobierno de Ecuador se comprometió públicamente a implementar el estándar FiTI el pasado 11 de marzo en un evento realizado en Manta, una ciudad costera del país desde donde zarpa parte de la flota atunera ecuatoriana, una de las más grandes del Pacífico, y donde se han registrado desembarcos de especies protegidas como el tiburón martillo.
Según Nicolás Rovegno, Coordinador Regional de FiTI para Latinoamérica, la importancia del compromiso asumido por el país radica en la necesidad de transparentar la información sobre los recursos pesqueros y el manejo de las pesquerías para combatir la sobrepesca, pesca ilegal y la opacidad dentro del sector pesquero.
La decisión fue aplaudida tanto en el sector público como en el privado puesto que periodistas, organizaciones civiles, instituciones e incluso autoridades dentro del mismo gobierno sostienen que hay pedidos de información que no se han atendido. La dificultad para acceder a datos oficiales se extiende incluso a aquellos asociados a ciertas especies amenazadas cuya pesca podría implicar el descenso en las poblaciones.
A partir de este compromiso, el gobierno ecuatoriano deberá dar acceso y publicar en línea toda la información que el estándar FiTI defina como necesaria entre la que se incluye licencias de pesca, registro de embarcaciones, datos de captura, subsidios y beneficiarios finales.
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Los beneficios de la transparencia en las pesquerías
Según publicó en 2020 WWF de Ecuador, en el país “el 94 % de las poblaciones de peces se encuentran aprovechadas al máximo o sobreexplotadas”. Mejorar esta situación y asegurar el manejo sustentable de la pesca marina es necesario para satisfacer las necesidades económicas, alimentarias y nutricionales de millones de personas en todo el mundo.
En ese contexto, los gobiernos tienen un papel importante que desempeñar en la gestión adecuada de los recursos acuíferos, asegura la FiTI, pero eso no es todo, también deben transparentar la información para que esa gestión pueda ser fiscalizada. Según Pablo Guerrero, el director en Conservación de Paisajes Marinos de la WWF para Ecuador, que la información relativa a las acciones de las pesquerías y sus impactos sea de acceso público “es la única manera de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces y la integridad de los ecosistemas marinos” ya que “puede estimular una demanda activa de rendición de cuentas, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones en la gestión pesquera”, agrega la FiTI.
Según Rovegno, la iniciativa nació luego de que se identificara que la falta de transparencia “hace que se faciliten varios procesos negativos como pueden ser la pesca ilegal, la sobrepesca, los subsidios mal dirigidos o la sobreexplotación de los recursos”.
Para el caso específico del Ecuador la adhesión a la FiTI puede también contribuir a resolver la “tarjeta amarilla” que la Unión Europea impuso al Ecuador en 2019 por no controlar a la industria pesquera y por los incumplimientos del país en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si el país no soluciona el control y la transparencia de las pesquerías se impondrán sanciones comerciales que impedirían que se exporten los productos pesqueros ecuatorianos hacia la Unión Europea.
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Las deficiencias en la transparencia pesquera de Ecuador
Desde el 18 de mayo de 2004, está vigente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La ley garantiza el acceso a las fuentes de información para que la sociedad civil pueda ejercer su derecho constitucional a organizar y aplicar mecanismos para controlar los asuntos públicos y las actividades de todos los funcionarios. Así, por principio general, está liberada toda la información pública, es decir, aquella almacenada en cualquier formato que se divulgue o se encuentre en poder de empresas, organismos, instituciones y corporaciones del Estado o que operen con fondos estatales.
Según esa ley, solo es considerada como información reservada aquella que ha sido previamente calificada como tal por el Consejo de Seguridad Nacional y por razones de defensa nacional. Para todos los casos que no estén categorizados por esta excepcional circunstancia, ninguna información pública puede calificarse como protegida, reservada, vetada o inadmisible.
En Ecuador, sin embargo, pese a que la información relacionada con las pesquerías no califica como información reservada, es una constante que las instituciones del Estado no permitan el libre acceso a la información, sobre todo a los periodistas, asegura una investigación de Periodistas Sin Cadenas, una fundación que busca incentivar el libre ejercicio del periodismo investigativo y defender la libertad de prensa y expresión.
En el evento donde se anunció la adhesión de Ecuador a la FiTi, el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, dijo que “ser parte de la iniciativa FiTI renueva el aforismo en el cual la transparencia es un valor que no se presume, sino que se demuestra. Como gobierno reiteramos nuestro compromiso de administrar la pesca de manera responsable y transparente”. Lo mismo sostuvo el viceministro en entrevista con Mongabay Latam, cuando dijo que “la información debe ser transparente y debe estar a disposición del público para que a través de esta interacción se pueda discutir, se pueda conversar sobre estos temas”.
Sin embargo, en 2021, Mongabay Latam hizo seis pedidos de entrevista y de información, a través del director de comunicación del Ministerio de la Producción y del propio viceministro Arens, y en ninguno de los casos recibió respuesta. Otros periodistas aseguran también no haber recibido respuestas a sus solicitudes de información referentes a asuntos pesqueros. Franklin Vega, editor del medio digital Bitácora Ambiental, señala que numerosas veces ha solicitado al Ministerio de la Producción las bitácoras de las embarcaciones, las guías de movilización y el registro completo de los barcos palangreros del país, pero que lo único que ha recibido es “silencio absoluto”. Manuel Novik, periodista del medio digital Plan V, solicitó datos de los registros pesqueros para una investigación sobre el incremento de las exportaciones de tiburones en Ecuador, pero sus pedidos fueron ignorados y negados. Lo mismo le sucedió a Diana Romero, periodista independiente que recientemente publicó una investigación sobre la pesca del tiburón martillo en Ecuador, una especie protegida cuya captura está prohibida.
Las dificultades para acceder a la información pública no solo es un problema para los periodistas puesto que otras instituciones de gobierno también aseguran no haber podido acceder a ella. David Veintimilla, ingeniero especialista en áreas protegidas y autoridad de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el Ministerio de Ambiente de Ecuador, solicitó información sobre las capturas totales de las especies de tiburón realizadas en 2021 al Ministerio de Producción. El objetivo de pedir esos datos era analizar por qué se incrementaron las exportaciones de aletas de tiburón de especies protegidas en el 2021, sin embargo, aunque la información fue solicitada en septiembre del año anterior, hasta el 28 de febrero de 2022 la autoridad CITES no había recibido ninguna respuesta, aseguró Veintimilla.
Al consultarle sobre este caso en específico al viceministro, Arens solicitó más información porque aseguró que “hemos entregado la información que tenemos disponible en el formato que la tenemos disponible” y que “no es usual en nosotros no contestar a este tipo de comunicaciones sobre todo en temas tan delicados como ese”. Mongabay Latam envió al viceministro Arens el reportaje donde se recoge el testimonio de Veintimilla, sin embargo, hasta la publicación de este artículo la autoridad no envió ninguna información.
Como parte de la iniciativa FiTI, Ecuador deberá presentar un plan de mejora en la transparencia con plazos y acciones definidas por el mismo país. A su vez, la Junta Directiva de FiTI deberá evaluar cada año si existe efectivamente una mejora continua para que el país pueda continuar siendo parte de la iniciativa. Según explicó Rovegno, la primera acción que realizará Ecuador es establecer un grupo nacional de trabajo “con la participación de la sociedad civil, del gobierno y de la industria que debe tener representación equitativa” para definir qué acciones debe implementar el país para mejorar en la transparencia. Rovegno también reveló que desde la FiTI esperan publicar en los próximos dos meses un diagnóstico sobre el estado de la transparencia pesquera en Ecuador para saber desde dónde parte el objetivo de mejora del país.
Por lo pronto, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ha creado un micrositio con información sobre normativas, periodos de veda y registro de embarcaciones pesqueras, y se espera que a finales de año esté listo un sistema de acceso público con información sobre la trazabilidad de los productos marinos. Ese sistema, precisó a Mongabay Latam el viceministro Arens, permitirá que una persona que consuma atún ecuatoriano pueda escanear un código QR y saber cómo fue capturado ese atún.
Imagen principal: La pesquería de atunes atrapa una gran cantidad de tiburones sedosos. Foto: José Villacreces
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